Auto 42282 de septiembre 25 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 317

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D. C., veinticinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con los artículos 32.4 y 54 de la Ley 906 del 2004 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde definir la competencia, cuando, como en el asunto estudiado, la postulación de quien declara no serlo, la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, afirma que lo es su similar de Medellín.

2. De esas disposiciones deriva irrefutable que cuando quiera que un juez declare su incompetencia para conocer determinado caso, debe enviar las diligencias al superior funcional común, tanto suyo como del que considere que sí lo sea.

Como la magistrada de garantías de Bogotá es del criterio que la solicitud debe ser resuelta por su homólogo de Medellín, deriva que, en efecto, el incidente corresponde dilucidarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3. Asiste razón a la funcionaria de Bogotá, en tanto quien reclama su libertad fue postulado como desmovilizado del Bloque Córdoba de las AUC, cuya área de delincuencia era precisamente esa región.

Lo anterior se confirma cuando la fiscalía de Montería acudió ante el magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (al cual, por decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, le fue asignada competencia por conocer los hechos acaecidos en Córdoba) a reclamar y lograr imputar al señor Medina Torres cargos por 13 hechos delictivos cometidos en esa región en su condición de integrante de las AUC, bloque Córdoba, respecto de los cuales, a su vez, se impuso medida de aseguramiento.

En verdad que al postulado se lo investiga por otras actividades ejecutadas en la región de influencia del Bloque Norte que correspondería conocerlas a la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, pero sucede, según informa la fiscalía, que respecto de ellas ni siquiera se ha señalado audiencia para imputar cargos.

Así, la petición de libertad corresponde decidirla al funcionario judicial que ha impuesto medida de aseguramiento.

4. El conocimiento del asunto se asignará a los magistrados de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Asignar a los magistrados de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín la competencia para resolver la petición de libertad que, por haber cumplido la pena alternativa, hace el señor Jorge Andrés Medina Torres.

Comuníquese y cúmplase».