Auto 41035 de mayo 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta Nº 169

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la providencia proferida el 12 de marzo de 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual negó la acumulación procesal reclamada por la representante de las víctimas.

2. La decisión que la corporación de primera instancia y los intervinientes reclaman de la Corte en esta oportunidad consiste en determinar, por una parte, si la providencia emitida el 12 de marzo de 2013, por medio de la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín negó la petición de acumulación a este proceso de la actuación que se sigue contra el también postulado Ramiro Vanoy Murillo adolece de indebida motivación y, por la otra, si fue acertada la determinación de no acceder a la unificación procesal mencionada.

Pues bien, la Sala anticipa su decisión en el sentido de resolver negativamente la primera cuestión y afirmativamente la segunda.

3. En lo que tiene que ver con el defecto de motivación que alega el recurrente, la Sala encuentra que este carece de materialidad. Ello es evidente, pues salta a la vista la profusa argumentación que sustenta la decisión, en la que abundan las citas jurisprudenciales sobre los derechos de las víctimas y las atribuciones de la fiscalía, así como el análisis de las normas que la corporación de instancia estimó aplicables al caso, entre ellas, las que hacen referencia a la remisión al Código de Procedimiento Penal de 2004 y la legitimidad del sujeto procesal para reclamar la acumulación y, en fin, las precisiones en cuanto a la conveniencia de acudir al mencionado mecanismo procesal.

Ahora bien, el apelante funda su argumento en la contradicción que, según dice, se configura cuando el tribunal manifestó que la representante de las víctimas no tenía legitimidad para reclamar la unificación procesal, pues ello le correspondía a la fiscalía y a la defensa, pero más adelante señaló que sí la tenía, solamente que motivos de conveniencia hacían improcedente la acumulación.

La Sala observa que en el razonamiento de la corporación de primera instancia no hay contradicción alguna, pues surge nítido que el reconocimiento de la legitimidad de la representante de víctimas para realizar la solicitud mencionada no fue más que una hipótesis fijada por el a quo “en gracia de discusión” (sic), con el fin de no sustentar su decisión únicamente en el argumento formal de la legitimidad del interviniente y así poder avanzar hacía el análisis de otras circunstancias que, aun cuando no se presentara el obstáculo de la legitimación de quien la solicitó, de todos modos hacían desaconsejable la acumulación. Así lo dijo el tribunal: “no nos podemos detener en ese análisis únicamente [el de la legitimidad del interviniente, aclara la Corte], pues existen y prevalecen otros aspectos de orden práctico frente a una posible acumulación y que, en vez de garantizar derechos, lo que harían es afectar garantías de los aquí procesados al debido proceso”.

No es, entonces, que el tribunal incurriera en una contradicción insalvable por decir inicialmente que el representante de las víctimas no puede pedir la acumulación y luego afirmara lo contrario, creando así una incertidumbre que hiciera incomprensible el razonamiento que sustentó su decisión, pues basta considerar el contexto argumentativo dentro del cual se consideró, solamente a manera de hipótesis, la eventual legitimidad del interviniente para reclamar dicha figura.

En conclusión, el reproche de nulidad es infundado.

4. Respecto de la legitimidad de la apoderada de las víctimas para pedir la acumulación del proceso seguido contra Vanoy Murillo a este que se adelanta en contra de siete postulados, ex integrantes de diferentes frentes del Bloque Mineros de las Autodefensas, la Corte tiene que decir que en verdad aquella carece de legitimidad para formular dicho planteamiento.

Ello es así no solamente por cuanto el artículo 51 de la Ley 906 de 2004(1)(2), norma aplicable por razón del principio de complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, hace recaer tal facultad en la fiscalía y en la defensa, sino también, de manera principal, porque así se desprende de los precisos roles que cumplen los intervinientes en el especialísimo proceso de Justicia y Paz.

En efecto, véase cómo en contra de la conclusión reseñada en precedencia podría decirse que el mandato que contiene el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, es aplicable al proceso ‘de partes’, contencioso y de estructura acusatoria, en el cual, como es sabido, se configura un enfrentamiento entre acusador y defensa, el que debe ser resuelto por un funcionario judicial imparcial, conforme los principios de controversia, igualdad de armas e inmediación de la prueba, entre otros, mas no al trámite del proceso de Justicia y Paz, el cual, según lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, no es de naturaleza estrictamente acusatoria, sino que está diseñado ‘a la medida de las víctimas’, tiene como presupuesto la desmovilización de los actores armados ilegales y está encaminado a conseguir la reconciliación nacional y la superación del conflicto armado, conforme los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, propios de un proceso transicional.

Como corolario de lo anterior, podría defenderse una conclusión en el sentido de que las víctimas, al igual que la fiscalía y la defensa, estarían legitimadas para proponer la acumulación, en consideración a su especial preponderancia y tratamiento dentro del proceso de Justicia y Paz, que las faculta para ejercitar iniciativas más amplias que las permitidas por la Ley 906 de 2004 a la víctima, ‘interviniente especial’, pues, además, nada obsta para que aquella tenga elementos de juicio que hagan aconsejable la unificación de expedientes.

Pero la validez de tal conclusión es apenas aparente, toda vez que pierde de vista el particular rol que cumple la fiscalía en el especialísimo trámite del proceso de Justicia y Paz. Así las cosas, es preciso recordar que es a la Fiscalía General de la Nación a la que, de manera exclusiva, le corresponde diseñar las vías procesales a través de las cuales se han de alcanzar los fines del régimen transicional; lo anterior significa que es al acusador a quien le compete establecer la cantidad y jerarquía de los procesados que serán

objeto de acusación ante el tribunal de conocimiento, elaborar un pronóstico sobre la cantidad de sentencias que cubrirán el accionar del bloque o frente, cuáles casos han de priorizarse y los criterios de tal selección, esto es, si se avanzará en casos por razón de la naturaleza de los hechos, de la jerarquía del postulado, o bien de la condición de las víctimas y, entre sus competencias más relevantes, la configuración del marco de macro criminalidad.

Se sigue de lo anterior que no todos los intervinientes en el proceso de Justicia y Paz son los llamados a diseñar o planear los cauces procesales mediante los cuales se busca concretar los propósitos de la justicia transicional, sino solamente la Fiscalía General de la Nación. Así lo ha señalado la Sala en precedente que hoy reitera:

“En principio, hay que precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del Fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica (destacado en el original):

a) Es el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto a ubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado (Auto de dic. 9/2010 Rad. 34606), las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005.

b) En este contexto, es la Fiscalía General de la Nación la que debe contar con un mapa general de los objetivos de la justicia transicional, que a esta altura de su desenvolvimiento, ha de tener, por lo menos inventariados los hechos y delitos confesados, las víctimas generadas por ellos, el perpetrador o victimarios que responden por cada uno, las pruebas con fundamento en las cuales se los imputará, acusará y solicitará condena, aquellas con las cuales se acreditarán los perjuicios, y las medidas de reparación, tanto efectivas como simbólicas, individuales y colectivas.

c) En torno de ello debe proyectar los apoyos a las víctimas, al proceso y a su legalidad, a la investigación, a la garantía de los derechos de quienes intervienen ofrecidos por las otras instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales nacionales como internacionales, a los defensores de confianza, a los representantes contractuales de las víctimas, a peritos, etcétera.

En ese cometido asignado fundamentalmente a la Fiscalía General de la Nación, esta Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, en materia de unidad procesal, ha facilitado progresivamente su labor: primero, señalando que la imputación podría ser excepcionalmente parcial, luego que las imputaciones así realizadas debían juntarse en la audiencia de legalización de cargos (Auto de Justicia y Paz de sep. 21/2009, Rad. 32.022), y posteriormente —criterio que actualmente se mantiene—, admitiendo la posibilidad de emisión de sentencias parciales (CSJ, autos de Justicia y Paz de dic. 13/ 2010, Rad. 33065 y jul. 23/2008, Rad. 30120).

Todo en aras de permitirle a la Fiscalía que fuera ella la que dispusiera, en su calidad de gestora, gerente y requirente dentro del proceso transicional, el rumbo del mismo; pues dicha institución es la que debe indicarle a los magistrados encargados de orientar los procedimientos, cómo proyectan la distribución de la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias. Es, de hecho, la que selecciona el orden en que se presenta, tanto los cargos como los desmovilizados a los efectos de las distintas audiencias.

d) Lo que se espera de dicha entidad, por tanto, es que tenga un plan general, una visión sistemática, de contexto, de aquello que está imputando y acusando, estableciendo la prioridad que la gravedad de los delitos, las condiciones y la cantidad de víctimas, un patrón o designio común, sus sitios de ubicación, la época de su comisión, la alarma social que causaron, la condición de mando de los perpetradores, entre otros aspectos, hagan más aconsejable.

Es también la Fiscalía la que califica los delitos —actividad en la cual se han presentado más discusiones de las necesarias habida consideración de tratarse de una justicia transicional—, para lo cual ha de tener —o estar en proceso de— una contextualización de la macrocriminalidad, especificando cuál es atribuible a los grupos subversivos y cuál a los paramilitares, dividiendo y especificando por bloques, o por lo menos por frentes, para ir decidiendo en cuántos procesos y en cuáles, y cuántas sentencias proferidas contra quiénes, se irá conteniendo la verdad que el país espera de este proceso de reconciliación.

Por supuesto, elemental lógica nos invitaría a sostener que es suficiente y conveniente una sola sentencia en razón de los hechos relacionados con el conflicto armado, por lo menos en lo relativo a la violencia producida por los grupos paramilitares, sino fuera porque la complejidad y el tamaño de dicha violencia lo hacen imposible; luego, es competencia de la Fiscalía, en presencia de un plan integral que cubra la totalidad, ir indicando las acumulaciones y las parcialidades cuyo decreto encuentra necesarias para cumplir con su deber. Es, en síntesis este sujeto procesal el único que está legitimado para ejercer dicha facultad.

Sin embargo, como viene afirmándose, tales solicitudes deben originarse en un plan completo de proyección de fallos, que de manera posible pueda cumplirse, buscando la acumulación de tantos delitos como aconseje la prudencia y la posibilidad real de sentencias prontas, siempre que se acrediten además los factores de conexidad que hagan viable la medida”(3) (destaca la Corte en esta oportunidad).

En el caso presente, llama la atención que la fiscalía no avalara la petición de acumulación formulada por la representante de las víctimas, como tampoco lo hiciera la defensa de los postulados. Lo anterior permite inferir que la unificación procesal pedida no se ajusta, por ahora, a ese diseño procesal o mapa general que ha elaborado el ente acusador para abordar la investigación, juzgamiento y condena en contra de los miembros del Bloque Mineros, lo cual resulta más que suficiente para desestimar el reclamo impetrado.

Es necesario mencionar que la competencia de la Fiscalía General de la Nación para planear o diseñar los cauces procesales, a través de los cuales enfrentará el proceso de justicia transicional, cobra mayor protagonismo a partir de la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012, emitida por el Fiscal General de la Nación, pues allí se dice que en función de las facultades que le asisten a dicho organismo en el diseño de la política criminal del Estado, le compete regular los aspectos fácticos o técnicos del proceso de investigación, fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para el ejercicio de las actividades investigativas, según así se desprende de las sentencias de constitucionalidad C-873 de 2003 y C-979 de 2005, así como aplicar metodologías que van más allá del análisis jurídico, según las políticas y criterios de priorización trazados.

Por otra parte, dígase que al margen de la falta de legitimidad de la apoderada de las víctimas para formular la petición de acumulación, es imperioso señalar que, aun cuando aquella tuviera tal facultad, de todos modos existen otros motivos objetivos que igualmente impedirían acceder a lo reclamado.

En tal virtud, es preciso recordar que la jurisprudencia de la Sala ha indicado que la unificación procesal sólo procede una vez se haya reconocido la legalidad de los cargos por juntarse(4), previa expresión o inventario completo de los hechos a ser acumulados.

En el caso que ocupa la atención de la Sala surge nítido, como así lo admiten los intervinientes, que los particulares hechos que en este proceso les han sido atribuidos a los siete postulados no le han sido legalizados a Ramiro Vanoy Murillo, lo que, según la jurisprudencia de la Sala, hace igualmente improcedente la unificación reclamada. Naturalmente, una vez tales hechos le sean imputados a Vanoy Murillo y, por lo tanto, las actuaciones se igualen, la fiscalía podrá reclamar la acumulación de todas las actuaciones seguidas contra los integrantes del mismo bloque.

Como corolario de lo dicho en precedencia, la Sala de Casación Penal confirmará la decisión recurrida.

Cuestión adicional

1. Frente al trámite procesal surtido en este caso, esta Colegiatura estima necesario requerir a la corporación de primera instancia para que lo continúe en los precisos términos y de conformidad con los mandatos contenidos en la Ley 1592 de 2012, modificatoria de la 975 de 2005.

Lo anterior encuentra fundamento en la necesidad de no perder de vista que el proceso transicional, como así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte, no es estrictamente de naturaleza acusatoria, esto es, adversarial o ‘de partes’, aun cuando con esta clase de actuaciones comparta los principios de oralidad, celeridad y concentración(5). Su especial naturaleza, determinada por la necesidad de satisfacer fines superiores como la reconciliación nacional y los derechos de las víctimas respecto de las estructuras armadas ilegales, así como la de asegurar el cumplimiento de los compromisos de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición y fijar la memoria histórica, conduce a afirmar que tanto los postulados como las víctimas esperan decisiones prontas mediante las cuales se resuelvan sus expectativas procesales, como también que la sociedad reclama a la administración de justicia resultados en relación con la política pública de reconciliación con los grupos armados al margen de la ley.

De manera que, teniendo claro que el tiempo juega en contra de todos los involucrados en este asunto, resulta indispensable agilizar las actuaciones, propósito al que se orientó la expedición de la Ley 1592 de 2012, pues lo cierto es que tras casi ocho años de vigencia y aplicación de la Ley 975 de 2005 resulta dudosa su efectividad para el cumplimiento de los fines para los que fue creada.

La Ley 1592 de 2012, que modificó la Ley 975 de 2005, constituye fundamentalmente una herramienta jurídica concebida para agilizar el proceso de Justicia y Paz, fijarle un nuevo contenido a las obligaciones legales de los procesados y satisfacer de mejor forma los intereses de reparación de las víctimas.

Por ello, la estrategia de investigación de los crímenes de sistema incorporó un cambio sustancial, al consagrar que la verdad ya no se busca desde la perspectiva de los hechos individuales de cada perpetrador, con esquemas de investigación tradicionales, sino sobre los contextos, las causas y los motivos de los patrones de macro criminalidad en el accionar de los grupos a los que pertenecieron.

Así, la citada Ley 1592, en aras de materializar el principio de celeridad y alcanzar los fines de la justicia transicional, consagró importantes cambios, entre los que cabe citar la aplicación de criterios de priorización de casos dirigidos a establecer los patrones de macro criminalidad y develar los contextos, así como la supresión de una de las audiencias preliminares, quedando solamente la de formulación de imputación y la concentrada de formulación y aceptación de cargos, con el respectivo control formal y material de dicha aceptación, sin que para esto último se requiera de providencia interlocutoria que así lo reconozca. A lo anterior habrá de seguir inmediatamente, dentro de la misma audiencia concentrada, la celebración del incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas (art. 23).

Del mismo modo previó que, una vez fijado, probado y reconocido en la sentencia el patrón y contexto de macro criminalidad de un determinado bloque, los postulados podrán aceptar cargos y solicitar la terminación anticipada del proceso.

Tales modificaciones estructurales, introducidas a la Ley 975 de 2005, deben entenderse como el resultado de la iniciativa legislativa promovida por la Fiscalía que, invocando la naturaleza transicional del proceso de Justicia y Paz, buscó abreviar los tiempos procesales y llegar en forma más expedita a las sentencias.

2. La aplicación de la Ley 1592 de 2012 a esta actuación, la cual se encuentra en la celebración de la audiencia de control de legalidad de la aceptación de cargos (L. 975/2005, arts. 18, inc. 3º, y 19 originales) no ofrece dudas, pues así lo dispuso el legislador, de suerte que el trámite previsto en la nueva ley habrá de aplicarse a este proceso desde la actuación descrita en el artículo 19, inciso 2º, de la norma modificatoria.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la implementación de la mencionada Ley 1592 de 2012 a las actuaciones que, como esta, actualmente están en trámite, es necesario decir que la misma, en su artículo 41, estableció que regiría a partir de la fecha de su promulgación (Diario Oficial Nº 48633 de fecha 3 de diciembre de 2012) “y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7º, 8º, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005”.

En similar sentido, el artículo 36, sobre vigencia, derogatoria y aplicación temporal de la Ley 1592, dispone lo siguiente:

“La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su promulgación. Para el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización.

En relación con los desmovilizados individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), el procedimiento y los beneficios consagrados en esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012”.

Por otra parte, su artículo 40 reitera la aplicación inmediata a los casos en trámite, pues estipula que el incidente de reparación integral (L. 975/2005, art. 23 original) ya iniciado habrá de continuar su desarrollo en los términos de la modificación que le introduce el artículo 23 de la ley modificatoria. Así dice la norma en comento: “Los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de identificación de las afectaciones causadas que contempla e1 artículo 23 de esta ley, el cual modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005”.

Por lo tanto, insiste la Corte, es bajo los precisos lineamientos de la Ley 1592 de 2012, cuyos efectos rigen a partir del 3 de diciembre de 2012, y no bajo el esquema procesal originalmente dispuesto en la Ley 975 de 2005, que la presente actuación habrá de continuar su curso, pues no de otra manera se hará efectiva la intención del legislador de avanzar de manera eficaz en la obtención de los fines del proceso de Justicia y Paz.

3. Con todo, la afirmación anterior debe matizarse, pues si se aplicara en toda su extensión la Ley 1592 de 2012 a los procesos iniciados y actualmente adelantados conforme la 975 de 2005, sería necesario someterlo a criterios de priorización y selección, como así lo prevé la norma citada en primer lugar. Lo anterior podría acarrear la nociva posibilidad de que alguno o algunos de los hechos, postulados procesados o víctimas no satisfagan dichos parámetros, los cuales han sido determinados en la Directiva 0001 del 4 de octubre de 2012 de la Fiscalía General de la Nación. Lo aconsejable es, entonces, mantener exentos del rasero de criterios de priorización y selección los casos en los que ya existe una sentencia, o bien se encuentran en una situación temporal y procesal próxima a su emisión.

Por lo tanto, en tales casos, en los cuales existe una expectativa razonable de sentencia, de modo tal que la implementación de los criterios de priorización que exige la Ley 1592 de 2012, en concordancia con la citada directiva, resulten evidentemente extemporáneos por tardíos y, por lo mismo, inútiles para materializar el principio de celeridad, así como violatorio de los derechos de las víctimas o procesados, deben seguirse en los términos de dicha ley, la cual, se reitera, es de aplicación a partir de la fecha de su promulgación, pero sin la implementación de los aludidos criterios de priorización.

4. Se dirá que, como en este caso presente seguido contra los siete postulados del Bloque Mineros, la audiencia de control de legalidad de la aceptación de cargos ha venido teniendo lugar al menos desde febrero de 2012, entonces el trámite procesal debe avanzar hasta el final según las ritualidades fijadas en la original Ley 975 de 2005, esto es, con la celebración de las audiencias de formulación de cargos, aceptación de cargos y control de legalidad formal y material de la aceptación de cargos (diligencias que, para el legislador de 2012, “en la práctica judicial se tornaron redundantes e innecesarias”(6)). Tal razonamiento aparentemente podría hallar sustento en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 del Código General del Proceso (L. 1564/2012)(7).

La tesis enunciada no es de recibo, toda vez que no puede perderse de vista que el Código General del Proceso, conforme lo señala su artículo 1º, se aplica “en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios”, pero también “a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad”, lo que sin duda incluye lo penal, siempre y cuando dichos asuntos “no estén regulados expresamente en otras leyes”.

Así las cosas, surge nítido que la regla de vigencia de la norma procesal que trae el artículo 624 del citado estatuto (modificatorio del 40 de la L. 153/1887) no es aplicable al caso, pues tal materia, la vigencia del estatuto modificatorio, está explícitamente regulado en la misma Ley 1592 de 2012, particularmente en sus artículos 36, 40 y 41.

En todo caso, aun cuando la citada ley ofreciera alguna oscuridad en lo relativo a su vigencia, para la Corte es claro que la conclusión no puede ser otra que su aplicación a actuaciones en trámite. Ello es así, en primer lugar, porque en la exposición de motivos del proyecto de Ley 193 de 2011 (segundo debate en el Senado, Gaceta del Congreso de la República Nº 681 de 2012) el legislador dejó claro que la nueva ley habría de ser aplicada “para los procesos que se encuentren en curso”, sin precisar distinción alguna sobre el estado de los mismos(8).

En segundo término, porque la finalidad de la norma modificatoria es la de resolver las dificultades de todo orden que pesan actualmente sobre las actuaciones en curso, así como brindar a las numerosas víctimas que hoy se encuentran reconocidas como tales y a los mismos postulados una expectativa razonable de satisfacción de sus intereses y de obtener sentencia pronta, dado que los 8 años de vigencia de la norma original no han sido del todo idóneos para ello. Por lo tanto, ninguna lógica ni utilidad para transformar el enfoque y la dinámica de las investigaciones reportaría la Ley 1592 de 2012 si se aplicara a los casos que se inicien con posterioridad a su vigencia o si se realizara algún condicionamiento a su vigencia, salvo lo precisado por la Corte sobre la no aplicación de criterios de priorización a casos que cuentan con una expectativa razonable de sentencia, pues en tales circunstancias puede decirse que excepcionalmente la original Ley 906 de 2004 logró los fines de la justicia transicional.

5. Como corolario de lo antes dicho, la Sala requerirá a la Sala de Justicia y Paz de Medellín para que continúe el trámite procesal de esta actuación, conforme los lineamientos de la Ley 1592 de 2012.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. NEGAR la nulidad de la decisión adoptada el 12 de marzo de 2013, por medio de la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín negó la petición de acumulación procesal reclamada por la representante de las víctimas.

2. CONFIRMAR la determinación impugnada.

3. Requerir a la corporación de primera instancia para que continúe el trámite de esta actuación, conforme el rito dispuesto en la Ley 1592 de 2012.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(1) ART. 51.—“Conexidad. Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando: 1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal. 2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar. 3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro. 4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.

PAR.—La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores”.

(2) Sobre conexidad procesal y acumulación tratan, además, las siguientes normas: artículo 20 de la Ley 975 de 2005. “Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley”.

“Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas”.

El fenómeno de la acumulación de procesos se halla regulado igualmente por el artículo 11 del Decreto 3391 de 2006, así: “Artículo 11. Acumulación de procesos. De conformidad con los artículos 16 y 20 de la Ley 975 de 2005, para los efectos procesales se acumularán todos los procesos que se hallen en curso o deban iniciarse por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley, de lo cual será informado. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Si en relación con el desmovilizado existe medida de aseguramiento de detención dictada en otro proceso, recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno Nacional en la forma prevista por el artículo 1º del Decreto 2898 de 2006, el Fiscal Delegado asignado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las averiguaciones de que tratan los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 y obtenidas las copias pertinentes de las actuaciones procesales solicitadas por él, le recibirá versión libre. Si el desmovilizado se encuentra privado de la libertad por orden de otra

autoridad judicial, continuará en esa situación. En todo caso, una vez adoptada la medida de aseguramiento por el magistrado de Control de Garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, que incluya los hechos por los cuales se profirió la detención en el otro proceso, este se suspenderá, respecto del postulado, hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005. En esta se incluirán aquellos por los cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Declarada la legalidad de la aceptación de los cargos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la actuación procesal suspendida se acumulará definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005 respecto del postulado. Sin embargo, en caso de que no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido.

Mientras se encuentre suspendido el proceso judicial ordinario no correrán los términos de la actuación penal en relación con el imputado que se acoge a los beneficios de la Ley 975 de 2005.

PAR.—Los miembros desmovilizados del grupo armado organizado al margen de la ley, que voluntariamente se pongan a disposición de las autoridades en virtud de su acogimiento a la Ley 975 de 2005, podrán ser ubicados en los establecimientos de reclusión de justicia y paz administrados y definidos por el Inpec y en los previstos por el parágrafo 2º del artículo 21 de la Ley 65 de 1993, mientras se adelantan los procesos judiciales pertinentes de que trata la citada ley. El tiempo de privación de la libertad cumplido en estos establecimientos de reclusión, previo a que el magistrado de control de garantías profiera la respectiva medida de aseguramiento de conformidad con la Ley 975 de 2005, se imputará al cumplimiento de la pena alternativa que corresponda”.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 17 de octubre de 2012, Rad. 39269.

(4) Auto de Justicia y Paz del 25 de septiembre de 2007 Rad. 28250, reiterado en decisión del 17 de octubre de 2012, Rad. 39269.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 18 de abril de 2012, Rad. 38526.

(6) Exposición de motivos del proyecto de Ley 193 de 2011 (segundo debate en el Senado, Gaceta del Congreso de la República Nº 681 de 2012).

(7) Artículo 624 del Código General del Proceso, modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".

El texto original del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 disponía lo siguiente: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(8) En el acta de exposición de motivos se lee lo siguiente, respecto del artículo 36 del proyecto de ley: “El artículo 36 introduce las vigencia y derogatorias de la ley que se pretende a través del presente proyecto. Dispone su aplicación para los procesos que se encuentren en curso, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 37, 46, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005, con el fin de armonizar la Ley de Justicia y Paz con las normas contenidas en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas”(destaca la Corte).