Auto 43696 de julio 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

AP 3589-2014

Radicación 43696

(Aprobado Acta 202)

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. CONSIDERACIONES

La Sala es competente para resolver este asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 27 de la Ley 1592 de 2012.

El problema jurídico que debe enfrentar la Sala está circunscrito a determinar si el desmovilizado J. de J. P. J. tiene derecho a la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, y en particular si satisface los requisitos para ello previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el 19 de la Ley 1592 de 2012.

Para empezar, conviene poner de presente que la norma que gobierna la institución materia de discusión, dispone:

“ART. 19.—La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:

ART. 18A.—Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes.

Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con funciones de control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que el postulado deje de participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;

2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente;

3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.

PAR.—En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley”

En la providencia apelada se acepta que el desmovilizado acreditó la satisfacción de los requerimientos previstos en los numerales 1º, 4º y 5º de la mencionada disposición, esto es, lo relativo al tiempo de privación de la libertad, así como que tampoco existe reparo en relación con los bienes entregados y con la conclusión según la cual no ha cometido delitos dolosos luego de producida la desmovilización.

Por tanto, respecto del cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 2º y 3º es que surge la discusión.

El numeral 2º contiene dos exigencias vinculadas con la privación de la libertad, específicamente lo atinente a la forma en que el desmovilizado debe aprovechar los programas de resocialización puestos a su disposición y con la conducta observada durante el período de reclusión.

En lo que a la readaptación se refiere, el artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz contiene como exigencia para que el condenado acceda a la pena alternativa, que “se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad”, lo cual está vinculado con la garantía de no repetición.

Sin embargo, no puede perderse de vista que los derechos a la verdad, justicia y reparación de que son titulares las víctimas, son fundamentales en este proceso transicional. En ese orden, es prioritario que el postulado al tratamiento indulgente previsto por la Ley 975 de 2005, comparezca a todas y cada una de las diligencias que se le programan con el objetivo primordial de desentrañar la verdad de todo el accionar del grupo al que pertenecía, sin que pueda oponerse al cumplimiento de dicha obligación, esencial, se insiste, la participación en las actividades de resocialización ofrecidas por el centro de reclusión; de suyo escasas.

Por tanto, la disponibilidad del desmovilizado para participar en las diligencias que en cumplimiento de la garantía de verdad se programan, no puede interrumpirse o postergarse por la participación en programas de reintegración a la sociedad, disponibilidad que implica el traslado por diferentes centros de reclusión, desplazamiento a distintos despachos judiciales, con lo cual se altera, sin duda, la adecuada participación en los programas de reintegración social, lo que, en todo caso resulta inoponible a ellos, dado que están al servicio, antes que nada, de la verdad.

Como se puede ver, P. J. ha participado en innumerables audiencias, al punto que ha confesado 231 hechos delictivos y participado en múltiples versiones colectivas, según se infiere de lo relatado en la actuación, por lo que reprochársele que sólo tenga 22 meses de trabajo, estudio o enseñanza, supone desconocer que su obligación principal es la de contribuir eficazmente con la construcción de la verdad.

En consecuencia, la Sala halla razonables los planteamientos del apelante cuando concluye que no existen elementos de juicio que puedan llevar a considerar que P. J. ha rehusado, de manera injustificada, a participar en los programas de resocialización que se le han ofrecido.

De otra parte, en relación con la exigencia prevista en el mismo numeral segundo del artículo 18 A de la Ley 1592 de 2012 relacionada con la buena conducta que debe acreditar el desmovilizado para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento, la Sala encuentra necesario recordar que desde la expedición de la Sentencia C-370 de 2006 cuando al declararse inexequible el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, se viene advirtiendo que los establecimientos en que los desmovilizados deben estar recluidos deben ser aquellos sometidos al control penitenciario y carcelario.

Pues bien, dicha consideración supone que lo que se ha pretendido desde entonces es el imperio de la normativa que regula el régimen penitenciario y carcelario previsto en la Ley 65 de 1993 en concordancia con la ley 1709 de 2014, dentro de la cual la calificación de la conducta del interno se realiza de una manera reglada y por tanto, la misma se evalúa tal como allí se señala, por los órganos competentes, en la forma y con los procedimientos allí previstos.

En ese orden, cuando el numeral 2º del artículo 18 A de la Ley 975 de 2005 determina que el desmovilizado que aspira a ser beneficiado con la sustitución de la medida de aseguramiento debe acreditar su buena conducta, no cabe duda que la misma se demuestra tal y como se dispone en dicho plexo normativo; y en ese sentido, así lo ha acreditado el desmovilizado P. J., sin que puedan exigírsele requisitos adicionales. En suma, demostró que durante el tiempo que ha permanecido privado de la libertad, ha mantenido buena conducta tal y como lo indica la norma cuya aplicación se solicita.

Vale la pena advertir que al momento de evaluarse la concesión de la sustitución de la medida de aseguramiento, se debe ponderar con cuidado y consultando la teleología general del instituto, la especie, intensidad y dimensión de la posible falta disciplinaria que haya impedido la obtención del certificado de buena conducta, la cual, para poder utilizarse como motivo para negar la medida liberatoria, habrá de estar íntimamente ligada con el incumplimiento de las obligaciones principales del desmovilizado; así como la forma en que habría de superarse. Esto por cuanto no puede medirse con el mismo rasero el acatamiento de obligaciones relacionadas con la exitosa satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación efectiva, con faltas que pueden no revestir una trascendencia tal que con fundamento en su existencia se cierren las puertas de la cárcel, sin existir una vía jurídica expresa mediante la cual se pueda tasar en tiempo, la trascendencia de dicha sanción.

Porque, de otro modo, la existencia de una falta disciplinaria menor, tendría la virtualidad de producir consecuencias desproporcionadas frente a la libertad, la cual se negaría en su presencia, sin importar que las principales obligaciones del desmovilizado fueron cumplidas cabalmente.

Así, en el asunto de la referencia, los incidentes que se relatan, como el hallazgo de licor en la celda de P. J., y la utilización posiblemente inapropiada de un computador suministrado al parecer para la preparación de sus versiones, no pasan de ser episodios menores frente a la magnitud de los compromisos asumidos por el desmovilizado en referencia con la terminación del conflicto armado y por supuesto con su cumplimiento.

En todo caso, dichos sucesos no han sido calificados como faltas disciplinarias por la autoridad competente, ni tampoco han afectado la calificación de la conducta del desmovilizado, y por tanto, no está acompañado de la razón quien con fundamento en su apreciación, considera incumplida una de las exigencias para conceder la sustitución, cuando el requisito que contiene la norma hace relación exclusivamente a la calificación de la conducta como “buena”.

Ahora bien, en relación con si P. J. ha colaborado suficientemente con la construcción de la verdad, hay que advertir que tal consideración no se consolida única y exclusivamente con la certificación de todos y cada uno de los fiscales que escucharon las versiones libres que rindió; pero además, hay que recordar que el fiscal tiene una enorme responsabilidad en relación con la actividad que realiza el desmovilizado frente a su obligación de contribuir a dicha construcción, la cual, de no cumplirse, activa en dicho funcionario la legitimidad para perseguir su exclusión.

En otras palabras, carece de legitimidad para oponerse a la sustitución de la medida de aseguramiento, el fiscal que a estas alturas del proceso argumenta que el desmovilizado no ha colaborado de manera suficiente con el esclarecimiento de la verdad; ya que, de ser cierto, lo que debió hacer fue solicitar su expulsión tan pronto como tal comportamiento evasivo quedó evidenciado.

En relación con el contenido del rol del fiscal en las versiones libres, esta Corporación ha precisado lo siguiente (AP de 23 de agosto de 2011 Radicado 34423):

“Ya esta corporación lo había señalado al advertir(1):

“El rol de la fiscalía en el contexto de la versión libre no es pasivo. Tiene el deber institucional de interrogar al desmovilizado para lograr el esclarecimiento de la verdad, que constituye un presupuesto de la investigación y de la labor de verificación que debe agotar con miras a consolidar una formulación de cargos. Sin embargo, antes de iniciar el cuestionario deberá inquirirlo sobre si es su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y beneficios de la Ley, como requisito para adelantar las demás etapas del proceso judicial(2).

De modo que a la finalización de la versión libre la Fiscalía debe poder desentrañar si hay causal de archivo, de preclusión, si el desmovilizado ha desistido de su decisión de trasegar por la vía transicional, si hay razón para excluirlo, o si están dados los presupuestos para formular imputación, entre los cuales está, se insiste la versión completa y veraz; y actuar en consecuencia.”

Como quiera que la discusión en relación con la satisfacción de las exigencias para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento, en el asunto de la referencia, está limitada a las causales previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 18 A de la Ley 975, toda vez que las otras se encontraron acreditadas; la Sala revocará la decisión apelada y accederá a la sustitución pretendida, puesto que verifica satisfechos los requisitos para que el desmovilizado P. J., sea beneficiario de dicha medida.

Finalmente, una vez adoptada la decisión anunciada correspondería a la Sala determinar cuál o cuáles medidas de aseguramiento no privativas de la libertad debe imponer al desmovilizado en cita como sustitución de la detentiva, sino fuera porque carece de información relacionada con la existencia de otros requerimientos de autoridades judiciales en contra de P. J. o de sentencias que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 18 B de la Ley 975 de 2005 —adicionado por el 20 de la 1592 de 2012— pudiera suspender condicionalmente su ejecución; por lo que se ordenará devolver el proceso al despacho de origen con el fin de que de continuidad a la audiencia en la que habrán de decidirse todos los demás aspectos relacionados con la sustitución de la detención preventiva de J. de J. P. J.

Por las razones antes mencionadas, se revocará la decisión impugnada.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Revocar la decisión apelada, por las razones señaladas en esta providencia y en consecuencia, se ordena la devolución de la actuación al Despacho de origen con el fin de que se de continuidad a la audiencia en los términos previstos en la parte motiva de este proveído.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) Auto de 31 julio de 2009, radicado 31539.

(2) Artículo 1º del Decreto 2898 de 2006.