Auto 42115 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 378

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En invariable jurisprudencia la Corte ha reiterado que la extradición es un mecanismo de asistencia y cooperación judicial entre los Estados, mediante el cual el país en donde se ha refugiado una persona para eludir la acción de la justicia, la entrega a otro en cuyo territorio ha delinquido, para que la someta a juicio o al cumplimiento de la pena impuesta y evitar de ese modo la impunidad de la conducta delictiva.

2. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, el artículo 18 del Código Penal (L. 599/2000) y el artículo 490 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), la extradición de colombianos por nacimiento se puede conceder, conforme a los tratados públicos o en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna que hayan sido cometidos en el exterior a partir del 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el acto legislativo que modificó la citada norma constitucional.

Según el concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los instrumentos internacionales aplicables al caso son la “convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive sus agentes diplomáticos” suscrita en Nueva York el 14 de diciembre de 1973, a la cual adhirió Colombia el 16 de enero de 1996 y entró en vigor el 1º de marzo de 2002 luego de retirada la reserva, la cual debe ser aplicada, salvo los aspectos no regulados en ella, cuyo trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano, como así lo expresa:

“ART. 8º—:

(...).

2. Si un estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe una demanda de extradición de otro Estado parte con el que no tiene tratado de extradición podrá, si decide concederla, considerar la presente convención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos. La extradición estará sujeta a las disposiciones de procedimiento y a las demás condiciones de la legislación del Estado requerido.

(...).

4. A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 3º”.

Significa lo anterior, que con relación al procedimiento a seguir en el presente asunto, debe acatarse la voluntad expresada en la convención, por lo cual, se aplicará en armonía con aquella las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, que rigen la extradición en Colombia.

3. En atención a lo estipulado en el artículo 502 ibídem, la Corte Suprema de Justicia debe fundamentar su concepto exclusivamente en la i) validez formal de la documentación presentada, ii) en la demostración plena de la identidad del solicitado, iii) en el principio de la doble incriminación, iv) en la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

En consecuencia, respecto a la práctica de pruebas, ya sea de manera oficiosa o a petición de los interesados, la Corte solo está habilitada para decretar aquellas que sean conducentes, pertinentes y útiles únicamente en relación con dichos tópicos, o el previsto en cumplimiento del tratado o convenio, pues cualquier otro aspecto que el interesado se proponga acreditar en el trámite de extradición excede la naturaleza, alcances y limitaciones del concepto que debe emitir la Sala y, por ende, las pruebas destinadas a verificar cuestiones extrañas al pronunciamiento conlleva inexorablemente a su rechazo, de conformidad con los artículos 139, 359 y 375 de la Ley 906 de 2004.

Debido a ello, en su trámite no tiene cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo; la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del trámite en el cual se le acusa; o la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud, y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso con recurso a los instrumentos dialécticos que prevea la legislación del Estado que formula el pedido(1).

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, se resolverán los requerimientos probatorios presentados en tiempo por el interesado, de los cuales se advierte desde ya, ninguno está dirigido a desvirtuar los elementos del concepto, por tanto serán inadmitidos.

4. Respecto de la pruebas tendientes a establecer la ausencia de vínculos entre Andrés Álvaro Oviedo García y el homicidio del agente de la DEA, James T. Watson, como las mencionadas en el numeral 6º, resultan inconducentes, pues a más de ser ajenas al concepto de extradición que debe emitir la Corte, pretenden discutir la responsabilidad del requerido, situación que es materia de controversia en el país requirente, ya que una actividad distinta envolvería una indebida intromisión en los asuntos del Estado solicitante, el cual goza de absoluta soberanía en relación con sus poderes judiciales.

Acerca de este tema la corporación de manera reiterada ha señalado:

“Debido precisamente a que en Colombia el trámite de extradición no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, en su curso no tiene cabida cuestionamiento relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado... pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula el pedido”(2).

5. En cuanto a la inquietud expuesta por el defensor en el sentido de que se acredite si Fiscalía General de la Nación, dentro del presente radicado, ha proferido resolución de acusación, legalización de captura, formulación de imputación o imposición de medida de aseguramiento de acuerdo con los requisitos de la Ley 906 de 2004 en contra de Oviedo García, la Sala advierte que es manifiestamente inconducente, porque la extradición no es un proceso sino un trámite, restringido a la confrontación objetivo formal de la documentación presentada frente a los elementos del concepto, en consecuencia no es posible que en este radicado el defensor encuentre las decisiones echadas de menos.

6. Cuestiona la defensa, la existencia de la resolución de acusación o su equivalente emitido por las autoridades de los Estados Unidos en contra de Oviedo García, por tanto solicita oficiar a dichas autoridades con este fin; al respecto la Sala advierte que la documentación remitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la cual a su vez fue allegada por la embajada de los Estados Unidos, está completa, observándose a folio 228 y siguientes, la decisión inadvertida por el apoderado, que será objeto de valoración respecto a su equivalencia, al momento de emitir el concepto, siendo entonces innecesario ordenar esta prueba.

7. Considera la Sala que la prueba pedida por la defensa a fin de establecer que el lugar de la muerte del agente Watson fue en Colombia y no Estados Unidos es manifiestamente inútil, pues pretende evidenciar elementos definidos ya dentro del trámite de extradición como se puede observar del relato de los hechos presente en la acusación formal 1:13-CR-310 dictada el 28 de junio de 2013 emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, folio 229 del cuaderno anexo, en el acápite que denominó “paseo millonario”.

8. El tema referido a establecer si era manifiesta o visible la calidad de agente protegido internacionalmente del señor Watson al momento de su muerte, la Sala la rechaza por improcedente toda vez que ella no es objeto del concepto.

Como la Sala no observa necesidad de evacuar pruebas de oficio, ordena dejar el expediente en secretaría por el término de cinco (5) días a disposición de los intervinientes para que presenten sus alegatos de conformidad con el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Negar por improcedentes e inútiles la práctica de las pruebas solicitadas.

2. Correr traslado del expediente a los intervinientes para que presenten alegatos de conformidad con el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, una vez haya cobrado ejecutoria.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Sala Penal de la Corte Suprema de justicia auto del 8 de agosto de 2000 Rad. 16515 y del 18 de junio de 2006 Rad. 28983.

(2) Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 1º de agosto de 2007 Rad. 27450.