Auto 42624 de enero 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP 253-2014

Radicación 42624

(Aprobado Acta 18)

Magistrada ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., enero veintinueve de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión, como bien lo planta el recurrente, no permite el acceso al medio extraordinario de casación por la senda normal o tradicional, sino por la denominada vía excepcional o discrecional.

En efecto, de conformidad con el inciso 1º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 este medio de impugnación es viable contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de Distrito Judicial y por el Tribunal Penal Militar, cuando se proceda por “delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años” (subrayas fuera de texto).

Por su parte, el inciso 3º de la misma disposición prevé que cuando el fallo de segundo grado no es proferido por los mencionados Tribunales o el delito por el que se procede tiene pena privativa de la libertad inferior al quantum señalado en precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, se faculta a esta Sala para admitir discrecionalmente las demandas de casación presentadas, “cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley”.

En el asunto objeto de estudio se advierte que el procesado Andrés Marciales Toloza fue acusado, y luego absuelto en las dos instancias de decisión, por el delito de homicidio culposo, cuya sanción no satisface el requisito punitivo para acceder al recurso extraordinario por la vía tradicional.

Ciertamente, dicha conducta punible, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 599 de 2000, se sanciona con una pena máxima de seis (6) años de prisión, monto inferior a los ocho (8) años que para acceder al recurso extraordinario de casación por la vía ordinaria o común exige el referido artículo 205, inciso 1º, de la Ley 600 de 2000, según lo ya visto.

En ese orden de ideas, asiste razón al casacionista cuando para acceder al medio extraordinario opta por esta alternativa.

Ahora, en punto de esta modalidad de casación, de manera enfática se ha precisado por la Sala que compete al demandante expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte contemplados en el inciso 3º ibídem, en virtud de la naturaleza eminentemente rogada de este medio de impugnación.

Así, al demandante le asiste el deber de persuadir a la Sala que es preciso el pronunciamiento de fondo en beneficio de la jurisprudencia de la Sala o para salvaguardar garantías fundamentales de las partes o intervinientes procesales y, sólo después de verificar ese aspecto, se ocupará del aspecto formal de la demanda, es decir, de que cumpla con los presupuestos de presentación lógica y debida argumentación acorde con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000.

De ahí que si lo pretendido por el actor es el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte ha de demostrar con claridad y precisión la necesidad de proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, ya sea para unificar posturas conceptuales encontradas o con el fin de actualizar la doctrina o para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad de brindar solución al asunto y, a la par, servir de guía a la actividad judicial.

Empero, si el objetivo trazado es asegurar la garantía de derechos fundamentales, con la misma claridad y precisión tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias que, como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.

Pues bien, tal como lo indicaron el tercero civilmente responsable y la defensa del procesado, la propuesta no cumple con el presupuesto de admisión para franquear la vía discrecional.

Recuérdese que para el actor la admisión de la demanda se justifica en la necesidad de desarrollar la jurisprudencia para extender la protección penal brindada por el delito de homicidio culposo al nasciturus.

Sin embargo, esa postura no sólo representa un abierto desconocimiento del principio de legalidad, sino que además escapa por completo al desarrollo de la jurisprudencia de esta Sala en tanto está suficientemente decantado por la Corte Constitucional, a través de decisiones que han adquirido el carácter de cosa juzgada constitucional, que la protección de su vida se garantiza mediante otras conductas punibles como el aborto y las lesiones al feto y cosa muy distinta es que el demandante tergiverse el claro contenido de esas sentencias con el fin de justificar el acceso a la vía extraordinaria de impugnación y, subsiguientemente, el decaimiento del fallo impugnado, como cuando señala, contrario a su contenido objetivo, que la sentencia C-355 de 2006 posibilita la configuración del delito de homicidio culposo respecto del nasciturus.

Dicha Corporación, cabe remarcar, no ha negado la protección que demanda la vida del nasciturus, como así lo señaló en la siguiente decisión:

“Es cierto, que nuestra Constitución Política reconoce expresamente el derecho inviolable a la vida a quienes son personas pertenecientes al género humano; pero de allí no se sigue que la vida humana latente en el nasciturus, carezca de protección constitucional. En efecto, si el valor esencial protegido por el ordenamiento superior es la vida humana, necesariamente debe colegirse que en donde haya vida, debe existir el consecuente amparo estatal.

En otros términos la Constitución no solo protege el producto de la concepción que se plasma en el nacimiento, el cual determina la existencia de la persona jurídica natural, en los términos de las regulaciones legales, sino el proceso mismo de la vida humana, que se inicia con la concepción, se desarrolla y perfecciona luego con el feto, y adquiere individualidad con el nacimiento”(1).

No obstante, y a diferencia de lo que entiende el libelista, ha considerado que la protección no es igual al de la persona humana luego del nacimiento. Las siguientes son las razones esbozadas por el órgano límite de la jurisdicción constitucional a partir de la distinción entre la vida y el derecho a la misma(2):

“La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.

De manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, si considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto, incluidas la penal en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de las mujeres”(3).

No existe la menor duda, entonces, como lo señala el Tribunal Constitucional, que la temática planteada por el demandante es del resorte exclusivo del legislador(4) y, por lo mismo, no es a través de la jurisprudencia de esta Sala de Casación que se pueda obtener una visión distinta del tema.

Si ello es así, esta Corte no encuentra fundado el motivo expuesto para lograr el acceso al recurso extraordinario de casación por la vía discrecional, a través de una hermenéutica particular expuesta concretamente en la primera censura de la demanda.

Lo mismo se debe colegir en torno a la segunda censura, cuyo análisis se torna del todo innecesario, no sólo porque también pretende la condena del galeno por una conducta eminentemente atípica, sino porque la discusión relacionada con la transgresión del deber objetivo de cuidado (lex artis), aunque abordada por el Tribunal, se ve superada por esa condición de atipicidad absoluta del comportamiento endilgado.

En consecuencia, la Sala procederá a la inadmisión de la demanda, de acuerdo con la consecuencia procesal señalada en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. Además, porque no se advierte que dentro del presente trámite o en la sentencia se hubiera incurrido en violación de garantías fundamentales que reclame su intervención oficiosa en los términos previstos en el artículo 216 ibídem.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil, por las razones expuestas en la anterior motivación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, contra este proveído no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia C-133 de 1994.

(2) Sobre el punto señala: “Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición”.

(3) Sentencia C-355 de 2006.

(4) En la misma decisión, la Corte Constitucional destaca: “Considera esta Corporación que determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se han dado varias respuestas, no sólo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa, o la moral, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas, y cuya evaluación no le corresponde a la Corte Constitucional en esta decisión”.