Auto 42313 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 42313

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

AP500-2014

Aprobado acta Nº 40

Bogotá, D. C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia.

La Sala de Casación Penal de la Corte, tiene plena competencia para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto se trata de una decisión de primera instancia obra de un tribunal superior (Ley 600 de 2000, artículo 75-3 y Ley 906 de 2004, artículo 32-3). Junto con ello, respecto de las decisiones de las Salas de Justicia y Paz, esa legitimidad deviene directamente de lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Los motivos de inconformidad.

Seis son los motivos de inconformidad expuestos por el apelante. El primero, alude al tiempo que llevan en reclusión los postulados. El segundo, se refiere a que los delitos por los que fueron condenados Jesús Ramón Muñoz Franco y Luis Giovanny Ferrer por la justicia ordinaria, se cometieron durante y con ocasión de su pertenencia al grupo paramilitar. El tercero, tiene que ver con la calificación del comportamiento de Muñoz Franco y Ferrer en el centro de reclusión. El cuarto, alude a los efectos de la extinción de la sanción disciplinaria impuesta a Jesús Ramón Muñoz. El quinto, es el atinente a la aplicación del principio de favorabilidad en relación con las exigencias que consagra la Ley 1592 de 2012, para sustituir la medida de aseguramiento. Y, el otro, se refiere a la participación y colaboración de Jesús Ramón Muñoz Franco con el proceso de justicia y paz.

Señala el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, que:

El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con función de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley.

El artículo 19 de la Ley 1592 (L. 975/05, art. 18A) introdujo la posibilidad de sustituir la detención preventiva por otras medidas no privativas de la libertad, siempre que concurrieran todos los requisitos que prevé la citada disposición.

Conforme lo ha señaló (sic) la Sala en autos CSJ AP, 14 feb. 2013, Rad. 40508 y CSJ AP, 29 may. 2013, Rad. 40561, y ahora lo reitera, le incumbe al postulado demostrar la concurrencia de todas y cada una de las exigencias que debe cumplir, conforme lo ordena el citado artículo 18A.

Desde ahora debe aclararse que Jesús Ramón Muñoz Franco había presentado similar pretensión durante el año 2013 y fue denegada (CSJ AP, 29 may. 2013, Rad. 40561), porque se demostró que había sido sancionado disciplinariamente; injustificadamente se negó a asistir a una audiencia de formulación de imputación ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla; y, no demostró que los delitos por los que fue condenado y se encontraba privado de la libertad descontando pena en la cárcel de Cúcuta, hubiesen sido cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Jesús Ramón Muñoz Franco y Luis Giovanny Ferrer se desmovilizaron, junto con el grupo al que pertenecían, pues eran integrantes del bloque Catatumbo de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, el 10 de diciembre de 2004. El primero, se encuentra privado de la libertad desde el 4 de enero de 2005 y el segundo, fue capturado el 15 de junio de 2005.

Uno de los requisitos consiste en que el postulado haya «(…) permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley», para acceder a la sustitución de la detención preventiva.

Esa norma fija el momento desde el cual comienza a contarse el término de los ocho (8) años:

Para «El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad (…)», el plazo comienza a correr «(…) a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario».

En caso de que «(…) el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización (…)» los ocho (8) años de reclusión se contarán «(…) a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley».

Así las cosas, Jesús Ramón Muñoz Franco y Luis Geovanny Ferrer, llevarían más de ocho (8) años en un establecimiento de reclusión, porque se desmovilizaron colectivamente estando en libertad, pues eran integrantes del bloque Catatumbo de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que tomó esa decisión el 10 de diciembre de 2004.

El primero, se encuentra privado de la libertad desde el 4 de enero de 2005 y el segundo, fue capturado el 15 de junio de 2005.

Tal exigencia se entendería cumplida en esos términos, de no ser porque el mismo defensor, al sustentar el recurso de apelación, en lugar de demostrar su cumplimiento, desvirtuó su concurrencia al señalar que a los postulados Muñoz Franco y Ferrer no se les podía certificar acerca de su conducta durante el tiempo que permanecieron confinados en la cárcel de Urrá, porque allí no se ejercía esa clase de control, lo que permitiría suponer que no estuvieron recluidos en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario, siendo este un predicado que condiciona la exigencia temporal prevista en el artículo 18A–1 de la Ley 975 de 2005.

En razón de ello, Jesús Ramón Muñoz Franco y Luis Geovanny Ferrer únicamente estarían acatando dicha preceptiva (el término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario), en su orden, desde el 17 de febrero de 2006 y desde el 20 de junio del mismo año, fechas en las que ingresaron al establecimiento penitenciario y carcelario de Cúcuta, según las constancias que les expidió la coordinadora del área jurídica.

A esa exigencia temporal, está aparejada otra que alude a que la reclusión sea consecuencia de «(…) delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley (…)».

Tal requisito, de acuerdo con las motivaciones de la decisión impugnada, se cumple en el caso de Jesús Ramón Muñoz Franco, empero, se echa de menos en lo que se refiere a Luis Giovanny Ferrer, a quien el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta condenó el 27 de agosto de 2008, como autor del homicidio de Rubén Darío Jaimes Lopera, mismo por el que fue capturado el 15 de junio de 2005 y por el que descuenta actualmente la pena impuesta de 26 años y 3 meses de prisión, sin que esa conducta punible se le hubiese imputado en el proceso especial de Justicia y Paz y, mucho menos, tal como lo aclaró el fiscal delegado en este caso durante la audiencia ante la magistrada con funciones de control de garantías de la citada jurisdicción, se vaya a acumular al proceso especial, porque se trató de un caso aislado en el que se le ocasionó la muerte a una persona por el simple hecho de discutir con otra y porque le respondió a los homicidas afirmativamente la pregunta de si quería que lo mataran.

En esas circunstancias, no es posible comprobar que la referida conducta punible por razón de la cual fue capturado y se encuentra privado de la libertad actualmente Luis Giovanny Ferrer, fuera cometida durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. En síntesis, ni el postulado ni su defensor demostraron el cumplimiento de esa imposición.

La otra exigencia que es motivo de controversia, está prevista en el numeral 2 del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, y consiste en «(…) haber obtenido certificado de buena conducta».

Esa norma se refiere a la buena conducta en general. No hace alusión a la constatación del buen comportamiento parcial, como parece entenderlo el defensor, puesto que el requisito no consiste en que se califique bien un período, así abarque este la mayor parte del tiempo, pues, si esa hubiese sido la intención del legislador, habría incluido alguna distinción.

Lo primero que debe destacarse, es que Jesús Ramón Muñoz Franco está detenido desde el 4 de enero de 2005 y Luis Giovanny Ferrer desde el 15 de junio de 2005. No obstante, las certificaciones de buena conducta se expidieron, en ese orden, «durante el tiempo comprendido entre el periodo: Desde 17 de febrero 2006 (sic) al 12 de agosto 2013(sic)» y «durante el tiempo comprendido entre el periodo: Desde 20 de junio 2006 (sic), al 28 junio 2013(sic)».

Argumenta el defensor, al sustentar la alzada, que no era posible obtener las certificaciones anteriores al 17 de febrero de 2006, en el caso de Jesús Ramón Muñoz Franco y al 20 de junio de 2006, en lo que corresponde a Luis Giovanny Ferrer, porque en la cárcel de Urrá, donde estuvieron inicialmente recluidos, no se ejercía control disciplinario.

Sin embargo, se itera, el postulado tiene la carga de demostrar la concurrencia de todas y cada una de las exigencias que debe cumplir y en esa función, les correspondía a Jesús Ramón Muñoz Franco y a Luis Giovanny Ferrer, directamente o por intermedio de su defensor, probar que en la cárcel de Urrá o en cualquiera otro centro de reclusión en donde hubiesen estado anteriormente privados de la libertad luego de su desmovilización, no se llevaba ninguna clase de control disciplinario

Incluso, se acreditó que el 26 de mayo de 2011, a Jesús Ramón Muño Franco se le impuso la suspensión de hasta diez (10) visitas sucesivas y esa sanción se le dedujo por mal comportamiento, lo que indica que en un momento determinado dejó de observar las normas de conducta.

El hecho de que el recluso ya hubiese cumplido el castigo y se hubiese declarado la extinción de la sanción, no rescinde la ocurrencia de la falta disciplinaria por la que se le sancionó ni su constatación en la cartilla biográfica, por el contrario, impide deducir que Jesús Ramón Muñoz Franco ha observado buena conducta durante el período que lleva en reclusión, así en otras ocasiones se le hubiese calificado esta como ejemplar.

Además, la extinción de la sanción no tiene otro efecto diferente al de declarar su cumplimiento, sin que por supuesto implique —se insiste— que los hechos que la motivaron o el castigo impuesto desaparecieron o no tuvieron ocurrencia.

Ante la ausencia de prueba irrefutable de la buena conducta durante todo el periodo de reclusión en el caso de los dos postulados, y la demostración de un castigo por mal comportamiento en lo que se refiere a Muñoz Franco, concluye la Sala que este requerimiento tampoco se cumplió.

Argumenta el defensor que la Ley 1592 de 2012, expresamente dispuso que entrara a regir a partir de su promulgación (3 de diciembre de 2012), y esa circunstancia implica que tal normatividad no puede regular hechos anteriores a su vigencia. De esa forma, por favorabilidad —agrega— no podría exigírseles a los postulados el cumplimiento de requisitos como haber observado buena conducta y participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz, antes de esa fecha.

Pero si así fuera, tal regulación sería inaplicable y carecería de soporte en lo que se refiere, vr. gr., a la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por otra no privativa de la libertad.

En efecto, la desmovilización, la privación de la libertad y la postulación de Jesús Ramón Muñoz Franco y de Luis Giovanny Ferrer, también son hechos que sucedieron con anterioridad a la vigencia de la ley, pero no por ello escapan a la regulación específica de la sustitución de la medida de aseguramiento.

La interpretación de la norma en las condiciones que propone el defensor implicaría, ni más ni menos, que a pesar de no haber participado ni contribuido al esclarecimiento de la verdad en el proceso de Justicia y Paz ni haber tenido buen comportamiento durante el periodo de reclusión anterior al 3 de diciembre de 2012, los postulados tendrían derecho a que se les sustituyera la detención preventiva a partir del 4 de diciembre de 2012, porque la Ley 1592 fue promulgada el día anterior y por favorabilidad no se les podría exigir la certificación de buena conducta ni reprochar la renuencia a colaborar en el proceso.

No se sabe entonces cómo se hubiese podido aplicar la mencionada ley y, en especial, el artículo 18A de la Ley 975 de 2005, porque no habría parámetros para calificar el comportamiento de los postulados. Finalmente, los requisitos se reducirían al cumplimiento del factor temporal (haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización), porque resultaría desfavorable imponer la acreditación de los demás, en consideración a que se trata de hechos anteriores a la vigencia de la Ley 1592 de 1012.

Finalmente, debe destacarse que Jesús Ramón Muñoz Franco incumplió la exigencia de «Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz». Así lo señaló la magistrada en primera instancia cuando consideró que no se colmaba la exigencia, porque el procesado dejó de asistir a una audiencia programada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, circunstancia que causó un serio traumatismo al trámite judicial.

Para el defensor, el incidente no reviste tanta gravedad y debe analizarse como consecuencia del peligro que corría el postulado en ese momento, que le impedía asistir a las diligencias judiciales, razón por la que fue excusado en su momento por la magistrada de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.

Sin embargo, considera la Sala que tal premisa no pasa de ser un simple enunciado, porque no se demostró que Jesús Ramón Muñoz Franco, en efecto, estuviese en peligro ni hay evidencia de que lo hubiese excusado de asistir a la diligencia.

Y si, como se dijo en pasada oportunidad al resolver similar pretensión también a instancias de Jesús Ramón Muñoz Franco, en estricto sentido su contumacia no se entiende como la renuencia a que se esclareciera la verdad, sí se advierte que esa actitud afectó negativamente la administración de justicia, especialmente en lo que tiene que ver con los principios de celeridad y eficacia, porque ante tal eventualidad hubieron de retrasarse las diligencias por varios meses.

En consecuencia, de conformidad con las precedentes consideraciones, se confirmará la providencia por la que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga negó la sustitución de las medidas de aseguramiento impuestas a Jesús Ramón Muñoz Franco y a Luis Giovanny Ferrer.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR la decisión impugnada.

Segundo. ADVERTIR a las partes que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Esta decisión se notificará en estrados.

Devuélvanse las diligencias al Tribunal de origen.

Cúmplase».