Sentencia A-41228 de mayo 14 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 146

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil trece.

Vistos

Define la Sala la competencia para conocer la audiencia preliminar de sustitución de medida de aseguramiento solicitada por el postulado a los beneficios de la ley de justicia y paz Mauricio Ardila Badillo, respecto de la cual el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, se rehusó a asumir su conocimiento.

Antecedentes

De la precaria información allegada al expediente, se concluye, que Mauricio Ardila Badillo, alias “Eduar”, se entregó voluntariamente a tropas del Batallón Rafael Reyes, acantonado en Cimitarra (Santander), el 24 de septiembre de 2003, porque había desertado del frente “Capitán Parmenio” en la Vereda Hoya Negra del municipio del Hato, en donde estuvo aproximadamente dos meses. Señaló, además, también hizo parte de la cuadrilla “Guillermo Antonio Vásquez Bernal” del ELN, a la cual ingresó en el año 1999 y se desempeñaba como mando medio de la organización, encontrándose bajo las órdenes de alias “Miguel”, alias “Gafas”, alias “Héctor”, alias “Ricardo”, y Helena, alias “Paula”.

El 30 de marzo de 2012, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento del postulado Mauricio Ardila Badillo, presentada por la fiscalía ante una magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por el delito de concierto para delinquir agravado, cometido desde el 1º de octubre de 1999, fecha en que cumplió la mayoría de edad, hasta el 17 de septiembre de 2003, cuando se desmovilizó.

Además por los secuestros extorsivos agravados cometidos en Clemente de Jesús Naranjo, el 3 de febrero de 2000 en Moniquirá, y Luis Roberto Leguizamo, el 20 de septiembre de 2000 en Puente Nacional (Santander), así como los homicidios de Yeserson (sic) Sanabria Moreno y Edilberto Sanabria Santamaría, sucedidos el 26 de noviembre de 2002 en Sucre (Santander), porque los señalaban de informantes del ejército.

Finalizada la imputación de cargos, la fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento contra el postulado por la totalidad de los hechos imputados, diligencia en la cual la magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bucaramanga le impartió legalidad formal y material y le impuso detención preventiva en centro de reclusión, en este caso, el patio de justicia y paz de la Cárcel Modelo de Bucaramanga.

Contra dicha decisión no se interpusieron recursos.

Consideraciones

1. Como el magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a quien fueron asignadas las diligencias se declaró incompetente y señaló que su homólogo de Bucaramanga es el llamado a conocer la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento deprecada, corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse acerca del incidente de definición de competencia suscitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, en armonía con lo previsto en el numeral 4º del artículo 32 ibídem, por cuanto los tribunales involucrados están situados en distintos distritos judiciales.

2. El tema propuesto presenta una dificultad inicial, pues, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, pareciera que el incidente en cuestión está reservado para la audiencia de formulación de acusación y, en la etapa investigativa, a la de formulación de imputación consagrada en el artículo 286 del mismo estatuto procesal, excluyendo su procedencia respecto de las demás audiencias preliminares. La referida disposición señala:

“Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa”.

Así, se pronunció la Sala en pretérita oportunidad:

“De la norma transcrita evidente se desprende que el legislador quiso restringir el instituto de la definición de competencia a la fase del juicio y, excepcionalmente, en la investigación, a la audiencia de formulación de imputación, pues, si su querer fuese extenderlo a todas las audiencias preliminares, así lo habría señalado, en lugar de referenciar expresamente la excepción.

“Ello, sin pasar por alto, como se anotó, que la razón de ser de hermanar la audiencia de formulación de imputación a la de acusación, es precisamente el carácter procesal de ambas, dentro del principio antecedente consecuente, y la naturaleza de la intervención del funcionario, de impulso y no de protección de derechos fundamentales, cuando menos no en su objeto básico”(1).

Para hacer claridad al respecto, y que la interpretación que ha dado la Sala no tenga dudas, se procederá a su matización en los siguientes términos:

i) Según el criterio reiterado de la Corte, la oportunidad, por excelencia, para acudir al instituto de la definición de competencia es la audiencia de formulación de acusación, tanto así que las partes únicamente pueden controvertir la competencia durante su desarrollo, como así lo establece el inciso tercero del artículo 43 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que se presente en otros escenarios del proceso. Al efecto se ha dicho:

“1) El nuevo sistema procesal previó un mecanismo que, a diferencia de la colisión de competencias —positiva o negativa— regulada en la Ley 600 de 2000, pretende que esta clase de situaciones se diluciden con mayor celeridad y agilidad, y sobretodo, con carácter definitivo, pues el juez ante quien debe surtirse el trámite del juzgamiento solo debe expresar las razones por las que considera no es competente, e indicar cuál sería el funcionario que, a su juicio, debe conocer del asunto. 2) El momento ideal para que las partes cuestionen la competencia es en la audiencia de formulación de la acusación, que es cuando formalmente se da inicio al juicio oral y las partes tienen la oportunidad de expresar si se presentan causales de incompetencia. Esa manifestación, lo ha dicho ya la Sala, también procede en la audiencia para el estudio de solicitud de preclusión(2) (negrillas fuera de texto).

De acuerdo con la jurisprudencia en cita, la previsión del artículo 54 no tiene carácter excluyente, esto es, en cuanto limita la procedencia del incidente de definición de competencia a las audiencias de formulación de acusación y formulación de imputación, pues si ello fuera así, no sería viable su postulación para pretextar incompetencia en la audiencia de preclusión, punto sobre el cual en varias oportunidades la Corte se ha pronunciado.

De ahí que una cosa es que tales momentos se erijan en los ideales para plantearla y otra muy distinta es que sean los únicos.

ii) Así mismo, la hermenéutica restrictiva a tales coyunturas procesales, además, llevaría al extremo de impedir su postulación para la audiencia de legalización de captura bajo los términos del artículo 39 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007, sobre cuya determinación también se ha ocupado en reiteradas ocasiones la Corte, máxime cuando es evidente su carácter autónomo con respecto a la de formulación de imputación. Al respecto se dijo:

“Por ello, a manera de ejemplo, la audiencia de legalización de captura no es de obligatoria realización (porque la persona no necesariamente debe ser capturada), ni constituye antecedente procesal de ninguna actuación formalizada; igual ocurre con la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, o las tantas otras que verifican los resultados de allanamientos o interceptaciones telefónicas o las medidas cautelares sobre bienes, o, en fin, todas aquellas, dentro del amplio catálogo de la Ley 906 de 2004, que representan afectación de derechos”(3).

iii) Además, las controversias que se susciten alrededor de la incompetencia para conocer de una audiencia preliminar diferente a la de formulación de imputación, no pueden quedar en la indefinición, tornándose más grave la situación cuando se conoce, como aquí ocurre, el criterio de los funcionarios involucrados —sin que ello sea necesario en el sistema adoptado con la Ley 906— en el sentido de no ser competentes(4).

Por consiguiente, en todos los casos es necesario contar con el pronunciamiento del superior acorde con el rito previsto en el artículo 54 ibídem para no vulnerar el principio de celeridad, de innegable importancia en el nuevo modelo de juzgamiento previsto en los artículos 142 y 163, y no afectar los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal, interesados en que los debates sean resueltos con prontitud.

4. Finalmente, cuando el legislador en el señalado artículo 54 aludió expresamente al artículo 286, no lo hizo con el fin de eliminar la posibilidad de plantear el incidente respecto de las demás audiencias preliminares, sino con el de precisar el trámite a seguir cuando allí se presente, como así se infiere de la frase “igual procedimiento se aplicará”, en el entendido de que si la manifestación de incompetencia surge unilateralmente por parte del juez en la audiencia de formulación de imputación “así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirlo”.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala abordará el conocimiento de la presente definición de competencia, para cuya solución ha de acudir a los factores pertinentes.

Del caso concreto

El artículo 32 de la Ley 975 de 2005 otorgó a los tribunales superiores de distrito judicial “designados por el Consejo Superior de la Judicatura” la competencia para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de justicia y paz, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados, razón por la cual el ámbito territorial para el ejercicio de sus funciones ha sido definido a través de diferentes actos administrativos expedidos por esa colegiatura.

Además, la Corte tiene establecido que la competencia territorial de las Salas de Justicia y Paz está determinada, no solo por el lugar de comisión de un hecho punible en particular, sino, especialmente, por el área de influencia territorial del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció el postulado.

Ello, por cuanto las estructuras paramilitares actuaron en diversos territorios sin considerar las divisiones establecidas por los organismos estatales, siendo necesario atender tal realidad, vistas las especiales características de la justicia transicional.

El Acuerdo PSAA11-7726 del 24 de febrero de 2011, señala:

“ART. 6º—Los dos (2) magistrados con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a partir de la entrada en vigencia de este acuerdo, tendrán competencia territorial para el ejercicio de la función de control de garantías de los siguientes distritos judiciales: Arauca, Bogotá, Buga, Cali, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Santa Rosa de Viterbo, Popayán, Pasto, Mocoa, Tunja, Villavicencio y Yopal”.

Dicha preceptiva permite a la Sala concluir que la competencia para adelantar la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento en el proceso bajo estudio, radica en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuanto, el señalado artículo no incluye a Santander, además que:

i) La zona de influencia geográfica del frente “Capitán Parmenio”, y de la cuadrilla “Guillermo Antonio Vásquez Bernal”, grupos armados al margen de la ley a los que perteneció el postulado, corresponden principalmente al departamento de Santander.

ii) La mayoría de los hechos punibles imputados y aceptados por Mauricio Ardila Badillo se concretaron en los territorios adscritos a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga.

iii) Si el área de influencia geográfica y el mayor número de hechos punibles imputados y aceptados se concretaron en el departamento de Santander, es viable pensar que la mayoría de víctimas se encuentra en esa zona.

En suma, la franja geográfica en donde operó la estructura delictiva a la que perteneció el postulado no coincide con los territorios asignados por el Consejo Superior de la Judicatura a los magistrados de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá, razón suficiente para que quien conozca de la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento de este proceso, sea su homólogo de Bucaramanga.

Por último, no sobra señalar cómo las razones de comodidad para el postulado o las entidades que intervienen en el proceso de justicia y paz (fiscalía, Ministerio Público, etc.), no constituyen pautas a seguir en punto de establecer la competencia de la magistratura.

Tal como se acaba de indicar, los criterios se refieren a: i) Las reglas indicadas en la ley; ii) El área de influencia territorial del grupo armado al margen de la ley(5) y; iii) La ubicación y seguridad de las víctimas y la facilidad de acceder a las pruebas(6), cuando el postulado deba responder por delitos cometidos en distintas partes del territorio nacional y los criterios anteriores no diluciden con suficiencia cuál tribunal de justicia y paz debe asumir el conocimiento del proceso.

En tales circunstancias, son los magistrados de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga los competentes para conocer de la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento solicitada por el postulado Mauricio Ardila Badillo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ASIGNAR a la magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, el conocimiento del trámite de la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento, dentro del proceso que por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y homicidio, se adelanta contra Mauricio Ardila Badillo, desmovilizado de los frentes “Capitán Parmenio” y “Guillermo Antonio Vásquez Bernal” de la agrupación subversiva ELN.

Contra esta determinación no procede recurso alguno.

Cópiese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—María Del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Javier Zapata Ortiz.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

(1) Auto del 12 de junio de 2008, rad. 29904.

(2) Auto de fecha octubre 10 de 2006, Rad. 26203.

(3) Auto del 12 de junio de 2008, Rad. 29904.

(4) Auto de octubre 14 de 2009, Rad. 32751

(5) Postura sostenida en numerosas decisiones de esta corporación, entre otras, 28 de mayo de 2008, Rad. 29560; 17 de junio de 2009, Rad. 31560; 8 y 23 de junio de 2011, Rads. 36605 y 36745.

(6) Cfr. Providencia del 15 de julio de 2009, Rad. 32042.