Auto 41329 de agosto 21 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 269.

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

Como lo tiene señalado la Sala en forma reiterada, el recurso de reposición tiene como fin obtener que el mismo funcionario o corporación judicial que emitió una decisión examine nuevamente el asunto y, bajo una óptica distinta, varíe total o parcialmente el criterio con sustento en el cual adoptó el pronunciamiento inicial, o simplemente lo aclare o lo adicione.

Por consiguiente, la labor del recurrente en tal caso deberá encaminarse a refutar o infirmar los fundamentos que sirvieron de base a la decisión impugnada.

Tal objetivo no lo consigue la impugnante con los argumentos que plantea, pues, en primer lugar, no resulta cierta su afirmación según la cual el trámite de extinción del derecho de dominio requiere la existencia previa de una proceso penal. Ese criterio contradice la naturaleza de la mencionada acción, a cuyo aspecto se refiere el artículo 4º de la Ley 793 de 2002 al señalar que es distinta e independiente de cualquier otra de estirpe penal, regulación legal que la Corte Constitucional encontró conforme a la Carta Política en la Sentencia C-740 de 2003, citada en la providencia recurrida, de la cual resulta oportuno reiterar el siguiente aparte para dejar clara la falta de razón en el argumento de la apoderada de la demandante:

“... la acción de extinción de dominio no fue asumida por el constituyente como una pena sino como una acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y su ubicación en el artículo 34 superior se explica en razón de la estrecha relación existente entre ella y el derecho de propiedad. En tal virtud, la naturaleza y el alcance de la acción de extinción de dominio no debe determinarse en el contexto del poder punitivo del Estado”.

El carácter autónomo e independiente de la acción de extinción del derecho de dominio es el que autoriza, precisamente, ejercitarse contra cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien tenga en su poder los bienes o los haya adquirido, y además sobre los bienes comprometidos, conforme lo establece el artículo 4º arriba citado, norma que además habilita, en su inciso segundo, proceder igualmente contra los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, si los mismos corresponden a cualquiera de los eventos que, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 793 de 2002, modificado por el artículo 1453 de 2011, dan lugar a declarar extinguido el derecho de dominio, sin que para el efecto se requiera la iniciación previa de un proceso penal.

Lo anterior, como se dijo en la decisión impugnada, es lo que permite concluir acerca del carácter especial de la referida acción, lo cual excluye la aplicación del trámite de revisión regulado en el Código de Procedimiento Penal, como así, en efecto, se deduce del numeral 2º del artículo 194 de la Ley 906 de 2004 cuando exige, como requisito de la demanda, indicar el delito o delitos que motivan la actuación procesal y su decisión, presupuesto claramente indicador de que el medio de defensa judicial último mencionado solo procede cuando se trate de sentencias de carácter penal, no así, por tanto, en los eventos de decisiones relativas a la extinción del derecho de dominio.

Basten las anteriores razones para que la Sala no acceda a reponer la providencia que rechazó, por improcedente, la demanda de revisión en cuestión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NO REPONER la providencia del 13 de junio de 2013, mediante la cual la Sala rechazó, por improcedente, la demanda de revisión presentada, a través de apoderada, por la señora Cielo Arias Alzate.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Javier Zapata Ortíz.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria