Auto 42 de julio 19 de 2013

 

Auto 42 de julio 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 00042

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

AHL002-2013

Habeas corpus 

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

Al tenor de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, este despacho es competente para conocer en segunda instancia de las impugnaciones que se formulen contra las providencias mediante las cuales en primera se niegue el habeas corpus.

Pues bien, la acción constitucional de habeas corpus, tiene por finalidad la tutela de la libertad personal y procede en aquellos casos en que alguien resulta privado de la libertad con violación de las garantías establecidas en la Constitución o en la ley. También cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente, es decir, más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley, para el cumplimiento de la pena, para que la autoridad lleve a cabo la actuación que está obligada a realizar, o adopte la decisión que corresponda emitir en el curso del trámite.

Sentado lo anterior se encuentra que en este asunto la solicitud de protección constitucional invocada se funda en que las personas capturadas, a raíz de una orden excepcional de la Fiscalía, no han sido puestas a disposición de ninguna autoridad judicial colombiana con la excusa de que se está adelantando su eventual extradición a los Estados Unidos de América.

Acerca del motivo que se alega como causante de una prolongación ilegal de la libertad de los detenidos es pertinente reiterar que en nuestro ordenamiento procesal penal, artículos 490 y siguientes, y en otras disposiciones legales, se encuentra previsto el trámite que se debe cumplir para la captura de las personas solicitadas con fines de extradición, el que, de acuerdo con la información y pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, se ha cumplido formalmente, en particular las órdenes de captura que debe emitir el Fiscal General, en el término máximo de 5 días hábiles, con fines de extradición, a partir del momento en que la persona retenida, mediante notificación roja sea puesta a disposición de su despacho (L. 906 de la L. 2004 (sic), art. 484, modificado por L.1453/2011, art. 64, reglamentado a su vez por D. 3860/2011, art. 1º).

Es pertinente anotar entonces que la acción de habeas corpus no faculta al juez constitucional para calificar la validez de la circular roja expedida a través de los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal “Interpol” y la captura que de ella derive, pues es de la competencia del Fiscal General de la Nación verificar que se observen estrictamente las previsiones del artículo 509 de la Ley 906 de 2004, esto de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 3806 de 2011.

Por otra parte, el motivo aducido en la impugnación, referente a que la conducta en que se funda la solicitud de extradición se cometió en el territorio nacional, está fuera de la órbita de la competencia del juez de habeas corpus, pues el asunto planteado debe ser objeto de examen por las autoridades que deben intervenir en la solicitud de extradición, entre ellas la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la que le compete emitir el concepto sobre la procedencia de la extradición, siendo del caso resaltar que, conforme al artículo 510 de la Ley 906 de 2004, las personas solicitadas en extracción tendrán derecho a designar un defensor, desde el momento en que se inicie el trámite de extradición, y que de no hacerlo se le nombrará de oficio.

En torno a los motivos en que se sustenta la presente acción, tendientes a adjudicar naturaleza judicial al trámite de extradición con el propósito de involucrar trámites procesales penales propios de los procedimientos judiciales nacionales, la Sala de Casación Penal de esta corporación precisó en providencia de 8 de junio de 2007, Radicación 27.674, lo siguiente:

“(...), como ya ampliamente lo ha dejado sentado la Corte Constitucional, en revisión de las normas regulatorias de la extradición, se trata aquí de un trámite eminentemente administrativo que busca asegurar la presencia del solicitado en otro país, mediante el mecanismo de captura y envío a la nación requirente, para lo cual, debe resaltarse, se entiende necesario adelantar diligencias, encaminadas precisamente a proteger los derechos del ciudadano, sin que ello implique, como equivocadamente lo entiende la impugnante, que durante el lapso requerido para el efecto haya de intervenir un juez colombiano, entre otras razones, porque ninguna norma habilita la competencia de un específico funcionario para el efecto.

“Y mal podría hacerlo, cuando es claro que la competencia del juez en nuestro país necesariamente implica que a su cargo se halle el conocimiento de un proceso penal, respecto de un delito cometido en Colombia que demanda de la consecuente investigación.

“Si se conoce que ese delito no tuvo ocurrencia en Colombia, o por su naturaleza global se investiga en el país requirente, de entrada se aprecia la impropiedad de la intervención del juez colombiano, no solo por su ostensible incompetencia, sino porque la captura y actual confinamiento carcelario, se repite, operan precisamente para efectos de que la persona sea puesta a disposición del juez o tribunal competente en el país requirente.

“Lo anotó la magistrada del tribunal, y lo repite la Corte, el trámite de extradición, y desde luego, la captura y detención propios del mismo, se rigen por disposiciones diferentes a las que regulan la detención en flagrancia o la captura previa orden de juez competente de nuestro país, razón por la cual asoma impropio tratar de emparentar institutos por naturaleza disímiles en aras de exigir una improbable excarcelación de quienes, es menester relevar, se hallan legalmente detenidos.

“Ya la Corte Constitucional dijo, y debería ser suficiente para resolver el asunto, que la tramitación administrativa en mención demanda de regulación especial, ajena a la propia de capturas y detenciones dentro de los procesos seguidos por los jueces en Colombia, motivo por el cual no resulta adecuado exigir de términos y funcionarios judiciales que nada tienen que ver con el asunto.

“En concreto, esto manifestó ese alto tribunal, en Sentencia C-700 de 2000, al momento de revisar la constitucionalidad de las normas que para ese momento regulaban el trámite de extradición (D. 2700/91):

“En el caso de personas solicitadas en extradición, por delitos cometidos en otro Estado, es claro que al ser juzgadas por fuera de Colombia y ser requeridas por una autoridad extranjera para proseguir su juzgamiento o para ejecutar la condena, estarán sometidas también a procedimientos diferentes a los aplicables a quienes han delinquido en nuestro territorio, lo cual no vulnera en modo alguno el derecho a la igualdad ni constituye discriminación, por tratarse de situaciones jurídicas no equiparables”.

“(...)

“La extradición demanda un procedimiento diferente al ordinario, pues es claro que el individuo reclamado no va a ser juzgado en Colombia, ni con nuestra legislación, ni se le va a evaluar, en consecuencia, su responsabilidad penal por parte de autoridades nacionales. Se trata de delitos cometidos en el exterior, cuyos juicios se adelantan o han adelantado en otro Estado”.

“(...)

“Determinando, entonces, los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 600 de 2000, cuál es el trámite que ha de seguirse respecto de la captura y detención de las personas requeridas en extradición, así como los funcionarios que intervienen en este y los términos que facultan la libertad por ocasión de su vencimiento, es claro para la Corte que incluso si se les estima cuantitativamente “pocas”, las normas en mención regulan de manera suficiente y con pleno apego constitucional la materia, emergiendo extraño a la tramitación administrativa que se destaca, la intervención judicial reclamada por la impugnante”.

Acorde con lo analizado en precedencia, al encontrarse establecido que los accionantes Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda, Omar Fabián Valdés Gualtero, Édgar Javier Bello Murillo, Héctor Leonardo López y Julio Steven Gracia Ramírez se encuentran legalmente privados de la libertad, por razón de haberse proferido en su contra orden de captura por parte del funcionario facultado para ello, corresponde confirmar la providencia objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR íntegramente la providencia proferida en este asunto el cinco (5) de julio de dos mil trece (2013), por un magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

2. COMUNICAR ESTA DECISIÓN a Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda, Omar Fabian Valdés Gualtero, Édgar Javier Bello Murillo, Héctor Leonardo López y Julio Steven Gracia Ramírez, en las instalaciones de la Cárcel La Picota en Bogotá, al Ministerio del Interior y de Justicia, al director de la Cárcel La Picota, al director del Inpec, al señor Fiscal General de la Nación y al Ministerio del Interior.

3. La secretaría de la Sala proveerá al efecto y librará las comunicaciones respectivas.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».