Auto 41912 de agosto 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 253

Magistrado Ponente

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 32, numeral 4º, de la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer el asunto planteado, en razón a que en esta oportunidad se cuestiona la competencia de la Juez Tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cartagena, por dirigirse la imputación, según el peticionario, contra un aforado (Procurador Regional).

2. Inicialmente, estima procedente la Sala reiterar el contenido de la jurisprudencia en torno a la procedencia de impugnar la competencia de los jueces con función de control de garantías, en los siguientes términos:

“…En estricto sentido el juez de control de garantías no desarrolla una función de trámite o impulso procesal, a la manera de entender que la investigación se desarrolla bajo su tutela o gobierno. No. En un sistema de partes en el cual la fiscalía tiene la obligación de recaudar los elementos suasorios suficientes para llamar a juicio al procesado, a través de un particular programa metodológico, es claro que el juez de control de garantías no realiza una labor formal de trámite, dentro de los presupuestos del principio antecedente consecuente, que permita advertirlo vinculado desde el principio hasta el final de esta etapa, con un específico gobierno procesal.

Acorde con la estructura dada por el legislador colombiano a esta novísima figura, ella tiene su razón de ser, a la par, en el recorte o limitación de las facultades judiciales de la fiscalía, para efectos de controlar, por vía anticipada o consecuencial, esas actividades del fiscal que limitan o afectan derechos fundamentales.

Así, se cumple con el presupuesto básico de un estado democrático, en el cual se asigna a los jueces la función primordial de proteger los derechos fundamentales de los asociados.

El objeto concreto de la intervención del juez de control de garantías, entonces, dice relación exclusiva con el tipo de actividad del fiscal que se controla y los derechos anejos a la intervención estatal, sin que, como se sabe, el juez de control de garantías quede atado a la totalidad del trámite o investigación que desarrolla el ente acusador, de lo cual se sigue que pueden intervenir tantos jueces de esta categoría, como audiencias preliminares sea menester adelantar en un mismo proceso.

Es, así, la intervención del juez de control de garantías, meramente episódica o difusa en su competencia, sin que, en seguimiento de ello, pueda hablarse de un “juez natural” que de manera exclusiva y excluyente intervenga en todas las audiencias y trámite propios de esa etapa de investigación (o en la fase del juicio, cuando se elucidan asuntos propios de estos funcionarios y no del juez de conocimiento), precisamente porque este procedimiento demanda de audiencias independientes ajenas al principio antecedente consecuente, cuando se trata de verificar la incidencia de la actuación del fiscal en los derechos de las personas.

Ahora bien, no soslaya la corte, que en un solo caso el juez de control de garantías desarrolla no una labor tuitiva de derechos, sino la tarea fundamental de impulso procesal, y ello ocurre precisamente en la audiencia de formulación de imputación, pues, sin su intermediación no es posible abrir formalmente el proceso penal a través de la comunicación que el fiscal hace al procesado, acerca de la investigación que se le adelanta por una determinada conducta punible.

Desde luego que esa formulación de imputación tiene una connotación procesal innegable, dentro del principio antecedente consecuente, pues, sin ella no es posible, en primer lugar, hablar del inicio formalizado del proceso, y en segundo término, facultar la posibilidad de formular acusación al imputado, si se trata de la vía ordinaria, o permitir la terminación extraordinaria por el camino del allanamiento a cargos o los acuerdos entre las partes.

Debe, por consecuencia de lo anotado, distinguirse cuándo el juez de control de garantías actúa, como ocurre en la gran mayoría de los casos, en protección de derechos, de aquella circunstancia singular en la que se le atribuye la tarea de impulsar el proceso —aunque, desde luego, como ocurre con todos los funcionarios judiciales, haya de propugnar siempre por el respeto de los derechos y garantías de los intervinientes—, dado que ello redunda necesariamente en la definición de competencia.

En la Sentencia C-591 de 2005, la Corte Constitucional diferenció entre las funciones constitucionales y las legales del juez de control de garantías, relacionando las primeras de la siguiente manera.

Ejercer control sobre la aplicación del principio de oportunidad.

Adelantar un control posterior, dentro del término de 36 horas siguientes, sobre las capturas que excepcionalmente realice la fiscalía.

Ejercer un control previo sobre las medidas restrictivas de la libertad individual.

Llevar a cabo un control posterior sobre medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones.

Ahora bien, diferenciado que unas son las funciones constitucionales y otra la legal (porque es la ley la que defiere al juez de control de garantías la labor de mediación o impulso procesal propia de la formulación de imputación), no puede ser igual el tratamiento del aspecto referido a la competencia, entre otras razones, porque, en lo que toca con la tarea de protección y vigilancia de derechos fundamentales, el espectro protector demanda mayor amplitud en la intervención judicial, para facultar que de inmediato y sin cortapisas pueda restablecerse el derecho en los casos en los cuales éste ha sido conculcado irregularmente.

El criterio, en estos casos, es de disponibilidad, esto es, que siempre pueda contarse con la posibilidad de que un juez –garante de los derechos fundamentales en un Estado democrático, como se dijo antes-, actúe de inmediato frente a la posible vulneración de esos derechos.

En este sentido, la “competencia” del funcionario, si bien registra un ámbito territorial por razones de distribución y organización funcional, no necesariamente debe entenderse atada, en lo que toca con el origen del asunto, a ese límite. Esto es, aunque no se discute que al juez no le es dado invadir órbitas de competencia ajenas, dígase trasladándose a sitio geográfico distinto a aquel donde le fue asignada la función, ello no significa que hallándose en la sede, no pueda resolver cuestiones propias de su atribución funcional, independientemente de su origen, cuando, precisamente, a él se acude por corresponder al funcionario disponible para atender la protección urgente o inmediata del derecho.

La diferencia respecto de las funciones del juez de control de garantías (constitucionales, de protección de derechos, y legales, de impulso procesal) ha sido recogida por el legislador en la Ley 906 de 2004, dado que, si bien, no se discute la consagración de normas en las cuales se establece la competencia del juez de control de garantías, por el factor territorial, entre las cuales destaca, para lo examinado aquí, lo consagrado en el artículo 39, modificado por el artículo 3º de la Ley 1142 de 2007, es claro que el instituto de la definición de competencias, al cual acudió el Juez Tercero Penal Municipal de Neiva para abstenerse de conocer del asunto y enviar la carpeta a esta corporación, no irradia las actuaciones atinentes a la protección de derechos (de clara estirpe constitucional, como lo anotó la Corte Constitucional en la sentencia reseñada atrás), sino exclusivamente la tarea, deferida legalmente, de impulsar el proceso sirviendo como intermediario de la formulación de imputación realizada por el fiscal”(1).

Así las cosas, resulta factible impugnar la competencia de un juez con función de control de garantías con ocasión de la audiencia de formulación de imputación, por ser el único trámite con connotaciones procesales que puede adelantar.

3. La definición de competencia es el mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico, para precisar de manera perentoria y definitiva cuál de los distintos jueces o magistrados es el llamado a conocer de la fase procesal del juzgamiento, o para ocuparse de un trámite determinado.

4. Lo primero a tener en cuenta en orden a decidir el asunto, es el criterio de taxatividad que rige en materia de competencia, en cuanto se trata de una eventualidad que ha de estar subordinada en un todo al imperio de la ley.

No se puede perder de vista que las características del juez natural se concretan no sólo en haber sido instituido con anterioridad a la ejecución de la conducta o conductas que deba investigar o juzgar, sino además en la asignación expresa de sus debidas competencias y facultades, previsión que garantiza la imposibilidad de habilitar jueces especiales a posteriori de la ocurrencia de los hechos.

La competencia, entendida como la delegación funcional que reciben los operadores jurídicos del Estado en orden a facultarlos constitucional y legalmente para conocer y decidir un determinado asunto, ha de estar fijada con anterioridad a la ejecución de la conducta sometida al ámbito de acción de la jurisdicción penal.

En relación con la garantía del juez natural, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

“…Ha dicho la Corte —y lo reitera— que el legislador está autorizado por la Carta Política para señalar las competencias, delimitando el campo de acción de los jueces con base en factores como los relativos al territorio, la materia, la naturaleza del asunto y la cuantía de la controversia, entre otros.

El derecho al debido proceso (C.P., art. 29) tiene como uno de sus componentes esenciales la competencia del juez o tribunal que haya de resolver, de tal modo que si quien falla carece de ella se configura una causa de nulidad del proceso y desde el punto de vista constitucional la falta de competencia da lugar a la tutela por vía de hecho, con el carácter extraordinario que esta Corte ha plasmado en su jurisprudencia.

En principio, salvo aquellos casos en los que el propio Constituyente ha señalado una competencia, es el legislador el encargado de establecer por vía general los criterios aplicables para definirla y de estatuir los ámbitos que corresponden a los distintos órganos y funcionarios que administran justicia».

En materia de la competencia, teniendo en cuenta los factores que confluyen en su fijación y en la determinación de sus calidades, ha dicho la Corte.

Por regla general, corresponde al legislador en aquellos casos en que el Constituyente no lo haya hecho, asignar competencia a los distintos entes u órganos del Estado. Una vez definida la competencia es posible determinar cuál es el funcionario a quien le corresponde conocer o tramitar un asunto específico. La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.

La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general…”(2).

En el asunto sometido a consideración de la Sala, aduce el peticionario que por tratarse su representado de un procurador regional, le cobija la misma prerrogativa instituida respecto de los procuradores judiciales II, a quienes son equiparables acorde con lo preceptuado en el Decreto 262 de 2000, funcionarios juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o “…por lo menos…” aquella referida a los procuradores provinciales y judiciales I, cuyo juzgamiento fue atribuido a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

En relación con el punto, se tiene que la Ley 906 de 2004 prevé:

“ART. 34.—De los Tribunales Superiores de Distrito. Las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito conocen:

(…).

2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces del circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de menores, de familia, penales militares, procuradores provinciales, procuradores grado I, personeros distritales y municipales cuando actúan como agentes del Ministerio Público en la actuación penal, y los fiscales delegados ante los jueces del circuito, municipales o promiscuos, por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas” (subraya fuera de texto).

Como claramente se desprende del contenido de esta norma, el legislador asignó a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial la competencia para juzgar a determinados procuradores, específicamente los provinciales y los judiciales I, sin incluir a los regionales.

Adicionalmente, estableció que dicha competencia está condicionada a que se trate del juzgamiento de delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, cuando actúan como agentes del Ministerio Público en la actuación penal.

De otra parte, el artículo 32 de que la Ley 906 de 2004, establece:

“…ART. 32.—De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

(…).

Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, procuradores delegados, procuradores judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y directores seccionales de Fiscalía…” (resaltado fuera de texto).

Tal y como se observa, dentro de los funcionarios que tienen fuero legal expreso acorde con el precepto en mención, tampoco están incluidos los procuradores regionales, en cuanto la norma hace alusión exclusiva a los procuradores delegados y a los procuradores judiciales II.

Así las cosas, es evidente que el Estatuto Procesal Penal no asignó de manera expresa a una determinada autoridad judicial penal la competencia para conocer de las conductas punibles atribuidas a los procuradores regionales.

Siendo ello así, resulta obligado acudir a lo previsto en la normatividad en cita en torno a la delimitación del campo de acción de los jueces, para el caso específico atendiendo al factor objetivo, acorde con el cual tomando en cuenta la naturaleza del delito objeto de juzgamiento (Injuria), el conocimiento corresponde a los juzgados penales municipales, en razón a que se trata de un comportamiento delictivo que requiere querella de parte.

Dispone el artículo 37 de la Ley 906 de 2004:

“…ART. 37.—De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:

(…).

3. De los procesos por delitos que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad e implique investigación oficiosa…”.

Ahora, el planteamiento del peticionario respecto a que los procuradores regionales ostentan una mayor jerarquía que los procuradores provinciales y los judiciales I, y tienen igual categoría que los judiciales II, no se constituye en argumento que sirva para dirimir el asunto, en cuanto alude simplemente a la organización interna de la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el Decreto 262 de 2000, sin ninguna incidencia en las reglas de competencia previstas en el Código de Procedimiento Penal de 2004.

De lo anterior se concluye que corresponde a los jueces penales municipales ejercer la función de control de garantías en el curso de la audiencia de imputación de cargos solicitada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación en el presente asunto, concretamente al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cartagena, Despacho al cual se remitirá la actuación y, a su vez, se enviará copia de esta providencia a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad para su información.

De otra parte, no sobra aclarar que si la pretensión del peticionario en realidad se encamina a recusar al representante de la Fiscalía General de la Nación, dicho trámite deberá adelantarlo ante el funcionario competente de esa entidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Definir que la competencia para conocer de la formulación de imputación con ocasión del trámite adelantado contra Edgar Orlando Pinilla Rueda por el delito de Injuria, corresponde al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cartagena, despacho al cual se remitirá la actuación.

2. Por Secretaría de la Sala, envíese copia de esta decisión al Tribunal Superior de Cartagena, para su conocimiento.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase.»

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicado 29.904 de 12 de junio de 2008.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-058 del 2 de febrero de 2006.