Auto 41103 de septiembre 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado acta 297

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. De conformidad con el artículo 103 de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para resolver el impedimento planteado, por tratarse de manifestaciones hechas por magistrados y un conjuez que integran la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

2. La consagración de las causales de impedimento y recusación se fundamenta en una misma razón jurídica que no es otra distinta que la de garantizar, dentro de un Estado social y democrático de derecho, que el funcionario judicial llamado a resolver un conflicto jurídico, sea ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y que por lo tanto, su imparcialidad y ponderación no se encuentren perturbadas.

Para tal propósito, es menester recordar, en primer lugar, que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado en forma pacífica y reiterada que el ejercicio de la declaración de impedimento, constituye un mecanismo dirigido a proteger la imparcialidad de quienes administran justicia; de ahí que no pueda estar sujeto al capricho de los funcionarios judiciales, quienes se encuentran atados de manera inevitable a la taxatividad de sus causales, lo que significa que nadie puede acudir a la analogía ni a la extensión de los motivos expresamente señalados por la ley, en aras de sustentar su procedencia(1).

La jurisprudencia de la Corte(2), en relación con el tema que ocupa la atención de la Sala, ha señalado:

“En desarrollo del principio de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, la legislación procesal ha previsto una serie de causales de orden objetivo y subjetivo en las cuales el juez debe declararse impedido para decidir, garantizando a las partes, terceros y demás intervinientes las formas propias de cada juicio.

“Empero, como a los jueces no les está permitido separarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a las partes no les está dado escoger libremente la persona del juzgador, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son éstas y no otras, las circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión, compromete la independencia de la administración de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial”(3).

En esa medida, se procederá a resolver los impedimentos planteados, así:

a) En lo que atañe al magistrado José Luis Barceló Camacho, su declaración se apoya en los numerales 4º y 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, los cuales son del siguiente tenor:

“Que el funcionario judicial haya … manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso” (causal cuarta).

“Que el funcionario hubiere participado dentro del proceso...” (causal sexta).

Frente a la citada causal cuarta, la jurisprudencia de la Corte ha dicho que la opinión constitutiva de la causal impediente citada es aquella que emita el funcionario judicial en ejercicio de sus funciones, o por fuera de ellas, que revista un componente valorativo acerca de la manera como deba decidirse un determinado caso.

Es decir, no es cualquier opinión la que da lugar a la separación del funcionario judicial de un asunto, sino la que por su naturaleza y entidad llega a comprometer su imparcialidad y su ponderación, por constituir un acto de prejuzgamiento sobre el hecho que le corresponde decidir.

A su turno, en lo relacionado con la causal sexta, resulta fácil advertir que ésta se adecua cuando el funcionario interviene en el asunto, por razón de sus funciones, derivado de la jurisdicción que le asigna la ley.

En el supuesto que ocupa la atención de la Corte, resulta clara la improcedencia de la causal de impedimento incoada por el honorable magistrado Barceló Camacho para separarse del conocimiento del asunto, por las siguientes razones:

En primer lugar, valga destacar que el cargo de magistrado auxiliar no comporta jurisdicción, esto es, que la ley le haya asignado unas precisas funciones para administrar justicia en asuntos que son estrictamente del resorte del magistrado titular, donde se encuentre adscrito.

Conforme con el manual de funciones reglado en el acuerdo de la Sala Plena 41 del 1º de diciembre de 2003, el magistrado auxiliar tiene asignadas las siguientes tareas:

1) Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo de los despachos.

2) Preparar la relación de los hechos y antecedentes de procesos que se encuentren al despacho para fallo.

3) Rendir informe de jurisprudencia y legislación sobre los temas debatidos en los procesos a despacho, para efectos de la elaboración del proyecto de providencia.

4) Colaborar con los magistrados titulares en la elaboración de anteproyectos de providencia.

5) Velar por la confidencialidad y seguridad de la información que con ocasión de sus funciones conozca.

6) Velar por la correcta racionalización, utilización y cuidado de los equipos, elementos y demás recursos asignados a su cargo.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el cargo de magistrado auxiliar fue concebido para apoyar la función que la Constitución y la ley le han asignado al magistrado titular. Por tanto, en la elaboración de los proyectos de providencias, no compromete su criterio frente a la resolución del asunto, en la medida en que su deber consiste en plasmar la postura del titular del despacho al que está adscrito, y el de los demás miembros de la Sala especializada, que conozcan del trámite.

Es más, el otrora magistrado de esta Sala de la Corte, doctor Jorge Luis Quintero Milanés, al responder un derecho de petición ejercido en el proceso en el cual hoy se pretende la revisión de la sentencia, a través del auto fechado el 15 de abril de 2009, textualmente anotó:

“Que no obstante haberse asignado el asunto al magistrado auxiliar adscrito al despacho, doctor José Luis Barceló Camacho, quien está sujeto exclusivamente a las órdenes que se le imparten a las precisas directrices de trabajo dispuestas por la Sala y por el magistrado, de todos modos la mencionada providencia fue estudiada y dictada por los integrantes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dada su naturaleza colegiada”.

En consecuencia, no son de recibo los argumentos expuestos por el doctor Barceló Camacho, para apartarse del conocimiento de la presente acción de revisión, puesto que su criterio como actual magistrado titular de la Sala de Casación Penal, no puede estimarse comprometido por alguna de las tareas que cumplió cuando se desempeñaba como magistrado auxiliar de la misma corporación.

Así las cosas, no resulta viable aceptar el impedimento invocado por el honorable magistrado doctor José Luis Barceló Camacho, quien deberá continuar conociendo de la presente revisión.

b) En lo que atañe a los doctores José Leonidas Bustos Martínez y Javier Zapata Ortiz, la Sala advierte que se encuentran impedidos para conocer de este trámite, toda vez que participaron en la discusión y aprobación de la providencia que inadmitió las demandas de casación presentadas en contra del fallo del tribunal que es objeto del actual acción de revisión.

Así mismo, en la anterior condición emitieron opinión que compromete su imparcialidad, puesto que fueron claros en plasmar que en este asunto no procedía la casación oficiosa, debido a que no se percibía “causal de nulidad ni vulneración de derechos fundamentales”, apreciación que se encuentra conectada con la causal de revisión que discute el fenómeno de extinción de acción penal por razón de la prescripción.

En esa medida, a los citados honorables magistrados se les separará del conocimiento del presente trámite.

c) En relación con la doctora María del Rosario González Muñoz, sin duda en ella opera la causal impeditiva especial, consagrada en el artículo 228 de la Ley 600 de 2000, puesto que intervino en la Sala que dictó la sentencia de segunda instancia, en calidad de magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.

En esas condiciones, se estructura en ella el supuesto de hecho reglado en el mencionado artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, motivo por el cual se le separará del conocimiento de la presente acción.

d) Finalmente, en lo que atañe a la situación procesal del conjuez, doctor Guillermo Angulo González, quien aduce el motivo reglado en la causal 4º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000 para apartarse del trámite de esta acción, resulta suficiente para concluir que se encuentra impedido, puesto que fue defensor de uno de los coprocesados, es decir, del señor Julio César Alegría Erazo, persona que, además, tiene vínculo matrimonial con la hoy accionante en revisión, señora Violeta Guillermina Brown Smit.

Así las cosas, se le aceptará el motivo para no conocer de esta acción de revisión.

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no se nombrará reemplazo al doctor Angulo González, en la medida en que se mantiene el quórum deliberatorio y decisorio.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el impedimento manifestado por el honorable magistrado Dr. José Luis Barceló Camacho integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, regresen las diligencias al despacho del doctor Barceló Camacho, toda vez que él funge como ponente.

2. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los honorables magistrados María del Rosario González Muñoz, José Leonidas Bustos Martínez y Javier Zapata Ortiz, así como por el honorable conjuez, doctor Guillermo Angulo González para conocer de esta acción de revisión.

Por tanto, se les separa del conocimiento del presente trámite a los citados honorables magistrados y conjuez que integran la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.»

(1) Auto de 29 de febrero de 2008, radicación 29189, entre otros.

(2) Auto de 16 de marzo de 2005, radicación 23374.

(3) Auto de 19 de octubre de 2006, radicación 26.246.