Auto 40965 de marzo 20 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 89

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Sea lo primero advertir que como la petición de cambio de radicación se pide para otro distrito judicial, como tendría que ser dado que en el Distrito Judicial de Atlántico sólo existe un Juzgado Penal del Circuito Especializado, la Sala es competente para resolver, conforme a lo estipulado en el artículo 32-8 de la Ley 906 de 2004.

Las circunstancias externas en que se sustenta el pedido de cambio de radicación, se derivan de amenazas cometidas en contra de los potenciales testigos de cargo y sus familiares, lo cual ha sido acreditado con las informaciones suministradas por el fiscal 10 especializado de la unidad contra las Bacrim, a través del oficio LVV/Nº 159 del 5 de marzo de 2013.

La Sala, en auto del 13 de diciembre de 2005, consideró que pese a que la norma que regula el cambio de radicación no incluye expresamente la seguridad o integridad de los testigos, se impone su salvaguarda, por las razones que explicó de la siguiente manera:

“Además, como lo ha definido la Corte, no está previsto el cambio de radicación sino por las causales que establece la ley(1).

Y aunque en principio no se consagra, por lo menos de manera expresa, para proteger la seguridad de los testigos pues,

[l]os factores de seguridad o de protección a la integridad personal, como motivo para variar la radicación de un proceso, se encuentran exclusivamente referidos al sindicado y sólo para cuando ello pueda afectar las garantías procesales que le son inherentes(2), no hay duda que facilitar la participación de los testigos en un proceso significa defender los altos intereses de la justicia, en lo que igualmente está involucrado el interés público, como que garantizar esa intervención fortalece el adecuado juzgamiento de los ciudadanos”(3).

Dicha postura no sólo fue reiterada en auto del 24 de noviembre de 2010, radicado 35.072, sino que sirvió de norte para ordenar el cambio de radicación dentro del radicado 37.886, que por los mismos hechos cursa contra otra fracción de integrantes de la agrupación criminal conocida como “Los Rastrojos”.

En el presente caso, acreditadas las amenazas contra los potenciales testigos, no puede negarse que ello desdibuja el panorama de tranquilidad deseado para que la administración de justicia pueda cumplir a cabalidad su misión constitucional, pues, como se dijo en el último precedente citado, “no puede pretenderse un juicio si no están garantizados materialmente los derechos básicos de los sujetos procesales; y la publicidad del juicio no pasa de ser una ilusión cuando se persigue y amenaza a los intervinientes, que pudieren significar un obstáculo a las pretensiones de los titulares de los intereses oscuros generadores de esta situación”.

Ahora, registra el expediente, conforme el oficio enviado por el coordinador de la unidad contra las Bacrim, con fecha del 5 de marzo de 2013, que a los testigos de cargos se les vinculó al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, en razón a las amenazas arriba referenciadas.

Esa circunstancia podría llevar a concluir que no se hace necesario el cambio de radicación solicitado. Sin embargo, la Corte ha verificado, conforme hechos recientes, que no se estima necesario referenciar, cómo ese programa evidencia profundas falencias que, en la práctica, representan dejar casi espositos a los testigos y víctimas, a más que la posibilidad de protección, por lo general no se extiende a los familiares de estos.

Esa comprobada ineficiencia del mecanismo conduce a la Sala, no sólo a estimarlo insuficiente para enervar el cambio de radicación solicitado, sino a efectuar un especial llamado al señor Fiscal General de la Nación, para que se cubran los presupuestos necesarios en el cometido de fortalecerlo en aras de que cumpla las finalidades que animaron su creación.

Es necesario, entonces, que el alto funcionario acometa la tarea de diagnosticar las falencias del programa y comprometa el propósito de propugnar por su solución, como quiera que el mecanismo se entiende indispensable para que el sistema acusatorio vigente logre sus propósitos de adecuada y pronta justicia, sabido como se tiene que en lo fundamental el tópico probatorio se viene soportando en la prueba testimonial.

De otro lado, cabe señalar que los fundamentos en que se sustenta la petición de cambio de radicación en este evento es, en esencia, similar a aquellos que fueron resueltos mediante los autos referenciados por el juez peticionario, es decir, los del 21 de noviembre de 2011 (rad. 37886), 28 de noviembre de 2011 (rad. 37889), 1º de febrero de 2012 (rad. 38157), 22 de febrero de 2012 (rad. 38301) y 8 de octubre de 2012 (rad. 40.038), conclusión que surge sin dificultad tras constatar que los hechos e imputación jurídica que obran en el escrito de acusación de dicho asunto son idénticos a aquellos que aparecen en la misma pieza procesal dentro de estas diligencias, pues ambos se contraen a los delitos atribuidos a numerosos integrantes de la denominada banda criminal ‘Los Rastrojos’.

Así las cosas, como se trata de la misma situación planteada en los referentes señalados, se impone idéntica solución, razón por la cual se accederá a la petición de cambio de radicación solicitada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, disponiendo que el asunto sea remitido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá, reparto.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CAMBIAR LA RADICACIÓN del juicio que se adelanta ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por el delito de concierto para delinquir contra Freddy Antonio González Ortega, Wilfredo Enrique Mercado Ballestas, Steven Enrique Fuentes Navarro, Bladimir Manuel Carreño Vides, Jorge Orlando Vargas Ospino, Yair Andrés Llanos Barker, Luis Salomón Muñoz Rojas, Freddy José Palomino Barros, Javier Enrique Fontalvo Suárez, Yimmys Alfredo De La Cruz Mejía, Carlos Arturo Piamba Julio, Jair Enrique Peña Arévalo, Luis Manuel Coronado Calvo, Nicolás Alberto Carreño Vides, Carlos Mario Ramos Contreras, Albeiro Enrique Buelvas Londoño, Guillermo Ahumada Bermúdez, Jhon Stiven Díaz Giraldo, Luis Freddy García Quiñónez, José Alfredo De La Cruz Hernández, Edwin Alberto Martínez Marchena, Álvaro Enrique Algarín Garizábalo, Nelva Isabel Gutiérrez Atencia, Eleina Sofía Ortega Coronell, al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al que corresponda por reparto y a quien se remitirá la actuación.

2. Remítase copia de esta decisión al Fiscal General de la Nación, para los fines señalados en la parte motiva.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.»

(1) Cfr., por ejemplo, auto del 24 de junio de 2003, radicado 21.024, en el que la Sala sostuvo que “El reconocimiento del cambio de radicación de un proceso (CPP, art. 85), no está supeditado a la demostración de circunstancias de la naturaleza que pone de resalto la solicitante. Aspectos referidos a la falta de diligencia del instructor, la situación económica del procesado, la cercanía entre la ciudad en que se tramita el proceso y el lugar en que se pueden obtener las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la simple comodidad para ejercer la defensa, o la disparidad de criterios entre los juzgadores y la defensa, no están contemplados en la norma citada como causales para solicitar y conceder el cambio de radicación de los procesos”.

(2) Auto del 23 de noviembre de 2000, radicado 17.468.

(3) Radicado 24.490.