Auto 4135 de abril 30 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PROCESO DE ADOPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA

EXTRACTOS: «1. Principio cardinal en los Estados democráticos es el de la publicidad de las actuaciones de las autoridades en cualquiera de las ramas del poder, como quiera que ella permite el mejor ejercicio de los derechos de los ciudadanos a participar en las actividades públicas y a controlar la actuación de los funcionarios públicos.

1.1. En ese orden de ideas, la Constitución Nacional establece que la administración de justicia se ejerce por conducto de la rama judicial y que sus “actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley” (C.N., art. 228), norma esta que guarda estrecha relación con lo dispuesto por el artículo 74 de la Carta Política que garantiza a todas las personas en Colombia el “derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.

Es claro pues que, conforme a los principios enunciados, la publicidad de los procesos judiciales es la regla general y sólo excepcionalmente las actuaciones surtidas en estos, total o parcialmente, pueden ser reservadas cuando por especiales razones de orden público o de conveniencia social así lo disponga expresamente el legislador.

1.2. Dada la trascendencia que en el orden individual, familiar y social tiene la adopción en cuanto mediante ella se prohíja como hijo a quien no lo es por naturaleza, el Código del Menor (D.L. 2733/89), en su artículo 114 dispuso que durante treinta años gozarán de reserva todos los documentos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales atinentes a los procesos de adopción, cuya violación se eleva a causal de mala conducta para el funcionario responsable de la misma, sancionable con la destitución del cargo.

2. No obstante lo anterior, el Código del Menor en la misma norma citada establece que cuando existan “graves motivos que justifiquen el levantamiento de la reserva” ésta puede ser levantada previa orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente al juzgado que decretó la adopción, previo trámite incidental de carácter específico para el efecto, cuya naturaleza y características jurídicas fueron ya precisadas por esta corporación en auto de 17 de febrero de 1993 dictado en este proceso, que obra a folios 90 a 100 del cuaderno de la Corte.

2.1. Acorde con lo expuesto, ha de entenderse que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Código del Menor, la reserva establecida respecto de todos los documentos y actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con un proceso de adopción, ha de ser interpretada fundamentalmente teniendo en cuenta para el efecto la finalidad de protección del menor y los intereses superiores del mismo, así como también ha de atenderse para el recto entendimiento de la reserva instituida por el artículo 114 del código mencionado, que ésta opera dentro del marco señalado por los artículos 42 y 44 de la Constitución Nacional. Ello significa, entonces, que el Estado para proteger tanto al adoptado como a su familia adoptiva, e incluso también a la familia de origen, impide que por el término de treinta años se pueda acceder al conocimiento de la filiación biológica del adoptado, así como a las circunstancias que condujeron a su adopción, todo en orden a procurar el desarrollo armónico e integral del menor y, simultáneamente, garantizar la seguridad y tranquilidad de los adoptantes.

2.2. Precisado así el objeto de la reserva legal establecida por el artículo 114 del Código del Menor, forzoso es concluir que ésta, en manera alguna puede entenderse como inexpugnable, pues el propio legislador en esa norma legal estableció que ella puede ser levantada en los casos y para los fines allí señalados, esto es, para que los interesados, habiendo motivos graves, tuvieran oportunidad de conocer la realidad jurídica sustancial y procedimental (administrativa y judicial) de la adopción, y con base en ella proceder, si fuere el caso, a la interposición y sustentación del recurso extraordinario de revisión para controvertir, allí y no en este incidente, la justicia o injusticia de la sentencia de adopción. Luego, los motivos graves que se aducen se encuentran dirigidos a justificar el levantamiento de la reserva, mas no a establecer la justicia o injusticia de la sentencia de adopción, porque ello habrá de ser objeto, si fuere el caso, del recurso de revisión extraordinario.

2.3. Es igualmente claro que para rodear aún de mayor garantía la reserva legal con la que se ampara por el término de treinta años toda la documentación y las actuaciones administrativas y judiciales que culminen con la adopción de un menor, el legislador confió el levantamiento de la misma a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, órganos colegiados que por su jerarquía, experiencia y buen juicio ofrecen a los ciudadanos mayor acierto en su decisión, la cual, como resulta de los especiales motivos que la autorizan no puede extenderse en ningún caso al examen de asuntos distintos a estos, ni anticiparse a materia que pueda ser objeto concreto de un eventual recurso extraordinario de revisión.

2.4. De otra parte, de la regulación legal y de las finalidades que persigue la ley con la reserva legal establecida en el artículo 114 del Código del Menor, necesariamente ha de admitirse que la solicitud de su levantamiento no puede realizarse sino por quien acredite un interés serio, legítimo, actual y jurídicamente relevante para el efecto, conclusión ésta que surge de las causales que autorizan su solicitud y de los fines a que por razones de orden público se encuentra atada tanto la reserva legal a que se ha hecho mención como su levantamiento eventual.

3. En el caso de autos, encuentra la Corte que ha de accederse al levantamiento de la reserva de los documentos y de las actuaciones administrativas y judiciales que culminaron con la adopción de los menores D... y M..., para lo cual entra al estudio del acervo probatorio que lo sustenta, sin que haga pronunciamiento alguno, como efectivamente no lo hace, por no ser materia de este incidente (sino de la eventual revisión extraordinaria), sobre la legalidad y justicia de la sentencia de adopción. Pero previamente a su análisis global la Corte precisará y valorará individualmente el material probatorio.

5. De la apretada síntesis probatoria, la Sala extrae en primer término, ciertas conclusiones coincidentes que apoyan la procedencia de la solicitud del levantamiento de la reserva de adopción.

5.1. En primer lugar, como puede observarse de las pruebas practicadas en el trámite de este incidente, aparece que el solicitante, J..., se encuentra asistido de interés serio, actual y jurídicamente relevante para impetrar el levantamiento de la reserva de las diligencias administrativas y del proceso de adopción de los menores D... y M..., como quiera que es el padre biológico de los mismos y afirma que estos fueron declarados en estado de abandono sin que el mismo realmente hubiese ocurrido, por cuanto —según su propia afirmación—, dejó a sus hijos transitoriamente en el Asilo Andressen de la ciudad de Cúcuta, no para desprenderse de ellos en forma definitiva sino temporal dada su situación de carácter económico. Y para ello se han allegado al incidente las mencionadas declaraciones de testigos, que, sin entrar en su análisis de fondo, esto es, de si hubo o no entrega en abandono, inicial o posterior, que no es materia directa de este incidente, sí demuestra por otra parte un interés serio, actual y relevante para pretender conocer las actuaciones administrativas y judiciales de la adopción, que permitan establecer una vez levantada la reserva, la posibilidad, si las demás pruebas así lo autorizan, de controvertir razonable y no temerariamente la adopción, en revisión extraordinaria. Más cuando de lo anterior también da cuenta la historia respecto de la cual se practicó inspección judicial por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (folios 32 a 34, C. pruebas Tribunal), en la que se consigna que la persona responsable de los niños es el padre, que fueron abandonados por la madre y que aquel los deja en esa institución porque “con los niños no puede trabajar y están en peligro físico”.

Agréguese en favor del interés jurídico mencionado la circunstancia de que J..., hombre de escasa cultura y de recursos económicos muy limitados, luego de llevar los niños a la institución mencionada se fuera a trabajar a Venezuela, regresara interesado en sus hijos; y, confiado en encontrarlos acudió tan pronto como llegó del vecino país al Asilo Andressen donde se encontró —según su afirmación— con la sorpresa de que habían sido declarados en estado de abandono cuando él entendía haberlos dejado al cuidado de esa entidad y que, con posterioridad y con fundamento en tal declaración había cursado ya un proceso de adopción que, según pudo establecerse se tramitó en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta, radicado bajo el número 855 de 1991.

5.2. Con fundamento en dicho acervo probatorio incidental aparece claro el interés serio, actual y relevante del incidentante para reclamar el levantamiento de la reserva de la adopción para fines de revisión extraordinaria. Pues tales pruebas así lo establecen, de los siguientes hechos: que J... recibió de su mujer a los dos menores; que era pobre; que desarrollaba sus actividades laborales en Tibú y ocasionalmente en Cúcuta; que una vez fue informado de la existencia del Asilo Andressen y de los programas que allí existen para atender a la niñez llevó a esa institución a sus dos menores hijos; que estuvo trabajando en Venezuela y que a su regreso encontró que los menores habían sido entregados en adopción, por lo que asumió desde entonces una actitud hostil hacia la defensora de menores y ha procurado por los medios a su alcance desvirtuar el hecho que sirvió de base a la adopción por una pareja extranjera.

6. Pero de estas mismas pruebas, la Sala también advierte la existencia de motivos graves que justifican el levantamiento de la reserva de la adopción. Porque, de una parte tiene ese carácter la afirmación de inexistencia de las condiciones fácticas para la declaración de abandono por el defensor de familia, y, de la otra, porque el acervo probatorio, al menos mínimo para el incidente, muestra dudas razonables, que si bien no atacan directamente la adopción (en su legalidad y justicia), que no es materia del incidente, no es menos cierto que justifican dicho levantamiento para que, si fuere el caso, ese punto fuese debatido en revisión extraordinaria.

6.1. Ciertamente el acervo probatorio mencionado pone de presente la inexistencia de unidad de criterio sobre determinados aspectos fácticos de la adopción sub exámine que, por su relevancia, justifican el levantamiento de la reserva para su ulterior debate.

En primer lugar, aparece que no hay unidad de criterio en torno a la información que se le dio a J... sobre la atención y permanencia de sus hijos en el Asilo Andressen mientras estaba ausente por razones laborales, pues al paso que éste afirma que la directora Celina de Jesús que los recibió el 1º de junio de 1990 le manifestó que los cuidarían en esa institución aun hasta la edad de 18 años si fuere el caso, la hermana Elmira Linares que la sucedió en el cargo afirma que en la documentación existente no aparece constancia de ese hecho y que la primera lo negó en una conversación sostenida con ella, de lo cual puede inferirse que, a lo menos, existe una duda razonable sobre si efectivamente J... al dejar sus hijos en ese establecimiento mientras trabajaba en Venezuela los abandonó o si simplemente confió en los cuidados que allí les prestarían mientras regresaba por ellos, duda ésta que adquiere mayores caracteres de verosimilitud si se tiene en cuenta que según la exposición ya transcrita de la hermana Emira Linares existieron paralelamente dos programas diferentes de protección y ayuda a los menores de escasos recursos económicos en esa institución.

De otra parte, tampoco hay unidad de criterio sobre el cumplimiento de las formas del procedimiento administrativo de declaración de abandono del menor y el lleno de sus requisitos sustanciales; así como existe también controversia en torno a la periodicidad de las visitas practicadas a los menores por su padre antes de viajar a Venezuela, no sólo por las formas de las anotaciones elaboradas en cuadernos para ese efecto, puesta de presente durante la inspección judicial practicada por el Tribunal, sino también porque algunos testigos y el propio solicitante afirman que fueron de mayor periodicidad y durante más largo tiempo que el que se afirma para fundar en ello la declaración de abandono.

6.2. Como quiera que de lo expuesto surgen algunas dudas razonables sobre el verdadero presupuesto fáctico en que se apoyó la decisión de declaración de abandono de los menores, así como sobre la verdadera regularidad de la actuación que culminó con la adopción decretada respecto de los mismos, que se desconocen con mayor certeza por el ocultamiento que impone la reserva legal; surge como conclusión que existen graves motivos que justifican, en este caso concreto, por lo menos el levantamiento de la reserva actualmente existente sobre las diligencias administrativas y la actuación judicial que culminaron con la adopción de los menores D... y M..., decretada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Cúcuta, según las pruebas que obran en autos en este incidente. Pero esta justificación, reitera la Sala, se refiere única y exclusivamente al levantamiento de la reserva, sin que ello conlleve apreciación o decisión alguna sobre legalidad o la justicia de la sentencia de adopción, porque no ha sido ni podría ser materia de este incidente.

7. Viene entonces de lo dicho que el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 27 de julio de 1992, mediante el cual se decidió denegar la solicitud de levantamiento de reserva del proceso de adopción de los menores D... y M... que cursó en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta, habrá de revocarse, para acceder en su lugar a la petición del incidentante, sin que ello signifique —como es obvio— que el conocimiento que en virtud de esta decisión habrá de tenerse sobre el contenido de las actuaciones administrativas y del expediente del proceso de adopción aludido puedan ser utilizados con fines distintos a los que motivaron la solicitud de levantamiento de la reserva establecida por el artículo 114 del Código del Menor, ni por el peticionario, ni por su apoderado, ni por terceras personas, puesto que mientras no se decida lo contrario permanece en pie la sentencia que decretó la adopción y los derechos que de ella se derivan tanto para los adoptantes como para los adoptados y subsiste el deber de acatarla en toda su integridad así por la familia de origen como por cualquiera otra persona y por el propio Estado».

(Auto de abril 30 de 1993. Expediente 4135. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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