Auto 43028 de enero 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado: Acta 11.

Bogotá, D. C., veintidós de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 341 de la Ley 906 de 2004, a la Sala le asiste atribución para pronunciarse en relación con el impedimento propuesto dentro de una actuación que se rige por los lineamientos del sistema penal acusatorio, en tratándose de la manifestación que hacen dos de los integrantes de la respectiva Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para que se les separe del conocimiento del asunto.

Respecto de lo que es materia de controversia la Sala en diversas oportunidades ha expresado que el instituto de los impedimentos y las recusaciones tiene una clara fuente constitucional, pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política dispone que la administración de justicia es función pública y que sus decisiones son independientes, y, de otro, el artículo 230 de la misma prevé que en sus providencias los jueces solo están sometidos al imperio de la ley.

En desarrollo del principio de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, la legislación procesal ha previsto una serie de causales de orden objetivo y subjetivo por virtud de las cuales el juez debe declararse impedido para decidir, garantizando a las partes, terceros, demás intervinientes e incluso a la comunidad en general, la transparencia y rigor que deben presidir la tarea de administrar justicia.

Empero, como a los jueces no les está permitido separarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a las partes no les está dado escoger libremente la persona del juzgador, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son estas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión compromete la independencia de la administración de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial.

Hecho el proemio, la Corte no puede más que compartir lo argumentado por los magistrados que se opusieron al impedimento manifestado por sus compañeros, pues, en efecto, si la decisión de la cual buscan apartarse estos, viene mediada por una orden en tal sentido impartida por el juez constitucional, que estimó violatorio de derechos fundamentales lo realizado por los magistrados de la Sala de Decisión del Tribunal al momento de anular el trámite de allanamiento a cargos, lo único que cabe, so pena de hallarse incursos en desacato, es que esos funcionarios acaten lo expresamente ordenado y, en consecuencia, emitan la decisión de conformidad con las pautas referenciadas en el fallo constitucional.

Es claro que la violación del debido proceso y de los principios de imparcialidad y limitación, que subyace en lo decidido por la Corte al momento de resolver de fondo la tutela interpuesta contra los magistrados del Tribunal, dice relación con una actuación específica de estos y, por ello, los vincula en la orden impartida de rehacer la decisión bajo nuevos parámetros, razón suficiente para entender que solo ellos, en cuanto destinatarios directos de los dispuesto en la acción constitucional, son los llamados a emitir la decisión de fondo.

Es evidente también, como así lo hacen ver los magistrados que se oponen a la declaratoria de impedimento, que esa vinculación con lo decidido por la Corte en sede de tutela, comporta otros tantos efectos, que atienden al trámite de desacato y la posibilidad de sancionar el incumplimiento de lo ordenado, pues, si el asunto se traslada a otra Sala de Decisión, no es posible sancionarla en el evento de abstenerse de decidir de fondo o apartarse de los parámetros que configuran el soporte de decidido.

La singular manifestación realizada por los magistrados de la Sala de Decisión del Tribunal, que aducen haber opinado sobre el fondo del asunto para apartarse de cumplir con lo expresamente ordenado en el ámbito constitucional, no solo ignora la naturaleza y efectos superiores del trámite extraordinario, cuyo imperativo cumplimiento dimana, precisamente, de haberse verificado en cabeza de la autoridad judicial la vulneración de derechos fundamentales; sino la esencia misma de la causal de impedimento propuesta.

Esto último, porque, en un sentido estrictamente material, el pronunciamiento de fondo que anuncian los magistrados haber realizado, es el que directamente representó la vulneración del debido proceso, como quiera que se erigió el fallador en acusador, suplantando el papel de la Fiscalía, como así lo establece el fallo de tutela, y entonces, resulta claro que la nueva providencia exigida de expedir al Tribunal, debe apartarse de la que dice opinión previa la dupla de magistrados.

Incluso, para abundar en argumentos, verificado que la terminación del asunto, en el caso examinado, deviene de la aceptación unilateral de cargos propia del allanamiento, ninguna violación del principio de imparcialidad puede asumirse si de nuevo el Tribunal examina los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos para determinar la responsabilidad del acusado, dado que este ha renunciado a controvertirlos.

Pero, además, en sentido formal es necesario reiterar la doctrina ya añeja de la Corte, que en examen detenido de la causal propuesta, claramente significa que la opinión o concepto objeto de impedimento es aquella ajena al proceso mismo, en tanto, lo que los jueces o magistrados digan en sus providencias, conforme la competencia a ellos asignada, apenas refleja el cumplimiento del deber funcional que les asiste.

Cuando se advierte, por ejemplo, que uno de los criterios establecidos en las corporaciones judiciales para el reparto de los asuntos, es precisamente el conocimiento previo, fácil se verifica cómo la intervención anterior en el mismo asunto y dentro del mismo ámbito competencial, no puede, en principio, representar factor de impedimento.

Lo sostenido por los doctores Poveda Perdomo y Riaño Riaño conduciría, así, a que la condición de permanencia que opera para el funcionario de segunda instancia respecto del mismo asunto, por consecuencia de la cual, una vez resuelto un primer recurso, debe asumir el conocimiento de los posteriores, devenga inane, ya que desde el inicial pronunciamiento de fondo podría significarse comprometido su criterio o en tela de juicio la imparcialidad que debe asistir la función judicial.

Por tal razón, ha dicho la Corte —CSJ AP, 13 jun.2007, Rad. 27497—:

«Piénsese, por ejemplo, que el Tribunal Superior conociese apelaciones sucesivas de diferentes autos emitidos por el juez penal del Circuito dentro del mismo proceso; bajo tal supuesto, la participación de los magistrados es innegable, pero ninguna razón existe para aceptar un impedimento, sin argumentación específica de respaldo. También habrían participado ya los magistrados que conocen por vía de apelación de la providencia que niega la práctica de una prueba o del auto que se abstuvo de declarar una nulidad; pero esa intervención en el proceso nada dice por sí misma de un pretendido impedimento para conocer después, en segunda instancia, la apelación contra el fallo de primer grado».

Estas las razones (sic) que dan pie a la Corte para declarar infundada la manifestación de impedimento conjunto expresada por los citados magistrados en virtud de este asunto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADO el impedimento conjunto que en razón del presente asunto han manifestado los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, doctores Alberto Poveda Perdomo y Ramiro Riaño Riaño, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno».