Auto 43091 de febrero 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 43091

AP 336-2014

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 23

Bogotá D.C., tres de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala es la llamada a ocuparse de este asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 600 de 2000.

El impedimento es el instituto previsto por el legislador para garantizar la imparcialidad judicial cuando el funcionario advierta algún tipo de interés o de compromiso con el objeto materia de conocimiento o las partes vinculadas con el asunto puesto a su consideración.

Esto por cuanto la garantía del juez imparcial es inherente a la de acceso a la administración de justicia, la cual supone que aquello que es materia de valoración judicial sea resuelto dentro de la más sana aplicación del derecho.

En el asunto de la referencia el juez penal del circuito especializado de San Andrés, invocó el contenido del artículo 99.3 de la Ley 600 de 2000, como causal para ser separado del asunto en cuestión, disposición que advierte que debe declararse impedido cuando quiera “que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.

Así, el funcionario judicial que promueve el trámite impeditivo, considera que su imparcialidad está en peligro toda vez que fue el defensor de Sixto Alberto Vallejo Román por el delito de tráfico de estupefacientes, y en esa calidad suscribió la solicitud de devolución del título que motiva la petición de conversión del título que genera el impedimento.

Objetivamente no cabe duda de que se cumple formalmente la causal de impedimento en el entendido de que actuó como defensor de Vallejo Román. Lo que está en duda es que se requiera imparcialidad para cumplir un simple trámite de naturaleza administrativa como convertir el título a órdenes del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Andrés, autoridad esta que es la que debe evaluar las condiciones para ordenar la devolución del dinero a favor de Vallejo Román.

Así, es claro que la conversión del título judicial resulta ser un mero trámite de naturaleza administrativa, en cuya tramitación no está comprometida la imparcialidad como sí lo es la celeridad; sin dejar de ser destacado por esta corporación el celo que exhibe el juez isleño para ocuparse de un asunto al cual ha estado vinculado profesionalmente como defensor.

En conclusión, se declarará infundado el impedimento y se devolverá la actuación al juez penal del circuito especializado de San Andrés a efectos de que convierta el mencionado título judicial a órdenes del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, autoridad que es la que deberá finalmente analizar la forma en que habrá de resolver la petición de la defensa en relación con la devolución del título judicial en favor del condenado Sixto Alberto Vallejo Román.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Declarar infundado el impedimento formulado por el doctor Remo Areiza Taylor, juez penal del circuito especializado de San Andrés, para convertir el título judicial constituido a nombre de ese despacho por el señor Sixto Alberto Vallejo Román, a la orden del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del mismo distrito judicial.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».