Auto 43288 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Rad.: 43288

AP1635-2014

Aprobado Acta 93

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar la impugnación presentada, en tanto emitida por la Sala de Justicia y Paz del tribunal Superior de Bogotá.

2. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1592 de 2012, que introduce el artículo 11 A a la Ley 975 de 2005, hay lugar a la exclusión de la lista de postulados al proceso de Justicia y Paz:

“(...).

5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión”.

La redacción de la norma es clara, de donde se desprende sin dificultad que quien con posterioridad a la desmovilización cometa delito doloso y resulte condenado por el mismo, incurre en la causal y procede en consecuencia su exclusión del juicio transicional. En la otra hipótesis la norma hace alusión a quien luego de la postulación y encontrándose privado de la libertad comete delito. En el primer caso el presupuesto es la condena, en el segundo, basta que se establezca la comisión del delito.

La inteligencia de la norma conlleva a establecer la fecha de desmovilización y la fecha de ocurrencia del hecho, así como la determinación de que la condena impuesta se encuentre en firme, a efecto de concluir en la procedencia de la causal de exclusión.

En el evento que nos ocupa, por establecido se tiene que el señor postulado Nelson Gelves Lizcano, se desmovilizó individualmente el 26 de enero de 2005(2). De la misma forma está suficientemente demostrado que el señor Gelves Lizcano fue condenado mediante sentencia del 11 de junio de 2008, emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja y confirmada por el tribunal superior de esa misa ciudad el 22 de julio de 2008, al ser declarado responsable de la comisión de los delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas a 240 meses de prisión. Los hechos objeto de juzgamiento a que hace referencia la sentencia ocurrieron el 19 de septiembre de 2007.

Es claro entonces que encontrándose desmovilizado, y bajo la vigencia de la Ley 975 de 2005, el señor Gelves Lizcano, incurrió en conductas delictivas, por las cuales fue condenado, lo que legitima su exclusión del proceso de justicia y paz.

3. El artículo 2º del Decreto 128 de 2003, que reglamenta la Ley 417 de 1997, define al desmovilizado como aquella persona que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República.

Por su parte, el artículo 9º de la Ley 975 de 2005, define la desmovilización como el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

Es importante tener claro el concepto de desmovilización por cuanto a partir de su ocurrencia, esto es, desde el momento en que se hace dejación de armas y se abandona la actividad delictiva, la persona perteneciente a ese grupo armado, llámese guerrilla o autodefensa, ha exteriorizado su voluntad de vincularse al proceso de paz, y adquiere un status legal, del cual se derivan derechos y obligaciones. Entre tales derechos cabe destacar la entrega de documentos de identidad, beneficios relacionados con la salud, seguridad social, protección y seguridad, bonificación por entrega de armas, en general los beneficios socioeconómicos que comprenden además el grupo familiar del desmovilizado y que señalan los reglamentos pertinentes (D. 128/2003, 395/2007).

Entre las obligaciones, particularmente se destaca aquella que tiene que ver con el abandono total de cualquier actividad delictiva, por cuanto no hacerlo resultaría contrario a la pretensión del desmovilizado de vincularse a un proceso de paz, de reincorporarse a la vida civil; y repugna a los fines del proceso de paz, mantener en el mismo a quien persista en la actividad delincuencial, dado que el delito es contrario a la paz.

De esta manera, se da respuesta a la argumentación del representante de víctimas, quien, luego de apoyar y manifestar su absoluto acuerdo con la decisión de exclusión, finalmente sostuvo que no hay lugar a la misma por cuanto los delitos se cometieron con posterioridad a la postulación.

Ciertamente, el señor Gelves Lizcano se desmovilizó en el mes de enero de 2005, y su postulación al proceso se produjo el 27 de mayo de 2010, al paso que los delitos se cometieron en noviembre de 2007, de manera tal que para cuando se produce la susodicha postulación el Gobierno Nacional debió ser conocedor de que sobre el postulado recaía una sentencia (nov. 2008).

La postulación es aquel acto mediante el cual el Gobierno Nacional a través de la entidad correspondiente incluye en un listado a los desmovilizados interesados y que han superado los presupuestos de elegibilidad definidos en la ley, y los remite a la Fiscalía General para que respecto de ellos se inicie la fase judicial del proceso de justicia y paz.

La exclusión es un acto judicial que está determinado por la constatación por parte de la fiscalía y de la magistratura de justicia y paz, del cumplimiento de las condiciones señaladas en la ley, por manera que, tal como lo definió por el tribunal a quo, los errores que pudieron cometerse en la constatación de los requisitos de elegibilidad no atan a los funcionarios judiciales.

Se insiste, a partir de la desmovilización el desmovilizado se encuentra en situación de cumplir todas las cargas que le son demandables. Obsérvese que así lo estipula el artículo 11 de la Ley 975 de 2005.

Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

“11.1. Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2. Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3. Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.

11.4. Que cese toda actividad ilícita.

11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima.

De esta forma queda claro que el postulado Gelves Lizcano sí estaba en la obligación de someterse a las obligaciones que derivaban de su desmovilización.

4. Reclama el defensor aplicación del principio de igualdad, y demanda el mismo trato que se le dio al postulado Libardo Duarte al interior del caso radicado en esta corporación con el número 33124. Ciertamente, se trata de eventos similares, en cuanto corresponden a desmovilizados individuales, ambos en el año 2003, que cometieron delitos con posterioridad a su desmovilización y antes de ser postulados.

No obstante, debe abandonarse aquella posición en la que se definió que no era procedente la exclusión dado que los delitos habían sido cometidos antes de la postulación, como se consideró en otras decisiones proferidas v. gr. al interior de los radicados 34423 y 39162. Es claro que no puede desconocerse la continuidad del proceso de paz y reconciliación nacional, por manera que los compromisos adquiridos por los desmovilizados deben cumplirse, so pena de perder los derechos y privilegios a que acceden los desmovilizados, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley 418 de 1997 (prorrogado por L. 548/99 art. 1º; L. 782/2002, art. 21 y L. 1421/2010, art. 20), al preceptuar la pérdida de los beneficios si se incurre en delito doloso dentro del proceso de reinserción.

En ese mismo sentido debe citarse el artículo 3º del Decreto 4436 de 2006, en cuanto excluye de los beneficios de la Ley 782 a los miembros de grupos armados al margen de la ley, cuyas acciones delictivas se encuentren desligadas de los propósitos y causas del grupo y de las directrices genéricas o específicas impartidas por el mando responsable. Sobre el particular es pertinente anotar que el señor Gelves Lizcano, incurrió en delitos que en manera alguna involucran al grupo al cual pertenecía.

No guarda similitud alguna con el caso que aquí se juzga, el del procesado Raúl Agudelo Medina, Alias Olivo Saldaña (Rad. 37676, dic. 14/2011), en cuanto allí se deprecó la exclusión con fundamento en la falta de lealtad del postulado con el proceso de justicia y paz, al omitir la verdad en sus exposiciones.

En el sub judice, la fiscalía sustentó su petición de exclusión en la ya analizada causal, nada dijo en su argumentación sobre la colaboración que frente al proceso hubiese prestado el postulado Gelves Lizcano.

De lo anterior se concluye que los argumentos expuestos por el recurrente no están llamados a prosperar, motivo por el cual se conformará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 23 de octubre de 2013 emitida por la Sala de Justicia y Paz del tribunal Superior de Bogotá, conforme a los argumentos expuestos.

2. DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede el recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Certificado CODA 0828 del 29 de abril de 2005 (fl. 1).