Auto 42380 de julio 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 42380

AP3611-2014

Magistrados Ponentes:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Dra. Maria del Rosario González Muñoz

Aprobado acta 202

Bogotá, D.C, dos de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Se considera

Primero, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso se aplica a las actuaciones judiciales y administrativas sin excepción, y por supuesto al trámite de extradición que se constituye en elemento esencial de la cooperación internacional.

En orden a definir la solicitud, recuérdese que la Corte ha distinguido entre actos de rito y actos de garantía. Los primeros dicen relación con la estructura del proceso como es debido y los segundos con el derecho de defensa, garantía sustancial para la validez del trámite que —según se alcanza a inferir del alegato— le sirve al defensor para sustentar la solicitud de nulidad de la actuación, no por conductas imputables a la Corte, sino por la ausencia de control formal y material del consentimiento por parte de la Procuraduría, al no haber constatado si la abdicación del ciudadano venezolano al trámite convencional de extradición por la actuación más ágil y expedita, prevista en el parágrafo 1º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, fue libre, voluntaria e informada.

Segundo. De acuerdo con el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, recibido el expediente por la Corte, se otorgará un término de diez días al requerido en extradición o a su defensor para que solicite las pruebas que estime conducentes, las cuáles se practicarán en un término similar. Vencido ese plazo y practicadas las pruebas solicitadas y las que la Corte decrete de oficio, se otorgará un término común de cinco días para alegar, luego de lo cual la Corte emitirá el concepto correspondiente.

Sin embargo, es posible, a partir de la expedición de la Ley 1453 de 2011, que el requerido en extradición, con el aval de su defensor y del Ministerio Público, renuncie al procedimiento previsto en el artículo indicado, con el fin de que la Corte profiera de plano el respectivo concepto, a lo cual procederá dentro de los veinte días siguientes si se cumplen los presupuestos para ello, es decir, si la solicitud del requerido fue libre, informada y voluntaria en cuanto a la renuncia del trámite, y segundo, si se cumplen los presupuestos formales, atinentes a: (i) la validez formal de la documentación presentada, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble incriminación, (iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y (v) cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

Tercero. Si bien el actual código de procedimiento penal no prevé soluciones puntuales para eventos en los cuales se desiste de la solicitud de renuncia al trámite previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, situaciones análogas, tales como la aceptación de cargos en el proceso penal (art. 351 ibídem), permiten concluir que dicha petición es inadmisible e inaceptable, salvo que se demuestre la configuración de vicios en el consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales.

Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre uno y otro instituto: en la solicitud de renuncia al trámite ordinario de extradición, al contrario de lo que sucede en el proceso penal, no acepta responsabilidad alguna, pues el requerido no renuncia a su presunción de inocencia, sino al término probatorio que tiene como objeto allegar pruebas para controvertir los fundamentos de los requisitos formales de la solicitud de extradición, los cuales le corresponde a la Corte verificar como garante de la legalidad del trámite, sea cual fuere el procedimiento adoptado para proferir el concepto.

De manera que, en principio, atendiendo el principio de lealtad y la analogía del concepto de retractación previsto en el artículo 293 Ley 906 de 2004, reformada por el artículo 69 de la Ley 1453 de 201 (sic), si es irrevocable la admisión libre y voluntaria de responsabilidad penal, con mayor razón lo será la retractación al trámite simplificado de extradición e inaceptable la manifestación de retrotraerse a la voluntaria, informada y libre manifestación de no controvertir los presupuestos formales del concepto de extradición, salvo que se demuestre, como no puede ser de otra manera, la infracción de garantías fundamentales.

Pues bien:

La petición de trámite simplificado de la extradición, como expresión de la autodeterminación personal, debe ser libre, consciente e informada, la cual puede verse afectada por la violencia, la intimidación o error, circunstancias que por supuesto la Corte debe verificar mediante el examen sistemático de la solicitud de extradición, del cumplimiento de los presupuestos formales indicados en la Ley 906 de 2004 o los tratados internacionales y de la corroboración material por parte del Ministerio Público de la libre e informada decisión del requerido de renunciar al trámite convencional, concepto que se constituye en presupuesto sustancial de la validez del trámite y no en una mera formalidad del procedimiento.

En efecto:

Por tratarse de una renuncia al procedimiento convencional e involucrar un mecanismo de cooperación internacional, el Ministerio Público no puede constatar su validez mediante inferencias que le corresponde hacer al juez a partir del examen de los antecedentes que obran en el expediente, como precisamente ocurre ahora, al deducir o inferir a partir de la presentación de la solicitud ante las autoridades carcelarias en donde se encuentra recluido el requerido en extradición y del cumplimiento de las formalidades relacionadas con la presentación personal de ese escrito ante los funcionarios de la división jurídica de dicho establecimiento, que la renuncia al trámite era libre, voluntaria e informada, pero sin constatar si realmente lo era.

Si bien a la Corte, de acuerdo con el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, le corresponde verificar el cumplimiento de los presupuestos formales en que se basa el concepto, conforme a un trámite expedito que tiene origen en el libre albedrío del requerido y que por la importancia del tema y de las garantías judiciales, tiene que estar apoyado por su defensor y coadyuvado por el Ministerio Público; también, como garante de la legitimidad y validez del trámite, la Sala debe corroborar que la renuncia al trámite convencional sea libre y voluntaria, para lo cual es necesaria, imprescindible y sustancial, la comprobación material de ese presupuesto por parte del Ministerio Público, que en modo alguno se cumple mediante el estudio formal de los antecedentes que obran en el expediente, pues de ser así la intervención de la Procuraduría sería innecesaria, debido a que esa reflexión es privativa de la Corte.

En ese orden, al no haberse constatado materialmente si la renuncia al trámite fue debidamente informada y si el requerido entendía los pormenores y consecuencias de su manifestación, que es precisamente lo que ahora se coloca en tela de juicio, el trámite se afecta de tal manera que no sería posible emitir un concepto de fondo al no cumplirse uno de los presupuestos procesales esenciales para proferir una decisión de tal magnitud. Por lo tanto, con el fin de sanear el proceso de la irregularidad sustancial que se advierte, la Sala decretará la nulidad de lo actuado a partir del auto de fecha del 23 de abril pasado, con el fin de que el Ministerio Público constate materialmente si la información fue libre e informada y si en tales condiciones coadyuva la solicitud.

En síntesis, la solicitud de trámite simplificado libre, voluntaria e informada es irretractable, siempre y cuando, como en este caso, no se configuren vicios en el trámite que inciden en la validez del procedimiento por ausencia de control material sobre la petición del requerido de someterse al trámite simplificado.

Por lo tanto, se decretará nulidad solicitada por la defensa a partir del auto del 23 de abril del presente año, mediante el cual se negó la solicitud de desistimiento al trámite simplificado, con el fin de que se rehaga el trámite según lo indicado en este proveído.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 23 de abril del presente año, mediante el cual se negó la solicitud de desistimiento al trámite simplificado, con el fin de que se rehaga el trámite según lo indicado en este auto.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

En firme esta providencia, se dará cuenta para el estudio del respectivo concepto.

Notifíquese y cúmplase».

Salvamento de voto

Con el respeto por el criterio mayoritario de la Sala en el trámite de extradición de la referencia, sustento el salvamento de voto a la decisión aprobada en la sesión de 2 de julio de 2014, en cuanto declaró la nulidad de lo actuado parcialmente para que el Ministerio Público hiciera entrevista a Gómez López a fin de determinar su decisión libre, consiente y voluntaria para someterse al trámite simplificado.

La razón de mi disentimiento radica en que se convierte en regla perentoria para las extradiciones simplificadas, una actuación del Ministerio Público que no debe de tener esa condición, pues conforme a los fundamentos de la decisión que no comparto el deber del Procurador solo puede demostrarse con prueba solemne consistente en el acta de entrevista, cuando el legislador no quiso darle a tal exigencia ese alcance, menos en casos como el presente, en donde es manifiesta la intención de Gómez López y su apoderado de retractarse de una manifestación válidamente formulada, por lo que la Sala no debió prohijar esa conducta procesal en la que los argumentos de apoyo son infundados y por ende no procedía el decreto de nulidad.

Cordialmente,

Eugenio Fernández Carlier

Magistrado