Auto 41201 de mayo 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 148

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones

La Sala de Casación Penal de la Corte, tiene plena competencia para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto, se trata de una decisión de primera instancia obra de un Tribunal Superior (L. 600/2000, art. 75-3 y L. 906/2004, art. 32-3). Junto con ello, respecto de las decisiones de las Salas de Justicia y Paz, esa legitimidad deviene directamente de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Ahora bien, la Sala asumirá directamente el examen del objeto básico de decisión del magistrado de control de garantías y cuestionamiento de la Fiscalía, sin que estime menester profundizar sobre aspectos accesorios al mismo que ya se entienden suficientemente decantados y no han generado discusión.

Apenas se menciona, entonces, que si bien, la justicia transicional encierra algunas particularidades en atención a los principios que la animan y la finalidad perseguida por la misma, en lo fundamental, para lo que al aspecto eminentemente penal compete, se nutre del Código de Procedimiento Penal, conforme la remisión establecida en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

No se duda tampoco que en los casos de detención preventiva, única medida de aseguramiento dispuesta en la normatividad especial citada, el tópico correspondiente a su sustitución opera necesariamente dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004 y, particularmente, de lo estipulado en su artículo 314, cuyo numeral 4º reza:

“Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales.

El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital”.

Así mismo, por ocasión de lo establecido en el numeral 8º del artículo154 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 12 de la Ley 1142 de 2007, sabido que el proceso descontó la audiencia de formulación de imputación y se halla pendiente de realización de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, evidente surge la competencia del magistrado de control de garantías para conocer de la sustitución de la medida de aseguramiento propuesta por la defensa.

Ahora bien, en lo que toca con la materia estricta de debate, la Sala debe partir por advertir que lo consagrado en el numeral 4º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, obedece a una exigencia si se quiere natural de un Estado de derecho que respete la dignidad de las personas, pues, repugna a cualquier mínimo de humanidad sostener que alguien, por grave que sea su delito o condenable su conducta, pueda ser recluido en un establecimiento carcelario cuando ello es incompatible con su vida o salud.

Sobra señalar que los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia expresamente diseñan normas que obligan respetar la dignidad humana aún en los casos de personas vinculadas a procesos penales u objeto de reclusión carcelaria.

Para mencionar apenas las más cercanas, los artículos 5º, numeral 2º, y 10, numeral 1º, de la Convención americana de derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, respectivamente, consagran pilar insustituible del tratamiento a quienes soportan un proceso penal, el del respeto por su dignidad.

Expresamente nuestra Carta Política diseña desde su artículo primero el lugar preeminente que adquiere la dignidad humana.

Pero, además, el artículo 11 estatuye como inviolable el derecho a la vida, y el 12 advierte que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

De esta manera, si con las pruebas legalmente establecidas se verifica inconcuso que la persona no solo padece grave enfermedad, sino que ella es incompatible con la reclusión, no existe ninguna posibilidad de soslayar la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, simplemente porque de negarse ella se incurre no sólo en atentado ostensible contra el principio de dignidad humana, sino que se pone en peligro la vida del recluso y, finalmente, se le somete a un trato cruel, inhumano y degradante.

Por lo anotado es que la Corte debe glosar lo afirmado por el magistrado de control de garantías y la representación de la fiscalía, cuando acuden a criterios subjetivos completamente impertinentes para lo que se examina, pues, se repite, cubierta la condición médica y vista la gravedad de la enfermedad, al punto de hacerla incompatible con la reclusión, no existe manera de impedir la sustitución acudiendo a factores tales como la gravedad del delito imputado o el peligro que pueda representar para la sociedad la persona.

Hacerlo así, no cabe duda, implica poner en peligro o afectar directamente caros e insustituibles valores constitucionales, al punto que, a título ejemplificativo, si se verifica que la persona cometió graves delitos y puede asumirse necesaria la medida de aseguramiento, pero a la vez se conoce que padece una enfermedad grave que compromete su vida e imposibilita el confinamiento intramural —al extremo, en ciertos casos, de demandar atención especializada en clínica u hospital—, de decidirse en la ponderación por la protección de la sociedad, pues, simplemente la medida de aseguramiento puede tornarse en pena de muerte.

En tratándose de la causal referenciada en el numeral 4º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el legislador previó controles especiales, al punto de disponer que esa condición de grave enfermedad debe ser establecida por médico oficial y que la decisión del lugar en el cual cumplirá su confinamiento el procesado —residencia, clínica u hospital—, corresponde al juez.

Entonces, considera la Corte, la discrecionalidad del funcionario judicial, en estos casos de incompatibilidad con la reclusión carcelaria, no pasa por examinar aspectos ajenos a lo que la norma dispone —dígase, gravedad del delito, pena aplicable, peligro para la comunidad—, sino por verificar adecuadamente cuál es la real condición del confinado, valiéndose para el efecto de lo dictaminado por el legista, y después de advertido ese estado grave por enfermedad, incompatible con la detención intramural, determinar en qué lugar ha de permanecer la persona, acorde con el tipo de mal que lo aqueja y el tratamiento que amerita el mismo.

Desde luego, si se advierte que el confinamiento residencial no faculta que se cubran las expectativas de salud o, cuando menos, resulta neutro para el efecto, necesariamente ha de acudirse a mecanismos alternativos que dentro del establecimiento carcelario logren enervar los peligros para la salud —si es que la clínica u hospital resultan ajenos a esos efectos—, pues, debe resaltarse, la residencia como lugar sustituto de cumplimiento de la medida de aseguramiento no opera a manera de gracia concedida a quien padece un mal grave, sino en calidad de sitio adecuado para que el tratamiento pueda llevarse a cabo, se eviten males mayores producto de la enfermedad, o se desarrolle el tratamiento paliativo cuando el mal se ofrece terminal y ya son razones elementales de humanidad las que aconsejan hacer cesar mayores sufrimientos.

Para el caso concreto, de forma expresa el galeno al servicio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conceptuó, después de verificar los antecedentes de salud del recluso y la información ofrecida por el médico al servicio del centro carcelario, que este “se encuentra en estado de grave enfermedad” y ello “resulta incompatible con la reclusión formal”.

Esa manifestación pericial no ha sido cuestionada por ninguno de los intervinientes en el asunto, quienes tampoco ponen en tela de juicio la situación calamitosa de salud por la que atraviesa Heriberto Solano Rubio.

Entonces, si el profesional de la salud señalado por la norma presenta su diagnóstico y éste no ha sido controvertido, apenas cabría decir que, en efecto, se cumple la exigencia contemplada en el numeral 4º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, para acceder a la detención domiciliaria solicitada por el defensor.

En contra no puede aducir la Fiscalía que cosa diferente dice el médico de planta, pues, como lo anotó el magistrado de control de garantías, ese apenas fue un concepto que si bien nutrió el dictamen, no lo reemplaza o siquiera controvierte.

Es más, mirado bien, el concepto del médico al servicio del centro carcelario termina confirmando lo dictaminado por el profesional perito, como quiera que claramente advierte de la imposibilidad para que allí se puedan realizar los controles y exámenes periódicos que reclama el delicado estado de salud del postulado.

En particular, que no existen tirillas para la glucometría diaria que reclama el seguimiento del estado patológico de diabetes mellitus, ni es posible efectuar el control semanal en laboratorio de la coagulación de la sangre, dado el tratamiento con Warfarina.

No en vano, el profesional de la medicina recomienda “valoración por medicina legal con el fin de solicitarle la detención domiciliaria”, que fue precisamente lo adelantado con posterioridad.

Ahora, la Fiscalía en su impugnación aduce que es posible atender a las necesidades médicas del postulado con apenas exigir de la cárcel el cumplimiento de los protocolos médicos.

Empero, cuando se conoce que el estado de salud del desmovilizado es grave, como quiera que se le instaló prótesis mecánica en la válvula aórtica, padece de hipertensión arterial y sufre de diabetes mellitus, con posibilidad de colapso en caso de desatenderse sus mínimos requerimientos, la decisión no puede estar mediada por consideraciones que, por lo que la práctica enseña en tratándose de la precaria atención médica en los centros carcelarios del país, ni siquiera se advierten posibles o cercanas en su efectividad.

En contrario, aunque no es factible verificar inconcuso que ello invariablemente redundará en beneficio del estado de salud del postulado, para la Corte, prohijando lo expresado por el a quo, sí es un factor positivo el que se halle en la residencia el postulado, pues, no solo tendrá camino expedito a los centros de salud y laboratorios donde deben efectuarse los exámenes y controles periódicos, sino que podrá, en caso de recaída, acudir inmediatamente a recibir atención de urgencias en clínica u hospital.

Esos, entiende la Corte, son mínimos que en el caso del desmovilizado se le deben ofrecer en respeto a su dignidad humana y para evitar que su condición grave devenga en fatal o irrecuperable.

Desde luego, si esas actividades que viene desarrollando la Fiscalía para que el centro carcelario cumpla con los requerimientos de salud del postulado, ofrecen buenos frutos y se obtienen los medios requeridos para que al interior del centro de reclusión se atiendan sus necesidades en la materia, perfectamente podrá acudir ante la magistratura de justicia y paz para ver de variar la situación actual, conforme nueva evaluación médico legal.

Y, si además puede comprobarse que en el sitio de residencia no se verifican mejores condiciones o acceso a medios necesarios, también será factible examinar el tópico, para no hablar de un cambio de circunstancias que demande la reclusión en clínica u hospital.

Como el magistrado de control de garantías advierte que la determinación de la adecuada atención en salud es asunto que ha de materializarse “sobre la marcha”, la Sala entiende necesario que proceda él a monitorear periódicamente la situación de quien ya debe hallarse en su residencia, con auxilio del Inpec.

En suma, la Corte confirmará la decisión del magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, que dispuso sustituir la detención carcelaria por domiciliaria en favor del postulado Heriberto Solano Rubio.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto del 17 de abril de 2013, proferido por el magistrado de control de garantías de la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso seguido contra Heriberto Solano Rubio.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».