Auto 41301 de agosto 5 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 251

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. En primer término, admitirá la Sala el impedimento manifestado por los honorables magistrados José Leónidas Bustos Martínez y Javier de Jesús Zapata Ortiz, toda vez que del examen del fallo proferido por la Corte el 14 de abril de 2010 se colige la intervención de los funcionarios antes nombrados, configurando así la causal de inhibición prevista en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000.

Es que de conformidad con la precitada disposición, hay lugar a separar del conocimiento al funcionario judicial cuando ha hecho parte de la decisión de cuya revisión se trata o ha participado dentro del proceso, toda vez que al proferirse el referido fallo de casación ciertamente comprometieron los magistrados mencionados su imparcialidad frente al mecanismo judicial que ahora se incoa, por considerar entonces que los hechos objeto de aquél guardaban identidad con los imputados por las autoridades de los Estados Unidos a Alexander Patiño Parra, mismos por los cuales se pretendió procesar en ese país a William Sánchez López.

“Lo que obliga a aceptar la circunstancia de inhibición es que el funcionario haya incurrido, con ocasión de sus funciones, en pronunciamientos anticipados acerca de aspectos sustanciales que ... constituyen auténticos actos de prejuzgamiento, que implican compromiso indiscutible de su criterio y pretermiten su imparcialidad para resolver el asunto futuro”(1).

Para la Sala, la manifestación efectuada en el fallo de casación aludido, en el sentido de que los hechos objeto de este juicio guardan identidad con los que se pretendió procesar a Sánchez López en el extranjero, constituye un aspecto trascendental, como que es precisamente el supuesto básico de las tres causales que ahora enuncia el apoderado del mencionado en aras de que se admita su demanda de revisión, motivo por el cual se trata de una opinión anticipada con suficiente capacidad para perturbar el ánimo de quienes la emitieron.

Como en dichas circunstancias el criterio de los magistrados que participaron en la aprobación de la decisión referida quedó comprometido y su imparcialidad afectada para pronunciarse en torno a la acción de revisión que se promueve contra la sentencia que dictara el Tribunal Superior de Manizales, se declarará fundado el impedimento objeto de examen.

2. Más allá de que en su atiborrado escrito el libelista haya satisfecho las exigencias formales y genéricas que debe reunir la demanda, según las previsiones del artículo 222 de la Ley 600 de 2000, es lo patente que su argumentación no se sujeta en lo sustancial a las causales aducidas ni a los requerimientos que deben conducir a su acreditación, porque siendo en esencia la base de las tres que se postulan la aducida actuación judicial a que fue cometido Sánchez López en los Estados Unidos, es incuestionable que ella no tiene los efectos que pretende el accionante en relación con los axiomas del non bis in idem y de la cosa juzgada.

3. En efecto, aun asintiendo en que hay identidad en la persona investigada y en los supuestos fácticos, es lo evidente que no media una sentencia, o una decisión con similares efectos que contenga un juicio de responsabilidad sobre la conducta del procesado, para entender de esa manera infringido el axioma que se invoca por el demandante.

No basta, como lo pretende el accionante con que el condenado en Colombia haya sido investigado o simplemente sometido a una actuación judicial en el extranjero, según sus términos, para afirmar la eventual infracción de la cosa juzgada, si además no existe un pronunciamiento judicial que contenga un juicio valorativo de su responsabilidad.

4. Acá, lo que se entiende, por lo alegado en la demanda y no por documentos emanados de las autoridades extranjeras que no se allegaron y sin que sean suficientes los adjuntados, es que el Gobierno Norteamericano decidió finalmente no llevar a juzgamiento a Sánchez López y por eso pidió la anulación de los cargos, luego es claro que ni siquiera fue sometido a una causa penal y por lo mismo no existe una sentencia que en firme haya determinado su absolución o condena.

El retiro o la anulación de los cargos, dado su sentido natural y obvio, no tiene en esas condiciones el efecto de una decisión absolutoria, o de una preclusión, porque lo que implica aquello es precisamente que el ente acusador o instructor, o el gobierno decidieron en últimas no someter al investigado a un juicio en el que habría de determinarse su responsabilidad o su inocencia.

En ese orden, dadas su razonabilidad y claridad, valga transcribir las consideraciones que al efecto hizo el juzgador de segunda instancia:

“... en lo atinente a la revocatoria de la condena con base en que las autoridades de Estados Unidos anularon los cargos elevados contra William Sánchez López, lo cierto es que esa decisión de la justicia norteamericana no tiene ningún grado de incidencia en los hechos aquí juzgados, porque además, según se infiere de la traducción oficial esa decisión obedeció a una negociación fruto de la justicia premial, motivo por el cual los cargos se anularon por petición del Gobierno Norteamericano, pero no por la presencia de una figura jurídica que irradiara la inocencia del encartado, careciendo de sentido que esa decisión haga desaparecer de buenas a primeras la acusación formulada por la fiscalía o afloren dudas respecto a los delitos endilgados, vale decir, esa decisión adosada al expediente no tiene la capacidad jurídica de enervar la acusación y la sentencia proferidas en contra del encartado, toda vez que frente a la medida señalada por el censor prevalecen estas últimas decisiones judiciales por estar cobijadas por la doble presunción de acierto y legalidad...”.

5. La situación de William Sánchez López no resiste comparación con la de Patiño Parra, toda vez que en el caso de éste, además de la identidad del procesado y de los hechos, se estableció que en su contra y antes de que las autoridades judiciales profirieran sentencia en firme, fue emitida una decisión de condena por la justicia de los Estados Unidos.

6. A más de que el supuesto básico de todas las causales alegadas se presenta así infundado, un análisis individual de las mismas ratifica dicho aserto.

Así, en tratándose de la causal segunda, si bien es cierto ha comprendido la Sala que ante la eventual infracción de la cosa juzgada su efecto es la extinción de la acción y la cesación del proceso lesivo de la garantía, lo cual implica que este no podía proseguirse, no menos lo es que dicho motivo exige imperativamente la demostración de que ciertamente aquella fue infringida, propósito en el cual se debe acreditar, como ya se dijo, la identidad del procesado, de los hechos y la existencia de una sentencia o decisión de similares connotaciones, que por los mismos hubiere señalado la responsabilidad o la inocencia del enjuiciado.

En este evento no existe ese fallo o esa determinación de parecidos efectos, ni éstos los tiene la aducida acerca de la anulación o retiro de los cargos en Estados Unidos.

7. Por lo que hace a la causal tercera, así hasta ahora se haya traído por el apoderado la agenda del juzgado foráneo, la orden de arresto y la declaración en apoyo a la aprehensión, eso no denota su carácter novedoso, ni mucho menos que contengan un hecho desconocido en las instancias.

Lo que se acredita con esos documentos adjuntados es que William Sánchez López estuvo sometido a una investigación penal en Estados Unidos y que en desarrollo de la misma el cargo que se le había formulado fue retirado o anulado por el correspondiente juez a petición del Gobierno Norteamericano, pero no la inocencia, ni la inimputabilidad del procesado.

Además, esa situación fue conocida y debatida en las instancias; no otra cosa es posible deducir a partir de la transcripción antes hecha de las consideraciones del Tribunal frente al tema en concreto.

8. Y por lo que hace a la causal sexta, más allá de que la Corte hubiere admitido en su sentencia de 14 de abril de 2010, Radicado 31529, que los hechos imputados en Estados Unidos a Patiño Parra y de contera a Sánchez López y a Sierra Agudelo eran los mismos que fueron objeto de condena en nuestro país contra el primero de los citados, es lo patente que eso no resulta suficiente en el propósito de rescindir la sentencia cuya revisión se demanda, toda vez que, como ya se ha reiterado, surge necesaria en este asunto la acreditación de que una decisión de los Estados Unidos condenó o exoneró de responsabilidad al procesado.

En ese sentido el fundamento esencial del fallo de segunda instancia para no revocar el impugnado en relación con William Sánchez y frente a la actuación en el extranjero fue el transcrito en precedencia en esta decisión(2), y esto no cambió con la sentencia de casación mencionada, sobre todo porque no fue tema de ella, ni puede asimilarse la situación de Sánchez López a la de Patiño Parra.

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por los magistrados José Leónidas Bustos Martínez y Javier de Jesús Zapata Ortiz, a quienes en consecuencia se separa del conocimiento de la acción de revisión promovida a través de apoderado por William Sánchez López.

2. INADMITIR la demanda de revisión presentada en nombre del sentenciado William Sánchez López.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 7 de marzo de 2007, Rad. 26853.

(2) Folio 11.