Auto 43243 de febrero 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP792-2014

Rad.: 43243

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C, veinticinco de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte.

De acuerdo con el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004(1), la Corte es la llamada a definir la competencia, tratándose de un magistrado de tribunal que rehúsa conocer de un asunto que en su criterio corresponde a otra autoridad de igual jerarquía de otro distrito judicial.

Pues bien:

En la providencia de la Corte que se cita en la decisión mediante la cual el magistrado rehúsa conocer del incidente de levantamiento de medidas cautelares recaídas sobre bienes inmuebles denunciados por la Fiscalía como de propiedad del postulado Carlos Mario Jiménez Naranjo, se define el tema a partir del principio general conforme al cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

En ese orden, con base en ese argumento podría afirmarse que si lo principal es la actuación en la cual se decretaron las medidas cautelares, el incidente de levantamiento de las mismas, como cuestión accesoria, debería tramitarse ante el magistrado que las impuso, solución que en principio y solamente desde el punto de vista formal no parecería tener objeción. Sin embargo, dicha audiencia de imposición de medidas cautelares solo se justifica como consecuencia de la existencia de un proceso judicial propiamente dicho, y en este caso, de uno que se tramita ante la jurisdicción especial de justicia y paz en la ciudad de Bogotá, lugar en el cual deben tramitarse las cuestiones accesorias o incidentales.

De manera que aun cuando la decisión de afectar los bienes que la fiscalía denunció como de propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo, fueron proferidas por el magistrado con funciones de control de garantías del Tribunal Superior de Medellín, es ante un Magistrado de igual jerarquía de la ciudad de Bogotá, lugar en donde actualmente se tramita el proceso, el escenario para proponer y tramitar el incidente dirigido a obtener el levantamiento de tales decisiones, con lo cual se articula el proceso como es debido con la garantía de defensa de los intereses de los sujetos procesales que intervienen en el trámite.

En efecto, el magistrado con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín decretó las medidas cautelares contra bienes denunciados como de propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo, en audiencia llevada a cabo el 14 de enero del año pasado, pero en razón a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA 084641 del 12 de marzo de 2008, diseñó una política de asignación de procesos de acuerdo al área de influencia de los grupos armados al margen de la ley que se desmovilizaron, le corresponde conocer del incidente al magistrado con funciones de control de garantías en donde actualmente se surte la actuación principal.

Precisamente con base en esta disposición de orden administrativo, expedida con fundamento en la Ley 975 de 2005, y en el Decreto 4760 del mismo año, el proceso contra Carlos Mario Jiménez Naranjo, jefe del Bloque Central Bolívar, se encuentra actualmente asignado a la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de la ciudad de Bogotá, según se infiere de la constancia que obra a folios 189 del cuaderno uno. De manera que en esas circunstancias, le corresponde al magistrado con funciones de control de garantías de la ciudad de Bogotá, lugar en donde se encuentra radicada la actuación principal contra el desmovilizado, tramitar el incidente de levantamiento de las medidas cautelares indicadas.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Declarar que la competencia para conocer del incidente de levantamiento de medidas cautelares propuesto a través de apoderado judicial por Paula Andrea y Lina Fernanda Trujillo Saldarriaga, corresponde al magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, lugar a donde se remitirá el expediente para lo de su cargo.

Comuníquese lo decidido a los intervinientes en este trámite judicial.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cúmplase».

(1) Como la Ley 975 de 2005 no regula el tema de la definición de competencia, el principio de complementariedad del artículo 62 de dicho estatuto, impone acudir al procedimiento penal que sí reglamenta la materia.