Auto 41489 de julio 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 213

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. La Corte es competente para resolver los recursos de apelación contra las decisiones que toman los tribunales superiores (L. 600/2000, art. 75-3 y L. 906/2004, art. 32-3), como también en el caso concreto de las salas de justicia y paz de dichas corporaciones, porque tal atribución le ha sido expresamente conferida por el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

2. La Sala anticipa su decisión, en el sentido de confirmar la determinación recurrida. Lo anterior, porque evidentemente no se cumplen los presupuestos que ha fijado el artículo 314 de la Ley 906 de 2004 para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por la domiciliaria a causa de enfermedad grave, pues no se tiene el dictamen rendido por médico forense sobre la gravedad de la enfermedad y su incompatibilidad con la vida en reclusión.

La conclusión precedente conduce a reiterar lo ya dicho por la Corte (auto mayo 15/2013, Rad. 41201), en cuanto a la posibilidad de que, por virtud del principio de complementariedad (L. 975/2005, art. 62), se aplique al proceso de justicia y paz la sustitución de la detención en establecimiento carcelario por la domiciliaria, en casos de enfermedad grave, según lo estipulado en el artículo 314, numeral 4º, del Código de Procedimiento Penal de 2004(2).

Dicha norma materializa una exigencia natural de un Estado de derecho respetuoso de la dignidad de las personas, pues repugna a cualquier mínimo de humanidad sostener que alguien, por grave que sea su delito o condenable su conducta, pueda ser recluido en un establecimiento carcelario cuando ello es incompatible con su vida o la salud. Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 11 de la Constitución Política, que estatuye como inviolable el derecho a la vida, el 12 de la misma carta que prohíbe los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como también en las normas integrantes del bloque de constitucionalidad, en particular, los artículos 5º, numeral 2º, de la Convención americana de derechos humanos y 10, numeral 1º, del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Así las cosas, vista la gravedad de la enfermedad, al punto de hacerla incompatible con la reclusión, procede la sustitución de la medida, al margen de consideraciones como la gravedad del delito imputado, la pena aplicable o el peligro para la comunidad, pues mientras el procesado se encuentra privado de la libertad por cuenta de Estado a este le corresponde velar por su integridad.

3. Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la causal consagrada en el numeral 4º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el legislador previó como exigencia insoslayable que la condición de grave enfermedad debe ser establecida por médico oficial y que la decisión del lugar en el cual cumplirá su confinamiento el procesado —residencia, clínica u hospital—, le corresponde al juez.

La exigencia que en este caso se echa de menos, el dictamen del legista sobre la gravedad de la enfermedad, no es de poca relevancia, ni puede suplirse por la interpretación que reclama el defensor del postulado, pues es el experto en las ciencias de la medicina el que tiene la capacidad para emitir un juicio fundado sobre la clase de enfermedad, sus riesgos, el tratamiento adecuado y las razones de su incompatibilidad con la vida en reclusión, al tiempo que con soporte en él será el funcionario judicial el que determine el lugar de reclusión, clínica, hospital o residencia, en el entendido de que la sustitución de la medida no opera a manera de gracia concedida a favor de quien padece un mal grave, sino con el fin de determinar el lugar adecuado para que el tratamiento pueda llevarse a cabo, de suerte que si este puede practicarse al tiempo con el estado de privación efectiva de la libertad no procederá la medida de sustitución o podrá ser revocada, si ya fue concedida.

Así las cosas, si no obra en la actuación el dictamen forense mencionado el funcionario judicial, individual o corporativo, no puede motivar adecuadamente un pronunciamiento que satisfaga los requerimientos del artículo 314-4 de la Ley 906 de 2004.

Es preciso recordar que el precedente de la Sala sobre el cual el procesado y su defensor apoyan la petición de sustitución de la medida de aseguramiento intramural no es aplicable al caso presente, pues allí se cumplieron a cabalidad los presupuestos que exige la norma para su concesión, lo que no ocurre en este caso, como se ha dejado dicho.

Como corolario de los anteriores razonamientos, la Corte estima que la determinación impugnada adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga se ajustó a la Constitución y a la ley, motivo por el cual la confirmará.

4. Por último, la Sala de Casación Penal, en vista de que, al parecer, los servidores del Inpec, Cárcel Modelo de Bucaramanga, de quienes de una u otra forma depende el cuidado de la salud del procesado José Antonio Hernández Villamizar, han omitido todas las acciones que en tal sentido les son exigibles, violando así sus garantías fundamentales, estima del caso compulsar, a través de la secretaría de la corporación, copia de esta providencia y de la carpeta que conforma la actuación que ha llegado a la Corte, proveniente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bucaramanga, con destino a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que adelante la actuación disciplinaria que estime del caso y, si lo considera pertinente, ejerza el poder preferente, frente a otras actuaciones de la misma naturaleza, por razón de los mismos hechos que pudieran estar en trámite.

La misma documentación se remitirá, además, a la procuraduría preventiva delegada para derechos humanos, grupo de asuntos penitenciarios y carcelarios, con el fin de que promueva las acciones necesarias tendientes a que se garantice la atención en salud al detenido José Antonio Hernández Villamizar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la determinación recurrida, adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, en la audiencia celebrada el 27 de mayo de 2013.

2. A través de la secretaría de la Corte COMPÚLSENSE las copias indicadas en el cuerpo de este auto.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».

(2) “Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales.

El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital”.