Auto 42963 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP3429-2014

Radicación: 42963

Aprobado acta 195

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., junio veinticinco de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Dado que teleológicamente la acción de revisión se orienta a remover la intangibilidad inherente a la cosa juzgada, el legislador ha dispuesto como condición de admisibilidad del libelo dirigido a tal propósito, el cumplimiento de exigentes y específicos requisitos contenidos en el artículo 194 de la legislación procesal penal de 2004.

Como procede únicamente contra providencias que hayan cobrado ejecutoria (fallos, resoluciones de preclusión de la investigación o autos de cesación de procedimiento), es deber del actor anexar a la demanda copia de las decisiones de primero y segundo grado cuya revisión pretende, junto con la respectiva constancia de su ejecutoria.

En el asunto objeto de estudio la demandante allega copias de las sentencias de primero y segundo grado, así como del fallo casacional, amén de la constancia de ejecutoria, de modo que ab initio se advierte el cumplimiento de las exigencias formales para acceder a esta acción.

Ahora, en el análisis formal de los motivos invocados se constata que al invocar la causal tercera de revisión, sustentada en la aparición de hechos nuevos o el surgimiento de medios probatorios de igual naturaleza no conocidos al tiempo de los debates con virtud suficiente para demostrar la inocencia del condenado o su inimputabilidad, resulta imprescindible aportar junto con la demanda tales pruebas novedosas, las cuales deben ser idóneas para acreditar cualquiera de las finalidades anotadas en precedencia, teniendo el actor la obligación de demostrar de qué manera tales medios de convicción varían las conclusiones del fallo contra el cual se dirige la acción.

Habida cuenta que en el marco de los asuntos gobernados por la Ley 906 de 2004, únicamente tiene la condición de prueba la que ha sido producida y sometida a debate ante el juez de conocimiento en el juicio oral, así como la incorporada anticipadamente en audiencia preliminar ante un juez de garantías en los casos y en las condiciones excepcionales previstas en el estatuto procesal penal, tiene sentado la Sala (CSJ AP, 15 oct. 2008. Rad. 29626 y CSJ AP, 16 jun. 2010. Rad. 34711) que en el ámbito de la acción de revisión debe distinguirse entre la prueba requerida para promover la acción, y aquella necesaria para acreditar la causal invocada por el actor.

Para la primera finalidad “es posible utilizar cualquiera de los medios cognoscitivos permitidos por el código en las fases de la indagación e investigación, y también, los que hayan adquirido la entidad de prueba en los términos exigidos por la nueva normatividad, es decir, los que hayan sido aportados y debatidos en el desarrollo de un juicio oral”; para el segundo, esto es, la demostración de la causal, “solo son válidos los practicados y controvertidos ante el juez de revisión, en la audiencia del juicio rescindente prevista por el artículo 195 del código, y por excepción, las que tienen la condición de prueba anticipada, en los casos taxativamente autorizados por el artículo 284 del código”.

Los referidos medios cognoscitivos en las etapas de indagación e investigación corresponden a: (i) elementos materiales probatorios y evidencia física, (ii) información, (iii) interrogatorio al indiciado, (iv) aceptación del imputado, y (v) la prueba anticipada, siendo en principio cualquiera de ellos apto para promover la acción de revisión, siempre y cuando cumplan las condiciones de licitud, legalidad y autenticidad requeridas para su admisión.

Igualmente se precisó en las citadas decisiones:

“Aunque cualquiera de las categorías comprendidas dentro del concepto de medios cognoscitivos es teóricamente apta para promover la acción de revisión, en tratándose de elementos de juicio como declaraciones o entrevistas, es importante que hayan sido recaudadas o ratificadas bajo juramento ante las autoridades autorizadas por el código, con el fin de que sus fuentes adquieran vinculación legal con los compromisos de verdad y lealtad procesal, y que la pretensión se torne sumariamente seria”.

Ahora, en cuanto se refiere a la noción de hecho nuevo referida en la causal tercera de revisión, la jurisprudencia de esta colegiatura ha dicho (CSJ AP, 15 oct. 2008. Rad. 29626) que corresponde a “todo acaecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho punible materia de investigación, del cual no se tuvo conocimiento en ninguna de las etapas de la actuación judicial, de manera que no pudo ser controvertido”.

Por prueba nueva, se expresa en la citada providencia, se entiende “todo mecanismo probatorio (documental, pericial o testimonial) no incorporado al proceso, que da cuenta de un evento desconocido (se demuestra por ejemplo que fue otro el autor del hecho), o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias, cuyo aporte ex novo tiene la virtualidad de derruir el juicio positivo de responsabilidad (o de imputabilidad) que se concretó en la decisión de condena”.

En el caso de la especie observa la corporación que el defensor encamina todo su esfuerzo a acreditar la falsedad del acta de incautación del celular de Diana Marcela González, así como de las declaraciones de los policías que intervinieron en el procedimiento de captura de su asistida, aduciendo para ello medios de convicción como el informe de investigación de la defensa, el dictamen pericial grafológico sobre el acta de incautación del celular respecto de la firma y huella de la condenada, así como grabaciones en VHS de varios testimonios y el informe de arraigo de Diana Alexandra González, los cuales no tienen la virtud de derruir el fallo cuya revisión pretende.

En efecto, encuentra la Sala que la pretensión del defensor es recogida por el legislador en los numerales 5º y 6º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, cuyo texto es el siguiente:

“5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.

“6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones” (resaltados fuera de texto).

En tal caso, le correspondía aportar las decisiones judiciales sobre el particular, pues huelga indicar que no se aviene con el rigor de esta acción allegar medios probatorios acompañados de personales deducciones y valoraciones del actor en procura de sacar avante su cometido.

Es oportuno puntualizar que el demandante no dice, ni la Sala advierte, por qué razón si la falsedad del acta de incautación del celular fue puesta de presente por la defensa en el curso de las instancias, únicamente hasta ahora allega un estudio grafológico sobre el particular, cuando tuvo oportunidad de aportarlo en el curso del diligenciamiento.

Tampoco explica por qué motivo los policías estarían interesados en un montaje para vincular a Diana Alexandra González, cuando lo cierto es que por el hecho sometido a su conocimiento capturaron a otros dos sujetos que se allanaron a cargos.

Palmario resulta que si la defensa encuentra que tanto el procedimiento de captura de Diana Alexandra, como el proceso adelantado en su contra corresponde a una actividad conspiratoria para perjudicarla, así debe ventilarlo en un trámite que tenga por objeto tal constatación, y una vez obtenga una decisión al respecto, que confirme su hipótesis, ahí sí está en condiciones de promover la correspondiente acción de revisión, la cual no está instituida para demeritar el valor de los medios de convicción a partir de sospechas y conjeturas sin fundamento y acreditación.

Como el accionante solicita escuchar en declaración a los expertos Mauricio Tarazona, Bernardo González y Sergio Manzano, ordenar a la fiscalía el envío de la investigación 110016000049200802709, y oficiar al Instituto de Medicina Legal para establecer si William Celeno cumplió la obligación de asistir con la historia clínica actualizada, considera la Sala que tal petición es inoportuna, pues la solicitud de pruebas dentro de esta acción solo tiene lugar cuando una vez admitido el libelo por cumplir las exigencias legales dispuestas para ello, se solicita y recibe el proceso objeto de revisión y, solo entonces, se abre el trámite a prueba de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 195 de la Ley 906 de 2004.

De lo expuesto puede concluirse que de las pruebas aportadas no emerge con la nitidez requerida el anunciado carácter novedoso, ni la aptitud suficiente para derruir de conformidad con la causal invocada el recaudo probatorio que sirvió de fundamento a la atribución de responsabilidad que se considera injusta, pues sobra decir que este instituto no fue concebido para ofrecer nuevas apreciaciones probatorias por parte de los sujetos procesales, como inaceptablemente lo intenta el defensor, sustrayéndose de los fundamentos del fallo de condena.

También es evidente que el actor olvida el carácter esencialmente rogado de esta acción, sin que resulte apropiado aportar elementos para que sea la corporación la que proceda a evaluar su utilidad en punto de la sentencia cuya cosa juzgada se pretende derruir; en tal sentido, no se corresponde con la seriedad de este mecanismo especial que sin brindar explicación alguna sobre el contenido de los medios demostrativos que se dicen novedosos y sin cotejarlos con las pruebas que sirvieron de sustento a la sentencia del tribunal, el defensor pretenda que sea la Sala quien acometa su encargo profesional, como ocurre con las grabaciones en VHS de varios testimonios y el informe de arraigo de Diana Alexandra González.

Así las cosas, habida cuenta que la demanda incumple fundamentalmente la exigencia dispuesta en el numeral 3º del artículo 194 de la Ley 906 de 2004, se impone su inadmisión de conformidad con lo previsto en el artículo 195 del mismo estatuto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de revisión presentada por el defensor de la sentenciada Diana Alexandra González Acosta, de conformidad con las razones consignadas en la anterior motivación.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».