Auto 42534 de abril 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 42534

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

SP5200-2014

(Aprobado Acta Nº 123)

Bogotá, D. C., abril treinta de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideración de la Sala

En este punto no sobra recordar cómo en la justicia transicional existen tres clases de daño: el individual, el de grupo y el colectivo. El primero se refiere al menoscabo a los derechos de todo orden de un individuo identificado o identificable (materiales e inmateriales). El segundo versa sobre la afectación de derechos a una porción de individuos que forman parte de una comunidad determinada o determinable. Y los terceros se refieren al perjuicio que afecta a toda la comunidad.

Pues bien, en concordancia con la determinación de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de tasar las afectaciones causadas en el proceso transicional, la Sala considera que los daños, individual y colectivo, deben ser identificados y valorados por los magistrados de Justicia y Paz de acuerdo con lo que se demuestre en cada proceso.

Lo anterior incluso, en la circunstancia descrita en el parágrafo 4º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, acorde con el cual,

“Si participare en el incidente del que trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de reparación administrativa colectiva”.

En efecto, el artículo 23 ibídem regula el incidente de identificación de afectaciones ocasionadas por el grupo armado organizado al margen de la ley sin distinguir si se trata de víctimas individuales o colectivas o daños particulares o generales, de suerte que el incidente debe servir para identificar y tasar toda clase de agravios porque ello redundará en beneficio de la construcción de contextos y patrones de macro criminalidad y, en consecuencia, en la construcción de la verdad que se declarará en la sentencia.

No puede concebirse un fallo de justicia transicional que no contemple los daños inferidos por el accionar violento de la organización ilegal tanto a los individuos como a los grupos y comunidades, pues para comprender lo sucedido se torna indispensable explicitar las afectaciones ocasionadas a la colectividad, a sus costumbres, a su estilo de vida para dimensionar lo ocurrido y garantizar su no repetición.

Nada impide entonces, vista la obligación de la judicatura contenida en el artículo 23-1 de la Ley 1592 de 2012, que cuando son aducidos y demostrados en el respectivo incidente, en la sentencia se identifiquen las afectaciones colectivas y la Unidad Administrativa Especial referida complemente las pautas allí plasmadas y desarrolle los programas para la reparación colectiva, en los términos de las leyes 1592 de 2012, 1448 de 201, Decreto 4800 de 2011 y demás normas complementarias.

En el caso concreto, la Procuraduría Judicial 147 presentó un diagnóstico del daño colectivo ocasionado por el Bloque Central Bolívar a las comunidades de la región del Magdalena medio el cual, previa discusión, fue incorporado al proceso durante la audiencia de identificación de afectación, circunstancia que viabiliza la solicitud del impugnante, motivo por el cual la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá considerar y evaluar el aludido informe.

v) Otros temas de impugnación.

1. El abogado Julio Sanabria aduce la necesidad de declarar al Estado colombiano subsidiariamente responsable del pago de los perjuicios.

No obstante, la Corte Constitucional en Sentencia C-370 de 2006 dilucidó el tema señalando que el Estado en materia de indemnización de perjuicios ocasionados por los integrantes de grupos organizados al margen de la ley concurre de manera residual. Por ende, el Estado no puede ser declarado responsable porque no causó los perjuicios ni fue vinculado al procedimiento transicional. Véase lo expuesto sobre la materia:

“No es extraño a la tradición jurídica colombiana la solidaridad en la responsabilidad civil derivada del hecho punible, o su ampliación a personas distintas a los penalmente responsables. Así conforme a esta tradición los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que conforme a la ley sustancial, están obligados a responder. De acuerdo con esta concepción de la responsabilidad están obligados a reparar los daños derivados de una conducta punible (i) los penalmente responsables; (ii) los que de acuerdo con la ley sustancial deben responder por los hechos cometidos por otros, es decir los conocidos como terceros civilmente responsables, y (iii) los que se enriquecen ilícitamente con el delito.

Para la Corte es claro que si los beneficios que establece la ley son para el grupo específico, o para sus miembros en razón a la pertenencia al bloque o frente correspondiente, este debe tener correlativas responsabilidades de orden patrimonial, incluso al margen de la determinación de responsabilidades de índole penal, siempre y cuando se establezca el daño y la relación de causalidad con la actividad del grupo específico y se haya definido judicialmente la pertenencia del desmovilizado al frente o bloque correspondiente. Los daños anónimos, es decir aquellos respecto de los cuales no ha sido posible individualizar al sujeto activo, no pueden quedar exentos de reparación; comprobado el daño y el nexo causal con las actividades del bloque o frente armado ilegal cuyos miembros judicialmente identificados sean beneficiarios de las disposiciones de la ley, tales miembros deben responder a través de los mecanismos fijados en la ley. La satisfacción del principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el fondo. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (L. 975/2005, art. 42 inc. segundo) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes” (subrayas propias).

2. El litigante José Antonio Barreto Medina muestra su inconformidad por la decisión de compulsar copias para que se investigue la forma como se expidieron las certificaciones por parte de la Personería de Simití (Bolívar).

Pues bien, cuando en el trámite de los procesos los operadores judiciales encuentran hechos diferentes a los investigados o juzgados que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, resulta viable que informen tal situación a la autoridad competente a través de la compulsa de copias, decisión que no es recurrible, “no solo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acción a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo” (Cfr. CSJ AP del 6 de septiembre de 2000, Rad. No. 16725; 28 de abril de 1992, Rad. No. 3525; 11 de mayo de 1994, Rad. No. 8989; 17 de agosto de 2000, Rad. No. 15862).

Por ende, la compulsa de copias disciplinarias dispuesta por el Tribunal no es susceptible de impugnación.

3. Este mismo apoderado pide determinar la responsabilidad de la Fuerza Pública en el desplazamiento de los pobladores de los Aceitunos por cuanto el tribunal no hizo alusión clara esta solicitud.

Tal pretensión no resulta procedente porque esta actuación se adelantó para determinar la responsabilidad de Rodrigo Pérez Alzate, identificar los delitos perpetrados e identificar a las víctimas y sus afectaciones. En ese orden, cualquier declaración de responsabilidad sobre integrantes de las fuerzas armadas debe darse en el marco de un proceso independiente donde se les identifique y procese con el pleno respecto del debido proceso y el derecho de defensa.

Precisamente para esos efectos el a quo exhortó a la Fiscalía General de la Nación en el numeral 29 del fallo para que “compulse las copias pertinentes y de esta forma se investigue a los demás partícipes, especialmente a los miembros de las diferentes entidades del Estado que colaboraron con las autodefensas, tanto en su conformación, expansión y desde luego en la comisión de los diferentes delitos”(12).

4. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas impetró al tribunal adicionar la sentencia en tres aspectos relacionados con la administración de los bienes a su cargo. Sin embargo, el a quo no resolvió la solicitud, situación que impide a esta Sala analizar el asunto en atención al impacto que ello tendría en el principio de la doble instancia. Será, entonces, esa corporación quien deberá decidir lo correspondiente.

vi) De las exclusiones de víctimas.

1. Algunos defensores de víctimas consideran que el artículo 2º de la Ley 1592 de 2012 modifica y limita el concepto de víctima así como los delitos susceptibles de reparación, por manera que se trata de una norma excluyente y discriminatoria que desconoce el concepto decantado por la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-052 de 2012), según el cual ostenta esa condición cualquier persona que haya sufrido un daño como consecuencia de los hechos delictivos.

2. Pues bien, acorde con el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 2º de la Ley 1592 de 2012, víctima es quien individual o colectivamente ha “sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales” como consecuencia de las acciones delictivas perpetradas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

En ese orden, para acreditar esa condición resulta indispensable demostrar, i) el daño directo padecido y ii) que este se genera en el accionar del grupo ilegal. Así mismo, para identificar la afectación, se requiere determinar la clase y el monto del daño moral o material causado.

Con todo, según el inciso segundo del citado canon, si la persona afectada es el cónyuge, compañero o compañera permanente o familiar en primer grado de consanguinidad de la víctima directa de los delitos de homicidio o desaparición forzada, esto es, padres o hijos, se presume la afectación moral y, por ello, con la prueba del parentesco puede acreditarse la calidad de víctima y el daño inmaterial dada la presunción legal establecida en su favor.

Los impugnantes cuestionan la exclusión como víctimas de hermanos, padres e hijos de crianza, pues en su opinión ello desconoce el concepto amplio de familia establecido en el sistema jurídico nacional y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

No obstante, la Corte encuentra que ningún familiar o allegado ha sido excluido como potencial víctima de un hecho delictivo cometido por el grupo organizado al margen de la ley. Por el contrario, la sistemática normativa de Justicia y Paz es clara en señalar que la condición de víctima se adquiere por el simple hecho de padecer un daño como consecuencia del accionar de esas estructuras delincuenciales.

Así se desprende de la definición de víctima y del contenido del inciso final de dicha preceptiva, según el cual “también serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”. Es decir, cualquier familiar que sufra un daño puede acreditarse como víctima, solo que ostenta la carga de probar el perjuicio padecido, pues no basta demostrar el parentesco como sí sucede con el cónyuge compañero o compañera permanente y con los padres y los hijos, dada la presunción establecida a su favor.

Entonces, la decisión del tribunal de no acreditar como víctimas a algunos hermanos e hijos de crianza no surge del capricho sino de aplicar el criterio establecido por el legislador en el canon examinado, situación que no comporta desconocer el concepto moderno de familia, pues dicha preceptiva no se orienta a redefinir esa noción sino a establecer quiénes pueden ser consideradas víctimas para efectos de justicia transicional.

Aún más, la Corte Constitucional en Sentencia C-052 de 2012 declaró exequible el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, norma de similar contenido al artículo examinado, bajo la siguiente consideración:

“En efecto, encuentra la Corte que al demandar la frase ‘primer grado de consanguinidad, primero civil’, el actor cuestionó no únicamente el hecho de que exista una forma alternativa para ser reconocido como víctima, sino también la circunstancia de que se hubiera limitado la posibilidad de acceder a este mecanismo solo a los parientes más cercanos, esto es, a los padres o hijos (según el caso) de la denominada víctima directa.

En relación con este tema debe anotarse que a partir de las consideraciones contenidas en los acápites anteriores, resulta claro para la Corte que una delimitación de este tipo sin duda cabe dentro de lo que para el caso debía ser el margen de configuración normativa del legislador en relación con el tema. Por esta razón, se considera adecuado que el Congreso de la República, en cuanto autor de la norma analizada, haya decidido libremente el grado de parentesco dentro del cual se reconocerán, a partir de este mecanismo, los derechos que esta norma ha desarrollado en favor de las víctimas.

Sin perjuicio de ello, encuentra además la Corte que la regla trazada por el legislador en este punto resulta razonable en cuanto a su contenido, pues la presunción de daño que según lo explicado estaría envuelta en esta regla, resultaría fundada frente a los parientes más próximos, pero no necesariamente frente a otros menos cercanos, quienes en todo caso tendrán la posibilidad de reclamar los derechos a que hubiere lugar por la vía del mecanismo previsto en el inciso 1º de este artículo 3º, si en su caso concurren los supuestos para ello.

Sin embargo, ante la posibilidad de que llegare a entenderse que solo a través de la regla contenida en el inciso 2º del artículo 3º podrían los familiares de las personas directamente lesionadas ser reconocidas como víctimas, la Corte condicionará la exequibilidad de las expresiones demandadas, a que se entienda que son víctimas todas aquellas personas que hubieren sufrido daño como consecuencia de los hechos victimizantes en los términos del inciso 1º, según lo explicado en la consideración 3.1 de esta providencia” (Corte Constitucional, C-052 de 2012).

Los razonamientos expuestos por el Tribunal Constitucional infirman la argumentación de los impugnantes al impetrar el control constitucional excepcional por este hecho, pues resulta claro que una es la condición de víctima, la cual se tiene por haber sufrido un daño, y otra es la presunción legal establecida en favor del cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o civil de la víctima directa. En ese orden por este aspecto no procedía el control constitucional propuesto.

Con base en los anteriores criterios, la Sala examina las impugnaciones presentadas por los apoderados de víctimas.

1. El doctor Julio Enrique Sanabria señala que el Tribunal no se pronunció sobre los incidentes relacionados con los hechos Nº 82 y 103, de suerte que no incluyó a los familiares de las víctimas directas.

El expediente señala que el hecho Nº 82 corresponde al homicidio y desaparición forzada de Javier Enrique Cano perpetrados el 18 de julio de 2003, cargos legalizados por el tribunal en la sentencia confutada. Así mismo, el impugnante impulsó el incidente donde pretendía el reconocimiento como víctima indirecta de Dagoberto Rodríguez Cano, en su condición de hermano, y la identificación de afectaciones de orden material, moral, daño fisiológico o a la vida en relación.

La sentencia se abstuvo de reconocerlo como víctima porque solo se aportaron los registros civiles del peticionario y del fallecido sin entregar prueba alguna del daño sufrido, decisión que la Corte ratificará comoquiera que la presunción legal prevista en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificada por el art. 2º de la Ley 1592 de 2012, solo cobija al cónyuge, compañero o compañera permanente y a los familiares en primer grado de consanguinidad, esto es, a los padres y a los hijos, por manera que los restantes deben demostrar el daño padecido.

Entonces, resultaba indispensable aportar y/o solicitar medios de convicción que demostraran cada uno de los perjuicios aducidos, esto es, el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño a la vida de relación

El hecho 103 corresponde al homicidio de Samir Antonio Pérez Castañeda perpetrado el 20 de noviembre de 2003; el cargo no fue legalizado porque había sido objeto de sentencia condenatoria del 31 de enero de 2012 del Juzgado Tercero Adjunto Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. Con todo, la negativa a reconocer como víctima a la señora Ruby Sol Pérez dimana de no aportar ninguna prueba sobre el daño sufrido, teniendo en cuenta que el grado de parentesco (tía, tercer grado) de la peticionaria no le permite acceder a la presunción legal contenida en la normatividad de Justicia y Paz. Por tal razón se ratifica la determinación del a quo.

2. El doctor Samuel Hernando Rodríguez Castillo solicita tener como víctimas del desplazamiento de alrededor de 400 habitantes de la vereda Cerro Burgos de Simití (Bolívar), acaecido el 11 de junio de 1998, a las siguientes personas por cuanto acreditaron su condición.

Hecho NºPretensiónDecisión de la Corte
Hecho 30-1, desplazamiento forzado de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, hija de Glorinel López Meneses y Yasenis Martínez Segovia.XXXXXX XXXXX XXXXXXXX debe ser reconocida como víctima porque al momento del desplazamiento estaba por nacer.La joven XXXXX XXXXXXXX nació el 30 de junio de 1998; 19 días después del desplazamiento, situación que imposibilita su reconocimiento como víctima porque para el momento del hecho delictivo no había nacido. Esto es, no tenía existencia legal en los términos del artículo 90 del Código Civil.
Se confirma decisión.
Hecho 30-2, Cenaida Peinado Brache C.C. 23.147.305Incluirla como víctima y reconocer las afectaciones por ella expresadas.No se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití; con todo, en el escrito de acusación, al número 117, se le relaciona como víctima y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido, lo cual prueba su condición (fl. 232 tomo1).
Se reconoce como víctima del desplazamiento y se identifican las afectaciones por ella señaladas.
30-11, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXIncluirlo como víctimaEl joven XXXXXX XXXXXX nació el 24 de diciembre de 1998; 6 meses y 13 días después del desplazamiento, situación que imposibilita su reconocimiento como víctima porque para el momento del hecho delictivo no había nacido.
Se confirma decisión.
30-13 William, Ovidio y Lucy Chávez PeinadoSe incluyan como víctimasLa Corte reconoce como víctimas a Ovidio Segundo Chávez Peinado, C.C. 3’985.127 y a William Chávez Peinado, C.C. 3’983.801 porque están relacionados en la constancia de la Personería de Simití y en la acusación al número 126 (fl. 232 tomo1). No ocurre lo mismo respecto de Lucy Chávez Peinado quien no se menciona en ninguno de esos documentos y no se aportó ningún medio de prueba que demuestre su desplazamiento en el aludido hecho.
30-28, Johel José Urueta PachecoIncluirlo como víctimaSe confirma decisión porque el señor Urueta Pacheco (compañero de Lineth Badillo Ángel reconocida como víctima) no está incluido en el certificado de la Personería de Simití, es oriundo de Gamarra (Cesar) y cuando se presentó el hecho, la joven tenía solo 15 años.
30-33, Anol Guzmán Meneses, C.C. 17’858.480Incluirlo como víctimaNo se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití; sin embargo, en el escrito de acusación, al número 105, se le relaciona como víctima y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido por parte de Dioselina Meneses Peñaloza, lo cual prueba su condición (fl. 231 tomo1). Se reconoce como víctima del desplazamiento y se identifica la afectación moral señalada.
30-37, Fredy Enrique Polanco Carvallido, C.C. 3’985.470Incluirlo como víctimaNo se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití; sin embargo, en el escrito de acusación, al número 118, se le relaciona como víctima y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido, lo cual prueba su condición (fl. 232 tomo1).
Se reconoce como víctima del desplazamiento y se identifica la afectación moral señalada.
30-44, Luz Mary Meneses Surmay, C.C. 23’151.458Incluirla como víctimaNo se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití; no obstante, en el escrito de acusación, al número 90, se le relaciona como víctima y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido, lo cual prueba su condición (fl. 229 tomo1).
Se reconoce como víctima del desplazamiento y se identifica la afectación moral señalada.
30-45 Jaime Rodríguez Esmeral, C.C. 2’763.533 y Marleny Sally Rodríguez López, C.C. 23’152.039Incluirlos como víctimasNo se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití; no obstante, en el escrito de acusación, a los números 96 y 84, se relacionan como integrantes del núcleo familiar de César Julia López Crespo y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido, lo cual prueba su condición (fls. 230 y 229 tomo 1).
Se les reconoce como víctimas
30-46 Evin Peñaloza Esquivel, C.C. 1.050.920.216, Eiber Peñaloza Esquivel, C.C. 1.050.922.460 y Melis Peñaloza Esquivel, C.C. 1.049.291.556Incluirlos como víctimasSe aportó certificado desplazamiento Personería de Simití de Carmen Alicia Esquivel Crespo madre de los reclamantes; sin embargo, aunque en él no se les menciona, en el escrito de acusación, al número 75, se relacionan como integrantes de dicho núcleo familiar y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido, lo cual prueba su condición (fl. 228 tomo 1).
Se les reconoce como víctimas.
30-54 Jorge Luis Torres Rocha e Ingris Johana Torres Rocha, C.C. 1.007.640.421Incluirlos como víctimasSe aportó certificado desplazamiento Personería de Simití de Yorguis Antonio Torres Arenas padre de los reclamantes; no obstante, aunque en él no se les menciona, en el escrito de acusación, al número 95, se relacionan como integrantes de dicho núcleo familiar y se menciona la existencia de una declaración en tal sentido, lo cual prueba su condición (fl. 230 tomo 1).
Se les reconoce como víctimas.
30-61, Alis Betty Esquivel Crespo, Yuris Alejandra Esquivel Crespo, Sider, Mayivis, Mabel Julio y Alexander Peñaloza EsquivelIncluirlos como víctimasNo se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití. Con todo, en el escrito de acusación, al número 51, se relaciona a Alis Betty Esquivel Crespo como víctima de desplazamiento forzado. Verificada la carpeta 6 del CD 8 anexo al pliego de cargos se encontraron escaneados los documentos de las siguientes personas a quienes se reconoce como víctimas directas:
Alis Betty Esquivel Crespo, C.C. 23’148.378; Sider Peñaloza Carvallido; Janier Peñaloza Esquivel, C.C. 3’985.452; Sider Peñaloza Esquivel, C.C. 1.050.919.306.
Respecto de las demás personas no se entregaron documentos ni se observan en el expediente a partir de los cuales precisar su identidad, establecer su edad y lugar de nacimiento, situación que impide su reconocimiento como víctimas y la identificación de las afectaciones sufridas.
30-65, Álvaro Ariza Mosquera.Incluirlo como víctimaNo se aportó certificado desplazamiento ni está incluido en el listado de víctimas contenido en el escrito de acusación; tampoco se aportaron sus documentos de identidad, motivo por el cual se conforma la decisión del Tribunal. Confirma decisión.

3. El doctor Edilberto Carrero López solicita la inclusión de las siguientes víctimas.

Hecho NºPretensiónDecisión de la Corte
Hecho 12, homicidio de Luis Gonzalo Cuartas Marín (11 de marzo de 1997 en Yarumal)Incluir como víctimas a sus hermanos Dolly Amparo Cuartas, Cruz Helena Cuartas de Roldán, Marleny de las Mercedes Cuartas, Miriam Cuartas, Luzmila Cuartas, William de Jesús Cuartas, José Delfín Quintana Cuartas, María Gudiela Quintana Cuartas, Dora Isabel CuartasSolo se acreditó el parentesco pero no se aportaron pruebas de los daños materiales y morales ocasionados a los hermanos ni se solicitó su práctica en el incidente. No aplica la presunción de daños del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592.
Se confirma decisión.
Hecho 13, homicidio de María Isaura Arenas Montoya, 8 de marzo de 1997 en YarumalSe incluya como víctima a Darío Alberto Arenas Montoya (hermano)Se confirma la decisión porque no se aportó prueba del parentesco ni de las afectaciones sufridas
Hecho 14, homicidio de Willinton Zapata Patiño, 30 de mayo de 1997 en YarumalIncluir a Edison (C.C. 15’271.353), María Alejandra (C.C. 1.042.771.073) y Cristian Camilo (C.C.1.110.509.952) Zapata Patiño (hermanos) y a Francisco Arbey Zapata Zabala (C.C. 15’315.217) y María Lisbeth Patiño Agudelo (C.C. 22’217.359) quienes eran los padres.Se anexaron las copias de registros civiles y cédulas de ciudadanía que corroboran el nexo familiar de los peticionarios. No se aportó prueba del daño.
Por tanto, la Sala confirma la determinación del Tribunal frente a los hermanos y REVOCA respecto de los padres a quienes se les reconoce la condición de víctimas. Se reconoce a Francisco Arbey Zapata Zabala (C.C. 15’315.217) y María Lisbeth Patiño Agudelo (c.c. 22’217.359) como víctimas.
Hecho 15, homicidio de Jorge Eliécer Castaño Yagari, 31 de mayo de 1997 en YarumalIncluir a Reinaldo de Jesús Castaño Yagari (hermano)Confirma la decisión porque no se aportó prueba del parentesco ni de las afectaciones sufridas.
Hecho 15-2 muerte de José Never Paternina Ruíz, 31 de mayo de 1997 en YarumalIncluir a María Elvia Ruiz Areiza, C.C. 21’588.567 (madre)En el expediente figuran documentos que prueban el parentesco de la reclamante como madre del fallecido, por tanto se le reconoce como víctima y se aplica la presunción legal de daño.
Hecho 16, homicidio de Álvaro Hernán Blandón Taborda (7 de junio de 1997 en Yarumal)Incluir a Ana Débora Taborda de Blandón, C.C. 21’851.173 (madre)En el expediente figuran documentos que prueban el parentesco de la reclamante como madre del fallecido, por tanto se le reconoce como víctima y por su condición aplica la presunción legal de perjuicios.
Hecho 17, homicidio de Alirio Humberto Ramírez Muñoz (8 de junio de 1997 en Yarumal)Incluir a Rosalba Muñoz Vásquez (madre) y a los hermanos Carlos Mario Ramírez Muñoz, María Elena Ramírez Muñoz, Omar Darío Ramírez Muñoz, Nelson Alexander Ramírez MuñozPetición infundada porque la señora Rosalba Muñoz Vásquez fue reconocida como víctima en la sentencia de primera instancia. En cuanto a los hermanos, la Sala confirma la decisión porque no fue demostrado el daño.
Hecho 18, homicidio de Marco Julio Castaño Rojo, 11 de julio de 1997 en YarumalIncluir a Edenid del Socorro Cadavid Rojo, c.c. 32’554.153 (hermana)Se anexó copia del registro civil y cédula de ciudadanía que corrobora el nexo familiar de la peticionaria; sin embargo, no probó el daño. Se confirma decisión.
Hecho 20, homicidio de Jovanny Oswaldo Valencia Posada, 28 de julio de 1997 en YarumalIncluir a José Aníbal Valencia Taborda (hermano)No se aportaron el registros civiles que demostraran el parentesco, se confirma determinación del Tribunal.
Hecho 20, homicidio de Rubiel Ángel Rojas Chavarría, 28 de julio de 1997 en YarumalIncluir a Rocío de Jesús Chavarría Rodríguez, c.c. 22’148.087 (madre).En el expediente figura el registro civil de nacimiento de la víctima directa y la cédula de ciudadanía de la peticionaria con los cuales se corrobora que era la madre de Rojas Chavarría parentesco. Se le reconoce como víctima.

4. El doctor José Antonio Barreto Medina considera inaudita la exclusión de numerosas víctimas del desplazamiento ocurrido el 15 de junio de 1998 en la vereda Los Aceitunos del municipio de Simití (hecho 34). Por ello solicita incluir en esa condición a las siguientes personas:

PretensiónDecisión de la Corte
Incluir a Anuar Antonio Díaz Echavarría, C.C. 1.096.206.393Se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de Félix Manuel Caro Guerrero donde se incluye al peticionario como hijo; así mismo, se aportó copia de su documento de identidad.
Se le reconoce como víctima. No se identificaron afectaciones adicionales al desplazamiento.
Incluir a María Isabel Chávez Bohórquez, C.C. 22’803.623 y Oliverio Chávez Bohórquez, C.C. 3’984.379No se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití donde se incluyan sus nombres; sin embargo, en el escrito de acusación, al folio 277 del tomo Nº 1, se les relaciona como víctimas a quienes se les recibió declaración jurada. Por tanto, se les reconoce como víctima del desplazamiento forzado.
Incluir a Álvaro Francisco Mejía Rodríguez (compañero), C.C. 3’983.586 y a los hijos Urbano Francisco Mejía Díaz (nacido el 12 de febrero de 1995), Jamison Luis Mejía Díaz, C.C. 1.002.387.103, Álvaro Mejía Díaz, C.C. 3’985.622 y Rubén Darío Mejía Díaz, C.C. 3’985.759Se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de Danis de Jesús Díaz Gómez donde se incluye el nombre de su esposo e hijos; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad. En consecuencia, se les reconoce como víctimas de desplazamiento forzado.
Incluir a los hijos de Robinson Mejía Díaz y Omayra Romero Vanegas nacidos con posterioridad al desplazamiento.Se trata de las menores XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX y XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX nacidas en los años 2004, 2009, 2007 y 2006 respectivamente. No padecieron directamente el hecho del desplazamiento, situación que imposibilita su reconocimiento como víctimas de ese delito. Se confirma decisión.
Incluir al padre de Raúl Chávez MorenoEl padre de Raúl Chávez Moreno es Raúl Rodrigo Chávez Bohórquez quien sí fue incluido en el fallo como víctima directa del desplazamiento. Por ende, no prospera esta impugnación.
Incluir a la compañera Cruz Elena Flórez Roldán, C.C. 30’783.130 y a los hijos XXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXXX XXXXXXX XXXXXXSe aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de Esteban Manuel Viloria Aray donde se incluyen a los peticionarios en ese núcleo; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad.
Se les reconoce como víctimas con excepción de XXXXXX XXXXXX XXXXXX, quien nació con posterioridad al desplazamiento (16 de septiembre de 1999).
Incluir a Carlota Emilia Solórzano Roldán, C.C. 23’151.473 (esposa) y a los hijos XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX y XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXNo se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití; sin embargo, en el escrito de acusación, al folio 277, se relacionan a Carlota Emilia Solórzano Roldán como víctima directa del desplazamiento, lo cual prueba su condición.
Se les reconoce como víctimas.
Incluir a Juan Enilse Guerrero González, C.C. 3’983.414 (compañero) y a sus hijos Gilberto Manuel Guerrero Guerrero, C.C. 1.002.387.675, Marileny Guerrero Guerrero, C.C. 1.002.387.737 y XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXSe aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de Elvis Isabel Guerrero Castelar donde se incluyen a los peticionarios en ese núcleo; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad con excepción de los de XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Se les reconoce como víctimas con excepción de XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, menor de edad de quien no se aporta registro civil o tarjeta de identidad a partir de la cual evidenciar su fecha y lugar de nacimiento. Además en escrito signado por Elvis Isabel Guerrero Castellar a la Fiscalía no se menciona como persona desplazada (fl. 14 carpeta hecho 34 de ese núcleo familiar).
Incluir a Ana Dima Arguello Salgado (compañera), C.C. 23’151.155 y a sus hijos Luis Enrique Guerrero Arguello, C.C. 1.050.918.544 Rosaida Guerrero Arguello, C.C. 1.050.919.879, Carlos Adolfo Gurrero Arguello, C.C. 1.050.921.010 y XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, T.I. ######-#####.Se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de Luis Carlos Guerrero González donde se incluyen a los peticionarios en ese núcleo; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad.
Se les reconoce como víctimas del delito de desplazamiento forzado.
Incluir a Neil de Jesús Barreto Guzmán, C.C. 3’984.910 (compañero) y a XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (hija)Se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de Luz Adriana Viloria Flórez donde se incluyen a los peticionarios en ese núcleo; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad, los cuales reposan en la carpeta y microfilmados en el CD aportado por la Fiscalía.
Se les reconoce como víctimas del delito de desplazamiento forzado.
Incluir a Ofelia María Carballido, C.C. 23’146.941Aunque en certificado desplazamiento de la Personería de Simití del señor Antonio María Barreto Villegas no se menciona a su compañera Ofelia María Carballido, se aportó declaración extra proceso sobre el vínculo material y el desplazamiento, medios de convicción que se tienen en cuenta por referirse a víctimas directas del punible analizado. Se adosaron copias de sus documentos de identidad.
Se le reconoce como víctima del delito de desplazamiento forzado.
Incluir a Ladis Rosa Yepes Díaz (compañera), C.C. 45’562.843 y XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX (hijastro) de José del Tránsito Viloria Genes.Se aportó certificado desplazamiento Personería de Simití del grupo familiar de José del Tránsito Viloria Genes donde se incluyen a los peticionarios; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad. Sin embargo, el joven XXXXXXX XXXX XXXXX nació con posterioridad al desplazamiento, motivo por el cual no se acredita su calidad de víctima de ese hecho. Se reconoce como víctima exclusivamente a Ladis Rosa Yepes Díaz.

5. El doctor Carmelo Vergara Niño considera que se incurrió en “error de apreciación en la aplicación del principio de flexibilidad de la prueba de las víctimas indirectas diferentes al primer grado de consanguinidad o afinidad con la víctima directa para demostrar los daños” por la imposibilidad de probar el dolor sufrido por los hermanos. Por ello, solicita la inclusión de las siguientes personas.

Hecho NºPretensiónDecisión de la Corte
Hecho 32, desplazamiento forzado de los habitantes de la vereda El Piñal del municipio de Simití ocurrido el 7 de agosto de 1999.Incluir a todos los desplazados, no solo a la cabeza de familia.Contrario a lo afirmado por el impugnante, el tribunal no se limitó a examinar la situación de la persona que encabezaba cada núcleo familiar, pues en los casos en que procedía reconoció la condición de víctima al cónyuge compañero(a) e hijos, por ejemplo familias Carvallido Olivares, Ariza Quezada, Crespo Remolina, etc. En tal sentido, el recurrente no señala, como era su deber, casos específicos frente a los cuales revisar la decisión del a quo.
Aspecto no sustentado.
Hecho 21, homicidio de Raúl Ramírez Correa, perpetrado el 19 de agosto de 1997 en YarumalIncluir a Ligia Inés Palacio Gil (madrastra), Natalia Ramírez Palacio (hermana) y Elvira de Jesús Ramírez Torres (tía).Aunque se aportaron una serie de documentos de identidad de las peticionarias, de ellos no se colige el parentesco aducido, ni siquiera considerando la partida de matrimonio aportada en el hecho 24. Se confirma la determinación del Tribunal.
Hecho 32-6, Homicidio de Luis Eduardo López García perpetrado el 7 de agosto de 1999 en la vereda El Piñal de SimitíIncluir a Luis Eduardo López López, C.C. 9’020.300 (hijo)Se anexó copia del registro civil y cédula de ciudadanía que corrobora el nexo familiar del peticionario, motivo por el cual se le reconoce como víctima indirecta.
Hecho 32-19, desplazamiento forzado vereda El Piñal del municipio de Simití ocurrido el 7 de agosto de 1999.Incluir a Luis Eduardo López López, C.C. 9’020.300 (hijo)Se aportó certificado desplazamiento de la Personería de Simití del peticionario; así mismo, se aportó copia de sus documentos de identidad. Se reconoce como víctima directa del desplazamiento forzado.
Hecho 40, actos de barbarie, delito perpetrado el 8 de agosto 2001 en Barbosa, cuando dentro de la ambulancia que los transportaba fueron rematados Carlos Alirio Vargas y Ceferino Morales Díaz.Incluir “a la señora Sandra” como víctima directa, pues sufrió consecuencias sicológicas con secuelas.Se reconoce como víctima directa a la señora Sandra Patricia León Amado, C.C. 30’205.536, enfermera que presenció los hechos, pues se aportó su documento de identidad y en el expediente figura su declaración jurada ante la Fiscalía sobre el acontecimiento (Cdn. 10 numeral 1.19 presentados con la acusación).
No se identifican afectaciones porque no fueron probadas.

6. El abogado Héctor Rodríguez Sarmiento pide corregir los siguientes errores mecanográficos:

Hecho NºPretensiónDecisión de la Corte
Hecho 61, homicidio de Jorge Eliecer Joya ocurrido el 3 de septiembre 2001 en BarrancabermejaCorregir el la (sic) esposa de la víctimaSe precisa que el nombre correcto de la víctima indirecta reconocida por el tribunal es Edilsa Maffiol Cedeño
Hecho 62, homicidio de Reinaldo Pertúz Ortiz, 16 de septiembre en BarrancabermejaPrecisar las víctimas porque incluyeron las del hecho 67Se aclara que las víctimas indirectas de este hecho son Marta Cecilia Villalobos, Kassandra, Linda Marcela, Enso y Yesica Pertúz Villalobos
Hecho 71, homicidio de Helio Rodríguez Ruiz perpetrado el 20 de junio de 2002 en BarrancabermejaCorregir “Batriz” por “Beatriz”Se precisa que el nombre de la víctima indirecta es Beatriz Rodríguez Román
Hecho 72, homicidio de Miguel Rojas Quiñonez, 17 de agosto de 2003 en BarrancabermejaCorregir el nombre “Digana” por “Digna”.Se precisa que el nombre de la víctima indirecta es Digna Mendoza Acevedo

De igual forma, solicita incluir a las siguientes personas como víctimas:

Hecho NºPretensiónDecisión de la Corte
Hecho 72. Homicidio de Miguel Rojas Quiñonez, 17 de agosto de 2003, BarrancabermejaIncluir a Luidys Rosa Gutiérrez Peñate, C.C. 37’935.132 (esposa)Petición infundada porque la peticionaria sí fue reconocida como víctima indirecta.
Hecho 73, Homicidio Fanny Robles, Robinson Gabriel Remolina Robles y Gabriel Remolina Cepeda, 20 de abril de 2004 en FloridablancaIncluir a Omar Yair Remolina Robles hijo de Fanny y hermano de Robinson GabrielAl incidente se allegó registro civil y cédula de ciudadanía que corroboran su condición de hijo de Fanny Robles, motivo por el cual se le reconoce como víctima indirecta en aplicación de las presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592.
No se le otorga igual estatus respecto al homicidio de Robinson Gabriel Remolina Robles porque no se probó el daño.
Hecho 71, homicidio de Helio Rodríguez Ruiz, 20 de junio de 2002 en BarrancabermejaIncluir a Diana Carolina, C.C. 1.096.194.683 Ingrid Viviana, C.C. 1.050.641.783 y María Fernanda Amaris Rodríguez, C.C. 1.065.630.242 (nietas)Solo se acreditó el parentesco pero no se aportaron ni solicitaron pruebas de los daños ocasionados a las nietas. Por tanto, como a ellas no se aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlas como víctimas.
Confirma determinación.
Hecho 75, secuestro, tortura y homicidio de Deyvis Murillo Hoyos, 1º de febrero de 2003, BarrancabermejaIncluir a Ronald Murillo Hoyos (hermano)Solo se acreditó el parentesco pero no se aportaron ni solicitaron pruebas de los daños ocasionados. Por tanto, como a los hermanos no se aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlo como víctima.
Confirma determinación
Hecho 78, homicidio de Edwin Ariel Gutiérrez Gutiérrez, 7 de abril de 2003, BarrancabermejaIncluir a Fredy Alberto Gutiérrez Gutiérrez (hermano)Solo se acreditó el parentesco pero no se aportaron ni solicitaron pruebas de los daños ocasionados. Por tanto, como a los hermanos no se aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlo como víctima.
Confirma determinación
Hecho 79, homicidio de Henry Campos Garzón, 30 de abril de 2003, BarrancabermejaIncluir a Ana Lida Campo Garzón (hermana)Se acreditó el parentesco pero no se aportaron ni solicitaron pruebas de los daños ocasionados. Por tanto, como a los hermanos no se aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarla como víctima.
Confirma determinación
Hecho 80, homicidio de Daniel Jairo Quintanilla García, 29 de mayo de 2003, BarrancabermejaIncluir a los hermanos Fernando García y Cecilia Pérez GarcíaIgual situación a la analizada anteriormente se presenta en este evento. Confirma determinación.
Hecho 72, homicidio de Miguel Rojas Quiñonez, 17 de agosto de 2003, BarrancabermejaIncluir a Jorge Ignacio y Erika Mendoza Acevedo (hijos compañera de la víctima)No se aportaron ni solicitaron pruebas de los daños ocasionados a los hijastros de la víctima directa, motivo por el cual es posible (sic) acreditarlos como víctimas en los términos del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592.
Confirma determinación

7. La doctora Yudy Marinella Castillo Africano solicita la inclusión como víctimas de las siguientes personas:

Hecho NºPretensiónDecisión de la Corte
Hecho 39-1, homicidio de Lino Omar Morales Calderón y William Portilla, 26 de marzo de 2001 en Girón (Santander)Incluir a los hermanos de Lino Omar Morales Calderón de nombres Luis Francisco, María Luisa, Isidoro e Ismenia Atuesta Calderón y Luz Stella Morales Calderón.Se acreditó el parentesco pero no se aportaron ni solicitaron pruebas de los daños ocasionados. Por tanto, como a los hermanos no se aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 39-2 Homicidio de Alexander Molina Durán, 26 de marzo de 2001 en Girón (Santander)Incluir a Ana Mayerly Cacua Sánchez (hija de crianza)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarla como víctima.
Confirma determinación
Hecho 41, Homicidio de Marisol Bohórquez Dimas, 18 de diciembre de 2001 en Málaga (Santander)Incluir a los hermanos Luis Antonio, Luz Amparo Bohórquez Dimas y Fredy Alexander Dimas Rojas.No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 42-1, homicidio de Deivy Calderón Pérez, 9 de marzo de 2002 en Girón SantanderIncluir a Alexander Salazar Pérez (hermano)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlo como víctima.
Confirma determinación
Hecho 42-2. Homicidio de Arnoldo Antonio Velandia Gélvez, 9 de marzo de 2002 en GirónIncluir a los hermanos Yerson Arley, Yudy Yadira, Jonathan Alexis, Robinson Damián, Jessica Mercedes y Ángela Andrea Velandia GélvezNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 42-3, homicidio de Raúl Yovany Durán Puerto, 9 de marzo de 2002 en GirónIncluir a los hermanos Ivon Carolina, Erika Liliana Rafael Guillermo y Doris Amanda Durán PuertoNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 43-1, homicidio de José Oviedo Beleño o Jhon Jairo Oviedo Beleño, 9 de abril de 2002 en GirónIncluir a Kenlly Nallely Pienda (hija de crianza), Deicy Cecilia Oviedo Beleño (hermana), Alejandro García Mejía (cuñado), Diana Carolina y Deyanira García Oviedo (sobrinas)A ninguno de los parientes cuya inclusión se pretende aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592. Por ende, como demostraron el daño padecido, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 43-2, homicidio de Rafael Rincón Vargas, 9 de abril de 2002 en GirónIncluir a los hermanos Martha Yaneth, Luz Dary, Mauricio, Erika Rocío, Aura Ximena y Mireya Sinuco VargasNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 44, homicidio Elcida María Forero Moreno, 9 de mayo de 2002 en BucaramangaIncluir a Zoraida y Yecenia Forero Moreno (hermanas)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlas como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 45, homicidio de José de la Cruz y Germán Duarte Tarazona y Luis Ernesto Tarazona Tarazona, 23 de agosto de 2002 en GirónIncluir a Esperanza, Luz Amparo, Luis Ernesto, Nelson y Sandra Liliana Darte Tarazona (hermanos de José y Germán y sobrinos de Ernesto).
Manuel María, Alirio, Rubén, Irene, Gustavo, Luis Fidel, Mary Luz, Luis Antonio, Nubia, Hernando, Rosalba y Delmira Tarazona Tarazona (tíos de José y Germán, hermanos de Ernesto)
No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 46-1, homicidio de César Augusto Carreño Ramírez (subintendente de la Policía), 3 de diciembre de 2002 en MálagaIncluir a los hermanos Rubén Darío, Alba Luz, Luz Amparo, Silvia Joahana, Luis Alfredo y Miguel Ángel Carreño Ramírez.No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 46-2, homicidio de Oscar Alberto Ortega Ariza (subintendente de la Policía), 3 de diciembre de 2002 en MálagaIncluir a los hermanos Claudia Patricia, Omar Alexis y Solange Ortega ArizaNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 47-1, homicidio de Nicolás Alvarino Rodríguez, 22 de julio de 2000 en BarrancabermejaIncluir a los hermanos Luis Alberto Montes Rodríguez y Ricardo y John Jairo Barba Rodríguez.No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 47-2, homicidio de Walberto Lascarro, 22 de julio de 2000 en BarrancabermejaIncluir a Leidy Katherine y July Patricia Álvarez Guzmán (hijas de crianza)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlas como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 49-1, homicidio de Yeisson Darío Varela Olave, 4 de octubre de 2000.Incluir a los hermanos Diego Fernando Gutiérrez Olave y Dolka Lizeth Lopera OlaveNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 49-2, homicidio de Luis Hernando Pinto Lela, 4 de octubre de 2000.Incluir a los hermanos Claudia Milena y Carolina Pinto LealNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlas como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 49-3, homicidio de Elías Sánchez Moreno, 4 de octubre de 2000.Incluir a los hermanos Rodolfo, Zenaida, Rodrigo, Pablo, Alfonso, Rogelio, Carmenza e Isaías Sánchez Moreno y Ana Virginia MorenoNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 50, homicidio de Jairo Alonso Suárez Morantes, 4 noviembre de 2000 en BarrancabermejaIncluir a Rhonal, Wilmer y Liliana Ascencio Quiroga (hijos de crianza)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 51, homicidio de Álvaro Rico Sánchez, 12 de noviembre de 2000 en BarrancabermejaIncluir a Víctor Hernando Rico Sánchez (hermano)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlo como víctima.
Confirma determinación
Hecho 52, homicidio de Gustavo Sepúlveda Rodríguez, 1º de diciembre de 2000 en BarrancabermejaIncluir a los hermanos Raúl, Rogelio, Delia Blanca Azucena, Flor María y Gloria Sepúlveda RodríguezNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 53-1, homicidio de María del Rosario Velasco Olaya, 6 de enero de 2001 en BarrancabermejaIncluir a Danilo Pérez Martínez, compañero permanenteNo se aportó ningún medio de prueba que evidenciara la relación de convivencia entre el peticionario y la víctima directa. Tampoco se probó el daño.
Confirma decisión
Hecho 53,2, homicidio de Juan Manuel Rivera Hernández, 6 de enero de 2001 en BarrancabermejaIncluir a los hermanos Carlos Arturo, Xiomara, María Eugenia y Rosa Esther Rivera Hernández, a los sobrinos Mairon y Edgar Hernández Rivera, Nohora y Yuleidys Pernett Rivera, a Tatiana Martínez Cruz (exnovia y madre de hijo de víctima directa) y XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (hijo)Se aportó el registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad del menor XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX y versiones que señalan que era hijo de la víctima directa. Por ende, se le reconoce como víctima indirecta.
Respecto de los hermanos y de Tatiana Martínez Cruz (quien no convivió con Rivera Hernández) se observa que no probaron el daño causado, motivo por el cual se ratifica la decisión del Tribunal, pues no acreditaron su condición de víctimas.
Hecho 54-1, homicidio de Lisandro Pérez Mejía, 10 de febrero de 2001, BarrancabermejaIncluir a Enith Gómez Mejía (hermana) y a Ernesto Gómez, Dagoberto y Jorge Luis Torres Gómez (sobrinos)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 55, homicidio de Jorge Renso Gamboa Pérez, 13 febrero de 2001 en BarrancabermejaIncluir a los hermanos María Victoria, Yorman Agustín, Miguel Ángel y José Leonardo Velandia PérezNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 56-1, homicidio de Santiago Manuel Baranoa Urrea, 14 de diciembre de 2001 en BarrancabermejaIncluir a Kinnare Manuela Cifuentes Cifuentes (hija sin reconocer)No se aportó registro civil que demostrara el parentesco ni prueba del proceso de filiación o cualquier otro medio de que evidenciara la condición aducida
Confirma decisión
Hecho 56-2, homicidio de Jhon Fredy Matiz Pimienta, 14 de diciembre de 2001 en BarrancabermejaIncluir a los hermanos David, Jesús, Jorge Arturo, Albeiro, Gloria, José Yesid e Israel Matiz PimientaNo se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 57, homicidio de Juan Bautista Arrieta Meza, 22 de diciembre de 2002 en Puerto WilchesIncluir a Ana Rumualda Arrieta Chacón (hija)No se aportó el registro civil de la peticionaria que demostrara su condición de hija. Confirma decisión
Hecho 58, homicidio de Ilmar Israel Parra Jiménez, 11 de marzo de 2005 en BarrancabermejaIncluir a Clara Inés Torres Villarreal, compañera permanenteDe acuerdo al dictamen sicológico aportado, al momento del deceso de Ilmar Parra Jiménez, no convivía con él desde hacía más de un año. Confirma decisión
Hecho 59, homicidio de Robinson Badillo, 26 de marzo de 2001 en BarrancabermejaIncluir a Cindy Carolina Granados Badillo y Stephanie Badillo (hijas de crianza)No se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación
Hecho 60, homicidio de Ciro Arias Blanco, 24 de marzo de 2001Incluir a Luis Carlos Arias Jaimes (hijo), José Humberto Correa Jaimes y Leidy Johana Palencia Jaimes (hijos de crianza)La petición resulta infundada respecto de Luis Carlos Arias Jaimes quien fue acreditado como víctima.
En relación con los hermanos, no se probó el daño causado. No aplica la presunción legal de daño contenida en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 2 de la Ley 1592, no es posible acreditarlos como víctimas.
Confirma determinación

8. El doctor Juan Carlos Córdoba Correa solicitó de manera genérica revisar nuevamente las carpetas contentivas de las pretensiones de las víctimas a efectos de corroborar que las falencias probatorias señaladas por el tribunal no existen. Con todo, no señaló, como era su deber, los casos específicos frente a los cuales la Corte debía revisar la decisión del a quo y, por ello su disenso carece de sustento.

Recuérdese que los recursos, como mecanismos procesales de impugnación, se han diseñado para provocar que la autoridad llamada a decidirla, la revise y, si es del caso, la revoque, reforme, aclare o adicione, siendo forzoso para el recurrente sustentar su inconformidad retomando para ello las razones de la decisión confutada con el fin de demostrar su inconsistencia.

Como en el evento bajo examen el recurrente no cumplió tal carga procesal, la Sala no cuenta con elementos de juicio para confrontar su criterio con el plasmado en la decisión objeto de impugnación. Por este aspecto, el recurso se declara desierto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR que no procede la nulidad de la actuación, según fue propuesto por los defensores de víctimas.

2. ABSTENERSE de pronunciarse respecto de la excepción de inconstitucionalidad propuesta por los apoderados de víctimas. En su lugar, en virtud de la Sentencia C-180 del 27 de marzo de 2014 de la Corte Constitucional, se dispone que el tribunal a quo efectúe la tasación de las afectaciones identificadas en el respectivo incidente, así como las modificaciones contenidas en este proveído, la cual se incorporará como parte integrante de la sentencia.

3. REVOCAR el numeral quinto de la sentencia y, en su lugar, legalizar los cargos relativos a los hechos 9 y 10 de la acusación referidos al tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes y al lavado de activos.

4. MODIFICAR el numeral décimo cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para acreditar a las víctimas y los daños precisamente señalados en el acápite “v) De las exclusiones de víctimas”. Esta decisión comporta la inclusión de víctimas, la identificación de afectaciones y la corrección de los nombres indicados en el aludido apartado.

5. DECLARAR desierto el recurso interpuesto por el abogado Juan Carlos Córdoba Correa respecto de la exclusión de algunas víctimas por él representadas.

6. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas que considere y evalúe el informe elaborado por la Procuraduría General de la Nación como elemento a partir del cual diseñe el programa de reparaciones colectivas mencionadas en dicho documento.

7. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia.

Contra esta providencia no procede recurso alguno; notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen».

(12) Ver folio 619 de la sentencia impugnada.