Auto 43067 de enero 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada ponente:

Dra. María del Rosario González Muñoz

AP209-2014

Rad.: 43067

(Aprobado Acta 18)

Bogotá D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Al tenor de lo normado en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para definir la competencia que repelen los juzgados involucrados, por cuanto tienen su sede en distritos judiciales diferentes.

Conforme al canon 54 del estatuto procesal en cita, el incidente de definición de competencia constituye un mecanismo ágil y expedito a través del cual el superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, dilucida a quién debe asignársele el conocimiento de la actuación.

En este caso, la controversia se contrae exclusivamente a determinar en cuál despacho recae la competencia para aceptar o rehusar el impedimento expuesto por el juzgado especializado de Cartagena.

Por mandato de los artículos 43 y 44 de ese cuerpo normativo, el primer llamado a aprehender el conocimiento de una actuación es el juez radicado en el territorio de ocurrencia del ilícito, pero cuando éste o los demás disponibles estén impedidos, excepcionalmente, el despacho competente más cercano puede trasladarse al lugar para que atender el proceso.

En el presente asunto, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena no existía, por haber sido suprimido poco tiempo atrás, al momento en que se produjo la manifestación de impedimento por parte del Juez permanente del mismo lugar. Por tal razón, este último remitió las diligencias al juzgado especializado de Barranquilla.

Se ofrece necesario referir que, dentro de otra causa, por auto Corte Suprema de Justicia AP, 25 septiembre 2013, radicación 43222, la corporación avaló el impedimento del juzgado especializado de Cartagena (por haber actuado previamente como juez de garantías), y aclaró que el despacho de descongestión de la misma ciudad tenía un período de permanencia de tan sólo dos meses, por lo cual resultaría inocuo disponer que adelantara una actuación que no podría concluir. Así mismo, resaltó que el acto administrativo de su creación no le había asignado la función de asumir el conocimiento de los procesos en los que el titular se marginara.

Lo considerado en el pronunciamiento en cita no es aplicable al sub examine. De una parte, porque abordan temáticas distintas: aquél resolvió si una manifestación de impedimento era fundada o no, en tanto que el presente tiene por objeto de estudio la definición de competencia entre dos despachos de distritos judiciales diferentes. En adición, los supuestos por los cuales la Sala estimó necesario remitir la actuación al juzgado de Barranquilla, han cambiado.

En efecto, por disposición del Acuerdo PSAA13-9962 del Consejo Superior de la Judicatura se había creado el despacho de descongestión de Cartagena para que funcionara solo durante dos meses, hasta el 30 de septiembre de 2013, es decir, cinco días después de la fecha de emisión del proveído de la Sala de Casación Penal previamente reseñado, de los cuales sólo tres eran hábiles. Como se dijo en ese momento, era materialmente imposible adelantar cualquier actuación relevante en tan poco tiempo.

No obstante, mediante los Acuerdos PSAA13-9991 y PSAA13-10068 del organismo de administración judicial, se ha venido prorrogando sucesivamente la medida de descongestión, de tal suerte que por ahora está vigente hasta el 30 de mayo de este año, lapso evidentemente superior al ínfimo con que se contaba en la pretérita oportunidad, y que posiblemente se extienda, como ha venido ocurriendo regularmente.

De igual forma, para subsanar el yerro advertido en la providencia aludida, fue proferido el Acuerdo PSAA13-10065, mediante el cual se amplió la competencia del juzgado de descongestión de Cartagena, para que además de los asuntos que el funcionario permanente le remitiera en orden a reducir la carga laboral del despacho, incluyera aquellos en los que éste se hubiera declarado impedido.

Dicho sea de paso, es desacertada la interpretación según la cual la competencia del juzgado de apoyo se extendió a los asuntos con impedimento por parte del juez de planta, pero solamente a aquellos en los que dicha manifestación se produzca con posterioridad a la expedición del último acuerdo en mención. Primero, porque lo que se deduce de aquél texto es que dicha ampliación de funciones cobija todos los procesos en los que el Juez permanente se haya apartado del conocimiento, antes o después de la expedición de la orden.

Adicionalmente, por cuanto ello desconocería que el objetivo perseguido con el acto administrativo, fue precisamente conjurar la anómala situación advertida por este cuerpo colegiado, esto es, que una de las razones que obligaban extender la competencia del juzgado de Barranquilla a los procesos radicados en la capital del departamento de Bolívar, consistía en que el despacho de descongestión de Cartagena no la tenía, por no habérsele asignado explícitamente en el acuerdo de creación.

Entonces, resulta claro que la aplicación mecánica e irreflexiva de los fundamentos expuestos en el auto Corte Suprema de Justicia AP, 25 septiembre 2013, radicación 43222, que se reclama por parte de uno de los juzgados involucrados en la presente definición de competencia, se torna improcedente, pues ante la modificación de los supuestos de hecho que motivaron tal pronunciamiento, se impone un nuevo análisis de las circunstancias propias del caso.

Al margen de lo anterior, tampoco le asiste razón al juzgado de descongestión cuando trae a colación el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal, que dispone “en ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal de impedimento”, y por cuyo tenor considera que no se le puede asignar la dirección del proceso.

Téngase en cuenta que lo que aquí se desvaneció no fue el motivo impeditivo (pues si el funcionario de conocimiento efectuó también el control de garantías, ello constituye un hecho pasado no susceptible de modificación futura); sino la imposibilidad de asignarle el conocimiento de la actuación al despacho más próximo a aquél que se marginó de conocerla (ya que ahora el más cercano no es el de Barranquilla, sino el de descongestión de Cartagena).

El juzgado manifiesta también que su razón de ser consiste en apoyar al despacho de planta de Cartagena, por lo que solo está obligado a recibir procesos remitidos por este, mas no los enviados por otros. La fuerza del argumento decae indefectiblemente al recordar que el proceso tuvo origen en la oficina judicial bolivarense, y no la de Barranquilla, a la que arribó precisamente en virtud del impedimento del titular de aquella.

De los precedentes razonamientos surge diáfano que la facultad para pronunciarse respecto del impedimento propuesto por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, y en caso de aceptarlo, asumir el conocimiento de la causa, corresponde al despacho de descongestión con sede en la misma ciudad, a donde se remitirán inmediatamente las diligencias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ASIGNAR la competencia para pronunciarse respecto del impedimento manifestado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, y en caso de aceptarlo, asumir el conocimiento de la causa, al juzgado de descongestión de la misma categoría y sede, al que se remitirá de inmediato la actuación.

2. COMUNICAR el presente proveído al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.

Cúmplase».