Auto 41544 de julio 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación Sistema Acusatorio 41544

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 208

Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Demandas presentadas por los procesados Freyder Yeisid Salazar Ciro y Carlos Mario González Ospina.

Acerca de la legitimidad para sustentar el recurso extraordinario de casación, el artículo 182 de la Ley 906 de 2004, especifica:

“Legitimación. Están legitimados para recurrir en casación los intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio”.

Claramente se advierte que la demanda de casación solo puede ser presentada por abogado titulado, restringiendo el legislador, de manera expresa, la posibilidad de intervención material del procesado cuando este no cuenta con esa calificación profesional.

En ello, cabe relevar, no se aparta mucho de similares limitaciones instituidas en la Ley 600 de 2000, cuyo artículo 209, con una redacción más amplia, advierte la imposibilidad de que los sujetos procesales diferentes del fiscal, el Ministerio Público y la defensa, puedan presentar la demanda de casación, si no se trata de “abogados titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesión”.

En consonancia con ello, reiterada y pacíficamente la Corte ha señalado, en ambas normatividades, que esa limitación al derecho de defensa material estriba en el carácter extraordinario y las finalidades insertas en la casación, bajo el entendido que no se trata, la misma, de una nueva oportunidad para que se reiteren posiciones típicas de instancia ya superadas con los fallos proferidos por el a quo y el ad quem, haciéndose menester demostrar, dentro de precisas pautas de fundamentación que se entienden apenas al alcance de los versados en el derecho, la existencia de un yerro ostensible y trascendente que obligue modificar o revocar lo decidido.

Precisamente, respecto de la exigencia planteada para el sistema acusatorio, en decisión anterior la Sala reseñó(1):

“Efectivamente, en relación con tal aspecto la Corte ha enfatizado que: “La casación no es instancia adicional del proceso regular, ni su ejercicio constituye medio de impugnación de plena justicia. Debido al carácter técnico y rogado que ostenta, la demanda a través de la cual se ejerce, impone el cumplimiento de precisos requisitos formales, la invocación de una o varias de las concretas causales previstas en la ley procesal, el correcto señalamiento de los fundamentos fácticos y jurídicos en que se apoya la solicitud, y un adecuado desarrollo y sustentación del cargo o cargos que se postulan al fallo de segunda instancia en orden a su desquiciamiento, todo lo cual es, evidentemente, materia de especiales conocimientos jurídicos que no están al alcance ni siquiera de todos los abogados ni, por supuesto, en ningún caso, de todo el mundo”(2).

Así las cosas, resulta claro que el señor Jefferson Castillo Buitrago carece de legitimidad para presentar la demanda en su propio nombre pues, como lo revelan las anotaciones relacionadas con él realizadas por la fiscalía, se dedica a “oficios varios”, además, no exhibe su condición letrada en el libelo, situación que conlleva su inadmisión y ordenar la devolución del expediente al despacho de origen, conforme lo dispone el artículo 184, inciso 2º de la Ley 906 de 2004”.

En el caso concreto, el fallo de primer grado informa de los procesados, que estos se ocupan como mecánico, Salazar Ciro, y carpintero, González Ospina, de lo cual se deduce su ninguna afinidad profesional con el derecho, razón suficiente para que se inadmitan sus demandas, evidente la carencia de legitimidad de quienes las incoan.

2. Demanda presentada por el defensor de Freyder Yesid Salazar Ciro.

Al amparo de la causal segunda consagrada en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurrente señala que en el trámite procesal se incurrió en irregularidad sustancial que afecta las garantías del procesado, referida a la falta sustancial de defensa técnica durante toda la actuación en primera instancia.

Respecto del tema de la defensa técnica y los factores que conducen a declarar la nulidad por ausencia de la misma, bastante se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte, enfatizando cómo a la definición de efectiva vulneración no puede llegarse por el camino de la simple disparidad de criterios con lo realizado por el profesional del derecho, ni es la crítica un asunto que derive consecuencia de la decisión adversa tomada por la judicatura en contra del acusado, pues, siempre será posible, en el plano de la simple especulación, decir que cualquier tipo de actividad distinta a la que se realizó pudo llevar a mejores consecuencias.

También se tiene establecido que la buena fortuna del reproche reposa no en advertir determinadas omisiones o inadecuada actuación del abogado, sino en establecer objetivamente que ese comportamiento generó en concreto efectos dañosos de tanto calado, que de no haberse materializado otra hubiese sido la suerte del procesado, o cuando menos, el resultado hubiese sido menos perjudicial para sus intereses judiciales.

Lejos de respetar esos mínimos de sustentación establecidos desde antaño por la Sala, el demandante presenta un farragoso y reiterativo listado de los que, en su sentir, constituyen yerros de la defensa, a partir de los cuales, por el camino de la simple especulación, aventura que se causó profundo perjuicio al acusado.

Al respecto, la Corte tiene que precisar cómo, en sana lógica jurídica, la suma de irregularidades intrascendentes, por muchas que ellas puedan hacerse ver, de ninguna manera conforma el tópico de trascendencia que obliga la anulación del trámite por violación de esa garantía constitucional y legalmente establecida en favor del procesado.

Así mismo, también se tiene claro que en tratándose de las técnicas propias del sistema acusatorio y, en particular, de la mejor forma de afrontar los interrogatorios y contrainterrogatorios, así como las objeciones a los mismos y la introducción de elementos materiales probatorios, evidencias o informes, es mucho lo que aún falta por recorrer en nuestro país, pues, esa que se entiende decantada práctica en países pioneros del sistema, luego de décadas de implementación, apenas asoma sus aristas aquí, sin que pueda decirse que lo planteado por el funcionario judicial en determinado momento, o lo que presentan las partes, represente la última palabra o el mejor hacer ya consolidado.

Por ello, la definición de que el profesional del derecho efectivamente abjuró de su misión y realizó una defensa completamente ajena a estándares mínimos previamente definidos, no puede pasar por la tarea si se quiere elemental de contabilizar cuántas veces fue objetada una pregunta o cómo se impidió introducir determinado elemento probatorio, pues, en un terreno tan movedizo siempre será posible que ello suceda respecto de todos cuantos como partes o intervinientes actúan en el escenario judicial, sin que sea factible tampoco definir con vocación de verdad incontrastable que la decisión del funcionario judicial resulta irreprochable en términos de técnica procesal.

El casacionista dedicó gran parte de sus esfuerzos argumentativos a resaltar esas que dijo actividades poco profesionales de su antecesor en el cargo, pero apenas sustentado en que la fiscalía objetó o impidió la práctica judicial, o que la jueza llamó la atención al profesional del derecho.

Y, sí, es factible que de verdad el abogado escogido directamente por el acusado para representarlo en el proceso penal, no conozca a la perfección esas técnicas o yerre en la comprensión de determinados mecanismos y ello genere que la fiscalía objete con buen juicio o que la funcionaria judicial lo llame al orden.

Pero eso sucede por lo común en los juicios que en Colombia se siguen, sin que la irregularidad sea capital exclusivo de la defensa, pues, también reiteradamente la fiscalía, el Ministerio Público o la representación de las víctimas, es objeto de amonestación o sus esfuerzos se ven entorpecidos por la actitud diligente de la contraparte, materializada en frecuentes objeciones.

Lo trascendente, para efectos de la causal de nulidad propuesta, es que pueda demostrarse objetivamente que esa inexperiencia de la defensa resultó de tal magnitud que impidió presentar una teoría del caso válida y suficiente para haber llegado a resultado diferente del que en casación se ataca.

Empero, esa que se reclama necesaria tarea para el buen suceso de la demanda, es abordada por el recurrente de manera artificiosa, a través de simples especulaciones, cuando no afirmaciones que constituyen petición de principio.

En efecto, parte el impugnante por sostener que en el asunto examinado era no solo pertinente sino indispensable, y si se quiere obligatorio, que su antecesor, una vez conocida la vinculación de Freyder Yeisid Salazar, en los hechos de sangre, acopiara de propia mano elementos probatorios tales como su historia clínica, declaraciones de los médicos que en urgencias lo atendieron e incluso dictamen pericial, a efectos de demostrar que al recibir severas lesiones, no estaba él en capacidad de haber ejecutado lo que se le atribuye.

Pero de ninguna manera explica por qué la prueba efectivamente conduciría a demostrar que, en efecto, no pudo realizar ese comportamiento, sino que apenas supone la pérdida enorme de sangre y consecuente posibilidad de que así sucediera. Ni siquiera aventura qué de esa historia clínica —por lo demás poseída por la defensa y utilizada en el juicio por la fiscalía— soporta su tesis y por ello obligaba de profundizar en la misma.

Y, además, pasa por alto que esas testigos periciales, independientemente que pudieran o no rendir concepto acerca de lo que la historia clínica informa, acudieron al juicio y bajo la gravedad del juramento afirmaron que el procesado llegó consciente al hospital.

Esto se señaló en el fallo de primer grado al respecto(3):

“Así mismo las declaraciones de las médicos Mayla Perdomo Amar y Alejandra Zuluaga Restrepo, le aclararon al despacho, que si bien Freyder ingresó al Hospital Pablo Tobón Uribe con un tríaje rojo (de grave peligro para su vida), debido a las lesiones por arma cortopunzante, este nunca perdió el conocimiento, siempre estuvo alerta consciente, en conclusión Fryder tenía un pleno conocimiento de todos los sucesos de aquella noche”.

Solo si se dijera que la historia clínica contiene algo diametralmente opuesto a lo señalado expresamente por los facultativos, o que estos tiene algún interés en mentir y ello podía determinarse a través de un adecuado contrainterrogatorio, sería factible aducir, como lo hace de forma especulativa el demandante, que lo dejado de realizar por el anterior abogado del acusado, o su supuesta ineptitud, representaron desdoro objetivo y trascendente para sus intereses.

El recurrente debe entender que si la defensa conoce lo realmente sucedido —para ello se instituye la confidencia con su cliente—, o está al tanto de los elementos suasorios acopiados por la fiscalía, de ninguna manera tiene que encaminar su labor a tratar de desvirtuar lo obvio o suficientemente demostrado, ni puede asumir mejor estrategia esa del confrontacionismo hirsuto.

Por lo demás, eso de pedir de su antecesor una actividad investigativa que ni siquiera sabe a qué conduce, resulta bastante desleal, cuando incluso acepta que el defensor del otro procesado nada hizo sobre el particular, pero lo justifica diciendo que su caso es diferente.

Ya sobre el tema, es el mismo impugnante quien desnaturaliza la manifestación de trascendencia de los yerros atribuidos al anterior abogado, en tanto, señala que el otro defensor hizo solicitudes probatorias pertinentes y objetó, en la audiencia preparatoria, la petición de la fiscalía.

Puede ser que efectivamente el defensor de Freyder Yesid Salazar, intervino extemporáneamente cuando intentó asirse a los argumentos del otro abogado para oponerse a la petición probatoria de la fiscalía.

Pero si se admitió que lo dicho por el otro abogado fue aceptado, entonces, esa intervención por fuera de tiempo del profesional del derecho encargado de asistir a Salazar Ciro, ningún efecto dañoso produjo.

Lo mismo puede decirse de esa delimitación episódica de lo ocurrido en el juicio, cuando se sostiene por el casacionista que varias intervenciones de su antecesor emergieron infortunadas, pues, algunas fueron enmendadas por el otro defensor, como se manifiesta en el cargo, y de las otras no se ofrece elemento alguno que permita verificar su trascendencia frente a lo decidido.

A este respecto, es necesario precisar al demandante que la trascendencia no opera inmanente al hecho, vale decir, que los efectos dañosos de la falta de aptitud técnica pregonada en el actuar del defensor, no derivan de que preguntara mal, u objetara inadecuadamente, o de que no pudiera introducir un documento, o de las llamadas de atención de la jueza, sino de determinar con criterio objetivo que de haber hecho adecuadamente el interrogatorio o contrainterrogatorio, el testigo habría dicho algo en concreto tan importante que cambia el panorama probatorio, o que se desvirtuaría al declarante de cargos con el cual se soportó la condena, o en fin, que esa prueba mal arrimada o inadecuadamente controvertida, contenía específicamente algo de tanto valor que mutaría necesariamente la decisión.

En contrario, dentro del yerro lógico que usualmente se conoce como petición de principio, el recurrente apenas afirma que los testigos mal interrogados podrían conducir a un resultado distinto, o que la inadecuada objeción o contrainterrogatorio impidió demeritar el valor suasorio de los atestantes allegados por la fiscalía, pero nada hace, de frente a lo que valoraron las instancias, para informar objetivamente qué de lo analizado hubiese cambiado o cómo ese nuevo panorama, jamás precisado en sus efectos suasorios, conduciría a decisión diferente.

Cuando se tiene claro que las instancias fundaron el fallo de condena en lo que directamente declararon quienes presenciaron la acometida mortal, los cuales referencian los antecedentes del hecho, la motivación subyacente en el actuar del acusado y lo que este materialmente ejecutó; y además se sostuvo que los testigos presentados por la defensa no comportan suficiente entidad, pues, advierten no haber observado lo ocurrido; resulta cuando menos aventurado sostener que fue por ocasión de la mala praxis del anterior defensor que se produjo esa decisión, o que ello devino de no haber adelantado esfuerzos investigativos encaminados a definir la imposibilidad del procesado de realizar lo atribuido, por ocasión del lesionamiento padecido, cuando en contrario los médicos encargados de atenderlo en urgencias advierten de su pleno estado de consciencia y voluntad.

Mucho menos, cabe agregar, si del defensor del otro procesado se pregona plena idoneidad y adecuados esfuerzos encaminados también a desvirtuar la participación del mismo en los hechos, por la vía de desacreditar a los testigos de cargo, pero con idénticos resultados, dado que también se le condenó.

Lo cierto es que, como los registros lo informan, el defensor convencional escogido por el procesado no solo estuvo presente y vigilante en todas las diligencia programadas, sino que intervino activamente a favor de su representado, ora haciendo solicitudes, ya controvirtiendo las de la contraparte, sin que pueda de él pregonarse omisión, dejadez o absoluto desconocimiento de su rol, independientemente de las vicisitudes propias del juicio.

Pidió bastantes pruebas la defensa, de cuya pertinencia no puede dudarse, pues, fueron aprobadas por la judicatura, y luego intervino activamente en su práctica y en la de la presentada por la contraparte, a través del correspondiente contrainterrogatorio.

También presentó teoría del caso y alegato de cierre, sin que, por fuera de la visión interesada del ahora defensor, se pueda decir que esas intervenciones son contrarias a lo que los hechos y la prueba arrojaron.

Es más, de los registros se obtiene que la teoría del caso del defensor de Freyder Yeisid Salazar Ciro, se dirigió a determinar que este no ejecutó directamente el ataque mortal, ni estaba en posibilidad de ordenarlo, dadas las heridas padecidas previamente.

Por ello, pidió la experticia del experto en balística, que determinaría ajenos al arma que su prohijado portaba, los proyectiles hallados en el cuerpo del occiso, y solicitó la declaración de los médicos que atendieron a su cliente en el servicio de urgencias, quienes darían cuenta de su imposibilidad para ejecutar los crímenes atribuidos.

Ahora, que la prueba no arrojase los resultados esperados, o que el fallador tuviera en cuenta otros elementos de juicio o circunstancias para estimarlo coautor, así no disparase directamente contra las víctimas, es asunto que deriva no de la falta de destreza del profesional del derecho, sino de los avatares propios del proceso penal, en el entendido obvio que la mejor tarea defensiva no necesariamente conduce a la absolución.

Las anterioresrazones obligan inadmitir la demanda presentada por el actual defensor del procesado Freyder Yeisid Salazar Ciro, sin que la Sala, verificado el trámite del asunto y lo consignado en las decisiones allí tomadas, observe vulneración trascendente de garantías fundamentales que obligue su intervención oficiosa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR las demandas de casación presentadas por los procesados Carlos Mario González Ospina y Freyder Yeisid Salazar Ciro, así como por el defensor de este último.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad de los demandantes elevar petición de insistencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 25 de julio de 2007, Rad. 27791.

(2) Sala de Casación Penal, auto del 6 de diciembre del 2001, Rad. 18.041.

(3) Folio 308 del cuaderno 2.