Sentencia 41723 de diciembre 11 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado acta 419

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera:

1. La demanda de casación instaurada a nombre del procesado Mario Enrique Alegría Prado presenta inocultables desaciertos de orden técnico y de fundamentación que le impiden superar el juicio de admisibilidad que por ley le corresponde realizar a la Sala, y frustran las aspiraciones desquiciatorias contra el fallo de segunda instancia.

2. Repetidamente la Corte ha señalado(16) que la casación no es una instancia más a las ordinarias del trámite, en la que puedan ser presentados de manera libre e informal argumentos de disentimiento contra los fallos de segunda instancia, ni constituye una prolongación del juicio en la que resulte posible continuar el debate fáctico y jurídico propio del trámite regular del proceso.

Insistentemente ha señalado que la postulación del instrumento extraordinario de impugnación debe obedecer a la denuncia y demostración de haber sido transgredida la ley con el fallo, y que el escrito a través del cual se ejerce, para que pueda llegar a ser admitido a su estudio de fondo, necesariamente debe cumplir, no solamente los rigurosos requisitos de forma y contenido establecidos por el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal de 2000 (idoneidad formal), sino que la demanda debe ser objetivamente fundada, es decir, estar llamada a lograr la infirmación total o parcial de la sentencia, o a propiciar un pronunciamiento unificador del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria alrededor de un determinado tema jurídico (idoneidad sustancial).

Por esta razón, entre los presupuestos de admisibilidad, la legislación procesal ha previsto para el demandante la obligación de presentar concreta y claramente los fundamentos fácticos y jurídicos del motivo de casación que se aduce, para lo cual debe tomarse en cuenta que cada causal tiene naturaleza autónoma, por lo mismo se halla sometida a parámetros demostrativos propios y distintos de las demás, y que su configuración trae aparejada consecuencias de diversa índole para el proceso.

3. Esta claridad y precisión no se aprecia en la demanda presentada a nombre del procesado Mario Enrique Alegría Prado, pues además de no acoger el principio de prioridad que rige la casación, según el cual los cargos han de ser propuestos de manera secuencial teniendo en cuenta la incidencia que su prosperidad tendría para la totalidad del proceso o de parte de éste, o para el sentido de la decisión que deba proferirse en reemplazo de la recurrida, es lo cierto que en ningún caso logra demostrar la configuración de los yerros que inopinadamente sugiere, ya que no les da el desarrollo requerido para que la censura pudiera tener alguna vocación de prosperidad, lo que indica que su propuesta quedó en el solo enunciado.

4. En relación con la causal primera de casación, dada la posibilidad de encontrar configuración por la vía directa o la indirecta de violación a la ley, según ha sido repetidamente dicho por la doctrina de la Corte, oportuno se ofrece reiterar que la violación directa de disposiciones de derecho sustancial, puede llegar a presentarse por falta de aplicación, aplicación indebida, o interpretación errónea de un determinado precepto, acogiendo de esta manera el criterio de clasificación trimembre de los sentidos de la violación, que reconoce total autonomía al último de ellos.

Dentro de esta categorización, ha sido entendido que la falta de aplicación de normas de derecho sustancial se configura cuando el juzgador deja de aplicar al caso la disposición que lo rige; la aplicación indebida tiene lugar cuando aduce una norma equivocada; y, la interpretación errónea consiste en el desacierto en que incurre el fallador cuando habiendo seleccionado adecuadamente la norma que regula el caso sometido a su consideración, decide aplicarla, sólo que con un entendimiento equivocado, sea rebasando, menguando o desfigurando su contenido o alcance.

Así resulta claro que la diferencia de las dos primeras hipótesis de error con la última, radica en que mientras en la falta de aplicación y la aplicación indebida subyace un error en la selección del precepto, en la interpretación errónea el yerro es sólo de hermenéutica, pues se parte del supuesto de que la norma aplicada es la correcta, sólo que con un entendimiento que no es el que jurídicamente le corresponde, llevando con ello a hacerla producir por exceso o defecto consecuencias distintas de las que le corresponden.

Para efectos de precisar el concepto de la violación, resulta intrascendente la motivación que pudo haber llevado al juzgador a la transgresión de la disposición sustancial; lo que realmente cuenta es la decisión que adopte en relación con ella. En este orden de ideas, si la norma es aplicada pese a no regir el caso o inaplicada no obstante regirlo, habrá llanamente aplicación indebida o falta de aplicación, según cada caso, independientemente de que al error se haya llegado porque el juzgador se equivoca sobre su existencia, validez, o alcance.

En síntesis, si una determinada norma de derecho sustancial ha sido incorrectamente seleccionada, y este error resulta determinado por equivocaciones del Juez en la auscultación de su alcance, habrá aplicación indebida o falta de aplicación, pero no errónea interpretación del precepto, puesto que para la estructuración de este último sentido de la violación se requiere que la norma haya sido y deba ser aplicada.

Igualmente la jurisprudencia de la Corte insistentemente ha sostenido que los argumentos relacionados con la violación directa de la ley sustancial, han de ser expuestos en el ámbito del estricto raciocinio jurídico, sin que en su desarrollo resulte admisible discutir los hechos declarados en el fallo, o plantear o sugerir, la comisión de errores en la apreciación probatoria, pues de presentarse éstos, habrá de acudirse prevalentemente a la vía indirecta y formularse el cargo en capítulo separado haciendo mención expresa de la clase de desatino probatorio en que incurrió el juzgador, si de hecho o de derecho, y precisar la especie y trascendencia que tuvo en la parte dispositiva del fallo ameritado.

Obedece ello a que en la hipótesis de la violación directa, es de cargo del actor aceptar los hechos tal y como fueron declarados en el fallo, así como el mérito persuasivo asignado a las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión y, a partir de allí, demostrar que el yerro consistió en la selección o comprensión por el juzgador de la norma sustancial finalmente aplicada; en tanto que si lo pretendido es denunciar la transgresión indirecta de la ley por haberse incurrido en errores probatorios, el casacionista debe precisar los medios sobre los cuales recaen, especificar su clase, si de hecho o de derecho, concretar una de las diversas posibilidades que a su interior pueden presentarse, y demostrar la trascendencia de un tal desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo, dando lugar a la aplicación indebida o la falta de aplicación de determinado precepto.

5. En relación con la causal tercera o de nulidad, la Sala tiene establecido que los motivos de ineficacia de los actos procesales no son de postulación libre, sino que, por el contrario, se hallan sometidos al cumplimiento de precisos principios que los hacen operantes.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que de acuerdo con dichos principios, solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento (trascendencia); no se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad prevista por la ley, pero lo importante no es que el acto procesal se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, sino que a pesar de no cumplirlas puntualmente, en últimas se haya alcanzado la finalidad para la cual estaba destinado (instrumentalidad) y; además, que no exista otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad).

De manera que en sede de casación no basta solamente con invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado, sino que además compete al demandante concretar el tipo de irregularidad que alega, demostrar su existencia, acreditar cómo su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura, y, tal vez lo más importante, demostrar la trascendencia del yerro para afectar la validez del fallo cuestionado.

Y si lo que se persigue con la casación es denunciar la presencia de varias irregularidades, cada una de ellas con entidad suficiente para invalidar la actuación o parte de ella, resulta indispensable que en la demanda se sustenten en capítulos separados y de manera subsidiaria si fueren excluyentes, pues sólo así puede acatarse la exigencia de claridad y precisión en la postulación del ataque y respetarse los principios de autonomía y de no contradicción de los cargos en sede extraordinaria.

5.1. En relación con la solicitud de nulidad derivada de la violación del debido proceso, la Corte ha señalado que una tal pretensión debe necesariamente apoyarse en la identificación concreta del acto irregular, señalando si el vicio que concurre es de estructura o de garantía; la concreción sobre la forma como el acto tildado de irregular afectó la integridad de la actuación o conculcó garantías procesales; la demostración del agravio y la definitiva trascendencia de éste, por afectar negativamente los intereses del procesado, y el señalamiento del momento a partir del cual debe reponerse la actuación.

Esto por cuanto, como ha sido indicado por la Sala(17), el artículo 29 de la Carta Política, en cuanto hace a la garantía fundamental del debido proceso, señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme a ley preexistente, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la “plenitud de las formas propias de cada juicio”. La Constitución igualmente se refiere a otros principios que complementan esta garantía, tales como el de favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la asistencia profesional de un abogado, la publicidad del juicio, la celeridad del proceso sin dilaciones injustificadas, la aducción de pruebas en su favor y la posibilidad de controversia de las que se alleguen en contra del procesado, el derecho de impugnación de la sentencia de condena salvo que se trate de casos de única instancia, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho así se le dé una denominación jurídica distinta.

También ha señalado que el concepto de debido proceso se integra por el de “las formas propias de cada juicio”, esto es por el conjunto de reglas y preceptos que le otorgan autonomía a cada clase de proceso y permiten diferenciarlo de los demás establecidos en la ley. Es así como por vía de ejemplo, de acuerdo con la Ley 600 de 2000 en materia penal la estructura está dada por dos ciclos claramente definidos, uno de investigación —a cargo de la Fiscalía General de la Nación salvo los casos de fuero constitucional—, y otro de juzgamiento —por cuenta de los jueces según las normas que reglan su competencia—. Dentro de la etapa de instrucción, asimismo se observa la necesidad de surtir aquellos pasos de ineludible cumplimiento, tales como los actos de apertura de investigación, de vinculación del procesado, definición de su situación jurídica, de cierre de investigación, y de calificación; dentro del juicio, el rito legal establece dos etapas, una probatoria y otra de debate oral, de formulación de cargos y de sentencia.

5.2. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que cuando en sede de casación se plantea nulidad de la sentencia por defectos de motivación, no basta alegar que la decisión, en su conjunto o en relación con un determinado aspecto, adolece de este vicio. Resulta indispensable demostrar que se está en presencia de una cualquiera de las situaciones que dan lugar a su configuración, a saber: 1) Que la decisión carece totalmente de motivación; 2) que la fundamentación que contiene es incompleta; 3) que es dilógica o ambivalente y, 4) que se sustenta en supuestos fácticos aparentes o sofísticos(18).

La primera hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite precisar las razones de orden fáctico o jurídico que sustentan su decisión. La segunda, cuando el análisis que contiene de estos aspectos es deficiente, al extremo de no permitir su determinación. La tercera, cuando se fundamenta en argumentaciones contradictorias o excluyentes que impiden conocer su verdadero sentido, y la cuarta cuando la fundamentación es manifiestamente especulativa.

Tomando en cuenta estas precisiones, en sede extraordinaria no resulta procedente equiparar las nociones de falta de motivación y falsa motivación probatoria, y considerar que ambos vicios pueden ser atacados en casación por la vía de la causal tercera.

La falta de motivación, determinante de la nulidad, se presenta cuando el juzgador no expone las razones fácticas o jurídicas que sustentan su decisión, o lo hace de manera deficiente o incompleta. La falsa motivación probatoria surge, en cambio, cuando la fundamentación existe, es decir cuando la decisión se encuentra formalmente motivada, y es inteligible, pero equivocada debido a errores de apreciación de las pruebas.

En el primer evento, se está en presencia de un error in procedendo que debe ser planteado dentro del ámbito de la causal tercera. En el segundo, de uno in iudicando, que sólo puede ser propuesto en el marco de la primera, cuerpo segundo.

Siempre que el juzgador incurra en errores de apreciación probatoria, porque, por ejemplo, deja de considerar pruebas que obran en el proceso, o supone existentes medios que no hacen parte del mismo, o distorsiona, cercena o adiciona su expresión fáctica, o valora su mérito persuasivo con transgresión de las reglas de la sana crítica, o cree equivocadamente en la legalidad o ilegalidad de la prueba, se estará en presencia de un error in iudicando, que debe ser atacado en casación por la vía del motivo primero, cuerpo segundo, con indicación del tipo de error cometido, la prueba o pruebas sobre las que recae, y demostración de su trascendencia para variar las conclusiones fácticas del fallo y, por ende, la declaración del derecho contenida en su parte resolutiva(19).

6. Como resultado de revisar el contenido de la demanda presentada en este caso, sin dificultad se advierte que incumple los presupuestos de admisibilidad al trámite casacional, establecidos por la ley y desarrollados por la jurisprudencia. La falta de claridad, precisión y de debida sustentación, cuando no de idoneidad sustancial, son de tal entidad que le impiden a la Sala establecer el verdadero alcance de las pretensiones formuladas, lo que determina que el libelo no pueda ser admitido con miras a un pronunciamiento de fondo, en términos que seguidamente pasan a precisarse.

Según se recuerda del resumen que se hizo de la demanda presentada a nombre del procesado Mario Enrique Alegría Prado, el libelista enuncia la censura sugiriendo que el disentimiento se apoya en lo previsto por la causal primera de casación, cuerpo primero, con lo cual daría a entender que su pretensión es denunciar la violación directa de disposiciones de derecho sustancial.

No obstante, de manera contradictoria a renglón seguido alude a los “errores de hecho por falsos juicios” y manifiesta que el tribunal con la sentencia violó las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia dando en sugerir igualmente y bajo el mismo enunciado que el objeto de su denuncia es la presencia de errores de hecho por falso raciocinio en la apreciación probatoria, pero sin indicar a cuál específico medio de convicción se refiere, qué dice éste, cómo lo apreció el tribunal, en qué consistió el error, cuál su trascendencia, ni de qué manera habría de verse corregido en sede extraordinaria, para el caso de que la Corte decidiera admitir la demanda para su estudio de fondo.

Si a lo anterior se agrega que sin acudir a un cargo distinto, el libelista seguidamente denuncia que la sentencia adolece de falta de motivación en lo que tiene que ver con la manera como el acusado intervino en la realización de la conducta, al haberle deducido que actuó en coparticipación criminal con otros coautores, no puede menos que concluirse que la propuesta impugnatoria termina por causar mayor perplejidad en cuanto no logra desentrañarse si lo pretendido es noticiar la violación directa de la ley, la indirecta, derivada de errores en la apreciación probatoria, o la nulidad de la sentencia por defectos de motivación, nada de lo cual puede suponer la Corte por el riesgo de pervertir la verdadera voluntad del demandante.

Ello de entrada evidencia la falta de claridad en la propuesta impugnatoria, pues el libelista no solamente deja de formular el reparo acorde con la naturaleza del tipo de desacierto que pretende noticiar, sino que tampoco le da desarrollo y demostración con el rigor técnico y lógico exigido en sede extraordinaria, con lo cual tampoco podría cumplir el requisito de acreditar la decisiva incidencia del yerro en la fijación de los hechos debatidos en juicio y la consecuente declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo que pretende combatir.

Nótese que bajo el enunciado de la configuración de unos presuntos yerros de raciocinio, el libelista toma algunos apartes del fallo de segunda instancia para construir particulares inferencias, con lo cual el presunto vicio relacionado con la posible transgresión de las reglas de la sana crítica cae en el más absoluto vacío, pues no se puede reprochar un raciocinio no realizado por el sentenciador.

Como si lo anterior no fuera suficientemente ilustrativo de la particular manera como al parecer el libelista concibe el instrumento extraordinario de impugnación a que acude, cabe resaltar que sin ilación alguna alude a “los fundamentos del indicio y su relación directa con la naturaleza jurídica de la coautoría y la participación responsable”.

Ya está visto, que si el demandante pretendía denunciar que el sentenciador incurrió en error al apreciar algunos indicios que sirvieron de fundamento a la declaración de condena, tenía por deber acudir al error de hecho, demostrando cuál fue el indicio construido por el juzgador y, a fin de acreditar el yerro indicar qué específicamente se establece de la prueba del hecho indicador, qué infirió el juzgador, en qué consistió el error, cuál la trascendencia de éste y cómo habría de verse corregido dando lugar a variar los supuestos fácticos en que se edificó el fallo y por ende, la parte resolutiva del mismo.

Nada de esto realiza el demandante, quien a la mejor manera de un alegato propio de las instancias, se limita a afirmar, sin ser ello cierto, haber logrado demostrar que en la actuación no obra prueba de la que se establezca en grado de certeza la responsabilidad penal de su representado, pues deja de considerar el cúmulo probatorio en que los sentenciadores fundaron la declaración de condena.

La precariedad en la formulación del ataque resulta aún más elocuente, si se toma en cuenta la petición final de que se declare la nulidad de todo lo actuado “a partir del escrito de acusación”, sin percatarse, de una parte, que venía enfilando los ataques contra la sentencia con que se puso fin al proceso y no respecto de una pieza procesal diversa y, en segundo término, que el presente asunto no fue tramitado por los cauces del procedimiento oral con tendencia acusatoria sino bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000.

Sucede además, que el libelista pareciera sugerir que la nulidad de la sentencia del tribunal por defectos de motivación, deriva de la falta de prueba sobre la realización de la conducta o de la responsabilidad del acusado, lo cual resulta contradictorio toda vez que, en su opinión “en este proceso no existe ninguna evidencia material o probatoria, que demuestre, ni evidencie, ni siquiera con proyecciones indiciarias, los extremos y contenidos materiales de acción o de conducta de la meramente atribuida coautoría dolosa”, con lo cual no logra cosa diversa a denotar que no sabe a ciencia cierta cuál es el rumbo que pretende imprimirle a su propuesta impugnatoria, si la nulidad del fallo o, a partir de reconocer su validez, demandar el desquiciamiento y el proferir uno de reemplazo.

Se evidencia así la falta de claridad en la postulación de la censura, pues distinto a que la sentencia presente defectos de motivación, como inopinadamente se sugiere por el casacionista, es que no hubiere acogido los planteamientos de la defensa cuando recurrió en apelación contra el fallo de primer grado, pero esto no significa que la demanda cuente con algún fundamento como para que la casación por dicho concepto resulte procedente, máxime si en sede extraordinaria lo que se juzga es la incorrección jurídica del fallo, no la manera como el juzgador respondió los planteamientos de las partes o estructuró su decisión, pues lo importante es que la sentencia comprenda de manera explícita el respectivo juicio sobre la evidencia probatoria, exprese sin ambigüedad los argumentos jurídicos de sus conclusiones y contenga una respuesta clara y precisa a las alegaciones presentadas por los sujetos procesales, de manera que facilite su controversia fáctica o jurídica por las partes, como en tal sentido ha sido indicado por la Corte(20).

Lo cierto del caso es que el tribunal, con irrestricto apego al material de prueba recaudado, se ocupó de indicar las razones por las cuales dedujo la coautoría como forma de intervención de los acusados en la conducta a ellos atribuida:

Para que no quede duda alguna de lo que viene de referir la Sala, y con el sólo propósito de denotar la carencia de objetividad en el planteamiento propuesto por el casacionista, pertinente se ofrece traer a colación un aparte del fallo de segunda instancia, en el cual se precisa el rol desempeñado por cada uno de los acusados en el devenir criminal.

“De suerte que los testimonios de Leguizamón Hoyos Erazo y Milton Fabian Hoyos Rengifo, armonizados con los provenientes de Jesús Darío Salazar Roldán, Yakelin Mariaca Villaquirán, José Alexander Villanueva Bedoya y Ary Fredy Sánchez Prieto no aparecen inventados, acomodados, ni mentirosos, como quiere hacer ver el impugnante; por el contrario, en sus intervenciones procesales suministran un relato claro, uniforme, sincero y creíble de las especiales circunstancias en que tuvieron conocimiento y se percataron de la forma como acontecieron las cosas.

“Si se miran las declaraciones de los testigos de cargo en su conjunto, claramente se advierten tres fases del concurso de delitos bien diferenciadas que deben ser objeto de análisis por esta Sala.

“Primero, que Andrés, identificado como Eider Andrés Sánchez Valencia, mediante maniobras engañosas indujo o mantuvo en error a las víctimas Leguizamón Hoyos Erazo y Milton Fabián Hoyos Rengifo haciéndoles creer que podía elaborar billetes falsos y para perfeccionar su conducta delictiva los convenció del supuesto procedimiento de fabricación de billetes por lo cual recibió de parte de las víctimas una fuerte cantidad de dinero, con evidente detrimento patrimonial del denunciante y su hijo, circunstancia que el mismo Eider Andrés Sánchez Valencia acepta en su diligencia de indagatoria ‘yo le dije que tenía unos líquidos para arreglar los billetes, eran unos líquidos que me inventé para estafarlo... y se dieron cuenta que eran unas aguas que yo había preparado para estafar a la gente’ —fl. 114, cdno. 1— y que configura el delito de Estafa.

Segundo, que Mario Enrique Alegría Prado y Óscar Alberto Agudelo Arenas, agentes adscritos a la Policía Nacional, aparecen abruptamente en el Hotel Puracé de esta ciudad y sin mediar palabra a los empleados, entran directamente a la habitación 13, donde sabían pernoctaban Leguizamón Hoyos Erazo y Milton Fabián Hoyos Rengifo y donde encontraron a este último y a Eider Andrés Sánchez Valencia realizando la supuesta elaboración de billetes. Recuérdese que Eider Andrés Sánchez Valencia es quien solicita que se haga otra prueba de los líquidos porque supuestamente duda de uno de ellos, la realizan en el Hotel Puracé, habitación 13, y cuando precisamente están en eso, sorpresivamente aparecen los policiales —quienes entre otras cosas sabían hacia dónde se debían dirigir y no pidieron permiso para ingresar— dibujando claramente una situación previamente acordada.

“Y tercero, la exigencia de cuatro millones de pesos para no denunciar el ilícito de la elaboración de billetes ante las autoridades, tomando la previsión de retener, ‘como garantía’, a Milton Fabián Hoyos Rengifo —con lo cual afectaron la libertad individual— dejando un número celular mientras su padre conseguía el dinero, llevando a Milton a una casa de lenocinio donde estuvieron a puerta cerrada pues el policial, conocido en ese lugar, ordenó a los porteros no dejar entrar a nadie ordenando a su compañero policía Óscar Alberto Agudelo Arenas, después de haber recibido los tres millones de parte de Leguizamón Hoyos Erazo, liberar a su hijo cautivo.

“Es claro que si Leguizamón Hoyos Erazo y Milton Fabián Hoyos Rengifo sabían que cometían un ilícito de falsificación de moneda no se resistirían a la ‘aprehensión’ del segundo, ni en la salida del hotel, ni trataría de evadirse de la casa de lenocinio, pues necesitaban negociar con los policiales para que no informaran sobre sus actividades, liberaran a Milton y devolvieran los líquidos.

“De suerte que Mario Enrique Alegría Prado, Eider Andrés Sánchez Valencia y Oscar Alberto Agudelo Arenas ejecutaron un bien elaborado plan criminal para esquilmar a las víctimas Leguizamón Hoyos Erazo y Milton Fabián Hoyos Rengifo; cada sujeto dominó el acontecer total en cooperación con los demás, se dividieron las funciones y por tanto actuaron en el plan criminal en calidad de coautores”.

7. En armonía con lo que se ha dejado visto, cabe concluir que la falta de apego del libelista a los presupuestos formales y sustanciales, normativa y jurisprudencialmente establecidos para las demandas en sede extraordinaria, determina la inadmisión del libelo en este caso, a lo cual se procederá en la parte resolutiva, no sin antes advertir, en relación con el escrito presentado por el defensor de Eider Andrés Sánchez Valencia, que ningún pronunciamiento amerita de parte de la Corte, toda vez que la jurisprudencia de manera persistente ha sostenido que el traslado a los sujetos procesales no recurrentes para alegar en casación, tiene por objeto que quienes guardaron silencio no interponiendo el recurso, o habiéndolo interpuesto no presentaron demanda o les fue declarado desierto o improcedente por cualquier motivo, puedan expresar su inconformidad o conformidad con la demanda, mediante argumentaciones de oposición o coadyuvancia a las pretensiones del casacionista(21).

En este sentido ha precisado que “el traslado a los no recurrentes en casación para alegar, que prevé el artículo 211 del actual estatuto procesal penal (224 del anterior); constituye una oportunidad que la ley establece a favor de los sujetos que no impugnaron el fallo, para que se pronuncien sobre las pretensiones de la demanda. El contenido de ésta (de la demanda), se erige, por tanto, en el fundamento y límite de la alegación apreciatoria. Esto significa que solo en relación con ellas resulta posible a los sujetos procesales no recurrentes formular alegaciones, ya para rebatirlas, ora para avalarlas, y que cualquier discurso por fuera de estos concretos marcos, deviene impertinente(22) (se destaca).

Esta es la situación que se aprecia en el escrito presentado por el defensor del acusado Sánchez Valencia dentro del término de traslado a los no impugnantes, y que la Corte se abstendrá de considerar precisamente por no contener una respuesta de oposición o de adhesión a los argumentos de la demanda, como corresponde a su naturaleza.

Su exposición se reduce a un alegato de conclusión donde se hace un sinnúmero de reflexiones sobre lo que considera constituyó indebida vinculación de su representado y se culmina solicitando la absolución del mismo con fundamento en el particular alcance que le atribuye a algunos medios de convicción, pero ningún planteamiento serio se formula en relación con las propuestas de ataque del censor.

8. La decisión anunciada de inadmitir el libelo de casación presentado, no obsta para advertir que de la revisión de lo actuado se observa la posible violación del debido proceso por parte del juzgador de segunda instancia, circunstancia que impone el ejercicio de la oficiosidad por la Sala, en los términos que se precisan a continuación.

9. Casación oficiosa.

9.1. Tal como ha sido repetidamente dicho por la Sala(23), en esta ocasión cabe reiterar que la Corte, en decisión de 12 de septiembre de 2007(24), varió el criterio que ordenaba el previo traslado al Ministerio Público a fin de que emitiera concepto acerca de la eventual violación de garantías, cuando, pese a no admitir la demanda de casación, se advertía la infracción de alguna garantía procesal de los sujetos intervinientes que ameritara el ejercicio de la facultad oficiosa que le confiere el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, tras considerar que ante el principio de pronta y eficaz administración de justicia, le corresponde de manera inmediata proceder a corregir el yerro, sin que para ello se requiera el concepto previo del procurador delegado ante esta sede.

Señaló al efecto que “ante la autorización dada por el legislador a la Corte para aprehender el estudio del proceso aun cuando no admita los cargos formulados en la demanda, una vez advierta el agravio causado con el fallo de segundo grado a alguno de los sujetos procesales, debe proceder inmediatamente a corregirlo, con lo cual se cumple cabalmente con los fines de la casación de velar por la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal”.

Agregó que “aunque el Ministerio Público por mandato constitucional debe intervenir en los procesos judiciales en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, con el nuevo criterio de autoridad de la Corte no se relega la actuación del representante de la sociedad, por cuanto al ser un tema no propuesto, ni recurrido por tal sujeto procesal en las instancias, se impone la rápida acción de la Corte como garante no sólo de los derechos fundamentales, sino de los fines esenciales del Estado, especialmente, el de asegurar la vigencia de un orden justo, en aras de la materialización de la justicia en la decisión”.

9.2. En materia penal el fenómeno prescriptivo de la acción opera en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad prevista para el delito imputado, tenidas en cuenta las circunstancias sustanciales modificadoras de la punibilidad concurrentes, sin que en ningún caso pueda ser inferior de cinco años o superior de veinte, salvo las excepciones que la propia normatividad establece (C.P. de 1980, art. 80 y nuevo estatuto, art. 83).

En tal sentido cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 1309 de 2009, modificado por el artículo 1º de la Ley 1426 de 2010, el término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de un miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, es de 30 años(25).

Asimismo, que a tenor de lo previsto por el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007, cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el de incesto, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribe en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad.

Dicho término se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada. Cuando esto acontece, debe comenzar a correr de nuevo desde entonces, pero el fenómeno se consolida en la mitad del tiempo respectivo, sin que pueda ser inferior a 5 años, ni superior de 10 (C.P. anterior, art. 84 y L. 599/2000, art. 86).

Tanto uno como otro término se aumentan en una tercera parte cuando el delito es cometido en el país por servidor público en ejercicio de sus funciones, o de su cargo, o con ocasión de ellos (Código de 1980, arts. 80 y 82 Código de 2000, art. 83), según viene siendo reiterado por la jurisprudencia de la Corte(26).

De conformidad con el penúltimo inciso del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, “también se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior”, precisando finalmente, que “en todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no excederá el límite máximo fijado” en la ley.

En el presente caso, el procesado Mario Enrique Alegría Prado fue acusado por el delito de estafa, según conducta definida por el original artículo 246, inciso primero, de la Ley 599 de 2000.

Es de anotar que las disposiciones originales del Código Penal de 2000 (sin las modificaciones introducidas por la L. 890/2004) son las aplicables al caso por virtud de los principios de legalidad y de favorabilidad, ya que no solamente se encontraban vigentes al momento de los hechos sino que además resultan menos gravosas para el acusado, exclusivamente para efectos de la prescripción, según la calificación jurídica de la conducta a él imputada en la resolución acusatoria y el fallo.

Entonces, atendiendo lo dispuesto por la redacción original del artículo original 246, inciso primero de la Ley 599 de 2000, en este evento la pena para el delito de estafa, imputado al acusado Mario Enrique Alegría Prado, oscilaría entre dos (2) y ocho (8) años de prisión.

De conformidad con las normas sustanciales aplicables al caso, el término de prescripción sería de ocho (8) años en la fase de instrucción y de cinco (5) en la del juicio.

La resolución de acusación en el caso sub judice causó ejecutoria el 30 de abril de 2007, fecha en que se produjo el pronunciamiento de segunda instancia, mediante el cual se confirmó la resolución de acusación proferida en el presente caso, según constancia que sobre dicho particular corre a folios 330 y siguientes del cuaderno original número 1.

Contados desde entonces los cinco (5) años para el delito de estafa, se constata que se cumplieron el 30 de abril de 2012, esto es, con anterioridad al proferimiento de la sentencia de segunda instancia —lo que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2012—, y por supuesto, antes de que llegaran las diligencias a la Corte (jul. 11/2013).

Sobre la base entonces, de la prescripción de la acción penal por el referido delito, con el fin de salvaguardar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, la Corte hará uso de la facultad otorgada por el artículo 216 del Estatuto Procesal de 2000, para corregir oficiosamente este desacierto, y en consecuencia, dejará sin valor el fallo impugnado, para declarar seguidamente la cesación de procedimiento a favor del procesado Mario Enrique Alegría Prado.

Como quiera que la misma situación que viene de advertir la Sala en relación con el procesado Mario Enrique Alegría Prado, se presenta con respecto a los también acusados Eider Andrés Sánchez Valencia y Oscar Alberto Agudelo Arenas, quienes igualmente fueron condenados por el delito de estafa, razón por la cual también respecto de ellos se declarará prescrita la acción penal y consecuencialmente se decretará la cesación de procedimiento por dicha conducta.

En la medida en que en este trámite no se ejerció la acción civil, según lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 599 de 2000(27) con respecto a ella no se declarará la prescripción.

10. Efectos de las decisiones que se anuncian.

Dado que la demanda de casación presentada en este caso habrá de ser inadmitida y como la acción penal por el delito de estafa se encuentra prescrita, se impone para Sala tener que redosificar la pena impuesta en la sentencia recurrida a los procesados Mario Enrique Alegría Prado, Eider Andrés Sánchez Valencia y Oscar Alberto Agudelo Arenas, quienes igualmente fueron condenados por el delito de secuestro extorsivo agravado, el cual no se encuentra prescrito, resultando al efecto procedente realizar la disminución punitiva correspondiente al delito cuya prescripción se declara, en los mismos montos deducidos por los sentenciadores de instancia para el delito de estafa.

Así, a Mario Enrique Alegría Prado, Eider Andrés Sánchez Valencia y Oscar Alberto Agudelo Arenas, de la pena de prisión impuesta en la sentencia por el delito de estafa, se le restará un (1) año, y de la multa se le disminuirán 3.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedando en definitiva treinta y un (31) años de prisión y dieciséis mil doscientos cincuenta (16.250) salarios mínimos legales vigentes, como coautores penalmente responsables del delito de secuestro extorsivo agravado.

Las demás determinaciones del fallo se mantendrán incólumes, puesto que a pesar de las disminuciones punitivas, no hay lugar a modificar la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas que se fijó en el tope máximo y además resulta evidente que no se cumplen los presupuestos objetivos para considerar la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria.

7.4. Resta señalar, de otra parte, que como la Sala advierte la eventual presencia de dilaciones injustificadas, especialmente en la fase del juicio, se dispondrá compulsar copias para que las autoridades competentes establezcan la posible comisión de falta disciplinaria y decidan lo pertinente sobre el particular.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado Mario Enrique Alegría Prado, por lo anotado en la motivación de esta providencia.

2. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE el fallo impugnado.

3. DECLARAR PRESCRITA la acción penal respecto del delito de estafa, imputado en el pliego enjuiciatorio a los procesados Mario Enrique Alegría Prado, Eider Andrés Sánchez Valencia y Óscar Alberto Agudelo Arenas. ORDENAR, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado en su contra por este concepto.

4. FIJAR en treinta y un (31) años la pena de prisión y la de multa en cuantía de dieciséis mil doscientos cincuenta (16.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de secuestro extorsivo agravado, como penas principales que deben purgar los procesados Mario Enrique Alegría Prado, Eider Andrés Sánchez Valencia y Óscar Alberto Agudelo Arenas.

5. Las demás determinaciones del fallo permanecen incólumes.

6. COMPULSAR las copias ordenadas en la parte motiva de esta providencia, a lo cual se procederá por la Secretaría de la Sala.

Contra estas decisiones no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(16) Cfr. Auto de casación de 19 de agosto de 2008. Rad. 28291

(17) Cfr. auto cas. Diciembre 5 de 2002. Rad. 18683

(18) Cfr. Cas. mayo 22 de 2003. Rad. 20756.

(19) Cfr. por todas. Cas. de 4 de septiembre de 2003. Rad. 17257

(20) Ib.

(21) Cfr. Cas. 20139 del 11 de agosto de 2004

(22) C. S. de J., Sala de Casación Penal, Sentencia de casación de 11-09-03, Rad. 20.074.

(23) Cfr. por todas, cas. de noviembre 11 de 2009, Rad. 29137.

(24) Sala de Casación Penal. Sentencia de 12 de septiembre de 2007. Radicación 26967.

(25) Cabe aclarar, no obstante, que la jurisprudencia de la Corte, en armonía con los compromisos internacionalmente adquiridos por Colombia, ha declarado la imprescriptibilidad de la acción penal en los casos considerados como crímenes de lesa humanidad. Cfr. Auto de única instancia. 14 de marzo de 2011. Rad. 33118.

(26) Cfr. cas. oct. 27 de 2004. Rad. 21090.

(27) Ley 599 de 2000. ART. 98.—“Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.