Auto 41628 de julio 15 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Acta: 220

Bogotá D.C., quince de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Inicialmente se dirá que la definición de competencia no está prevista en la Ley de Justicia y Paz, no obstante, a través del principio de la complementariedad consagrado en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 se analizará el tema, a la luz de lo reglamentado por la Ley 906 de 2004.

Dado que un Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá señala a la Sala de Conocimiento de la misma jurisdicción como la llamada conocer del “incidente de oposición de terceros a la medida cautelar”, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en calidad de superior funcional pronunciarse sobre la definición de competencia suscitada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, en armonía en el numeral 4º del artículo 32 ibídem, por cuanto la declaratoria proviene de un tribunal.

ART. 32.—De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

(...).

4. De la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos (resaltado fuera de texto.

De conformidad con el artículo 54 de la Ley 906 de 2004(1), la definición de competencia está reservado para la audiencia de formulación de acusación a fin de asignar el juez de conocimiento competente que debe conocer de la fase procesal de juzgamiento; y, en la etapa investigativa a la de formulación de imputación consagrada en el artículo 286 del mismo estatuto procesal, que para el caso de Justicia y Paz corresponde a sus homólogas, la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos y la audiencia de formulación de imputación.

Sin embargo, si bien estas son las oportunidades por excelencia para acudir al instituto de la definición de competencia, ello no excluye la posibilidad de que se presente en otros escenarios del proceso. Al efecto ha dicho la Corte:

“De acuerdo con esta jurisprudencia reiterada por la Sala, la previsión del artículo 54 no tiene carácter excluyente, esto es, en cuanto limita la procedencia del incidente de definición de competencia a las audiencias de formulación de acusación y formulación de imputación, pues si ello fuera así no sería viable su postulación para pretextar incompetencia en la audiencia de preclusión, punto sobre el cual en varias oportunidades ha conocido la Corte.

De ahí que una cosa es que tales momentos se erijan en los ideales para plantearla y otra muy distinta es que sean los únicos.

(...).

De otro lado, las controversias que se susciten en derredor de la incompetencia para conocer de una audiencia preliminar diversa a la de formulación de imputación no pueden quedar en la indefinición, tornándose más grave la situación cuando se conoce, como aquí ocurre, el criterio de los funcionarios involucrados -sin que ello sea necesario en el sistema adoptado con la Ley 906- en el sentido de no ser competentes.

Por consiguiente, en todos los casos ha menester contar con el pronunciamiento del superior acorde con el rito previsto en el artículo 54 ibídem para no vulnerar el principio de celeridad, de innegable importancia en el nuevo modelo de juzgamiento criminal, previsto en los artículos 142 y 163, y no afectar los derechos de los diferentes intervinientes dentro del proceso penal expectantes de que los debates sean resueltos con prontitud.

Finalmente, cuando el legislador en el multicitado artículo 54 aludió expresamente al artículo 286 no lo hizo con el fin de eliminar la posibilidad de plantear el incidente respecto de las demás audiencias preliminares, sino con el de señalar el trámite a seguir cuando allí se presente, como así se infiere de la alocución “igual procedimiento se aplicará”, en el entendido de que si la manifestación de incompetencia surge unilateralmente por el juez en la audiencia de formulación de imputación “así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirlo”(2).

Atendiendo lo expuesto, la Sala abordará el conocimiento de la presente definición de competencia.

Caso concreto

La Sociedad Conin Ltda elevó petición ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, de “nulidad de toda la actuación procesal surtida en el trámite incidental de levantamiento de medidas cautelares adelantada por la oficina de acción social de la Presidencia de la República”(3), el cual había sido adelantado por el magistrado de garantías José Manuel Bernal Parra.

Tal solicitud fue sometida a reparto y enviada a la magistrada Teresa Ruiz quien señaló que era su homólogo el que debía decidir por cuanto se trataba de una nulidad de un incidente adelantado por aquel, es decir, no era un incidente nuevo, por tanto, propuso conflicto de reparto.

Al decidir dicho conflicto la vicepresidenta de la Sala de manera equivocada varió el sentido de la solicitud presentada por Conin Ltda la cual fue “nulidad del incidente de levantamiento de medida cautelar” por la de “oposición de terceros a la medida cautelar” prevista en el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012(4), en los siguientes términos: “la solicitud realizada por el doctor Luis Alfonso Ruiz Caro en representación de Conin Ltda, desde el punto de vista técnico, ha de interpretarse como una oposición a la medida cautelar impuesta, pese a haberlo rotulado como un incidente de nulidad, trámite que a pesar de resultar exótico y ajeno al proceso de Justicia y Paz, lo que indica es que se fundamenta en argumentos diferentes a los decididos el 14 de febrero de 2013, por tanto, representa una petición nueva e independiente, motivo suficiente para considerar que había razón para que fuera sometida a reparto(5)”, de este modo ordenó que fuera la magistrada de Garantías Ruiz Núñez quien asumiera el conocimiento de la petición.

Esta situación irregular generó que un simple conflicto de reparto entre funcionarios de la misma categoría mudara en uno de competencias, toda vez que como con razón lo expresó la Magistrada Ruiz Núñez, en ése entendido ella no era la llamada a conocer del “incidente de oposición de terceros a la medida cautelar” por cuanto ya se había superado el término para presentarlo ante el magistrado de control de garantías, esto es, antes de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos conforme al inciso 2º del artículo 17 citado, por tanto la competencia recaía en la Sala de conocimiento.

Así las cosas, se hace necesario volver el expediente por los cauces regulares y señalar que las dos figuras no pueden asemejarse pues sus causas, trámite y fines son diferentes, mientras la nulidad del incidente de levantamiento de medida cautelar solicitada por Conin Ltda lo es por violación de derechos fundamentales como el de defensa y debido proceso, se decide de plano y pretende dejar sin efectos la providencia emitida por el magistrado de garantías el 13 de febrero de 2013; la oposición de terceros a la medida cautelar, se tramita a petición de parte, a través de un nuevo incidente, en procura que sea reconocido como adquirente de buena fe y en consecuencia el levantamiento del gravamen se levante como lo señala el inciso 3º del artículo 17C de la Ley 1592 de 2012 que regula el tema:

Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión será parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz” (negrilla de la Sala).

Como la verdadera petición y voluntad de Conin Ltda expuesta en el memorial es que se decrete la nulidad del incidente de levantamiento de medida cautelar, corresponde al magistrado Bernal Parra conocer de ella por cuanto fue quien adelantó el trámite incidental y tomó la decisión que se pretende anular.

Por lo anterior, se devolverá el expediente a dicho Magistrado para que decida la petición objeto de estudio promovida por Conin Ltda a través de apoderado, dentro del proceso seguido contra el postulado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para tramitar la solicitud de nulidad del incidente de levantamiento de la medida cautelar es el magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, José Manuel Bernal Parra, a donde se ordena su remisión para que decida de plano.

2. INFORMAR el contenido de esta decisión a la Vicepresidencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y a la magistrada de control de garantías de dicha jurisdicción, Teresa Ruiz Núñez.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) “Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de éste Código y cuando la incompetencia la proponga la defensa”.

(2) Auto del 14 de octubre de 2009, radicado 32751.

(3) Folio 22 c.o. incidente nulidad medidas cautelares.

(4) ART. 17.—Incidente de oposición de terceros a la medida cautelar. En los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados paras efectos de extinción de dominio en virtud del artículo 17 B, el magistrado con función de control de garantías, a instancia del interesado, dispondrá el trámite de un incidente que se desarrollará así:

Presentada la solicitud por parte del interesado en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, el magistrado con función de control de garantías convocará a una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes en la cual el solicitante aportará las pruebas que pretenda hacer valer y cuyo traslado se dará a la Fiscalía y a los demás intervinientes por un término de 5 días hábiles para que ejerzan el derecho de contradicción. Vencido este término el magistrado decidirá el incidente y dispondrá las medidas a que haya lugar.

Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión será parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz.

Este incidente no suspende el curso del proceso.

(5) Folio 80 ibídem.