Auto 4155 de enero 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Ref.: Exp. 4155

Acción: nulidad

Actor: José Eusebio Orjuela.

Santafé de Bogotá, D.C., a 30 de enero de 1997

El ciudadano José Eusebio Orjuela, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha presentado demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de la instrucción administrativa número 038 de 24 de septiembre de 1996, referente a la “solicitud de información a las oficinas de registro por los particulares”, dirigida a los registradores de instrumentos públicos del país por el superintendente de notariado y registro.

II. La solicitud de suspensión provisional

EXTRACTOS:« II.1 Aparece sustentada en el mismo escrito de la demanda, en acápite especial, del cual se extrae, principalmente, lo siguiente:

1. El artículo 74 de la Constitución Política consagra el derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo en los casos que establece la ley. El acto administrativo acusado limita ese derecho a determinadas personas haciendo que un registro que por naturaleza es público, se vea restringido en su aplicación y se desnaturalice en su esencia.

El artículo 83 ibídem consagra la presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, pero el acto administrativo acusado consagra el principio contrario, so pretexto de defender la intimidad de las personas y de prevenir el delito.

El superintendente de notariado y registro en el acto acusado reglamenta el servicio de notariado y registro, lo cual viola el artículo 131 ibídem, que expresamente asigna esa competencia a la ley.

Los artículos 320 de la Ley 4ª de 1913, 12 de la Ley 57 de 1985 y 13 de la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la convención americana sobre derechos humanos, consagran el derecho de toda persona a consultar y obtener copias de los documentos que existan en las secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan al carácter de reservados. Confrontando lo anterior con el acto administrativo acusado, a simple vista resalta su antagonismo ya que no se puede limitar ni la índole de la información ni la cantidad de la misma, ni el ámbito de sus receptores sin violar tales disposiciones.

II. 2. Consideraciones de la Sala:

El acto administrativo acusado prohibe a los registradores de instrumentos públicos del país suministrar información de datos contenidos en las matrículas inmobiliarias a los particulares, sean personas naturales o jurídicas, que no acrediten el interés legítimo que les asiste, como, por ejemplo, tener o haber tenido un derecho inscrito en el folio, ser hijo, cónyuge o pariente o presentar debidamente poder conferido por las personas a investigar, quienes deben ser o haber sido titulares de algún derecho registrado.

Permite dicho acto que se atiendan las solicitudes presentadas a través de abogados que requieran la información con fines judiciales cuando el poderdante no tenga ni haya tenido derechos inscritos en el respectivo folio, siempre que anexen el poder conferido en la forma que se indica en el mismo.

El acto administrativo acusado autoriza a las oficinas de registro dar trámite a las solicitudes de información de las entidades financieras para adelantar procesos ejecutivos para el cobro de sus acreencias, si se presentan por escrito en papel membreteado, firmado por el gerente de la respectiva entidad o sucursal, con la indicación de la dirección y teléfono y si se anexa además original o fotocopia del certificado que acredite su nombramiento.

Dicho acto administrativo se fundamenta para su expedición en el artículo 15 de la Constitución Política, que consagra el derecho fundamental a la intimidad, aduciendo que se ha tenido conocimiento de personas que acuden a las oficinas de registro de instrumentos públicos amparados en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política y la Ley 57 de 1985, pero no con el interés a que hacen referencia tales normas sino por simple curiosidad o para incurrir o facilitar la comisión de hechos delictuosos.

Al respecto advierte la Sala que el acto acusado no hace referencia a ley alguna que respalde sus motivaciones sino solamente al precepto contenido en el artículo 15 de la Carta Política.

Si bien es cierto que dicho precepto constitucional protege el derecho a la intimidad de toda persona, el cual por lo demás no está referido necesariamente a los bienes que se poseen, no lo es menos que en los artículos 23 y 74 ibídem se garantiza el derecho de toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, las cuales deben ser resueltas oportunamente; y de acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. Es decir, que sólo el legislador tiene la atribución de darle el carácter de reservado a un documento público y de establecer las correspondientes limitaciones para acceder a la información contenida en él.

No existiendo ley en tal sentido, forzoso es concluir que el superintendente de notariado y registro transgredió claramente el artículo 74 de la carta política, razón esta potísima que conduce a la Sala a suspender provisionalmente los efectos de la Instrucción Administrativa 038 de 24 de septiembre de 1996 acusada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera,

RESUELVE:

(...)

III. Decretase la suspensión provisional de los efectos de la Instrucción Administrativa 038 de 24 de septiembre de 1996, expedida por el Superintendente de Notariado y Registro.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en los anales del Consejo de Estado y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de enero de 1997.

Manuel. S. Urueta Ayola, presidente—Ernesto Rafael Ariza M.—Juan Alberto Polo F.—Libardo Rodríguez R.  

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