Auto 41442 de junio 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 41442

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta 189

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la providencia proferida por la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento solicitada por Eugenio Niño Niño.

El problema jurídico a resolver se concreta en establecer, a la luz del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 adicionado por la Ley 1592 de 2012, el momento a partir del cual se cuentan los 8 años de detención para que proceda la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuando se trata de desmovilizados individuales(1).

Ello por cuanto el postulado Eugenio Niño Niño aduce haber pertenecido al grupo guerrillero EPL, organización que se desintegró por la muerte, captura o dejación de armas de sus integrantes y que, por lo mismo, nunca se desmovilizó colectivamente.

Pues bien, en primer lugar conviene recordar que el objetivo de la Ley 975 de 2005 es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”(2) (resaltado adicionado).

En ese contexto, la dejación de armas y la incorporación al proceso de justicia y paz puede originarse en una decisión colectiva, como la surgida de los acuerdos con los grupos paramilitares, o en una individual, como la adoptada por integrantes de organizaciones de autodefensa y de guerrilla que a lo largo de los años se han ido integrando al proceso. Según se trate una u otra, deben seguirse las pautas trazadas en los cánones 10 y 11 de la Ley de Justicia y Paz donde se indican las reglas en cada evento.

No sobra precisar cómo el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 36 de la Ley 1592 de 2012, define al desmovilizado individual como aquél “cuyo acto de desmovilización sea certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA)” en contraposición con el desmovilizado colectivamente que según el artículo 10 ibídem es el que “se encuentre en listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación” y reúna las condiciones allí previstas.

Por su parte, el canon 11 de la Ley de Justicia y Paz establece las condiciones para que quienes dejaron las armas de forma individual, esto es, producto de una decisión personal autónoma y voluntaria, desligada del proceso de negociación del gobierno con el grupo ilegal al que perteneció, accedan a los beneficios de la justicia transicional:

“ART. 11.—Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1. Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2. Que haya suscrito acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3. Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.

11.4. Que cese toda actividad ilícita.

11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima.

11.6. Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación” (resaltado fuera de texto).

Entonces, los desmovilizados en forma individual pueden acogerse al trámite de justicia y paz y optar por el beneficio de la pena alternativa, siempre y cuando cumplan las exigencias previstas en la norma transcrita y sean postulados por el Gobierno Nacional, por manera que dicho acto constituye condición esencial para ingresar a justicia transicional, pues sin él, así se haya producido la desmovilización, no hay posibilidad de acceder a dicha jurisdicción.

Por tanto, en los eventos donde la dejación de armas fue individual, el momento a partir del cual el desmovilizado puede acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz es el de la postulación por parte del Gobierno Nacional, pues sólo desde entonces adquiere la expectativa razonable de obtener el beneficio de la pena alternativa.

En tal sentido, el parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 3391 del 29 de septiembre de 2006, reglamentario de la Ley 975 de 2005, establece,

“PAR. 2º—Los miembros de los grupos armados al margen de la ley, que se hallaren privados de la libertad, y se hubieren desmovilizado previamente de conformidad con la Ley 782 de 2002, podrán solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional su postulación, siempre y cuando entreguen información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuya al desmantelamiento de la organización armada ilegal a la que pertenecía.

El programa de atención humanitaria al desplazado del Ministerio de Defensa Nacional, verificará que el solicitante tenga la certificación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA)…

Cuando se trate de integrantes de bloques o frentes extintos y cuyo miembro representante haya fallecido, para efectos de la Ley 975 de 2005, deberán surtir el trámite previsto en el presente parágrafo” (resaltado fuera de texto).

De lo anterior se sigue que, incluso cuando el grupo ilegal ha desaparecido o permanece alzado en armas, deben seguirse las reglas sobre desmovilización y postulación previstas en el compendio normativo de la justicia transicional. De igual forma, se colige que la dejación de armas realizada al amparo de la Ley 782 de 2002 difiere de la realizada a la luz de la Ley 975 de 2005, por manera que la postulación del Gobierno Nacional constituye la condición sine qua non para acceder al trámite de justicia y paz.

En tal sentido, la Sala se pronunció sobre la materia,

“El lapso de ocho años de privación de la libertad para que dentro del proceso transicional el postulado tenga el derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento impuesta, no debe ser subsiguiente a la desmovilización individual, sino a partir del momento que éste hecho adquiere relevancia jurídica en el proceso transicional, esto es, cuando el Gobierno Nacional postula al desmovilizado a ser beneficiario de la pena alternativa de la Ley 975 de 2005, porque considera entregó información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuyó al desmantelamiento de la organización armada ilegal a la cual perteneció, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 5º del Decreto 3391 de 2006”(3) (resaltado propio).

En suma, en el evento de los desmovilizados en forma individual el término de los ocho años se contabiliza a partir de su postulación, pues sólo entonces adquiere la expectativa de acceder a los beneficios de la justicia transicional.

Y si bien el parágrafo del artículo 18 A refiere que “cuando el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció”, ello no significa que la sustitución de la medida no proceda respecto de los desmovilizados en forma individual o que el lapso de ocho años no deba regirse por la pauta general allí establecida, pues dicha prerrogativa está dirigida a todos los postulados que reúnan las exigencias legales, sin distinguir la forma en que ingresaron al trámite de justicia y paz. Ese fue el espíritu del legislador en tanto el plexo normativo en cuestión no excluyó del citado beneficio a los desmovilizados en forma individual ni estableció una regla particular para ellos.

Del caso concreto

Según se infiere de los documentos anexos al expediente y de las intervenciones de las partes en la audiencia respectiva, Eugenio Niño Niño,

i) Fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga a la pena de 360 meses de prisión como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso con rebelión(4).

ii) Estuvo privado de la libertad por cuenta de ese proceso desde el 25 de diciembre de 1999 hasta el 7 de marzo de 2013, cuando el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Tunja le concedió el beneficio de libertad condicional(5), la cual no ha recobrado en razón a la medida de aseguramiento impuesta en justicia y paz.

iii) El 22 de abril de 2010 se desmovilizó(6) y el 8 de junio siguiente solicitó al Ministerio de Defensa Nacional su ingreso a la Ley de Justicia y Paz(7), siendo postulado por el Gobierno Nacional el 6 de octubre de dicho año(8).

iv) En audiencias celebradas el 14, 15 y 16 de agosto de 2012 ante la magistrada de control de garantías de justicia y paz del Tribunal de Bucaramanga, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravados, por los cuales se le impuso medida de aseguramiento.

El anterior recuento fáctico permite evidenciar cómo el señor Eugenio Niño Niño estando privado de la libertad se desmovilizó el 22 de abril de 2010, siendo postulado el 6 de octubre siguiente, por manera que solo hasta este último momento adquirió la expectativa razonable de obtener los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005, incluido el de la sustitución de la medida de aseguramiento, acorde con las pautas señaladas con antelación.

Entonces, desde la fecha de su postulación a la actualidad no han transcurrido los 8 años de privación de la libertad que exige el canon 18 A de la Ley 975 de 2005 para obtener la sustitución de la medida de aseguramiento. Y si bien dice llevar detenido más de 13 años y 4 meses, lo cierto es que por cuenta de justicia y paz ha estado 2 años y 8 meses, sin que sea posible abonarle el tiempo que ha permanecido recluido en la justicia ordinaria antes de su postulación, pues ello contraria las disposiciones citadas con anterioridad.

Y aunque se aduce que al plenario se aportó certificado del CODA sobre la desmovilización de Niño Niño en el año 2005, tal manifestación no corresponde a la realidad, en tanto el documento en cuestión no da cuenta de la dejación de armas del citado ciudadano.

En efecto, se trata del Oficio 004923 del 13 de mayo de 2005 suscrito por la jefe del área jurídica del programa de atención al desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional dirigido a Eugenio Niño Niño donde se le informa que “De acuerdo a lo dispuesto por el Comité Operativo para la Dejación de Armas, CODA, en Acta Nº 10 del 21 de abril de 2005, por medio del presente me permito informarle que de acuerdo a su solicitud de reincorporación, el CODA ha decidido solicitar antecedentes judiciales, copia de la sentencia y certificación de buena conducta del Inpec”(9). Así mismo, le indica que una vez reunida la anterior documentación el CODA estudiará nuevamente su solicitud de reincorporación a la vida civil.

Por tanto, aunque Eugenio Niño Niño adelantó gestiones previas para desmovilizarse, acorde con lo manifestado en esta actuación, sólo en el año 2010 se concretó tal situación, obteniendo su postulación mediante Oficio Nº 1036490TJ0330 del 6 de octubre del mismo año, suscrito por el entonces Ministerio del Interior y de Justicia.

En síntesis, de acuerdo con lo establecido por la corporación en esta y anteriores determinaciones(10), la interpretación sistemática del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 permite colegir que para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el postulado perteneciente a un grupo armado organizado al margen de la ley desmovilizado colectivamente, debe haber estado detenido mínimo 8 años en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, contados así:

Desde el inicio de la privación de la libertad en centro de reclusión sujeto a las reglas de control penitenciario, cuando el postulado se hallaba libre al momento de la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.

A partir de la postulación por el gobierno nacional si el desmovilizado se encontraba privado de la libertad “al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció”, con independencia de que se hubiese entregado con antelación al amparo de otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo de la Ley 782 de 2002.

Y cuando se proceda frente a un desmovilizado individual, dicho lapso debe contabilizarse a partir de la postulación por parte del Gobierno Nacional ante las autoridades jurisdiccionales encargadas de adelantar el proceso transicional, pues sólo a partir de entonces puede acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Finalmente, no sobra señalar que el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, reformado por el canon 36 de la Ley 1592 de 2012, no modifica las anteriores conclusiones, como lo sugiere el defensor, pues en él se distingue la desmovilización colectiva de la individual en punto de los hechos susceptibles de ser juzgados al amparo de la Ley de Justicia y Paz, según se trate de una u otra forma de dejación de armas, así:

“ART. 36.—Modifíquese el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

ART. 72.—Vigencia, derogatorias y ámbito de aplicación temporal. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de su promulgación. Para el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización.

En relación con los desmovilizados individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado por el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), el procedimiento y los beneficios consagrados en esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012” (resaltado fuera de texto).

Con todo, la norma no prevé la concesión retroactiva de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz (pena alternativa o sustitución de medida de aseguramiento) a quienes se desmovilizaron al amparo de la Ley 872 de 2002, como lo afirma el recurrente, razón suficiente para denegar su pretensión, máxime cuando la Sala ya ha dilucidado que la dejación de armas concretada al amparo de ese ordenamiento difiere de la consagrada en la Ley de Justicia y Paz y, por ende, no permite acceder en forma automática a los beneficios contenidos en este último estatuto(11).

En los anteriores términos, la Sala concluye que ninguno de los planteamientos de los recurrentes están llamados a prosperar, imponiéndose confirmar la decisión materia de alzada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 16 de mayo de 2013 emitida por la magistrada de justicia y paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, conforme a los argumentos expuestos.

2. DEVOLVER la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede el recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) En el proveído del 6 de marzo de 2013, Radicado 40603, la Corte abordó la problemática de los postulados pertenecientes a grupos armados organizados al margen que, producto de las negociaciones con el Gobierno Nacional, se desmovilizaron en forma colectiva.

(2) Texto del artículo 2º de la Ley 975 de 2005.

(3) Cfr. Proveído del 5 de junio de 2013, Radicado 41215.

(4) En la carpeta anexa y en las intervenciones de las partes no se indica la fecha de los fallos de primera y segunda instancia.

(5) Cfr. Folios 1 a 5 de la carpeta anexa.

(6) Así lo indicó la Fiscalía en la audiencia surtida en primera instancia.

(7) Cfr. Folios 41y 42 de la carpeta anexa.

(8) Así se indicó por la Fiscalía y por la magistratura a quo.

(9) Cfr. Folio 29 de la carpeta anexa.

(10) En particular en el proveído del 6 de marzo de 20013, Radicado 40603, donde se analizó la temática de la desmovilización colectiva.

(11) Cfr. Proveídos del 24 de febrero de 2009, Radicado 30999; 6 de marzo de 2013, Radicado 40603, entre otros.