Auto 42840 de febrero 26 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP839-2014

Radicación 42840

Aprobado acta 53

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

I. Sobre la casación en la Ley 906 de 2004:

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el recurso de casación se concibe como un instrumento de control constitucional y legal que procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos, cuando aquellas vulneren efectivamente derechos o garantías procesales.

En esos términos, el medio de impugnación extraordinario resulta connatural a la función ejercida por la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación, de conformidad con la competencia asignada por la Constitución Política en el artículo 235.

De otra parte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, para que la demanda sea admitida, se requiere que el libelista, además de contar con interés para impugnar, acredite la vulneración efectiva de derechos o garantías, por lo cual le corresponde formular y desarrollar los cargos siguiendo unos precisos requisitos de lógica y adecuada fundamentación, demostrando a su vez la necesidad de la intervención de la Corte, en orden a lograr alguno de los fines establecidos para el recurso de casación, es decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios sufridos por estos y la unificación de la jurisprudencia, según lo prevé el artículo 180 ibídem.

Ahora, es oportuno señalar que las causales de casación previstas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 determinan la forma como se debe denunciar la ilegalidad o inconstitucionalidad del fallo y, por igual, el modo de conducir el debate en sede extraordinaria, sin que deba interpretarse que sean un fin en sí mismo en orden a lograr la prosperidad del recurso, pues el éxito de la demanda se determina por la manifiesta configuración de los motivos normativamente reconocidos.

No obstante lo dicho, tampoco debe entenderse que el recurso carezca de formalidades, al punto que su presentación quede librada a la simple voluntad de las partes sin referencia a ningún parámetro legal, pues ello se opone a la noción de debido proceso, ya que la admisibilidad de la demanda y la prosperidad de la pretensión allí plasmada está condicionada a que se demuestre que concurre interés en el censor, a la correcta selección de la causal o causales, a la coherencia del cargo o cargos que a su amparo se pretendan aducir y a la debida fundamentación fáctica y jurídica de estos, pero también, a la acreditación de que con su estudio se cumple uno o varios de los fines de la casación.

Por tanto, el recurso extraordinario no es un instrumento válido para continuar el debate fáctico y jurídico promovido a lo largo del proceso y, en esa medida, a su interior no es procedente realizar toda clase de cuestionamientos como si se tratara de una instancia adicional a las ya agotadas, sino que debe ser claro, preciso y coherente, a partir del cual, según los motivos expresa y taxativamente señalados en la ley, se denuncien errores in iudicando o in procedendo en los que haya podido incurrir el sentenciador, los cuales deben ser demostrarlos dialécticamente evidenciando su trascendencia, para de esa manera concluir que el fallo no está acorde con el ordenamiento jurídico, esfuerzo que compete por entero al libelista por tratarse de un medio de impugnación rogado.

Efectuadas las anteriores precisiones, agota la Sala el examen formal del libelo presentado por la defensora de Leovigildo Manuel Yanez Romero.

Sobre la demanda en particular:

En primer lugar, resulta oportuno recordar lo que ha señalado la Sala en punto de la legitimación para impugnar, a través del recurso de casación, la sentencia que se haya originado en la aceptación de cargos, como ocurre en el caso particular, a efectos de evidenciar desde ya la inadecuada presentación de la única censura que es propuesta. Ha dicho la Corte:

1. De conformidad con el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, una demanda de casación no es susceptible de admisión si, entre otros motivos, el recurrente carece de interés.

2. Confrontada tal premisa con la reseña de la actuación procesal verificada en este asunto, surge evidente que el procesado aceptó haber infringido la ley penal… a cambio de la rebaja de pena correspondiente.

3. En esas condiciones la defensa… solo tiene interés para controvertir, a través de los recursos (apelación o casación), los eventuales vicios de consentimiento en la aceptación de responsabilidad, la vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena, los aspectos relacionados a su determinación, lo referente a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

4. Por ende, patente se hace la ausencia de interés… para recurrir en casación, cuando la censura planteada… confluye a la genérica afirmación de inocencia de… en la conducta ilícita por la cual se le condenó, tema cuya discusión declinó cuando voluntariamente decidió aceptar los cargos que en su momento le imputó la fiscalía.

Es que, dijo la Sala en su decisión del 23 de mayo de 2012, Rad. 38884, “dada la naturaleza que comporta la aceptación incondicional de cargos por parte del procesado, del fallo, aunque debe cubrir las aristas básicas de motivación y justificación que lo tornan legítimo, no puede pedirse profusión argumentativa, ni desarrollo jurisprudencial o examen probatorio exhaustivo, precisamente porque con su acogimiento de los cargos propuestos por la fiscalía, el imputado no solo admite la validez de los medios de prueba recopilados, sino que reniega de cualquier controversia puntual al respecto”.

Mal podría, por tanto, la defensora alegar ahora la ilegalidad de una evidencia física; esto sin perjuicio, claro, de alegaciones en torno a la ilicitud de la prueba por mediación de una infracción a las garantías fundamentales.

5. Mas en el asunto que se examina, este no es ciertamente el tema, porque la alusión que tangencial y lacónicamente se hace en torno a las prerrogativas constitucionales no exhibe soporte demostrativo alguno de una circunstancia que haya afectado la estructura del proceso o los derechos del procesado…

En otras palabras, aunque la aceptación de cargos no inhibe un ataque en casación cuando se hayan afectado las garantías esenciales del procesado que se allanó, en este evento la censura no contiene un reparo en ese sentido… (CSJ AP. 17 Abr. 2013, Rad. 39276)

Entonces, según viene de recordarse, aun cuando es posible perfilar ataques por medio del recurso de casación en punto de la apreciación de la prueba, como en efecto lo hace aquí la libelista, ello es admisible a condición de que el error denunciado envuelva la violación de garantías fundamentales, aspecto que en forma alguna pone de presente la impugnante.

En efecto, el reproche está integrado por un conjunto de afirmaciones que en modo alguno atinan a demostrar la violación de una garantía fundamental, en tanto que simplemente se enuncia que en el caso de la especie únicamente se demostró el delito de falsedad en documento público, mas no la circunstancia de agravación derivada por el uso frente al mismo, como tampoco la conducta punible de estafa agravada tentada.

En esa medida, lo que se evidencia es que la demandante utiliza el recurso de casación para manifestar una retracción parcial, circunstancia que es abiertamente improcedente, en razón de la forma como se llegó a la sentencia.

Es más, ciertamente no hace ningún desarrollo, en términos del recurso de casación, sobre los errores de hecho en la apreciación de la prueba cuya existencia denuncia.

Cabe recordar que cuando como aquí, se alega la violación indirecta de la ley sustancial y se sostiene que el tribunal incurrió en errores de hecho, es perentorio precisar la modalidad de los mismos, es decir, indicar si se fundan en falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio, especificando la prueba en que recaen e, igualmente, su trascendencia, mas no limitarse a sostener lacónicamente que al procesado se le dedujo la circunstancia de agravación del uso, en relación con el delito de falsedad en documento público, y el delito de estafa agravada tentada, sin que lo anterior estuviera demostrado.

Con todo, sea del caso señalar que los elementos materiales probatorios pacíficamente se encargan de poner de manifiesto que la postura de la impugnante carece de fundamento, pues, en cuanto hace relación a la agravante del uso de que trata el artículo 290 del Código Penal, no es cierto que simplemente al procesado se le hubiese retenido en las instalaciones de la sucursal del Banco Davivienda ubicada en la calle 100 Nº 54-61 con una cédula falsa, sino que utilizó la misma para gestionar un crédito, de manera que el día en que se le aprehendió, es porque concurrió a la mencionada sede de la entidad financiera con el fin de obtener la carta de desembolso del préstamo, de donde se sigue que previamente utilizó el referido documento para identificarse con él y realizar el trámite correspondiente a la obtención del préstamo.

De lo anterior da cuenta la carta del 31 de julio de 2009 del Banco Davivienda (emitida 3 días antes de la captura del procesado, pues esta se dio el 3 de agosto en la sucursal de la calle 100 Nº 54-61), en donde se le informaba acerca de la aprobación del crédito; como también da cuenta la documentación que previamente diligenció el implicado e, igualmente, la factura proforma de Continuatos S.A. del 19 de julio de dicho año, en donde aparece el nombre y la identidad falsa utilizada por el incriminado.

Lo que viene de señalarse a su vez permite afirmar que tampoco es cierto que no haya sustento para predicar el delito de tentativa de estafa, pues si el procesado en efecto se presentó al Banco Davivienda, gestionó el crédito para adquirir un vehículo, para lo cual se identificó con una cédula apócrifa y en efecto el préstamo se le aprobó expidiéndose la carta de desembolso, de esto se sigue que realizó actos ejecutivos a través de medios idóneos orientados a la consumación del fraude, solo que no lo consiguió gracias a que al adelantar previamente otro empréstito con otra cédula y nombre, pero con la misma fotografía, en donde sí logró su propósito, alertó a los funcionarios de la entidad financiera y fue capturado, frustrándose de esta manera el atentado contra el patrimonio.

Menos resulta cierto que no concurra la circunstancia de agravación contendida en el numeral 4º del artículo 247 del Código Penal en relación con el delito de estafa tentado, referida a que la conducta fraudulenta esté relacionada con transacciones sobre vehículos, pues no se puede perder de vista que el crédito aprobado por el Banco Davivienda tenía por objeto adquirir un vehículo, así que si se miran las condiciones de la negociación señaladas en la carta de aprobación del 31 de julio de 2009 y en el reglamento del crédito, pronto se advierte que la misma implicaba pignorarlo a favor de la referida entidad financiera como garantía del crédito, lo que debía ser objeto de registro previo, amén de que la titularidad del mismo estaría en cabeza de una persona inexistente, de todo lo cual era pleno conocedor el implicado, de modo que el fin último de este era hacerse con el vehículo e inmediatamente después disponer de él a su antojo.

Dicho en otros términos, el implicado en modo alguno iba a recibir dinero sino un automotor, es decir, esta era la prestación económica que obtendría tras el engaño, de tal manera que ello inexorablemente aparejaba una transacción con el rodante, sin embargo, como se sabe, esto se frustró.

Así las cosas, no es cierto que solamente se hubiese demostrado el delito de falsedad en documento público como lo asegura la impugnante y tampoco hay lugar a predicar la duda sobre la existencia de las conductas punibles imputadas.

Entonces, como en el único cargo que se analiza no se evidencia la violación de garantías fundamentales, la demanda será inadmitida.

Ahora, como luego de presentado el libelo de casación, el propio procesado allega memorial en el que pide que al resolver el recurso se le aplique por favorabilidad la Ley 1709 de 2014, bien para que se le conceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena en razón de que la de prisión que se le impuso fue de 34 meses o que se le otorgue la sustitutiva de la prisión domiciliaria, es del caso señalar que no siendo dichos temas objeto de la impugnación extraordinaria, no es posible pronunciarse sobre ellos, sin perder de vista que tales institutos se le negaron al procesado en el fallo por el factor subjetivo, al tener varias condenas por hechos similares al que aquí se juzga. Lo anterior, sin perjuicio de que el inculpado eleve solicitud en sentido semejante ante el juez de ejecución de penas que controle el cumplimiento de la sentencia.

De otro lado, es preciso indicar que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación, efectivamente se hayan violado los derechos o las garantías de las partes o intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos del libelo en orden a decidir de fondo, según lo preceptúa el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, cabe mencionar que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación únicamente procede el mecanismo de insistencia previsto en el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, en los términos señalados por esta Sala en auto del 12 de diciembre de 2005, proferido dentro del radicado 24322.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora del procesado Leovigildo Manuel Yanez Romero.

2. ADVERTIR que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es viable la interposición del mecanismo de insistencia, en los términos referidos en la parte final de esta determinación.

Notifíquese y cúmplase».