Auto 43777 de mayo 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 43777

AP2656-2014

Magistrada Ponente

Dra. María del Rosario González Muñoz

Bogotá D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce.

Aprobado Acta153

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Al tenor de lo normado en el artículo 75-8 de la Ley 600 de 2000, estatuto adjetivo bajo cuya égida se adelanta la presente actuación, la Sala es competente para resolver la solicitud, por cuanto que consiste en el cambio de radicación de un distrito judicial a otro.

Dado que aún no se ha proferido el fallo de primera instancia, y el pedimento se eleva por parte de la Fiscalía, sujeto procesal reconocido, se cumplen las exigencias del canon 86 del mismo cuerpo normativo para proferir decisión de fondo.

El instituto jurídico referido constituye una excepción a los factores que determinan la competencia territorial, y tiene por finalidad la preservación del orden público, la imparcialidad e independencia de la Administración de Justicia, las garantías procesales (incluyendo la publicidad), y la seguridad e integridad personal de los funcionarios judiciales, las partes e intervinientes y los testigos, según se desprende del artículo 85 del Código de Procedimiento Penal en cita.

Dichos objetivos determinan también su procedencia, por lo que el peticionario debe demostrar la configuración de una o varias de dichas causales con las pruebas allegadas para tal efecto, lo que se deduce sin ninguna dificultad del contenido del canon 87 ibídem.

Impera precisar en primer término, como ya lo ha hecho la Sala en pretéritas oportunidades (Cfr. CSJ AP, 24 Mar 2010, Rad. 33788), que constituye un hecho notorio la conformación de grupos armados al margen de la ley, comúnmente conocidos como paramilitares, que ejercieron una ocupación violenta y control de muchas esferas de la vida social en diversas regiones del territorio nacional.

La misma notoriedad puede predicarse de la existencia de las denominadas bandas criminales, compuestas usualmente por ex paramilitares, tras el proceso de desmovilización, las cuales heredaron sus estructuras delictivas y se disputan en la actualidad el control de ciertas zonas del país.

Resulta indudable también que la actividad de esas organizaciones criminales ha conducido a afectar las reglas de convivencia social y en especial a la población civil en la cual ha recaído la mayoría de las acciones de estos grupos, motivadas generalmente por no compartir sus intereses, estrategias y procedimientos, y es así como en el afán de anteponer sus propósitos han dejado entre sus numerosas víctimas a servidores públicos de la administración de justicia, de la policía judicial, alcaldes y defensores de derechos humanos (Cfr. CSJ AP, 22. May. 2008, Rad. 29702; CSJ AP, 23 Abr 2009, Rad. 31599).

La denominación de hecho notorio implica, como así lo ha entendido la Sala en su amplia jurisprudencia sobre el tema, que un determinado acontecimiento, situación o circunstancia no requiere de prueba específica que lo corrobore (CSJ AP, 01 Ago. 2007, Rad. 27840).

Es lo que ocurre en La Guajira, territorio que fue azotado por la violencia paramilitar, concretamente del Bloque Norte de las AUC, hasta la desmovilización de sus comandantes, tras lo cual las bandas criminales empezaron a disputar el control de extensas zonas del departamento, incluyendo a Riohacha, su capital.

Lo anterior, aparece también registrado en el informe de policía judicial 814374 del 7 de octubre de 2013, allegado a la petición de cambio de radicación, en el cual, adicionalmente, se extracta la cercanía y posible alianza criminal entre el procesado Gómez Cerchar y Marcos de Jesús Figueroa García, alias “Marquitos”, líder de uno de los grupos delincuenciales a los que se viene haciendo referencia.

Desde esa perspectiva, resulta evidente la procedencia de la solicitud impetrada, por cuanto es claro que la asignación del proceso al Juez Promiscuo del Circuito de Riohacha no garantizaría a plenitud su imparcialidad e independencia, ni tampoco su seguridad, en virtud del poder que han adquirido tales grupos en esa región del país.

Existe igualmente un riesgo no desdeñable para los testigos que han rendido declaración y pueden volver a hacerlo en la audiencia de juzgamiento, pues según se infiere de sus versiones, reseñadas en la resolución de acusación, todos ellos han manifestado temor por las posibles retaliaciones contra su vida y seguridad personal. Incluso, por tal razón, muchos de ellos son beneficiarios del Programa de Protección ofrecido por la Fiscalía General de la Nación.

Sin que se esté prejuzgando en esta sede al señor Juan Francisco Gómez Cerchar, pues ese no es el objeto del presente proveído, no puede desconocerse que los nexos que, según la acusación, tenía con las estructuras paramilitares y conserva con al menos una de las bandas organizadas que tienen presencia en la ciudad aludida; constituyen razón suficiente para concederle la razón a la petición de la Fiscalía.

En tales condiciones, es preciso acudir al mecanismo que excepciona el factor territorial de competencia, para disponer, en consecuencia, la radicación del presente asunto en los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DISPONER el cambio de radicación del proceso seguido contra JUAN FRANCISCO GÓMEZ CERCHAR, alias KIKO GÓMEZ, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, del Distrito Judicial de Riohacha al de Bogotá.

2. ASIGNAR el conocimiento del asunto a los Juzgados Penales del Circuito Especializado de la ciudad capital, para cuyo efecto la autoridad judicial respectiva los remitirá a la oficina de reparto correspondiente.

Cúmplase».