AUTO 41284 DE JUNIO 19 DE 2013

 

Auto 41284 de junio 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 189

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para resolver los recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por los tribunales superiores acorde con lo dispuesto en el artículo 75.3 de la Ley 600 de 2000, artículo 32.3 de la Ley 906 de 2004, y en el caso concreto de las salas de Justicia y Paz de esas corporaciones porque dicha atribución le ha sido expresamente conferida por el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.

2. El problema jurídico por resolver en el presente caso es determinar si el postulado Víctor Ariel Ossa Ramírez, a quien dentro del proceso de justicia y paz se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, tiene derecho a que se le sustituya por la domiciliaria en cuanto padece enfermedad grave.

3. El inciso segundo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, tanto en su texto original como el modificado por la Ley 1592 de 2012, establece que formulada la imputación fáctica de los cargos investigados, el fiscal solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del postulado en el centro de reclusión que corresponda, siempre y cuando, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, concurran las circunstancias previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, es decir, se trate de comportamientos punibles de competencia de los jueces penales del circuito especializado, o de delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista en la ley sea o exceda de cuatro años.

4. La Sentencia C-318 proferida por la Corte Constitucional, al condicionar la exequibilidad del parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, señaló los eventos en los cuales es posible la sustitución de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, los cuales deben aplicarse según criterios de razonabilidad y ponderación, porque no hay una prohibición absoluta para su reconocimiento, por lo que como lo ha señalado la Sala, es imperioso atender las particularidades del proceso de justicia y paz y su diferencia con el procedimiento ordinario.

En este sentido, la corporación también ha precisado(1) que en los casos que se regulan por la Ley 975 de 2005, el margen para discutir la necesidad y suficiencia de la medida de aseguramiento intramural es escaso, debido a que el fundamento de este trámite procesal es la investigación y sanción de conductas sistémicas de extrema gravedad, perpetradas por grupos armados organizados al margen de la ley contra la población civil, de ahí que se trata de un proceso dentro del cual se impone atender la percepción de justicia de las víctimas, la cual se vería burlada si se llegare a considerar que uno de quienes integraron esas milicias ilegales viva en su lugar de residencia.

Lo anterior se haría evidente al sustituir la medida de aseguramiento impuesta a Víctor Ariel Ossa Ramírez, a quien el médico legista dictaminó padece enfermedad grave incompatible con su vida en reclusión, circunstancia que, por sí misma, no es suficiente para acceder a lo pedido, porque como lo destacó la fiscalía, el Ministerio Público y la representante de las víctimas para oponerse, el perito oficial señaló en la audiencia preliminar, la dolencia que sufre el postulado no lo coloca en riesgo de muerte y, además, se trata de una enfermedad crónica respecto de la cual en su domicilio no mejorará su estado de salud; aparte de eso, tampoco se ha definido por un especialista el tratamiento a seguir.

Por otro lado, aventurada es la afirmación de la defensa de que negarle a su protegido la sustitución de la detención preventiva desconoce su derecho a la dignidad humana, cuando como lo informaron el director y el médico del establecimiento carcelario, independientemente de la institución de seguridad social que le presta el servicio de salud, le han facilitado la atención médica, por lo que con ese cometido en 58 oportunidades lo ha trasladado a los centros hospitalarios de dicho municipio o de Ibagué, a lo cual se agrega la autorización que le dieron para el ingreso de equipos médicos necesarios para hacerle las terapias que recibe.

Así, la Sala no observa que el postulado frente a los demás reclusos reciba un trato inadecuado o discriminatorio, o que frente a sus dolencias quienes están a cargo de la vigilancia de la medida de aseguramiento actúen con indiferencia y, aparte de eso, hayan afectado su dignidad humana. Se evidencia todo lo contrario, esto es, que ante el incumplimiento de Caprecom en la asistencia del servicio de salud, lo trasladan a las instituciones prestadoras del régimen contributivo por cuenta de la Nueva EPS a la cual se encuentra afiliado, actuación permitida por el artículo 106 de la Ley 65 de 1993 que en lo pertinente dispone: “Se podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio”.

5. En conclusión, al hacer el juicio de ponderación y razonabilidad, la sustitución de la detención preventiva en este caso no constituye un imperativo al cual deba acceder con fundamento en el peritaje médico-legal, porque, de un lado, el establecimiento carcelario ha venido garantizando el acceso a los servicios de salud a los cuales tiene derecho como afiliado al sistema contributivo de seguridad social y de otra parte, al padecer una enfermedad de carácter crónico que no lo coloca en riesgo de muerte, la privación de la libertad en su domicilio no mejorará sus condiciones físicas, al punto que el legista solamente recomendó el tratamiento hospitalario con fines diagnósticos y terapéuticos que, como se señaló en la decisión cuestionada, debe definir un especialista, y manejo posterior ambulatorio en el lugar de reclusión.

En consecuencia, la Sala impartirá confirmación a la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR: la decisión recurrida en lo que fue motivo de disenso.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cúmplase y devuélvase la actuación al tribunal de origen».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 22 de septiembre de 2010, Rad. 33857.