Auto 40998 de abril 24 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Aprobado Acta 124

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Corte advierte que los ataques formulados contra la sentencia de segundo nivel expedida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, no reúnen los mínimos presupuestos de lógica-argumentativa descritos por la jurisprudencia para admitir la demanda presentada a favor del hoy condenado Tadeusz Staniszewski, con el fin de lograr la infirmación de la decisión cuestionada, en tanto, el defensor incurrió en graves falencias, las cuales atentan contra la filosofía que inspira el recurso extraordinario de casación.

Menos aún puede entenderse los reproches como nuevas rutas para confeccionar escritos de libre importe y, ensayar, por ese camino, derrumbar la doble presunción de acierto y legalidad inherente a las decisiones concebidas en los proveídos; tampoco consiste en añadir un cúmulo de ideas disgregadas y fragmentadas en los libelos en búsqueda de fines jurídicos subjetivos o hipotéticos para asegurar un posible éxito, tal como lo plasmó el recurrente.

Como metodología, la Sala abordará el estudio de las censuras en bloque, estableciendo aquellos puntos más sobresalientes, a fin de determinar de manera precisa los desatinos de mayor impacto lógico argumentativo, con el inmediato objeto de brindarle al jurista suficiente claridad en torno a los dislates.

Así mismo, la Sala ha expresado en múltiples oportunidades y de vieja data, la estructura jurídica del discurso, su entendimiento y la forma como debe sustentarse cada cargo en sede extraordinaria, entre los que se hallan los referidos por el jurista, que abarcan las causales de casación dispensadas en la Ley 600 de 2000, motivo suficiente para relevar este aspecto de las consideraciones, por sustracción de materia y economía procesal, en tanto, lo que huelga realizar es explicar las fallas lógico argumentativas que presenta cada uno de los cargos condensados en el libelo, desde luego, haciendo hincapié, cuando lo amerite la situación, en la técnica exigida.

Yerros detectados en la nulidad elevada por violación al derecho de defensa

1.el profesional del derecho saturó el cargo con apreciaciones personales, hipotéticas, subjetivas y fuera de contexto, en contra de los principios que preceden el recurso de casación, como el de objetividad y claridad, por ejemplo, cuando sostuvo 1. “no resulta descabellado suponer que se trató de un ocultamiento premeditado” de los recibos, 2. su antecesor, “no asesoró en debida forma al investigado”, 3. por ser un ciudadano extranjero, su asistido estaba en desigualdad jurídica, entonces, “el interés de la defensa técnica desapareció”, 4. en el juicio se controvirtieron las declaraciones y aunque “la defensa técnica si interrogó, no fue precisamente hábil en el manejo de la diligencia” y 5. el abogado alcanzó a pedir unos testimonios, con los que se suplía las deficiencias alegadas, “no obstante, en la misma audiencia estando presente los testigos, renunció a la prueba”, porque le informaron “que no le constaba nada”: por todo, sostuvo el libelista que la actuación de su antecesor “resulta sospechosa y pueril”.

Como se entiende, la violación al derecho de defensa no se demuestra con afirmaciones particulares, ni con base en conclusiones como las anotadas, donde el recurrente sostuvo que su antecesor no hizo lo que él cree que hubiese debido hacer, amén de criticar lo actuado por el togado, porque no fue de su agrado, sin demostrar, como era su deber, el yerro denunciado a tono con la temática planteada.

2.en igual forma, impuso su inconformidad, por encima del criterio esbozado por las instancias, con el fin de que predominara el suyo antes que el de la judicatura, al decir, 1. que la razón de los pagarés se originó por varios préstamos que su porhijado le hizo a la copropiedad, 2. los juzgadores exclusivamente se contentaron con las copias de las sentencias civiles presentadas por los denunciantes, por ello, la defensa fue “omisiva, permisiva, lesiva”, en el ejercicio de su profesión y 3. el peritazgo no fue atacado ni en la investigación y mucho menos en el juicio.

Como se puede apreciar, las aserciones del libelista fueron lanzadas sin ningún sustento argumentativo, de manera genérica y contra los lineamientos expuestos en el fallo de segundo grado, que en esencia, sobre el particular, dijo:

Si bien efectivamente los títulos valores ya referidos no fueron tachados de falsos, lo que aquí se debate es el hecho de que no son oponibles, pues la obligación allí contenida no fue autorizada por la Asamblea General del ‘Condominio La Mirage 22’, la cual ni siquiera tuvo información del asunto, siendo que tales pagarés fueron utilizados para inducir a error a un funcionario judicial, con el fin de que expidiera mandamiento ejecutivo de pago contra la copropiedad y a favor de Tadeusz Staniszewsky, pago que no se realizó al prosperar la excepción incoada por el condominio configurándose el punible de fraude procesal.

3. el libelista en un mismo texto explicativo, mezcló en forma indiscriminada, institutos jurídicos excluyentes, los cuales deben ser revelados por separado, puesto que cada embestida conlleva un razonamiento independiente y, al combinarlos, se tornan confusos e imprecisos, desapareciendo de contera, el alcance, validez y efectividad del cargo, ello identifica la evidente vulneración al postulado de autonomía que rige el recurso de casación, al sustentar el jurista el yerro propuesto de nulidad en un mismo texto argumentativo, con errores propios de la vía indirecta de violación de la ley, cuando expresó “que los falladores ignoraron esta prueba”, es decir, el dictamen pericial.

4. violentó, en igual forma el profesional del derecho, el principio de no contradicción, toda vez que la motivación debe guardar una unidad conceptual de tal modo que en una misma línea hermenéutica, no es lógico afirmar y a la vez negar alguna circunstancia, hecho o determinada teoría, habida consideración que la conclusión sería producto de un procedimiento intelectivo confuso —como en el caso en estudio— pues afirmó el togado que se violentó el derecho de defensa. Sin embargo, en el mismo cuerpo argumentativo, expuso, “la defensa técnica si interrogó” a los testigos en la audiencia, su predecesor también peticionó pruebas: con ello, lo único claro es que el interés del jurista está marcado por la nulidad denunciada, pero sin ningún sustento para hacer depender de ella la trascendencia debida, dejando de lado, explicaciones valiosas, como el por qué el abogado de instancias renunció a la práctica de algunos testimonios.

Errores revelados en la nulidad presentada por violación al principio de investigación integral

5. aquí el defensor sustentó el ataque como si fuese un alegato de libre importe, desde luego, inadmisible en sede extraordinaria, bajo las siguientes hipótesis: 1. entre los copropietarios existía una rivalidad “por las imprecisiones, inexactitudes y ocultamiento de información”, 2. los denunciantes manipularon la realidad de lo ocurrido, 3. la información suministrada por su prohijado era cierta y verificable, 4. el origen de los pagarés fue la cancelación por parte de su mandante de los salarios a los empleados, 5. el perito “no actuó en forma diligente y comprometida”, si hubiese realizado bien su trabajo habría concluido que su prohijado era inocente, tal vez por eso las instancias no valoraron dicha prueba y 6. no se desplegó una verdadera investigación, además, se le negó el derecho a la prueba.

Como se entiende, tales afirmaciones son simples enunciados subjetivos, propios de escritos de instancia, por ejemplo, el despliegue del libelista contra el dictamen pericial es superlativo, sin embargo, en el mismo contexto del cargo, aceptó que tal medio no fue valorado por las instancias, si ello es así, no se ve la necesidad de atacarlo por nulidad, sino —de ser imprescindible— por algún sentido de la vía indirecta de violación de la ley sustancial, dependiendo de aquellos aspectos jurídicos que pretenda trasmitir o quiera resaltar el demandante.

Por ello, con fundamento en el cargo elevado, se debe proponer en casación, aquellos medios ignorados por las instancias, con el objeto de indicarle a la Sala, su fuente, conducencia, pertinencia y utilidad de los mismos; objetivo que no logró desentrañar el jurista, quien expuso un listado de medios que en su sentir tendrían que practicarse, pero sin explicitar de manera objetiva y concreta su beneficio procesal, tanto como para deshacer lo hasta aquí actuado, e incluso, dejó de lado, la prueba incriminatoria con la cual se condenó a su prohijado.

Tiene un alto significado lo expresado, en el entendido que todas aquellas omisiones probatorias que sean demandadas en sede extraordinaria al amparo del principio de investigación integral y, como es obvio, bajo la égida de la Ley 600 de 2000, deben excluir medios inconducentes, inútiles, insuficientes, dilatorios, superficiales, insubstanciales e ineficaces, toda vez que, un ataque apoyado en cualquiera de tales hipótesis, no evidencia el menoscabo al referido postulado y menos aún se demuestra con aseveraciones del siguiente tenor: “se victimizó doblemente al señor Tadeusz por las formalidades ´perdió su capital y por las formalidades se condenó” o cuando indicó que el Estado no le probó los delitos por los que fue sentenciado, por esto, insistió, que es importante volver a investigar para explicar el origen de los pagarés, obviando el memorialista, los contenidos judiciales que le dieron respuestas concretas a sus interrogantes, basados en las pruebas existentes.

Defectos presentados en la vía indirecta

i) Falso juicio de existencia. Sustentado en cinco (5) pruebas, que en sentir del libelista, no fueron valoradas:

1. Una constancia suscrita por Tadeusz y Virginia Moreno que acreditaba que el Condominio le debía a su representado la suma de $1’321.144, con lo cual, el ‘engaño’ no tiene razón de ser, 2. un balance general del año 1996, realizado por Virginia Moreno, que demuestra “la existencia de unos gastos del condominio sufragados por Tadeusz” y el conocimiento de los copropietarios de tales hechos, lo cual desvirtúa lo declarado por la misma Virginia Moreno, “cuando afirmó falsamente que... Tadeusz ingresó por una ventana y sustrajo los documentos contables”, 3. treinta y ocho (38) recibos, “escondidos, apropiados u ocultados” por Luis Velásquez y Mauricio Ávila, de pagos por reparaciones locativas, regalos de navidad, entre otros, realizados por su prohijado, 4. comprobantes de pago referidos a gasolina, elementos de aseo, cloruro y varios más, allegados por su prohijado al proceso ejecutivo iniciado por él, violentándose el derecho de defensa, de la prueba y el principio de investigación integral y 5. tres declaraciones extrajuicio, las cuales muestran que el aquí condenado jamás se hurtó algún documento y confirman el conflicto existente entre Tadeusz con los denunciantes.

6. el tribunal de Cundinamarca, sobre el particular, expresó:

De igual manera, para la Sala no es de recibo la afirmación del impugnante consistente en que los documentos que prueban la deuda que tenía el condominio con Tadeusz Staniszewski no fueron aportados porque le fueron entregados a Luis Eladio Velásquez por virginia moreno, pues esta expresó en declaración juramentada que los documentos originales de movimientos del condominio estaban en poder de Staniszewski, quien los tomó entrando por la ventana de la oficina donde éstos se encontraban y además, emerge claramente el hecho de que no hay soporte alguno de la deuda que el edificio adquirió con Staniszewski, las obras y necesidades que tenía la copropiedad y que debieron ser sufragadas por éste, ningún balance o constancia de movimiento contable del edificio y mucho menos de la inversión de dicho dinero, de lo que claramente se colige que el asunto fue resultado de una maniobra de Staniszewski y Castillo para evitar el pago de las cuotas de administración que el primero adeudaba y asimismo, intentar lograr el pago del dinero contenido en los pagarés aludidos y que nunca le prestó al condominio, por lo que se procederá a confirmar la sentencia en lo relacionado a la responsabilidad de los procesados en el delito de fraude procesal(14).

Véase como el juez colegiado, rechazó de tajo la coartada construida por los acriminados, es decir, valoró las pruebas aportadas por la defensa, pero en sentido adverso a su interés, es decir, no les dio credibilidad, en esas condiciones, el desacierto del jurista es latente, en la medida que de verdad se sopesaron los medios, otra cosa es que, en tal ejercicio analítico no se hubiese avalado lo sostenido por su representado.

Súmesele a esto, lo sostenido por la instancia inferior, sobre el tema en estudio:

… a juicio de este juzgador las razones del señor Castillo Ortiz, que a su vez coinciden con las del otro procesado, no son de recibo por este despacho (sic) toda vez que los gastos de mantenimiento mencionados no eran urgentes, podían esperar a la aprobación de los mismos por parte de quienes, de conformidad a la ley y al reglamento antes citados, se encuentran legitimados para ello; nunca se trataron realmente las reparaciones urgentes ni de circunstancia extremas; no se presentaron inundaciones, inseguridades ni circunstancias similares que requieran de una ejecución extrema como para informar con antelación a quienes tenían la obligación de hacerlo. Cierto es que excedieron el monto permitido el cual era de tan solo dos (2) salarios mínimos y en este caso, pretendían cobrar el monto de $41’000.000. a espaldas del Consejo de Administración y de los copropietarios o “Coparceros”.

Se avizora que si en verdad hubiesen invertido en el condominio como lo pretendieron hacer ver durante el proceso, este hecho sería evidente y de conocimiento general por los demás copropietarios. Les asiste razón a los denunciantes cuando en sus declaraciones afirman que las señaladas acreencias se realizaron sin comunicación previa ni posterior a los miembros de la copropiedad, como consta en las actas 4 al 9 de 1999 de las asambleas convocadas por los sindicados en calidad de administrador y coparcelador respectivamente, actas que carecen de informes, de estados financieros y de balances o presupuestos o gastos de los años 1997, 1998 y 1999, en los que se hagan constar las obligaciones pecuniarias a cargo del Condominio… y a favor del copropietario Staniszewski(15).

7. para abundar en razones, dígase que la primera prueba, según el demandante relegada por las instancias, hace alusión a una constancia suscrita por Tadeusz Staniszewski y Virginia Moreno que certificaba que el Condominio le debía a su representado la suma de $1’321.144, con lo cual, concluyó el libelista, el ‘engaño’ no tiene razón de ser; sin embargo, este hecho, en nada enturbia los expresado por los juzgadores, en tanto, la deuda cobrada judicialmente por Staniszewski, era mayor a los cuarenta millones de pesos y aquí no sobrepasa el millón y medio, luego, pretender que no hubo ningún engaño con un medio tan inconsistente, es ilógico.

ii) Falso juicio de identidad. El demandante anunció que el actuar de su representado fue legal, tanto así, que la obligación pecuniaria a favor de Tadeusz —aun sin ser autorizada— es válida y exigible al administrador que pretermitió tal eventualidad, excluyendo al condominio de cancelar tales dineros. Sostuvo, además, que la tergiversación se produjo en las decisiones judiciales “cuando reconocen la inoponibilidad de los títulos” porque la ausencia de autorización no es punible, bajo esa premisa rechazaron la existencia del origen de los pagarés.

Presentado el ataque de la forma como atrás se explicó, se muestra indispensable recordarle al jurista que el yerro alegado,debe ser motivado teniendo en cuenta, precisamente, la identidad de las pruebas, las que —por esta vía— pueden socavarse de tres formas distintas e incompatibles:

a) Por tergiversación, al cambiarle el juzgador el sentido literal a la prueba, b)por adición, consistente en que se le añade a la misma aspectos fácticos no comprendidos en ella y c)por cercenamiento,se descubre cuandose exime del contexto probatorio hechos o circunstancias esenciales —incluidos, como es obvio, objetivamente en el medio— que al haber sido suprimidos, desquician y trastocan la decisión del juzgador.

Siendo ello así, en las tres modalidades se muda textualmente la prueba para ponerla a decir lo que ella, en su propia naturaleza y condición no dice, muestra o enuncia; vicio, desde luego, que conlleva a la declaratoria de una verdad fáctica diversa a la revelada por los falladores. De igual forma, es dable aclarar que no cualquier medio cumple tales exigencias jurisprudenciales, pues cada sentido de crítica probatoria conlleva implícitamente una estructura trascendente que debe incidir de manera concluyente en la decisión cuestionada, verbigracia, si se cercenó o tergiversó algún contenido testimonial, el mismo tuvo que exhibir una incidencia concluyente en la declaración judicial, para tenerse como tal y, desde ese preciso momento analítico, consolidar una nueva evaluación del plexo probatorio, con la pretensión indiscutible, de arrasar con los contenidos fijados en la decisión cuestionada.

8. en esencia, las pautas expuestas atrás por la jurisprudencia, no fueron atendidas por el memorialista, con lo cual, su ataque se muestra insustancial, más aún, cuando la censura la motivó bajo el jaez de apreciaciones personales, en tanto, no explicó en qué consistió de verdad la tergiversación por él evocada, al avalar las instancias la inoponibilidad de los títulos dispuesta por la jurisdicción civil; sobre el tema, la primera instancia afirmó:

Como prueba de la oposición de los copropietarios del condominio a la ejecución injustificada de los aludidos pagarés, obra en el expediente la sentencia fechada el día 31 de agosto de 2004 proferida por el Juzgado Primero Civil de Fusagasugá, la que declaró probada la excepción de inoponibilidad al ‘Condominio La Mirage 22’ de las obligaciones que sirvieron de base para dictar el mandamiento de pago, en razón a que el acto de otorgamiento de los pagarés se ejecutó por fuera del giro ordinario de las actividades del condominio y extralimitando las facultades que le fueron conferidas al administrador, ya que para comprometer a la persona jurídica que representaba, requería de una autorización expresa del Consejo de Administración y si bien, la demanda no prosperó, cabe señalar que el procesado Tadeusz Staniszewski obró con dolo al presentar los títulos valores para su cobro con la intención de obligar a la copropiedad… Según lo expresado por los denunciantes, el señor Ángel Humberto Castillo Ortiz, ex administrador del ‘Condominio La Mirage 22’, nunca informó a la Asamblea de Copropietarios sobre el giro de títulos valores a favor del señor Tadeusz Staniszewski, tampoco de haber recibido sumas distintas al pago de las cuotas de sostenimiento de la administración del valor recibido, ni de la procedencia de tales dineros. Cabe resaltar que el señor Staniszewski obró de igual manera, pues no informó a los demás copropietarios del supuesto crédito a cargo del condominio(16).

Como se comprende, el libelista anunció que se tergiversó el hecho concreto de la inoponibilidad de los títulos, por ello, dijo, no hay delito; sin embargo, aquí yace más un criterio de interpretación que de tergiversación, pues la jurisdicción penal, tomó cual es la figura jurídica anotada, sobre la base de la teoría de la representación y en atención a la inoponibilidad de los actos jurídicos celebrados con extralimitación de las facultades concedidas al administrador de la época en asocio al aquí recurrente, por tanto, concluyó el Tribunal de Cundinamarca: “tales pagarés fueron utilizados para inducir a error a un funcionario judicial, con el fin de que expidiera mandamiento ejecutivo de pago contra la copropiedad y a favor de Tadeusz Staniszewski, pago que no se realizó al prosperar la acción incoada por el condominio, configurándose con ello el punible de fraude procesal”(17).

Así mismo, dejó de explicar el jurista, por qué motivo los punibles de estafa y fraude procesal, no se adecuaban a la conducta realizada por Tadeusz Staniszewski, lo cual requiere, como es obvio, un ejercicio demostrativo concreto, objetivo y trascendente, incluso, forjado por vía directa de violación de la ley sustancial, de cara a la aceptación de los hechos y las pruebas practicadas en el plenario, más no, forzar un ataque con simples argumentos que se alejan de cualquier tergiversación, agrupados en opiniones de instancia.

iii) Falso raciocinio. En esencia, adujo el defensor que, los juzgadores no advirtieron la seria enemistad entre denunciantes y procesados, ni determinaron el mérito de cada prueba, con lo cual violentaron la regla de la experiencia que enunció en los siguientes términos: “siempre o casi siempre que existe un conflicto previo, persistente y desmedido entre las partes (Denunciante-Denunciado) sucede que la información de los denunciantes carece de credibilidad porque está impregnada de cuestiones vindicativas y enturbian la sinceridad de la declaración”.

Uno de los presupuestos de las reglas de la experiencia es que su usanza sea general, universal y que los ciudadanos —en casos idénticos— actúen del mismo modo, aun cuando, encuentren oposición; así lo viene sosteniendo la Sala en sus variadas decisiones(18), cuando expresó, sobre el tema, lo siguiente:

Es que en tratándose de ese postulado de la sana crítica, tiene señalado la jurisprudencia que proposiciones formuladas a partir del conocimiento obtenido por vivencias, para que puedan erigirse como reglas de la experiencia, y por ende tenidas en cuenta como pautas del método de valoración probatoria que gobierna la legislación procesal penal colombiana, es necesario que puedan ser sometidas a contraste y trasciendan su confrontación, ya que de lo contrario, a pesar de ostentar una conformación lógica, solo constituirán situaciones hipotéticas e inciertas(19).

Además, es indispensable que sean aceptadas en forma general con pretensiones de universalidad por la colectividad, más no que obedezcan a lo que el individuo haya aprehendido en su particular cotidianeidad, pues, esto si bien puede ser importante frente a procesos racionales internos, no es fundamento serio para estructurar axiomas empíricos de aceptación dentro de un conglomerado, en determinado contexto social y cultural, con la aspiración de ser esgrimidos para desvirtuar el reproche de responsabilidad que se hace en materia penal(20) (todos los resaltados fuera de texto).

9. en principio, la afirmación “siempre o casi siempre”, nada tienen que ver con las pautas referidas, además, el libelista olvidó citar la fuente de la supuesta regla de la experiencia y su aplicación no soporta juicio alguno en la medida que parte del supuesto que los denunciantes mienten cuando existe un conflicto y la información por ellos suministrada es irreal o mentirosa, no obstante ello, ignoró equiparar su aserción de cara al actuar de su prohijado, quien en su concepto, no engañó, desnivelando el raciocinio y de contera la supuesta regla fijada al caso, amén de dejar de explicar el vocablo “desmedido” , por cuanto, ese elemento, por demás muy subjetivo, en cada persona se muestra diferente.

Por último, en relación con los documentos anexos a la demanda, con el fin de que la Sala los valore y emita una decisión absolutoria o quizás declare una de las nulidades propuestas, ello no es posible, en tanto, la fase probatoria finiquitó en el juicio y los aportes de los medios debieron realizarse en la audiencia preparatoria o en la etapa de instrucción, más pretender desquiciar el debido proceso en detrimento de los demás sujetos procesales, es injusto y desatinado.

Así las cosas y como quiera que el recurso extraordinario de casación está regido, entre otros, por el principio de limitación, las deficiencias de la demanda jamás podrán ser remediadas por la Corte, pues no le corresponde asumir la tarea cuestionable propia de los recurrentes, para complementarlas, adicionarlas o corregirlas, máxime cuando es antiquísimo el criterio de la Sala, de ser un juicio lógico-argumentativo regulado por el legislador y desarrollado por la jurisprudencia, con el propósito de evitar convertirla en una tercera instancia.

Otro de los postulados del recurso extraordinario de casación es el dispositivo, con el cual, lo acometido en el libelo convoca inexorablemente a su delimitación, sin que pueda ni deba hacerse, una readecuación de las censuras y sus fundamentos, para así cumplir con la forma y luego de fondo, dictar la sentencia correspondiente.

Lo precedente concitaría a actuar en dos extremos excluyentes y exclusivos, en donde se unificarían las pretensiones contenidas en el escrito con el criterio jurídico de la Sala al enmendarlas, perfeccionarlas y, desde luego, dejarlas trascendentes para fallar en consecuencia. Con todo, si se admite un libelo que incumpla elementales presupuestos de lógica y debida argumentación, no se combate ningún agravio sino se promueve la impugnación, usurpando facultades inherentes a las partes, en una actuación penal, lo cual es inadmisible.

No es que la “técnica” por sí misma tenga como fin enervar los derechos adquiridos a los intervinientes, ni pueda reflexionarse siquiera que los yerros conducen a la Corte a desconocer situaciones fáctico-jurídicas de mayor relevancia; por tanto, si la Sala entra a solucionar todos los defectos contenidos en el libelo —admitiéndolo— se le irrogaría a la Judicatura un poder absoluto y arbitrario al reconfeccionarlo y adecuarlo a posturas argumentativas decantadas por las partes en el proceso, para luego entrar a decidir el problema de fondo: lo cual es absurdo, inconveniente e incorrecto.

Por esta potísima razón, se insiste en la consagración de algunos requerimientos sin los cuales el recurso se torna inane y queda convertido en un alegato de libre importe —como en el caso de análisis— donde solo impera la exclusiva voluntad del demandante, más no se expone de manera trascendente, la injuria, vilipendio o afrenta a la ley; siendo ello así, se verifica, que el recurrente presentó alegaciones producto de sus exclusivas percepciones del derecho, los hechos y las pruebas contra lo afirmado por los funcionarios judiciales, sin ninguna prevalencia en la lógica-jurídica requerida para sustentar la censura, con lo cual sus pretensiones se alejan de la filosofía que irradia el instituto casacional; circunstancia por la cual, la Corteen atención a lo expresado en páginas precedentes y lo anotado por el apoderado judicial de la víctima, no recurrente, inadmitirá el libelo presentado a nombre de Tadeusz Staniszewski.

Por otra parte, no se advierte que con ocasión a la sentencia impugnada o dentro de la actuación hubiese existido violación de derechos o garantías de los sentenciados, como para superar los defectos y decidir de fondo, según lo impone la preceptiva del artículo 216 de la Ley 600 de 2000.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de Tadeusz Staniszewski, por las razones aducidas en la parte motiva del presente proveído.

2. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

3. Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(14) Ver folio 45, c.o. 11.

(15) Ver folio 134, c.o. 4.

(16) Ver folio 135, c.o., 4.

(17) Ver folio 44, c.o. segunda instancia.

(18) Ver Corte Suprema de Justicia, radicado 23.909 de 4 de marzo de 2009.

(19) “Sentencia de 6 de agosto de 2003, Rad. 18626”.

(20) “Auto de 14 de julio de 2004, Rad. 21210”.