Auto 4302 de septiembre 4 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PREVARICATO POR OMISIÓN

MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS JUDICIALES

EXTRACTOS: «La administración de justicia es y debe ser un servicio público permanente y por su trascendencia en el acaecer social, debe tratarse de un servicio que debe prestarse ininterrumpidamente y no puede estar sujeto a demoras injustificadas. Esta necesaria realidad ha sido una constante en la legislación nacional, puesto que la administración de justicia es el más importante servicio que el Estado puede prestar a sus asociados. Es por ello que desde siempre el prevaricato por omisión ha sido una conducta típica y atendiendo a su trascendental importancia la nueva Constitución dedica una de sus específicas normas para imponer el obligatorio cumplimiento de sus términos, para garantizar la celeridad de la administración de justicia cuando dispone en el artículo 228:

“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomó''.

Por la importancia de las decisiones que se toman por jueces y fiscales, es apenas lógico que sean el fruto de la reflexión cuidadosa y del ponderado juicio de quienes administran justicia, pero no puede pretenderse, ni aceptarse que la decisión judicial se convierta en un tratado donde se haga gala de una excesiva versación y menos aún, cuando este exceso se convierte en causal de mora injustificada para otros procesos, porque es evidente que lo ideal es que la decisión judicial esté debidamente fundamentada en la doctrina y la jurisprudencia, pero cuando el exceso de erudición se convierte en el abandono de otros procesos que sufren demoras injustificadas en su fallo, constituye una conducta reprochable, porque es claro que una justicia morosa deja de serlo, para convertirse en injusticia, porque el mínimo derecho que tiene un ciudadano dentro de un verdadero estado de derecho es aspirar a que cuando sea involucrado en un proceso su situación sea definida a la mayor brevedad.

Es claro igualmente que por la importancia que tiene la libertad, los procesos con detenido deben ser resueltos de manera prioritaria, pero ello no quiere decir, que los procesos sin preso puedan quedar estancados definitivamente y sin que exista interés legal en que sean resueltos prontamente.

Pretender justificar una mora con la argumentación que se trataba simplemente de procesos sin detenido, es plantear un sofisma, porque desvertebra la administración de justicia, porque pese a la prevalencia de los primeros, estos últimos no carecen de importancia como para que no sean fallados.

En el caso específico que se juzga existen multitud de procesos con sobreseimiento definitivo, ceses de procedimiento y sentencias absolutorias, en los que las personas vinculadas en calidad de sindicados tenían todo el derecho de que el Estado les resolviera de manera pronta y definitiva su situación judicial.

Puede imaginarse los inmensos perjuicios que muchas de esas personas sufrieron como consecuencia de esta mora injustificada, al no poder conseguir trabajo o no poder tramitar el pasado judicial, porque a pesar de habérselos relevado de responsabilidad en primera instancia, al estar pendiente la segunda, se veían afectados de manera grave en sus justos intereses. Pensar que sólo los procesos con detenido tienen importancia es desconocer la verdadera trascendencia de la administración de justicia y es conculcar el sagrado derecho que tiene el ciudadano de que se le resuelva su situación jurídica de manera pronta y definitiva. Es de tal importancia que ha sido categorizada como derecho humano fundamental en el literal c) del art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos (Ley 74 de 1968) al disponerse como derecho de toda persona “A ser juzgada sin dilaciones indebidas” y debe destacarse que el Pacto Universal de Derechos Humanos no hace distingos de personas detenidas o no, como parecieran entender algunos que si el ciudadano no está privado de la libertad cesa su derecho a ser juzgado sin dilaciones.

Muchos de los 641 procesos que el sindicado entregó a su sucesora, habían rebasado de manera alarmante los precisos términos para que el representante del Ministerio Público rindiera el correspondiente concepto y fue tal la situación de mora, que originó problemas en la adecuada marcha del Tribunal de Medellín, y en tal forma que varios magistrados tuvieron que solicitar al funcionario moroso que les fallara los procesos que en estado de abandono reposaban en su despacho y esta injustificada mora ocasionó grave perjuicio a la administración de justicia, pues al parecer algunos de tales procesos prescribieron por la falta de actividad del que representaba precisamente los intereses de la sociedad.

La culpabilidad con que actuó el sindicado salta a la vista, por la alarmante cantidad de procesos represados y porque es el propio procesado quien se jacta de su morosidad cuando en la indagatoria sostuvo:

“... Yo dije ante todos mis compañeros que le solicitaba a él que revisara con preocupación las estadísticas de los que estaban en cero negocios, porque dada la cantidad de procesos que llegaban hasta nosotros las casillas en blanco o en pasivo de las estadísticas mensuales sólo podía significar estudio superficial y mecanicismo hacia la cantidad lo cual afectaba a la justicia que tiene que ser cualificada y muy respetuosa, porque ella, la justicia, sólo es buena cuando reverencia el dolor y reverenciar a éste exige por lo menos el compromiso de estudio serio. De ahí que desde ese momento pregoné mi folosofía: el orgullo de tener cantidades éticas en espera, mientras diurna y nocturnamente yo hacía ofrenda espiritual a mi deber entregando los conceptos a la sazón de todas las reflexiones...''''.

Lo anterior nos demuestra la clara conciencia que tenía de su morosidad, con la equivocada concepción de que los funcionarios que estaban al día era porque realizaban estudios superficiales de los procesos y que si él tenía “cantidades éticas en esperá'' era porque sí realizaba estudios serios y ponderados.

Está demostrado dentro del proceso por las inspecciones judiciales que se realizaron a las otras Fiscalías del Tribunal de Medellín, que sus colegas del Ministerio Público se encontraban por la época en que él hizo entrega de su despacho más o menos al día (excepto dos), lo que indica que la cantidad de trabajo que les llegaba a pesar de ser voluminoso podía ser despachado más o menos dentro de los términos.

En las condiciones anteriores, se deberá dictar resolución de acusación contra el sindicado por el delito de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150 del Código Penal, y consecuencialmente se dictará auto de detención, pues se trata de un delito que tiene señalada pena privativa de la libertidad. Se trata de varios delitos de prevaricato por omisión, cometidos en concurso homogéneo y sucesivo, perfeccionado en todos aquellos en que los términos para conceptuar habían sobrepasado los legalmente establecidos para emitir concepto, de una manera exagerada e injustificada».

(Auto de septiembre 4 de 1991. Radicación 4302. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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