Auto 42576 de noviembre 20 de 2013

 

Auto 42576 de noviembre 20 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 386

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a esta colegiatura pronunciarse en torno a los recursos de queja interpuestos por la fiscalía y el representante del Ministerio Público contra la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el pasado 18 de octubre, por cuyo medio concedió la apelación exclusivamente en relación con los numerales 1º, 14 y 19 del auto del 4 de septiembre de 2013.

Sea lo primero advertir que la Sala es competente para pronunciarse sobre el recurso de queja, al tenor de lo normado en el parágrafo 1º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012 que modificó el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en concordancia con el artículo 179B y siguientes de la Ley 906 de 2004.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 179B del Código de Procedimiento Penal, el recurso de queja procede cuando “el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación”.

Entonces, la finalidad del recurso de queja, según lo tiene dicho la jurisprudencia de esta corporación(1), “es la de obtener que el superior funcional conceda la apelación formulada en contra de una providencia, cuando la impugnación ha sido despachada desfavorablemente por el a quo, desde luego, contra una decisión susceptible de ser atacada mediante el ejercicio de este recurso”(2).

Pues bien, lo primero que la Sala debe advertir es que, contrario a lo sostenido por los recurrentes, el trámite del recurso de queja no suspende la actuación procesal, por manera que resulta improcedente la petición de diferir la sustentación del recurso concedido hasta que esta corporación se pronuncie.

En efecto, quien interpone el recurso de queja, en los términos del artículo 179C de la Ley 906 de 2004, debe solicitar copia de la providencia impugnada y de las demás piezas que considere pertinentes para que con base en ellas el superior analice la procedencia o no del recurso de apelación denegado por el a quo. En tal sentido, los duplicados de los folios se toman precisamente porque el proceso debe continuar su curso. Si no fuera así, esto es, si la queja suspendiera la actuación procesal, se remitiría el original del expediente.

Además, si el efecto del aludido recurso fuera el de diferir el proceso hasta su resolución, la normativa expresamente indicaría la necesidad de esperar las resultas de la queja.

En tal sentido, conviene precisar, el canon 179E ibídem, señala que “si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior”, por manera que el ad quem, al resolver el recurso de queja, si considera procedente la apelación denegada por el a quo, indicará el efecto de la alzada conforme a las reglas que sobre la materia establece el ordenamiento procesal aplicable al caso.

Entonces, como la queja no suspende la actuación, resulta extraña la petición de la fiscalía y del Ministerio Público de diferir la audiencia de sustentación del recurso de apelación, máxime cuando se invoca una “medida provisional” ajena y contraria a este procedimiento.

Ahora, en cuanto a la apelación pregonada por los quejosos frente a la totalidad del auto del 4 de septiembre de 2013, la Sala encuentra que no les asiste razón en cuanto los numerales 2º al 12 se refieren exclusivamente a la compulsa de copias para investigar a diversos exfuncionarios, servidores públicos y particulares, decisión que no es susceptible de recursos.

En efecto, es común que en el trámite de los procesos los operadores judiciales encuentren hechos diferentes a los investigados o juzgados que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, evento en el cual, en cumplimiento del deber legal, deben informar tal situación a la autoridad competente a través de la compulsa de copias, decisión que no es recurrible, “no solo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acción a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo”(3).

Por tanto, será en la actuación iniciada a partir de las copias compulsadas donde se podrá controvertir la configuración o no de los hechos informados, la participación de las personas mencionadas, así como la existencia de cosa juzgada, entre otros múltiples tópicos.

En igual sentido, el numeral 13, relativo a la solicitud de recursos para expedir las copias ordenadas y el 20, donde se indica la notificación en estrados y los recursos que proceden, tampoco son susceptibles de apelación por tratarse de asuntos de trámite no relacionados con el fondo de lo decidido.

En el numeral 15 se exhorta a la Alcaldía de Medellín a suspender el arrojo de escombros en un lugar donde, al parecer, fueron sepultados algunos desaparecidos y en los apartados 16 y 17 se solicita a la citada dependencia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la personería municipal, implementar mecanismos eficaces para la búsqueda de los desaparecidos.

Pues bien, esas determinaciones persiguen asegurar la prueba del delito de desaparición forzada atribuida al bloque Cacique Nutibara y, por ende, constituyen decisiones de simple trámite. En efecto, configuran indicaciones colaterales dirigidas a las citadas autoridades para que desplieguen las acciones que legalmente les corresponde en orden a resguardar los elementos materiales probatorios y evidencia física del aludido acontecer delictivo.

Dichas exhortaciones constituyen las denominadas órdenes que, según el artículo 161 de la Ley 906 de 2004, “se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma” en la medida que no resuelven el objeto del proceso ni aspectos sustanciales del mismo.

De otra parte, el numeral 18 remite a la justicia ordinaria(4) para el trámite de los beneficios por colaboración eficaz, decisión que tampoco decide sobre el fondo del asunto o en torno a aspectos esenciales del mismo porque se circunscribe a indicar la posibilidad de acudir a otra normatividad y jurisdicción para obtener las referidas prerrogativas.

En ese orden, la naturaleza de esa disposición es la de una orden de trámite por cuanto en el proceso transicional examinado no se está decidiendo si procede o no el aludido mecanismo jurídico; únicamente se menciona su existencia y la posibilidad de acudir al mismo.

En consecuencia, tal como lo adujo el tribunal a quo, los aspectos pasibles de impugnación se concretan a la exclusión oficiosa de los postulados de la justicia transicional, al reconocimiento de víctimas y a la medida de reparación establecida. Por ende, el recurso de queja planteado no tiene vocación de prosperidad.

A pesar de lo anterior, la Sala debe precisar cómo en la sustentación de la impugnación de la determinación de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del 4 de septiembre de 2013, las partes e intervinientes cuentan con la posibilidad de referirse a los diferentes tópicos analizados en dicho proveído sin que la judicatura pueda limitar los aspectos que pueden abordar y controvertir, siempre que se relacionen con las determinaciones de fondo, esto es, con la exclusión de los postulados, el reconocimiento de víctimas y la medida de reparación ordenada, incluido el contexto construido para sustentarlas.

Lo anterior en el entendido de que los poderes de dirección del juez no lo facultan para direccionar los aspectos que los recurrentes pueden censurar, salvo que se tornen repetitivos o irrespetuosos.

Así mismo, la Sala llama la atención de la colegiatura a quo para que procure llevar el proceso a su cargo dentro de los cauces de mesura, seriedad y respecto entre la judicatura y los sujetos procesales a efectos de evitar confrontaciones innecesarias que, a la postre, dilatan la actuación y dificultan la función de administrar justicia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. NEGAR por improcedente el recurso de queja.

2. ORDENAR la remisión de las copias del proceso al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 30 de mayo de 2006, Rad. 25946.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de febrero de 2008, Rad. 29244.

(3) Cfr. Proveído del 6 de septiembre de 2000, Rad. 16725. En el mismo sentido decisiones del 28 de abril de 1992, Rad. 3525, 11 de mayo de 1994, Rad. 8989, 17 de agosto de 2000, Rad. 15862, entre otras.

(4) En el numeral 18 de la decisión se hace referencia al “artículo 369 A del Código de Procedimiento Penal”; sin embargo, esa normativa no existe. Con todo, el contexto de la decisión permite colegir que se refiere a los beneficios de colaboración eficaz previstos en el estatuto procesal del año 2000, tal como se menciona en el folio 350 de la parte motiva del proveído.