Auto 4255 de marzo 13 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO

EXTRACTOS: «Para la Sala no cabe duda alguna respecto de que la decisión del a quo debe revocarse, toda vez que si la jurisprudencia de esta corporación ha definido los actos administrativos definitivos como “...aquéllos que resuelven determinado asunto o actuación administrativa, es decir, los que deciden directa e indirectamente el fondo del asunto” (Sección Cuarta, sentencia de 10 de marzo de 1994, consejero ponente doctor Guillermo Chahín Lizcano, actor Mercedes Valderrama de Bermúdez, expediente 5196), o, en otros términos, “... el acto definitivo es el que culmina el procedimiento de expedición de la decisión administrativa, tenga o no recursos” (Sección Tercera, auto de 30 de noviembre de 1978, consejero ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo, actor Benjamín Ardila Serrano y otros, expediente 2448), y el artículo 138 inciso tercero, del CCA determina, en lo pertinente, que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen...”, de ello se deriva la ineludible conclusión de que cuando el artículo 132-9 ibídem dispone que la competencia de los tribunales administrativos para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos del orden nacional, como en el sub examine, se determinará por razón del territorio “... por el lugar donde se produjo el acto”, por dicho acto necesariamente debe entenderse el definitivo, en los términos atrás expuestos, por ser el principal, y en momento alguno aquel mediante el cual se resuelve el recurso de apelación que se interponga contra aquél, sea directamente o como subsidiario del de reposición, no sólo por cuanto el nacimiento de éste último a la vida jurídica depende y está supeditado a la previa existencia de dicho acto principal, sino en razón a que si esa hubiese sido la intención del legislador, así lo hubiera dispuesto expresamente en la referida norma.

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la tesis del tribunal de origen no sólo se opone al principio de interpretación restrictiva de las normas atributivas competencia, sino que conduciría al extremo, objetiva y jurídicamente absurdo, de que, habida cuenta que en la capital de la República es el lugar donde prácticamente se encuentra radicada la sede de la mayoría de las entidades administrativas del orden nacional jerárquicamente superiores ante quienes se surten los recursos de apelación que se interpongan contra los actos definitivos proferidos por sus inferiores en las diversas secciones del país, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resultaría siendo la única corporación competente para conocer de las demandas que se instauren contra dichos actos definitivos, con claro desconocimiento de la norma que atribuye competencia territorial a otros tribunales administrativos del país para conocer de las mismas.

De consiguiente, se procederá a la revocatoria del auto apelado y, en su lugar, se dispondrá la declaratoria de nulidad impetrada y la remisión del proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Bolívar para que conozca del mismo, en razón de que el acto definitivo cuya legalidad se discute en la demanda se produjo en la ciudad de Cartagena, donde ejerce jurisdicción dicho tribunal».

(Auto de marzo 13 de 1997. Expediente 4255. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

_________________________________________________