Auto 44312 de enero 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá D.C., veintisiete de enero de dos mil quince.

Bogotá D.C., siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) del veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, declara instalada la audiencia preparatoria en la presente causa radicada bajo el número 44312, seguida contra el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, General en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez.

Transcurrido el término de traslado común a los sujetos procesales de que trata el inciso segundo del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal aplicable a este caso, es decir, la Ley 600 de 2000, se corrobora que esta corporación es competente para adelantar la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 235 de la Constitución Política y el numeral 6º del artículo 75 del estatuto procesal citado, en razón a que Miguel Alfredo Maza Márquez se desempeñó como Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desde el 23 de mayo de 1985 hasta el 5 de septiembre de 1991(1), periodo dentro del cual habría realizado las actividades por las que la Fiscalía 5ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le ha formulado acusación ante la Corte.

En desarrollo de dicho traslado solicitaron pruebas la Procuraduría, la Parte Civil constituida por la señora Gloria Mercedes Rojas Escobar y la constituida por la familia Galán Pachón, el Fiscal 5º Delegado ante la Corte y el defensor del procesado. Este último sujeto procesal, efectuó el pedido probatorio subsidiariamente a demandar la nulidad de lo actuado, pretensión que debe resolverse en primer lugar porque de prosperar quedaría sin vigencia lo demás.

I. Sobre la nulidad propuesta por el defensor

Demandó el defensor la nulidad de todo lo actuado a partir del 18 de agosto de 2009, fecha en la que se cumplieron veinte años de la ocurrencia del hecho objeto de esta investigación, es decir, la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, pues consideró que al transcurrir ese lapso, la acción penal prescribió.

Los argumentos en que se sustenta el defensor los expuso de la siguiente manera:

Comenzó por describir la importancia que en el orden legal interno se le debe brindar al principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal, pues así lo enseñan los artículos 28 y 29 de la Constitución Política colombiana, en los que se contempla expresamente la prohibición de que se aplique el conjunto normativo penal de forma retroactiva, salvo por virtud del principio de favorabilidad.

Disposiciones que, resaltó el defensor, tienen su génesis en el derecho internacional de los derechos humanos normatizado a nivel supranacional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en el año 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, particularmente en sus artículos 1º y 9º, y en el artículo 15 del Pacto Internacional sobre Derechos Humanos vigente desde el 23 de marzo de 1976.

Concluyó que los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal no son generosas concesiones, sino que constituyen verdaderos deberes y obligaciones que se impone respetar, en cuanto salvaguardan compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en diversos tratados públicos cuyo incumplimiento lo harían merecedor a las sanciones respectivas por parte de organismos internacionales.

Criticó a la Fiscalía General de la Nación, porque con el objeto de remediar su propia desidia, con grosero desconocimiento y supina ignorancia, términos empleados por el defensor, hizo a un lado las normas jurídicas nacionales e internacionales y sobre ese soporte declaró que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento era un delito de lesa humanidad frente al cual no se aplica la prescripción de la acción penal.

Agregó el defensor que la regulación del derecho internacional se encuentra en la Convención sobre el Derecho de los Tratados adoptada en Viena en 1969, que entró en vigencia en enero de 1980, a través de la cual se señalaron las bases de interpretación de las normas de derecho internacional, dejándose en claro que en lo no regulado por ella se permitía acudir al derecho internacional general o ius cogens, el cual, conforme al artículo 53, se conoce como el conjunto de normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados, que no admiten su desconocimiento, y que solo pueden ser modificadas por una norma posterior de derecho internacional de igual jerarquía.

Resaltó, entonces, que a partir de esa convención está claro que un tratado, como regla general, obliga a partir de su entrada en vigor, de lo cual surge la obligación para cada Estado parte de ajustar su ordenamiento interno a las disposiciones internacionales, en tanto éstas, no derogan las normas del derecho interno de cada Estado, ni tampoco pueden invocarse como justificación del incumplimiento de un tratado, tal cual se indica en el artículo 27 de la propia Convención.

En otras palabras, dice el defensor, en Colombia el derecho internacional no tiene la capacidad de derogar ni reformar las normas de derecho interno, regla general que solo admite excepciones plasmadas en la propia Constitución Política, entre ellas, lo referente al derecho de los niños, consagrada en el artículo 44 superior, los convenios internacionales del trabajo citados en el artículo 53, los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos, contenida en el artículo 93, y lo que incumbe a los mínimos estándares de protección de los derechos fundamentales.

Razones estas por las que concluyó que el tratado sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no es aplicable en Colombia.

Así las cosas, descendiendo al caso del homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, aseguró el defensor que los elementos que configuran el concepto de lesa humanidad no se encontraban definidos en la legislación nacional para el momento de los hechos, luego mal puede tenerse esa figura como derecho aplicable en este asunto.

Mucho menos, cuando para el año 1989, año de ocurrencia de los hechos, en el derecho internacional general o ius cogens el concepto de lesa humanidad estaba condicionado a la existencia de un conflicto armado, nacional o internacional, y solo era posible que cometieran ese tipo de infracciones quienes hicieran parte del mismo.

Destacó el libelista que a lo largo de la historia, el concepto de lesa humanidad se ha ligado a los actos o atentados graves contra la humanidad realizados por razón de un estado de guerra o conflicto. Recordó que así fue estipulado en la cláusula Martens referida en el preámbulo de la IV Convención de La Haya de 1907 sobre las costumbres de la guerra terrestre, ese mismo contexto se le dio en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 1945 y en el estatuto del Tribunal Militar Internacional para el lejano oriente, también conocido como el Tribunal de Tokio. Resaltó que en el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1954 se eliminó la referencia específica a que estos hechos hubieran sucedido dentro del marco de una guerra o conflicto armado, pero en su reemplazo se incluyó el nexo con la actividad de algún agente del Estado, lo que le permite concluir que de todas formas se vinculó a los crímenes de Estado.

El defensor rememoró que en los años ochenta, tres instrumentos internacionales refirieron a los delitos de lesa humanidad, como fueron la Convención sobre la no aplicación de limitaciones estatutarias a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad; la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad; y, por último, la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid. En todos ellos, no obstante la inclusión de la posibilidad que se cometieran en tiempo de paz, se mantuvo la definición del crimen contra la humanidad dada en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg.

Aclaró que separar los delitos de lesa humanidad de la necesidad de que se presenten al interior de la guerra, vino a hacerse en una decisión adoptada por el Tribunal Internacional de Yugoslavia el 2 de octubre de 1995 (caso Tadic), a partir de la cual no se exigía esa conexión, pero la separación no fue total sino parcial, pues se insistió en que el delito de lesa humanidad cuando no fuera en un escenario de conflicto armado —interno o externo— de todas formas quedaba vinculado a que los miembros de grupos armados, cualquiera fuera su origen, actuaran como una organización estatal, con lo cual, en criterio del defensor, quedaron excluidos los actos de la criminalidad organizada trasnacional del narcotráfico como considera que se debe calificar al aparato militar organizado, financiado y sostenido por Pablo Emilio Escobar Gaviria.

En estas condiciones, concluyó que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y de otras personas, cometidos en el mismo contexto, no reúnen los requisitos para ser calificados como delitos de lesa humanidad, en tanto su crimen nació únicamente de Pablo Escobar, conocido jefe del cartel de Medellín, con motivo de las gestiones que aquél líder político estaba haciendo en procura de establecer la extradición de colombianos a los Estados Unidos, tal como la propia Fiscalía lo consignó en la resolución de acusación. Es decir, no se trató de un crimen ideado ni desarrollado por un aparato organizado de poder sino de un ataque de la delincuencia organizada contra una posible futura política estatal.

Entonces, como la financiación, organización y ejecución del homicidio provino del cartel de Medellín, tal cual quedó plenamente acreditado con el testimonio de John Jairo Velásquez Vásquez (a. popeye), grupo delincuencial que a pesar de su capacidad de infundir terror en la sociedad, no ostentaba ideología alguna, tampoco podría asemejársele a una organización con poder y jerarquía. De ahí que a grupos como los extraditables, el MAS o los PEPES, nunca se les haya podido catalogar como aparatos organizados de poder.

Corolario de lo anterior, como el homicidio del doctor Galán Sarmiento no estuvo dirigido contra la población civil, tampoco se derivó de una situación de conflicto, ni de una política atribuible a una organización asimilable al Estado, entonces no puede dársele el calificativo de crimen de lesa humanidad.

Como argumento subsidiario, en caso de que no se acoja lo anterior, el defensor solicitó que se tenga en cuenta que las normas que consagran la imprescriptibilidad de las acciones penales derivadas de los crímenes de lesa humanidad no son normas del ius cogens, tampoco han sido aprobadas por el Estado colombiano y, en consecuencia, no pueden ser aplicadas en el derecho interno.

Sobre lo primero, que las normas de imprescriptibilidad no hacen parte del derecho general internacional (ius cogens), aseguró que de conformidad con la Convención de Viena no puede concluirse que la imprescriptibilidad sea una posición aceptada y reconocida por la comunidad internacional en su conjunto, es decir, con rango de universalidad, en tanto este mismo instrumento internacional, en su artículo IV, comprometió a los Estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para abolir las reglas de prescripción.

Una muestra adicional de que la imprescriptibilidad no hace parte del ius cogens, la encuentra el defensor en el artículo VII de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, por cuanto en este tratado se consagró expresamente que en caso de contrariedad de las normas de prescripción con derechos internos de los Estados vinculados, se debe aplicar el lapso prescriptivo más grave que tenga el correspondiente país, posición similar fue la acogida por la Corte Constitucional cuando en sentencia C-578 de 2002 señaló que la imprescriptibilidad consagrada en el Estatuto de Roma, no era aplicable en el derecho interno colombiano.

En otras palabras, aclaró el defensor, la Convención de Viena no obliga a utilizar la imprescriptibilidad, sino que lo condiciona a la observancia de los procedimientos consagrados en cada Estado parte, que en el caso colombiano será a partir del momento en que se ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y se promueva una modificación constitucional al artículo 28.

De otra parte, señaló el defensor del General retirado Maza Márquez, luego de insistir en la preponderancia del principio de legalidad, dentro del cual ubica el tema de la prescripción, que como derecho de contenido sustancial, según lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-410 de 2010, debe acatarse el lapso prescriptivo máximo señalado en el Decreto 100 de 1980, norma vigente para la época de los hechos, esto es, de veinte años.

En estas condiciones, por violación a las reglas del debido proceso, el defensor solicita se declare la nulidad de lo actuado al haber ocurrido el fenómeno de la prescripción de la acción penal, para lo cual invoca el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000) y como consecuencia de tal declaratoria solicita se le otorgue la libertad a su defendido.

Respuesta de la Corte Suprema de Justicia al pedido de nulidad de la defensa

La problemática aquí planteada se contrae a establecer si los homicidios consumados en las personas del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, precandidato presidencial; Santiago Cuervo Jiménez, escolta; Julio Cesar Peñaloza Sánchez, Concejal del municipio de Soacha; y el homicidio en grado de tentativa del que fue víctima Pedro Nel Angulo Bonilla, también escolta, ocurridos el 18 de agosto de 1989, así como el punible de concierto para delinquir, delitos todos ellos imputados por la Fiscalía en este asunto, poseen o no las características de lo que en el derecho penal internacional se ha catalogado como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad.

Una vez definido lo anterior, se deberá establecer si la acción penal se encuentra prescrita, pues de ello depende la procesabilidad del acusado y la continuidad de esta actuación penal.

Al respecto la Fiscalía General de la Nación, mediante decisiones del 11 de julio(2) y 17 de agosto de 2012(3), al momento de negar la solicitud de prescripción elevada por el defensor del procesado Maza Márquez, declaró que los delitos aquí investigados son de lesa humanidad.

Postura asumida por el ente investigador que no impide a la Corte como juez de conocimiento estudiar el punto ante la reiterada solicitud de prescripción de la acción penal presentada por el defensor.

Así, para definir los conceptos y contextualizar las referencias normativas, doctrinales y jurisprudenciales que han de servir como punto de partida para fijar el criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se abordarán los siguientes aspectos:

1. El delito de lesa humanidad y su vinculación a los estados de guerra o conflictos armados.

El concepto de crimen de lesa humanidad tuvo su aparición a principios del siglo pasado y ha permanecido en constante evolución en razón de las situaciones y circunstancias específicas que rodean cada caso particular.

Con esa denominación han sido calificados los actos de barbarie y abuso de poder cometidos contra la población civil, correspondiendo a un concepto amplio en el que habitualmente se vincula el exterminio de seres humanos, a lo que se suman otras formas de agresión vistas en diferentes episodios de la historia de la humanidad, por ejemplo: la esclavitud a través de la imposición de trabajos forzados, la expulsión de personas de sus asentamientos tradicionales, la detención arbitraria o las torturas de opositores políticos, las violaciones masivas de mujeres indefensas, las desapariciones sin rastro de personas o la persecución mediante leyes y medidas discriminatorias, contexto en el cual recientemente se han incluido las formas de opresión racista (apartheid).

El objetivo de la comunidad internacional al crear un género denominado lesa humanidad, fue reprimir los actos de barbarie y abuso de poder contra la población civil, siempre y cuando se realicen con extrema violencia que impacten significativamente a la especie humana e implícitamente se conviertan en un riesgo para la preservación de la paz y seguridad de la sociedad internacional.

El antecedente normativo más remoto a la aparición de lo que hoy en día se concibe como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad se encuentra en los preámbulos de los Convenios de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. En esas Convenciones se consagraron reglas a través de las cuales se imponía la necesidad de garantizar a las partes que en desarrollo de la guerra se respetara las “leyes de la humanidad”. En la primera de ellas se derivó la conocida cláusula Martens(4).

Un mayor grado de precisión adquirió el concepto de “crimen contra la humanidad” en el año 1915 cuando Francia, Reino Unido y Rusia describieron con ese nombre la masacre llevada a cabo en Turquía contra pobladores de origen Armenio(5).

Luego de la primera guerra mundial se discutió sobre la necesidad de persecución de los crímenes contra la humanidad, sin embargo, esto no pasó de ahí.

Concretamente, los “crímenes contra la humanidad” fueron incluidos en el literal c) del artículo 6º del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (firmado en Berlín el día 6 de octubre de 1945) una vez finalizada la segunda guerra mundial. En este Estatuto tan solo se enunciaron los delitos que debían catalogarse como de competencia de ese Tribunal. Allí se consignó:

(...) el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación, y todo otro acto inhumano cometido contra poblaciones civiles, antes o durante la guerra, o bien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos o persecuciones, que constituyan o no violaciones al derecho interno del país donde han sido perpetradas (o han sido cometidas luego de todo crimen de competencia del Tribunal, o en relación con ese crimen).

En su momento la Ley 10 del Consejo de Control Aliado, promulgada el 20 de diciembre de 1945(6), entendiendo la necesidad de normativizar los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen Nazi y que no fueron sometidos al Tribunal Penal Internacional de Núremberg, como fue el exterminio a los propios ciudadanos alemanes de origen judío, señaló frente a los crímenes de lesa humanidad, lo siguiente:

c) Crímenes de lesa humanidad: atrocidades y delitos incluidos sin carácter limitativo, la muerte, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la violación o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en violación o no del derecho interno del país donde se cometan.

A su turno, en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio, fechado el 19 de enero de 1946, se intentó definir los crímenes de lesa humanidad, pero tan solo se volvieron a enunciar de manera general en los siguientes términos:

ART. 5º—Crímenes de lesa humanidad: es decir muerte, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos políticos o raciales en ejecución o en conexión con cualquier otro crimen bajo la jurisdicción del tribunal, en violación o no del derecho interno del país donde se perpetraron.

Como puede verse, los Estatutos de Nuremberg y de Tokio claramente exigían la existencia de una relación entre el crimen contra la humanidad y los crímenes de guerra o la guerra de agresión, mientras que en la Ley 10 del Consejo de Control Aliado no aparece tal característica. Sin embargo, enseña la doctrina internacional que la tendencia progresivamente se orientó a apartarlos de esas situaciones, al respecto se ha señalado(7):

las sentencias de los procesos sucesivos al Juicio de Nuremberg seguidos ante tribunales militares estadounidenses interpretaron de forma mayoritaria la Ley 10 del Consejo de Control Aliado apoyándose en la sentencia del Tribunal Militar Internacional y no persiguieron ningún crimen contra la humanidad que se hubiera cometido antes del estallido de la segunda guerra mundial. Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Superior de la Zona Ocupada Británica incluyó en el tipo, en correspondencia con su tenor literal, acciones no relacionadas con la guerra.

Posteriormente vinieron los tribunales emblemáticos de Yugoslavia(8) y Ruanda(9). Referente a la tipificación de los delitos que agravian a la humanidad, y concretamente en punto a desligar el delito de lesa humanidad de la guerra o el conflicto armado, esta corriente doctrinaria (Werle, Gerhard) señaló lo siguiente:

Esta situación cambió con la instauración de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda contribuyeron a reforzar la punibilidad consuetudinaria de los crímenes contra la humanidad. Pero las normas contenidas en ambos textos difieren sin embargo de forma relevante.

Las diferencias existentes no responden a una inseguridad sobre el ámbito del tipo delictivo, sino que derivan de la estrecha relación de cada estatuto con su contexto. Así, cuando el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su artículo 5º exige la comisión del hecho “durante un conflicto armado, interno o internacional” sólo busca destacar la conexión espacio-temporal con la guerra de Yugoslavia. No se trata de introducir aquí de nuevo la accesoriedad que se exigía por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda contempla en su art. 3 los crímenes contra la humanidad sin hacer referencia a la necesidad de conexión con un conflicto armado, evitando con ello todos los malentendidos: el tipo de crímenes contra la humanidad tiene entidad propia con independencia de la existencia de un conflicto armado. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda exige, no sólo respecto a la persecución, sino en relación con todas las acciones típicas, que se hayan realizado atendiendo a “razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas”. (se destaca)

Esta sintética referencia pone de presente que el concepto de lesa humanidad, si bien es cierto se ha contextualizado dentro de escenarios de guerra o conflicto armado, no siempre debe entenderse que esa situación lo caracteriza y condiciona.

En Colombia la Corte Constitucional en sentencia C-578 de 2002, por medio de la cual estudió la exequibilidad de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 —aprobatoria del Estatuto de Roma—, ratificó que los crímenes de lesa humanidad no necesariamente han venido enmarcados por los estados de guerra o conflicto armado, por el contrario, esa visualización ha ido decreciendo. Así lo consideró:

En cuanto a la evolución del concepto de crímenes de lesa humanidad, este cobija un conjunto de conductas atroces cometidas de manera masiva o sistemática, cuyo origen es principalmente consuetudinario, y que han sido proscritas por el derecho internacional desde hace varios siglos. Aun cuando en un principio se exigía su conexidad con crímenes de guerra o contra la paz, esta condición ha ido desapareciendo.

La noción moderna de crímenes contra la humanidad nace en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y está contenida en su artículo 6(c) que incluye las siguientes conductas: “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra una población civil, antes o durante el curso de una guerra, así como persecuciones sobre bases políticas, raciales o religiosas, ejecutados en conexión con cualquier otro crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, haya existido o no violación del derecho interno del Estado donde fueron perpetrados”. Aun cuando la mayor parte de las violaciones imputadas a criminales nazis fueron crímenes de guerra cuyo origen estaba en el derecho de la Haya, la consagración de esta nueva categoría de crímenes contra la humanidad era necesaria para poder extender la responsabilidad penal de altos oficiales nazis por actos cometidos contra la población civil. El problema que planteaba esta nueva categoría era que se acusara a los Aliados de juzgar ex post facto si se hacía una interpretación estricta del principio de legalidad. Con el fin de evitar ese cuestionamiento, se optó por establecer una conexión con los crímenes de guerra y contra la paz. La extensión de la responsabilidad penal se sustentó en el reconocimiento de que la aplicación de ciertas provisiones sobre crímenes de guerra, se aplicaban a civiles y otras personas protegidas, por lo cual su sanción se justificaba si existía una conexión con algún crimen de guerra o contra la paz de competencia del Tribunal de Nuremberg. Este desarrollo permitió el juzgamiento de 18 líderes nazis por crímenes contra la humanidad, de los cuales 16 fueron condenados y dos (Hess y Fritzche) fueron exonerados. Dos de los 16 condenados (Streicher y von Schirach) fueron condenados exclusivamente por crímenes contra la humanidad. Bajo la Ley 10 del Consejo de Control, los Aliados juzgaron oficiales y soldados alemanes en sus respectivas zonas de ocupación por crímenes contra la humanidad, pero sin la exigencia de conexidad de los crímenes contra la humanidad con la iniciación de la guerra o con los crímenes de guerra, que fue eliminada por la Ley 10. Debido a que muchos criminales nazis se ocultaron para evitar su juzgamiento, varios Estados mantuvieron abiertos, por años los procesos criminales iniciados a principios de los años 50. Así, por ejemplo, durante la década de los años 80 y principios de la década de los 90, Francia juzgó a Klaus Barbie y a Paul Touvier por crímenes contra la humanidad.

Por fuera del contexto de la Segunda Guerra Mundial, otros estados han juzgado crímenes atroces contra la humanidad, como es el caso de Latvia y Estonia que juzgaron oficiales de policía por asesinato, tortura y deportaciones forzadas. En Etiopía los líderes del régimen Dergue también fueron procesados por crímenes atroces contra la humanidad. Durante el debate de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, se propuso eliminar el requisito del nexo de los crímenes de lesa humanidad con la guerra. Finalmente, se aceptó que tales crímenes podían cometerse “tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, definición que, a pesar de los esfuerzos, no eliminó totalmente el nexo con la guerra. Este nexo se mantuvo en el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia, pero no para el Tribunal de Ruanda. (resaltado fuera del texto original)

Con lo anterior queda demostrado que el concepto de lesa humanidad, contrario a lo sostenido por el defensor del procesado, no se ha visto siempre ligado al estado de guerra o conflicto armado, en tanto, si bien es cierto algunos de los citados estatutos que definieron el crimen de lesa humanidad se produjeron en contextos bélicos, también lo es que tales reglamentaciones previeron expresamente la posibilidad de que este tipo de agresiones igualmente podían ocurrir en tiempos de paz o por fuera de dichas confrontaciones.

2. Características del delito de lesa humanidad.

Los elementos que han estructurado la esencia de esta figura en el derecho internacional se comenzaron a delimitar en las decisiones del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, concentrándolos en la existencia de un ataque contra la población civil, la directa relación entre el ataque y el agresor, la masividad, generalidad y sistematicidad, entre otras condiciones.

Una de tales decisiones, traída a colación por la Fiscalía General de la Nación cuando declaró estos hechos de lesa humanidad, es la tomada por la Sala de Primera Instancia del TPIY en el caso “Fiscal vs. Kunarac y otros”, decidido el 22 de febrero de 2001, a través de la cual se consideró que el ataque debe llevar inmerso una serie de actos violentos contra la población civil que no necesariamente se confunden con la transgresión a los usos y costumbres de la guerra. Allí se consideró:

En materia de crímenes contra la humanidad, el ataque no se limita a la conducción de las hostilidades, sino que puede igualmente comprender situaciones de maltratos infligidos a personas que no participan directamente en las hostilidades, detenidos, por ejemplo. Ambas acepciones del término proceden, sin embargo, de la misma idea, a saber, que la guerra debería limitarse a las Fuerzas Armadas o a los grupos armados, y que no podría tener como objetivo a la población civil.

En ese mismo caso, la Sala de Apelaciones del TPIY, en fallo del 2 de junio de 2002, también definió lo que podía configurar un ataque, dejando claro, de paso, que el crimen de lesa humanidad no necesariamente iba unido al conflicto armado propio del derecho internacional humanitario (DIH), Así lo expuso:

Los conceptos de ataque y conflicto armado no son idénticos. Así como lo ha señalado la Sala de Apelaciones en el marco de una comparación entre el estado del derecho internacional consuetudinario y el estatuto del tribunal: ambas nociones (ataque contra una población civil y conflicto armado) deben ser, pues distintas, a pesar de que evidentemente, en los términos del artículo 5º del estatuto, la primera pueda tener lugar en el ámbito de la segunda. En derecho internacional consuetudinario el ataque puede preceder al conflicto armado, continuar luego de que el conflicto armado haya cesado, o tener lugar durante el mismo, sin que necesariamente haga parte de aquel. Además, en el contexto de los crímenes contra la humanidad, el ataque no se limita al recurso a la fuerza armada y comprende igualmente los malos tratos infligidos a la población civil.

Igualmente, como elemento esencial para la caracterización del crimen de lesa humanidad también se ha hecho referencia a la presencia de un vínculo entre la conducta del acusado y el ataque que se dirige contra la población civil. Tal caracterización se mencionó en la acusación proferida en el caso “Fiscal vs. Mrksic y otros” del TPIY del 3 de abril de 1996, cuando se advirtió:

Los crímenes contra la humanidad deben ser generalizados o presentar un carácter sistemático. Sin embargo, en la medida en que se presente un vínculo entre el ataque generalizado o sistemático contra la población civil, un único acto podría cumplir con las condiciones de un crimen de lesa humanidad. De hecho, un individuo que cometa un crimen contra una sola víctima o un número limitado de ellas, puede ser considerado responsable de un crimen contra la humanidad si esos actos hacen parte de un contexto específico de un ataque contra la población civil.

Sobre el vínculo existente entre el acto del acusado y el ataque generalizado en el citado asunto “Fiscal vs. Kunarac”, la Sala de Primera Instancia en fallo del 22 de febrero de 2001, agregó lo siguiente:

Debe existir, entre los actos del acusado y el ataque, un vínculo consistente en:

I) la comisión de un acto que, por su naturaleza o por sus consecuencias, haga parte objetiva del ataque;

II) el acusado haya tenido conocimiento del ataque llevado a cabo contra la población civil y del hecho de que su acto se inscribía en aquél.

Basta con demostrar que el acto criminal haya sido cometido mientras se multiplicaban los actos de violencia que, tomados individualmente, podían ser de naturaleza y gravedad variables.

En estas condiciones, la jurisprudencia del citado Tribunal para Yugoslavia, en decisión del 14 de enero de 2000 en el caso “Fiscal vs. Kupreskic” refirió a la posibilidad de que con un único ataque se cometa un delito de lesa humanidad si éste hace parte de una política generalizada. Así lo precisó:

(…) bajo ciertas circunstancias, un único acto puede constituir un crimen contra la humanidad. Por ejemplo, la denuncia de un vecino a las autoridades nazis, si es cometida en un contexto de persecución generalizada, ha sido considerada como un crimen contra la humanidad. No obstante un acto aislado, es decir, una atrocidad que no fue cometida en dicho contexto, no puede recibir tal calificación.

Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma, suscrito el 17 de julio de 1998, se sentaron las bases para la sistematización y positivización de los delitos de lesa humanidad, así lo viene sosteniendo esta corporación (CSJ AP 21 sep. 2009, rad. 32022). Ello se hizo, por ejemplo, con el concepto de ataque, el cual se definió de la siguiente manera:

ART. 7º—Crímenes de lesa humanidad.

l. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

(…).

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

(…).

Corolario de lo anterior, se puede evidenciar que si bien es cierto los conceptos de ataque, sistematicidad o generalidad se consolidaron en el Estatuto de Roma, ellos ya venían siendo tenidos en cuenta en el derecho internacional, lo que no ha sido obstáculo para que la Corte Suprema de Justicia los haya traído como parámetro interpretativo en varios asuntos al referirse a los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, al respecto esta corporación dijo lo siguiente (AP, 21 sep. 2009, rad. 32022)(10):

En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque: a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado; c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto; d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.

En punto de los requisitos que debe cumplir una conducta punible para considerarse delito de lesa humanidad, señaló igualmente esta Sala (CSJ SP, 3 dic. 2009, rad. 32672)

El ataque sistemático o generalizado implica una repetición de actos criminales dentro de un periodo, sobre un grupo humano determinado al cual se le quiere destruir o devastar (exterminar) por razones políticas, religiosas, raciales u otras. Se trata, por tanto, de delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos de forma repetida y masiva, con uno de tales propósitos.

En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque:

a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas;

b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado;

c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo Estatuto;

d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y

e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.

Más recientemente, esta Sala sostuvo (CSJ SP, 23 may. 2012, rad. 34180):

En efecto, son delitos que trascienden el ámbito doméstico de una nación y afectan su soberanía, pues al convertirse en crímenes internacionales, el Estado donde sucedieron deja de ser el único facultado para perseguir y sancionar a los autores o partícipes, adquiriendo igualmente competencia para hacerlo otros Estados o los tribunales internacionales. Por eso se dice que ‘la criminalidad de estos delitos, anula la soberanía estatal, convirtiéndolos en crímenes internacionales’.(11)

De otra parte, en esta clase de ilícitos el principio de legalidad no comparte el carácter estricto que rige en los delitos comunes(12).

(…).

Lo anterior, conforme ha precisado la Corte, teniendo en cuenta la reacción que generan en la comunidad internacional, en tanto que el titular de los derechos afectados resulta siendo la humanidad en su conjunto, razón por la cual, desde esa época de la historia, comenzó a inscribirse ecuménicamente un nuevo derecho con unas categorías distintas a las de cada nación, debido al grado de complejidad originado en la inexistencia de un legislador estricto sensu y de una autoridad judicial de alcance planetario establecida para sancionarlos.(13)

Para terminar, la doctrina nacional también ha señalado que en los instrumentos internacionales el delito de lesa humanidad se circunscribe a “sancionar aquellos atropellos y actos de barbarie que se cometen contra la población civil; de igual manera la concepción según la cual aquellos delitos no afectan exclusivamente a determinado grupo humano, sino que configuran un atentado contra la especie humana, y en esa medida, configuran un riesgo para la preservación de la paz y seguridad internacionales, pilar sobre el cual se edifica la sociedad internacional”(14).

3. El asunto concreto.

Dentro de la labor investigativa realizada por la Fiscalía General de la Nación, se incorporaron a esta actuación los informes de policía judicial 41200-686749 del 12 de junio de 2012, 687925 y 691996 del 15 y 29 de junio siguiente —respectivamente—(15), elaborados por investigadores de la Sección de Análisis Criminal, en los cuales se contextualizó con referencias judiciales y periodísticas, a manera de información procesal, la situación vivida en Colombia en la década de los años ochenta derivada del actuar del denominado Cartel de Medellín.

Sostienen los investigadores que de la “organización criminal” conocida con el nombre de Cartel de Medellín al mando de Pablo Emilio Escobar Gaviria, provinieron un sin número de actos violentos dirigidos contra la población civil los cuales dejaron centenares de víctimas.

Entre los hechos relacionados se encuentran el sucedido el 27 de noviembre de 1989, cuando en pleno vuelo del avión de Avianca con matrícula HK-7803 se hizo estallar una bomba en donde murieron 107 personas (atentado que se dirigió contra el doctor César Gaviria Trujillo, pues se creía que allí viajaba); la bomba a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el 6 de diciembre de 1989, en la que murieron más de quinientas personas; la bomba al diario El Espectador el 2 de septiembre de 1989; el homicidio de varios miembros de la Policía Nacional, Jueces, Magistrados, miembros de la Rama Ejecutiva del Poder Público, ministros, exministros, periodistas, entre los que se cuenta el homicidio del Ministro de Justicia doctor Rodrigo Lara Bonilla ocurrido el 30 de abril de 1984; del Procurador General de la Nación doctor Carlos Mauro Hoyos el 25 de enero de 1988; del ex Ministro de Justicia doctor Enrique Low Murtra el 30 de abril de 1991; del Coronel de la Policía Valdemar Franklin Quintero el 18 de agosto de 1989; del magistrado de la Corte Suprema doctor Hernando Baquero Borda el 31 de julio de 1986; de los periodistas, Guillermo Cano el 17 de diciembre de 1986 y Jorge Enrique Pulido; así como de otros hechos de violencia en los cuales fueron secuestrados Andrés Pastrana Arango, Francisco Santos Calderón y Maruja Villamizar, entre muchos otros.

Igualmente recordaron los investigadores que además de estos hechos, se destacó la muerte del líder político Jaime Pardo Leal y otros dos candidatos a la presidencia de Colombia en las elecciones del año 1990: Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, homicidios que se ordenaron por la red del narcotráfico que lideraba Pablo Emilio Escobar Gaviria.

A partir de estas precisas referencias criminales conocidas ampliamente por la sociedad colombiana, se evidencia la presencia de los elementos exigidos por el derecho internacional para configurar, concretamente, el homicidio del candidato a la presidencia de la República, doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, como un crimen de lesa humanidad.

En efecto:

Es bien conocido que la actividad delincuencial de Pablo Emilio Escobar Gaviria, se caracterizó por realizar actos terroristas que impactaron gravemente a la sociedad colombiana durante la década de los años ochenta, producto de un macro-plan emprendido por el denominado “cartel de Medellín” con el objeto de causar temor generalizado y de esa forma presionar al gobierno para impedir la extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos.

Dentro de esos propósitos se encontraba asesinar a quienes la organización considerara enemigos de sus intereses, bien porque adelantaran acciones de persecución en su contra o porque divulgaran en los medios de comunicación sus graves agresiones. Uno de ellos fue el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, quien había prometido hacer efectivo ese instrumento de cooperación internacional en contra de Pablo Escobar Gaviria.

Al respecto, precisaron los investigadores en la contextualización:

Fue el tema de la extradición el que convirtió gradualmente el asunto de la droga en un problema prioritario para el gobierno.

En efecto, el 4 de marzo de 1.982 había entrado en vigor el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, negociado y aprobado bajo la administración de Julio César Turbay (1978-1982). Inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos formuló varias solicitudes de extradición de colombianos, algunas de las cuales hicieron los trámites iniciales en el sistema judicial. El gobierno de Betancur, sin embargo, se mostró reacio a darles curso, probablemente en virtud de consideraciones nacionalistas que hacían parte del ideario político del presidente y de la creencia de que la extradición provocaría amplio rechazo en la opinión pública, que todavía no tenía una visión muy negativa de los traficantes y miraba con simpatía su aporte a la actividad económica interna.

Betancur trató de reforzar las acciones de represión interna al procesamiento y tráfico de droga, con relativo éxito. Bajo el impulso del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, que asumió su cargo en octubre de 1.983, estas actividades represivas se incrementaron. La presión que enfrentaban los principales narcotraficantes creció con la captura, para efectos de extradición, de algunos miembros menores de las mafias locales y con el auto de detención que le fue dictado a finales de 1.983 a Pablo Escobar, entonces representante suplente a la Cámara, y que fue seguido poco después por el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

(…).

Luis Carlos Galán Sarmiento se aprestaba como el próximo Presidente de Colombia por el Partido Liberal; su recia posición frente al tratado de extradición y la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la mafia y la extorsión, lo hicieron víctima de múltiples amenazas, las cuales fueron de público conocimiento pues los medios de comunicación así como sus familiares y amigos, conocían que en el difícil escenario que vivía la política nacional, fácilmente las amenazas se podrían materializar.

Entonces, así como lo concluyó la Fiscalía, la Corte también arriba al convencimiento de que el homicidio del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento hizo parte de un plan criminal preconcebido por Pablo Emilio Escobar Gaviria, caracterizado por la pluralidad de acciones violentas, marcadas por el absoluto desprecio por la vida y la dignidad humana, provenientes de una organización criminal armada, con estructura piramidal y un jefe máximo a la cabeza, dedicada al comercio internacional de drogas ilícitas y que para garantizar su impunidad se había fijado como objetivo principal la eliminación sistemática de quienes se opusieran a sus intereses, con tal contundencia que logró desestabilizar al Estado colombiano, a tal punto que a consecuencia de sus múltiples atentados el gobierno nacional, mediante decretos 1038 de 1984 y 3030 de 1990, se vio precisado a declarar turbado el orden público y la anormalidad constitucional.

Con esto se demuestra el accionar sistemático del cartel de Medellín contra todo el que se opusiera o amenazara sus ilegítimos intereses, valga decir, fue un plan criminal ejecutado a través de una pluralidad de acciones guiadas por el mismo patrón de conducta, con identidad de propósito y dirigido contra un grupo específico de individuos.

A esto se suma el cruel ataque a la nación colombiana y concretamente a los baluartes de la democracia, representado en los atentados indiscriminados a la sociedad civil (bombas en centros comerciales, vías públicas, etc.), contra los administradores de justicia, gobernantes, periodistas, políticos, servidores públicos, policías, en fin, actos terroristas que repercutieran en la desestabilización social y estatal. La particular gravedad que significó el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento fue puesta de presente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al examinar, en sede de casación, la sentencia proferida contra uno de los coautores, (CSJ SP, 31 ag. 2011, rad 31761) —caso Alberto Santofimio Botero—:

Por ese entonces, la eliminación del oponente político era un fenómeno que lejos estaba de ser impensable o de considerárselo como de imposible ocurrencia. Piénsese, sin ir más lejos, que por aquellas calendas fueron muertos de manera violenta la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los integrantes del movimiento político de la Unión Patriótica, precisamente por su ideología partidista.

(…).

Si bien el origen y características del episodio violento citado puede tener diferencias con el contexto dentro del cual se dio la muerte del doctor Galán Sarmiento, lo cierto es que en los dos sucesos subyace un fenómeno común: la muerte del otro por diferencias de ideología política, (…).

La reseña (mínima, entre la prolífica legislación de entonces) demuestra que por la época de los hechos juzgados, el accionar de los grupos dedicados al narcotráfico, en especial el denominado “Cartel de Medellín”, era tenido por el legislador excepcional como terrorista, en cuanto no se estaba ante simples comportamientos propios de los negocios de estupefacientes, sino que se habían unido esfuerzos para presionar a las instituciones en aras de lograr su objetivo de que se prohibiese la extradición, lo cual hacían a través de actos violentos dirigidos contra la población civil con el evidente propósito, logrado, de causar temor generalizado.

(…).

Los objetivos de ese proyecto criminal y la férrea oposición a la extradición se concretaron en atentados fallidos contra personalidades como Alberto Villamizar y Enrique Parejo González, y en la muerte violenta de Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán Sarmiento; en contra del último, pesaba, además, que se perfilaba como el seguro ganador de la consulta interna del Partido Liberal, para ser escogido como su candidato a la presidencia de la República.

Así, la actuación procesal demostró desde un comienzo que la muerte de Galán Sarmiento fue consecuencia del accionar de la mafia del narcotráfico, asociada con algunos políticos defensores de la no extradición. La decisión de impedir que Galán llegara a la presidencia y concretara su deseo expreso de hacer efectivo el instrumento internacional de cooperación se materializó por los ejecutores materiales.

Una vez definido que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento constituye delito de lesa humanidad, corresponde dilucidar si los otros ilícitos cometidos en el mismo atentado, esto es, los homicidios de Santiago Cuervo Jiménez, Julio Cesar Peñaloza Sánchez y el homicidio en grado de tentativa de Pedro Nel Angulo Bonilla, así como el delito de concierto para delinquir, imputados al acusado Maza Márquez en la resolución de acusación, merecen igual calificación.

Frente a los primeros, es decir, los atentados contra el derecho a la vida de quienes acompañaban al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en el acto público de Soacha, tal cual lo expuso la Fiscalía en el pliego acusatorio, se produjeron como consecuencia de un actuar indiscriminado de quienes realizaron el acto homicida sin medir consecuencia alguna y cuyo dolo de los autores materiales se comunicó al acusado, dada su calidad de coautor. Al respecto se consignó en la resolución de acusación:

(…) los antecedentes muestran que se trató de un atentado terrorista, en el que si bien el objetivo era el doctor Galán Sarmiento, no se puede desconocer que quienes intervinieron en el plan criminal sea cual sea la modalidad de participación jurídico penal, pudieron establecer que su ejecución afectaría a otras personas, es decir, la contingencia muy segura de que los acompañantes del senador y precandidato, fueran personal de seguridad, allegados o simpatizantes, resultaran gravemente heridos o no, se dejó librada al azar”.

Esta situación permite concluir que si el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento tiene la connotación de crimen de lesa humanidad, estos otros hechos cometidos con unidad de acción y propósito también merecen la misma cualificación.

En lo que hace relación con el delito de concierto para delinquir, en este momento procesal, se le hace extensiva la calificación como crimen de lesa humanidad haciendo un juicio objetivo a partir del marco fáctico plasmado en la acusación y sin que ello implique abordar aspectos de índole probatorio.

Al respecto, la tesis de esta corporación y que se viene reiterando (por ejemplo, CSJ AP, 10 abr. 2008, rad. 29472; SP, 31 ago. 2011, rad. 36.125; SP, 7 nov. 2012, rad. 39665), es que el delito de concierto para delinquir puede tenerse como de lesa humanidad, siempre y cuando se encuentre que la ilícita asociación se centró en la comisión de delitos de esa misma connotación, vale decir que su objeto consistía en realizar ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil y en esa medida puede considerarse como un delito autónomo.

Al respecto, señaló la Sala en la primera de las referidas decisiones:

(…) Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.

(…).

Para llegar a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar presentes los siguientes elementos(16):

(i) Que las actividades públicas de la organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad;

(ii) Que sus integrantes sean voluntarios; y

(iii) Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser conscientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización,

Bases a partir de las cuales varios tribunales internacionales y nacionales consideran que el concierto para cometer delitos de lesa humanidad también debe ser calificado como punible de la misma naturaleza(17), como lo determina la Corte en este momento para el caso colombiano y con todas las consecuencias que ello implica(18).

Ha de agregarse que al ordenamiento jurídico nacional han sido incorporados diferentes tratados y convenciones, bien por anexión expresa o por vía del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución Política), que permiten constatar que el concierto para delinquir sí hace parte de los crímenes de lesa humanidad. (…)

Dicho lo anterior, debe descenderse a los hechos que para la Fiscalía General de la Nación sustentan el delito de concierto para delinquir contra Miguel Alfredo Maza Márquez. La resolución de acusación expresamente consignó (se transcribe textualmente):

(…) desde comienzos de los años 70, se sabe que Pablo Emilio Escobar Gaviria, incursionó en el negocio de la venta de estupefacientes, producto de lo cual, se posicionó en muy corto tiempo como uno de los hombres más ricos y extravagantes; junto a él, crecieron capos como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”, (…) que dependiendo de las alianzas y/o guerras, se aliaron con los paramilitares. (…)

(…) para ese entonces, los paramilitares que ya ocupaban un lugar importante en la lucha contra las guerrillas colombianas, hicieron parte del brazo armado de los narcotraficantes, bajo la dirección, en el Magdalena Medio, de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, Gonzalo y Henry de Jesús Pérez Duran, líderes de las AUC en esa región, que ejecutaron para éstos, órdenes de protección de laboratorios, terrorismo y sicariato (…)

(…) ellos protagonizaron una de las más crueles y sistemáticas acciones terroristas que se conocieron a finales de los años 80 (…)

(…) se destinó un acápite a los escuadrones al servicio del Cartel de Medellín, al interés de Henry Pérez, de acercarse como en efecto lo hizo, a Pablo Escobar Gaviria, cultivando estrechas relaciones y alianzas (…)

Refiriéndose concretamente a Miguel Alfredo Maza Márquez también se consignó en la resolución de acusación:

(…) tenía nexos con los paramilitares (…)

(…) afianzó nexos con el comandante Henry de Jesús Pérez Duran (…) –quien se señala como comandante de autodefensas del Magdalena Medio (…)

(…) promovió el fortalecimiento del grupo armado ilegal (…)

(…) como consecuencia de sus alianzas, nexos o vínculos con miembros de la organización armada ilegal denominada de autodefensa ubicada en la zona del Magdalena medio, y comandada para 1989, por Henry de Jesús Pérez Duran, de cuyo aparato militar salieron los autores materiales del homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, y algunos de sus acompañantes, esto es, Jaime Eduardo Rueda Rocha y otros (…)

(…) estas y otras actividades permitieron que los paramilitares en esa región se mantuvieran al margen de la ley, con la colaboración del Director del DAS. A cambio, estas autodefensas le “hacían los trabajos sucios” y le brindaban información de su interés (…)

En esos centros de adiestramiento recibió instrucción militar Jaime Eduardo Rueda Rocha, (…)

(…) haber mantenido nexos, vínculos, acuerdos, con grupos armados al margen de la ley denominados paramilitares, particularmente, con miembros de las autodefensas del Magdalena Medio, con lo cual dada su formación militar y su condición de Director del Departamento Administrativo de Seguridad, en adelante, DAS, permitió su promoción y su actuar ilícito

(…) tuvo conocimiento de estos episodios y no actuó conforme a su deber funcional, por el contrario facilitó el proceder ilegal de estas autodefensas (…) —se refiere al entrenamiento de sicarios y al actuar de las autodefensas—

(…) se trató de una cadena dentro del crimen organizado, cuyas vertientes giraban según las necesidades, bajo ese lema de ayudas recíprocas a cambio de financiación y otros favores, que la autodefensa estuvo dispuesta a hacer a Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces, y en la que intervino producto de sus nexos con Maza Márquez (…) (destaca la Corte).

Estas referencias del pliego acusatorio, encaminadas a mostrar que la asociación delictiva del entonces Director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, con las autodefensas del Magdalena Medio, se concentró en promover, colaborar y facilitar –entre otros- el actuar, crecimiento y fortalecimiento de ese grupo armado ilegal; paramilitares que, según la Fiscalía, prestaron su colaboración para la ejecución del atentado contra Luis Carlos Galán Sarmiento, homicidio que al catalogarse como de lesa humanidad, permite concluir que esa conspiración también debe recibir ese mismo calificativo.

Necesario es advertir que lo anterior no implica la definición anticipada por parte de la Corte acerca de que en este asunto sí se configura definitivamente el delito contra la seguridad pública, puesto que el análisis se ha limitado a las afirmaciones que hizo la Fiscalía en la acusación en este particular asunto, insumo del que parte la Corte para fijar en este momento procesal su criterio, a efectos de resolver el pedido de nulidad.

De otra parte, para el 18 de agosto de 1989, momento en que ocurrieron los hechos a que se contrae esta actuación, era claro que el ataque al connotado líder político hacía parte de la pluralidad de actos ordenados por el cartel de Medellín en contra de los estamentos gubernamentales, judiciales, políticos, e incluso, contra personas del común, para sembrar el terror y frenar cualquier tipo de oposición a sus criminales intereses. Es decir, en este caso se reúnen los requisitos de generalidad y sistematicidad exigidos por el derecho penal internacional en diversos instrumentos de aplicación universal.

Frente a ese tipo de agresiones o ataques, la comunidad internacional había logrado una verdadera unanimidad acerca de la necesidad de proteger a la población civil, describiéndolos como crímenes fundamentales contra la humanidad que interesaban al derecho penal internacional, es decir, desde su comisión ya eran considerados crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior permite afirmar que la finalidad primordial del derecho de gentes consiste en luchar contra la impunidad de las graves afrentas y violaciones a los derechos humanos en tiempos de paz, en tanto que al Derecho Internacional Humanitario le corresponde similar cometido en momentos de conflicto armado o guerra.

El compromiso de nuestro país se evidenció cuando optó por suscribir los principales instrumentos internacionales que repudiaron los crímenes contra la humanidad y que fueron antecedente para la creación de la Corte Penal Internacional. Entre ellos: i) Convención para la Prevención y Represión del Genocidio de 1948, aprobada por la Ley 28 de 1959; ii) Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por la Ley 22 de 1981; iii) Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aprobada como legislación interna por la Ley 76 de 1986; iv) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo aprobado por la Ley 74 de 1968; v) Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972; vi) los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, incorporados a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 5 de 1960: Convenio I, para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio II, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio III, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Convenio IV, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; vii) Protocolo I Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobado como legislación interna por la Ley 11 de 1992; viii) Protocolo II Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, aprobado como legislación interna por la Ley 171 de 1994; ix) Convención sobre la represión y castigo del Apartheid aprobada por la Ley 26 de 1987; x) Convención Americana contra la Desaparición Forzada, incorporada a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 707 de 1994, entre otros.

Concretamente, sobre el ius cogens, la Convención de Viena de 1969, tratado que delimitó todo lo relacionado con el “Derecho de los Tratados”, expresamente y en forma inequívoca lo refirió como una norma imperativa de Derecho Internacional, que rige para todos los Estados, los cuales no pueden realizar acuerdos para contrariarla, siendo modificable únicamente por una norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter (art. 53).

Adicionalmente, la Carta Política de 1991, bajo la cláusula de prevalencia de los instrumentos internacionales referidos a los derechos humanos, también conocido como bloque de constitucionalidad (art. 93), permite aplicar el ius cogens.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, en el caso conocido como la “masacre de Segovia” ocurrida el 11 de noviembre de 1988, refiriéndose a la necesidad de acatar y cumplir los compromisos internacionales y las normas del ius cogens, señaló (AP, 13 may. 2010, rad. 33118):

Al respecto deben recordarse las reglas de interpretación de los tratados internacionales consagradas en la Convención de Viena de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985, ratificada el 10 de abril de 1985 y en vigor para Colombia desde el 10 de mayo de 1985, donde se estableció que los tratados internacionales constituyen los parámetros generales y mínimos de protección de derechos y de los principios de derecho internacional, los cuales deben ser desarrollados de forma específica por cada uno de los Estados, lo que no es óbice para ampliar el umbral de aplicación cuando, de forma general, se cumplen todos los requisitos que en dichos Tratados y Convenios se han determinado.

Lo anterior se traduce, para efectos de los crímenes de especial connotación internacional, en que la categorización o denominación que se le dé a un específico grupo no es lo determinante para la adecuación típica como crimen de tal jaez, sino la finalidad de destruir el mismo o a alguno de sus miembros por el hecho de pertenecer a aquél, razón por la cual, si al momento de hacer la tipificación se puede determinar que se reúnen todos los requisitos para predicar que se presenta una “conducta atroz de aniquilación sistemática y deliberada de un grupo humano con identidad propia mediante la desaparición de sus miembros”(19), es fácilmente colegible que constituye un delito de lesa humanidad.

Al respecto, ya se ha presentado al interior de la sociedad colombiana un caso práctico que ha sido catalogado como de lesa humanidad, por el exterminio de los miembros de un grupo político por el hecho de la pertenencia al mismo. El caso citado se predica respecto del movimiento político que se denominó la Unión Patriótica.

Queda claro entonces que el concepto de lesa humanidad antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma era posible atraerlo a nuestro orden jurídico interno por virtud del ius cogens. Al respecto, la Corte Suprema ha precisado (CSJ AP 21 sep. 2009, rad. 32022):

Antes del Estatuto de Roma, los principios para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se encontraban dispersos en varios instrumentos jurídicos. Así, en tiempos de guerra, la categorización de tales delitos estaba dada por las Convenciones de Ginebra y de la Haya, mientras que en tiempos de paz, este tipo de conductas estaba tipificado en Convenciones diversas, tales como los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y las sentencias del Tribunal de Nuremberg, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y la Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio (destacado fuera del texto original).

En estas condiciones, no se está haciendo una aplicación retroactiva del Estatuto de Roma ni de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, como lo afirma el defensor del acusado, pues para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resulta claro que no es posible aplicar dicho Estatuto a este caso en razón a la cláusula de irretroactividad que se desprende de los artículos 11, 22 y 24, que prohíbe su aplicación a hechos o situaciones sucedidos con anterioridad a su suscripción el 17 de julio de 1998.

4. Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

En este tema corresponde precisar de entrada el concepto de imprescriptibilidad de la acción penal. La primera referencia internacional se encuentra en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, suscrita el 26 de noviembre de 1968, con entrada en vigor mundial el 11 de noviembre de 1970, en cuyo preámbulo se estableció:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves,

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales,

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes,

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal…”

Concretamente, señaló esta convención:

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos. (resaltado de la Sala)

Significa lo anterior que sí existe un instrumento internacional que permite concluir expresamente, que el delito de lesa humanidad es imprescriptible.

Ahora bien, varios han sido los pronunciamientos de esta Sala en torno a la posibilidad de que se aplique esta convención aun cuando nuestro país no la hubiera suscrito ni ratificado, esto último a través de la correspondiente ley. Al respecto, se dijo (CSJ AP, 22 sep. 2010, rad. 30380):

pese a que Colombia no ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, firmada el 26 de noviembre de 1968 y con entrada en vigor mundial el 11 de noviembre de 1970, es evidente que tal normativa integra la más amplia noción de ius cogens [conjunto de preceptos inderogables, imperativos (no dispositivos) e indisponibles, con vocación universal, cuya no adhesión por parte de un Estado no lo sustrae de su cumplimiento como compromiso erga omnes adquirido para prevenir y erradicar graves violaciones a los derechos humanos que desconocen la humanidad y su dignidad](20).

(…).

En suma, considera la Sala que, retomando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(21) en cuanto a que la prescripción de la acción penal no puede operar válidamente para generar impunidad en los delitos de lesa humanidad, además de que dar validez a las normas internas sobre prescripción en estos casos comporta una violación de la obligación del Estado, se impone declarar que respecto de los hechos definidos en esta actuación, por corresponder a crímenes de lesa humanidad, no opera a favor de los autores o partícipes el fenómeno de la prescripción, pues se trata de comportamientos imprescriptibles.

Más recientemente se ratificó esta postura al señalar (CSJ SP, 23 may 2012, rad. 34180):

Otra consecuencia jurídica que recae sobre los crímenes de lesa humanidad, es el hecho de que su enjuiciamiento y castigo está librado de los marcos temporales a los cuales se someten los delitos ordinarios, conforme lo prevé la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad(22), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968, vigente desde el 11 de noviembre de 1970, y lo ratifica el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional al señalar que los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán, es decir, los de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz, (…).

Igualmente, han sido reiteradas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en torno a que no se está en presencia de una transgresión al principio de legalidad, sino ante un “redefinición” de esa garantía. Por la utilidad que reportan los argumentos allí plasmados frente a este caso, cabe recordar lo que allí se consignó (CSJ SP, 23 may. 2012, rad. 34180):

La sociedad horrorizada con la capacidad de maldad del hombre probada de manera insuperable con la segunda guerra mundial, contraria a la expectativa de racionalidad en el horizonte del antropocentrismo, en el que ni la especie humana ni la razón importaron, debió iniciar la construcción de unos parámetros internacionales, o mejor, supranacionales, que involucraran a la comunidad orbital en la regulación, tipificación y sanción de tales actos que avergüenzan, tanto a la razón como a la humanidad, a la vez que a uno y otro amenazan y humillan.

En ese contexto, se replanteó en función de la protección de la comunidad humana, la dogmática del derecho penal internacional y se redefinió el principio de legalidad.

“Es así que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia(23) reconoce como fuentes de derecho, con los tratados internacionales, a la costumbre internacional, los principios generales del derecho y la jurisprudencia y la doctrina; superando a la ley como su fuente exclusiva.

Resulta oportuno reconocer que a partir de la vigencia de los Tratados de Derechos Humanos se ha universalizado el compromiso legislativo en pro de su reivindicación y se han precisado los niveles de protección de los habitantes del mundo, en dos sistemas interrelacionados entre sí, con la obligación doméstica de ajustar sus estándares a la sistemática internacional.

Es más, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, extienden el principio de legalidad al derecho internacional.

Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos advierte en su artículo 15 numeral 1 que ‘Nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional’.

Pero va más allá en su numeral 2º en el que de manera tajante advierte: ‘Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Por su parte, el Pacto de San José en su artículo 9º al consagrar el principio de legalidad no lo limita al derecho patrio señalando que: ‘Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.

A su turno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos al reconocer el principio de legalidad, establece en su artículo 7º una fórmula similar a la adoptada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al advertir en su numeral 1º que: ‘Nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional’. En su numeral 2º, advierte de manera perentoria que: ‘El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas’.

Esta cláusula colocada, tanto en la Convención Europea como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, claramente alude a los principios generales del derecho internacional como fuente de derecho penal internacional, aún frente a la inexistencia de tratado o ley que así lo dispongan.

Tal flexibilización a la legalidad, que implica una restricción a las garantías del justiciable en pro de la lucha contra la criminalidad que agravia a la humanidad, se explica en que con frecuencia se trata de una manifestación delincuencial auspiciada —o sistemáticamente cometida— por los Estados totalitarios, que por supuesto no estarían interesados en legislar tipificando sus propios actos.

La experiencia más temprana de la flexibilización o redefinición del principio de legalidad a escala internacional se vivió en los procesos de Núremberg(24), regidos por unos principios, el primero de los cuales advierte:

‘Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción’.

Y en el principio II se estipula que:

‘El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido’.

Por su parte, en los ‘Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad(25)’ se leen los siguientes:

1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.

2. Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Así, es claro que sin importar el momento de comisión del delito… el mismo debe ser juzgado, pero a la vez que el Estado en que se cometió tiene derecho a investigarlo y en dado caso a imponer las condenas de rigor.

En el mismo instrumento, en su numeral 8º se dispone que:

‘Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad’.

Así, el principio de legalidad en tratándose exclusivamente de crímenes internacionales —de agresión, de guerra, de lesa humanidad y genocidio—, se redefine en función de las fuentes del derecho, ampliándolas en los términos del artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, a los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina internacional”.(26) (resaltado no incluido en el texto.)

Los anteriores pronunciamientos revelan que la jurisprudencia nacional es clara en advertir que ninguna violación a las garantías o principios constitucionales se comete cuando se hace prevalecer la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad por sobre los términos de prescripción señalados en la ley penal colombiana.

Corolario de todo lo anterior, como quiera que respecto de los hechos que presenta la Fiscalía es dable afirmar que constituyen crímenes de lesa humanidad, la acción penal se encuentra vigente, y por contera, la nulidad peticionada se negará al igual que la solicitud de libertad del procesado.

II. Sobre las peticiones probatorias.

Resuelto lo relacionado con la petición de nulidad elevada por la defensa, pasa la Corte a pronunciarse sobre las pretensiones probatorias de los sujetos procesales.

1. Testimonios que se decretarán.

Por haberse acreditado su pertinencia, conducencia y utilidad para los fines del proceso, se recibirán en audiencia de juzgamiento los siguientes testimonios:

Por solicitud de la Procuraduría: los de Gloria Pachón de Galán, Juan Francisco Lozano Ramírez, Wilson Jubiz Hazbum, Pedro José Monroy González y Lucila Rivera de Monroy, Ernesto Muñoz Hortua, Iván Roberto Duque Gaviria, Norberto Murillo Chalarca y Víctor Hugo Ferreira Avella, quienes serán interrogados sobre su conocimiento acerca de la posible participación del procesado en el Magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.

De los peticionados por el apoderado de la parte civil constituida por la señora Gloria Mercedes Rojas Escobar: el testimonio de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, Wilson Jubiz Hazbum, Pedro José Monroy González y Lucila Rivera de Monroy; Ernesto Muñoz Hortua, Flavio Trujillo Valenzuela, Víctor Julio Cruz, Pedro Nel Angulo Bonilla, José Homero Rodríguez y Olga Grace Behar Leiser.

A solicitud de la parte civil constituida por la familia Galán Pachón: los testimonios de Flavio Trujillo Valenzuela, José Homero Rodríguez, Fernando Brito Ruiz, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Orlando Forero Álvarez, Álvaro Jiménez Millán y Tito A. Perilla Cepeda.

Por petición del defensor se practicarán los testimonios de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, Yair Klein, Margarita Yepes, José Antonio Hernández Villamizar, Olga Grace Behar Leiser, Horacio Serpa Uribe y José Otty Patiño Hormaza.

En cuanto al testimonio de Horacio Serpa Uribe, como quiera que en la actualidad es Senador de la República y goza de la posibilidad de rendir su declaración a través de certificación jurada, se seguirá el siguiente procedimiento:

Primero se le enviará comunicación al Senador para saber si su interés es optar por la declaración jurada o puede renunciar a ese derecho y comparecer a la audiencia pública. En caso de que escoja la declaración jurada al defensor se le otorgará el término de cinco (5) días hábiles con el objeto de que presente en la Secretaría de esta Sala el respectivo cuestionario que se le formulará al testigo. Seguidamente, a los demás sujetos procesales se les otorgará cinco (5) días para que formulen las preguntas que consideren pertinentes y útiles. Cumplido lo anterior, la Corte procederá a examinar si las encuentra ajustadas y elaborará el cuestionario que se enviará al testigo.

Finalmente, por solicitud del Fiscal 5º Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se practicarán los testimonios de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, así como el de Aura Rocío Restrepo Franco.

2. Prueba trasladada que se decretará.

Se autorizará el traslado de las siguientes piezas procesales para que obren como prueba documental en el presente juicio, habida cuenta que se refieren a datos o información relacionada expresamente en la resolución de acusación, de lo cual se deriva su pertinencia y utilidad para este proceso.

Tal cual lo solicitó el defensor, se oficiará a la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que se traslade con destino a este proceso copia de la versión que rindiera Ramiro Vanoy (a. cuco vanoy) sobre la posible relación del acusado con grupos de autodefensa.

A solicitud de la Procuraduría se oficiará a la Fiscalía 39 de la Unidad Nacional de Contexto con el objeto de que traslade a esta actuación copia auténtica de la declaración rendida por el Mayor en retiro Oscar Echandía Sánchez dentro del radicado 038 A, Alcalde Militar de Puerto Boyacá, en la que hace señalamientos acerca del accionar de las autodefensas del Magdalena Medio.

Por solicitud del Ministerio Público, se le pedirá a esa misma Fiscalía -39 de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto-, copia auténtica de la declaración rendida en el Consulado de Miami en el mes de febrero de 2014 por el señor José Homero Rodríguez García, miembro del DAS.

Igualmente, a petición del defensor, se solicitará a la Unidad de Fiscalías Delegada para Justicia y Paz que se remita copia de las versiones que hubiere rendido el señor José Antonio Hernández Villamizar.

A solicitud de la Procuraduría y el apoderado de la parte civil constituida por la señora Gloria Mercedes Rojas Escobar, se accede a que se traslade copia auténtica, de la declaración rendida por el señor Luis Hernando Gómez Bustamante, alias rasguño, rendida ante la Fiscalía 6ª de Derechos Humanos de Bogotá en la Corte Federal de Washington el 12 de enero del 2010, en la que según los peticionarios, hizo referencia a posibles vínculos del acusado con el cartel de Cali.

Igualmente, por pedido del apoderado de la parte civil constituida por la familia Galán Pachón se trasladarán de la Fiscalía 25 de Derechos Humanos a este proceso, las declaraciones de Juan Lozano Ramírez y Ernesto José McCausland Sojo, así como también se oficiará a la Cinemateca del Caribe en donde, según este último declarante, reposa copia de la entrevista que este periodista le hizo a Alberto Jubiz Hazbum.

A solicitud de la parte civil constituida por la familia Galán Pachón, se trasladará el testimonio rendido por la señora Dolores Farraga Castellanos el pasado 21 de abril de 2014 ante la Fiscalía 39 de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía (investigación preliminar 038 A).

3. Prueba documental que se decretará.

Se oficiará a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que informe si se adelantó o se adelanta alguna investigación contra Miguel Alfredo Maza Márquez por posibles vínculos suyos con el Cartel de Cali, y similar tarea se adelantará por la Secretaría de la Sala respecto de los juicios conocidos por esta corporación.

Igualmente, se solicitará a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con el objeto de que se remita copia de los “narcocasetes”, así como su transliteración, a los que hizo referencia el Coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez Romero, quien en su declaración rendida en esta actuación (fl. 18 cdno. 64), dijo haber escuchado datos sobre la posible alianza entre Miguel Alfredo Maza Márquez y los miembros del cartel de Cali.

Por pedido del defensor se solicitará al señor Pedro José Monroy González aportar copia auténtica del diploma que supuestamente se le expidió a su hijo al haber culminado los cursos de entrenamiento que dictó Yair Klein en las instalaciones del DAS en Bogotá, al cual se refiere la resolución de acusación (fl. 118).

Se accederá, tal cual lo ha solicitado el defensor, a incorporar a esta actuación copia de piezas procesales que aparecen en el proceso con radicación 17001-31-07-1999-0076-00 que cursó en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales contra Yair Klein, para lo cual se oficiará al citado despacho judicial.

Por las vías diplomáticas correspondientes y a solicitud de la defensa, se les pedirá a las autoridades judiciales de Israel, copia de la sentencia proferida en contra de quien el defensor denomina como el “señor Biran”, quien presuntamente participó en entrenamientos de paramilitares.

Por solicitud el defensor se aceptará como prueba el “análisis del contexto” que sobre los hechos de este proceso y la situación general dentro del que ocurrieron presentará el analista de inteligencia Mario Espinosa, en un “informe” que se deberá hacer llegar con anterioridad al inicio de la audiencia de juzgamiento.

Tal como lo solicitó la Fiscalía, se accederá a oficiar al canal de televisión Caracol para que aporte copia de la edición del programa “Los Informantes” del 24 de agosto de 2014 en el cual fue entrevistada la señora Aura Rocío Restrepo Franco.

A solicitud del apoderado de la parte civil constituida por la familia Galán Pachón se tendrá como prueba los documentos aportados por el testigo Rommel Edelberto Hurtado García en su declaración. Así mismo, los documentos que fueron a este proceso allegados y obtenidos en desarrollo de la inspección judicial practicada al proceso que se adelantó en su contra por enriquecimiento ilícito, diligencia que se realizó en un juzgado de ejecución de penas de Cali y que ya reposan en el expediente.

Este mismo sujeto procesal, pidió tener como pruebas todas y cada una de las piezas procesales obtenidas en la inspección judicial realizada a los procesos por el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez obrantes a folios 60 y siguientes del cuaderno 65; el homicidio de Bernardo Jaramillo Ossa; el atentado al avión de Avianca obrante en el cuaderno anexo 23; la investigación por el atentado contra el ex ministro Carlos Enrique Obando Velasco obrante a folios 39 y siguientes del cuaderno 59, y sus declaraciones; así como el informe que reposa en el anexo 20 sobre los resultados de la investigación administrativa que adelantó el DAS por el homicidio de Luis Carlos Galán y los documentos entregados por la señora Gloria Pachón de Galán en su declaración, específicamente, el que da cuenta de la respuesta dada por la Fiscalía General de la Nación a través del ex vicefíscal Adolfo Salamanca Correa.

Así como también solicita valorar las declaraciones del Coronel retirado Gustavo Alfonso Leal, Comandante de la Policía de Cundinamarca para el 18 de agosto de 1989, Wilson Jubiz Hazbum y Virginia Vallejo. Por último, las declaraciones de Pedro José Monroy Rivera, Lucila Rivera de Monroy y Bertha Rodríguez, padres y compañera permanente del detective del DAS Orlando Monroy Rivera alias “trapero”.

Igualmente demandó que se tuviera en cuenta como prueba documental la copia que aporta de un capítulo del libro escrito por el ex ministro y ex Embajador Carlos Enrique Obando Velasco titulado “Una Sopa para el diablo”, en tanto allí se brindan detalles de los hechos objeto de este proceso.

El mismo apoderado de la familia Galán Pachón, deprecó tener como pruebas las copias simples que adjunta de diversos artículos de prensa del año 1984, de los diarios El Tiempo y El Mundo, alusivos a la desaparición del Concejal Luis Silva Segura en Puerto Boyacá, perteneciente al Nuevo Liberalismo, cuya esposa declaró al interior de este proceso y era muy cercano al también asesinado ex Ministro Rodrigo Lara Bonilla, referidos a los reclamos públicos de Luis Carlos Galán por esa desaparición.

Todos los anteriores documentos que ya reposan en el expediente y que fueron incorporados en la fase de instrucción, y que por ende hacen parte del mismo, serán tenidos en cuenta como pruebas documentales en el momento oportuno y valorados en conjunto con los demás medios de convicción conforme a las reglas de la sana crítica.

También por estimarse pertinente y de utilidad para los fines de este juicio se ordena el recaudo de los siguientes elementos probatorios:

Atendiendo a la solicitud elevada por la Procuraduría y el apoderado de la parte civil constituida por la familia Galán Pachón, se solicitará al H. Consejo de Estado copia auténtica de la sentencia del 29 de enero del 2014 proferida dentro del proceso con radicación 250002326000199510714-01, por medio de la cual se responsabilizó patrimonialmente a Miguel Alfredo Maza Márquez por la injusta detención de Alberto Jubiz Hazbum.

Atendiendo el pedido del defensor, se incorporará copia de la sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia en el proceso adelantado contra el Teniente de la Policía Nacional, Carlos Humberto Flórez Franco, quien fuera acusado como posible coautor del homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.

Se oficiará a la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz con el objeto de que informe a la Corte si existe un documento elaborado por esa Unidad sobre la conformación de las autodefensas en el Magdalena Medio, a propósito de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra Ramón Isaza, alias “El Viejo”. En caso afirmativo, se le pedirá que remita con destino a este proceso copia del mismo.

Se solicitará a la Fiscalía 5ª Delegada ante esta corporación que incorpore a este proceso el “banco de datos periodístico” al que se hace referencia en el folio 62 de la resolución de acusación, toda vez que según el ente investigador dicho elemento fue analizado para establecer la imprescriptibilidad de la acción penal.

Se oficiará a la Procuraduría General de la Nación con el objeto de que informe si en el año 1983 Miguel Alfredo Maza Márquez fue investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Se oficiará a la Dirección Nacional de Fiscalías con el objeto de que informe si se adelantó proceso penal por la fuga del recluso Luis Eduardo Rueda Rocha de la cárcel “La Picota” de Bogotá, en caso afirmativo remitirá copia de la resolución de acusación y, adicionalmente, por Secretaría de esta Sala, se establecerá la autoridad judicial que conoció del juzgamiento, a la que se le pedirá que remita copia del fallo correspondiente.

4. Pruebas periciales pedidas por el defensor.

4.1. Solicitó que se designe un perito independiente, experto en derecho penal internacional, en sociología o en historia que puede ser escogido dentro de las personas que conforman el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional u otra entidad universitaria, con la finalidad de que examine “(…) las sentencias o decisiones definitivas tomadas por las autoridades judiciales en los casos de los homicidios contra Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Ramírez Gómez, Carlos Mauro Hoyos, Enrique Low Murtra, Carlos Ernesto Valencia García, Guillermo Cano Isaza, Tulio Manuel Castro Gil, Hernando Baquero Borda y María Helena Díaz y el atentado cometido en Budapest contra Enrique Parejo González, así como este voluminoso expediente (…)”, para que a partir de ese estudio se pueda determinar si esos delitos fueron cometidos por alguno de los frentes paramilitares que existieron en Colombia, si actuaron bajo la dirección de Pablo Escobar Gaviria o de manera independiente, y si de alguna forma se puede encontrar relación entre esos grupos y el acusado Miguel Alfredo Maza Márquez, cuando se desempeñaba como Director del Departamento Administrativo de Seguridad.

Esta solicitud probatoria se negará por dos razones:

La primera, por impertinente, en tanto la acusación se circunscribió a los posibles vínculos de Maza Márquez con las autodefensas del Magdalena Medio y su participación en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, cuya autoría intelectual, dijo la Fiscalía, se atribuyó a Pablo Escobar Gaviria. Significa lo anterior que no es compatible con los propósitos de este juicio entrar a establecer si también el acusado estuvo vinculado con otros crímenes, por ejemplo, de los distinguidos ciudadanos a los que se refiere la defensa o con otros “frentes” del paramilitarismo.

Y, en segundo lugar, por cuanto no es posible que un perito entre a revisar “este voluminoso expediente”, tal como lo pretende el defensor, con el objeto de dictaminar sobre el posible vínculo de su defendido con grupos paramilitares, dentro de los cuales se encuentran las autodefensas del Magdalena Medio, pues por esa presunta relación fue que la Fiscalía le imputó al General Maza Márquez el delito de concierto para delinquir, aspecto que le corresponde dilucidar a la Corte como juez del proceso. Valga recordar lo normado en el inciso final del artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. que enseña: “En todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición, absoluta de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad penal”.

4.2. También solicitó el defensor la designación de un perito de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana o de la oficina de Inteligencia de la Policía Nacional, con el objeto de que analice los documentos relacionados con la protección de personas y los medios con los que contaba el Departamento Administrativo de Seguridad en el mes de agosto de 1989. Con ello considera que se determinará la capacidad de protección que ese organismo tenía frente a las amenazas recibidas por Luis Carlos Galán Sarmiento, los medios dispuestos para enfrentarlas, la capacidad logística y, en fin, las condiciones relacionadas con la protección del candidato, todo ello precedido de un cuestionario que el defensor presentará.

Esta prueba al igual que la anterior también se negará, por cuanto la finalidad de la prueba pericial consiste en dictaminar sobre hechos o situaciones concretas previamente identificadas en el proceso, respecto de las cuales se requiera poseer especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos, pero en manera alguna se puede autorizar al perito para que sustituya al juez en su labor de establecer la verdad histórica de lo acontecido y determinar la responsabilidad del acusado. Además, no es pertinente establecer en este juicio la capacidad efectiva de protección que tenía el DAS en el año 1989, como tampoco su logística. Cabe recordar que la acusación no partió de la hipótesis de una cobertura mayor o menor del DAS en la protección de personas, sino que su fundamento es el supuesto debilitamiento intencional de la escolta de Luis Carlos Galán Sarmiento por parte del Director de esa entidad.

5. Inspección judicial pedida por el defensor.

Pidió el defensor que a través de los investigadores de Policía Judicial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se examinen todos los procesos judiciales que hayan cursado contra Henry de Jesús Pérez, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, con el fin de establecer si en alguno de ellos existe prueba que lo vincule o relacione con el General retirado Miguel Alfredo Maza Márquez y, en caso afirmativo, que se trasladen copias auténticas a este expediente.

La Sala accederá a esta solicitud probatoria por encontrarla pertinente y útil para los fines de esta actuación, pero su práctica se limitará a identificar los procesos que se adelantaron contra Henry de Jesús Pérez por su vinculación con las autodefensas del Magdalena Medio y, en caso dado, se establecerá si en alguno de esos trámites judiciales se tomó decisión de fondo –por ejemplo, medida de aseguramiento, resolución de acusación, sentencia, preclusión de investigación, cesación de procedimiento- en la que se cite o refiera a Miguel Alfredo Maza Márquez, en caso afirmativo se traerá la copia correspondiente.

Igualmente, como lo pidió la defensa, se librará misión de trabajo al CTI para que determine si el ciudadano extranjero Yair Klein ingresó legal o ilegalmente al país, si empleados del DAS lo auxiliaron para su ingreso y si éstos fueron investigados por tal hecho, la localización actual del citado ciudadano israelí, sus registros migratorios, cuándo salió del territorio colombiano, así como también pidió escucharlo en declaración.

6. En conclusión:

En cada uno de los acápites precedentes se ha hecho la relación de la prueba a la que se accede, motivo por el cual, previendo que algunos de los testigos que se ordena escuchar en audiencia de juzgamiento se encuentren fuera de Bogotá y no puedan comparecer personalmente ante esta Corte, se pedirá la colaboración a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que esas diligencias se lleven a cabo el día y la hora señalados a través de los medios electrónicos más ágiles y expeditos.

También se han relacionado las demás pruebas cuya incorporación a esta actuación se acepta, motivo por el cual, la Secretaría de esta Sala se encargará de librar los oficios y comunicaciones pertinentes para su recaudo.

Concretamente, con relación al traslado de elementos de prueba, como complemento oficioso de la Corte, cuando se trate de actuaciones judiciales o administrativas, en aras de la claridad debida, se solicitará adicionalmente a las correspondientes autoridades que informen a esta corporación el estado o situación actual del proceso o trámite del cual se hace el traslado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Negar la nulidad planteada por el defensor del General en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez y, por ende, la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, así como su libertad provisional deprecada, según se consignó en la parte motiva de esta determinación.

2. Negar las pruebas periciales solicitadas por el defensor y relacionadas en el numeral 4º del capítulo probatorio.

3. Decretar la práctica de los testimonios solicitados por los sujetos procesales, quienes deberán aportar los datos necesarios para lograr la ubicación de los testigos por ellos solicitados y en caso de no contar con esa información, deberán comunicarlo para realizar las diligencias tendientes a ese fin con ayuda del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

4. Ordenar el traslado de los documentos y piezas procesales relacionadas anteriormente, los cuales se incorporarán al expediente por conducto de la Secretaría, señalando el estado actual de la actuación de origen. Igualmente, se tendrán como pruebas de este juicio los documentos autorizados y relacionados en precedencia.

5. Por Secretaría de la Sala se oficiará a las autoridades correspondientes para recaudar los documentos señalados en esta determinación.

6. Librar misión de trabajo a los Investigadores del CTI con el objeto de realizar las diligencias señaladas con anterioridad.

Esta decisión se notifica en estrados (CPP, art.182), advirtiendo a los sujetos procesales que en relación con la negativa de la nulidad y de las dos pruebas periciales pedidas por la defensa, es viable interponer recurso de reposición, mientras que respecto de las demás determinaciones no procede recurso alguno.

Magistrados: Fernando Alberto Castro Caballero—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez——Eugenio Fernández Carlier, impedido—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 Cuaderno 74 folio 151.

2 Folio 150 cuaderno 172.

3 A través de la cual se resolvió el recurso de reposición.

4 Cláusula que lleva su nombre por una declaración leída por el profesor Fyodor Fyodorovich Martens, delegado de Rusia en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, según la cual en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

5 El 28 de mayo de 1915 los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia adoptaron una declaración con ocasión de las masacres de armenios en Turquía, calificándolas como "crímenes de lesa humanidad perpetrados por los turcos, las potencias de la Entente declaran públicamente que se tendrán por responsables a los miembros de dicho gobierno, así como a todos los que hubiesen participado en esas masacres". El informe de la comisión encargada de establecer la responsabilidad de los autores de la guerra y de la ejecución de las penas proferidas, establecida en 1919 por los representantes de diversos Estados y presentado a la Conferencia de Paz de París, menciona igualmente "las infracciones [...] a las leyes de la humanidad".
Estas tesis, que se remontan a la Primera Guerra Mundial, derivan en parte de la cláusula Martens, de la Convención de La Haya (IV) de 1907, y se refieren a las "poblaciones y a los beligerantes bajo la salvaguarda y el imperio de los principios del derecho de gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública' En 1874 George Curtis calificó la esclavitud como "crimen contra la humanidad". (Ramelli Arteaga, Alejandro, Jurisprudencia Penal Internacional aplicable en Colombia. Universidad de Los Andes 2011)

6 El 20 de diciembre de 1945, los Aliados promulgaron la Ley 10 del Consejo de Control Aliado (Control Council Law nº 10), para el castigo de las personas que fueran culpables de haber cometido Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz, o crímenes contra la humanidad.

7 Werle, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional. Valencia 2011, 2ª ed. Tirant lo Blanch, pg. 464

8 Creado mediante Resolución 827 del 25 de mayo de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

9 Creado mediante Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

10 págs. 196 y ss.

11 David Luban en su Teoría de los Crímenes de Lesa Humanidad, identifica las siguientes características o rasgos definitorios de los delitos contra la humanidad: i) se cometen tanto contra nacionales de un país como contra extranjeros, ii) su criminalidad anula la soberanía estatal, convirtiéndolos en crímenes internacionales, iii) son cometidos por grupos políticamente organizados, contra otros grupos típicamente de la misma sociedad (la acción estatal que inicialmente los generaba, normativamente se convirtió en un elemento más amplio: el ataque generalizado o sistemático, vinculado con la política de un Estado o de una organización); iv) consisten en los actos de violencia y persecución más graves y abominables que pueda tolerar la humanidad, v) son cometidos contra víctimas por su pertenencia a una población más que por sus características personales.

12 Auto de segunda instancia del 16-12-10 Rad. 33039.

13 Auto de segunda instancia del 16-12-10 Rad. 33039.

14 Ramelli Arteaga, Alejandro, Jurisprudencia Penal Internacional aplicable en Colombia. Universidad de Los Andes 2011, pág. 264.

15 Folios 128, 139 y 146 del cuaderno 72.

16 Se sigue lo expuesto por M. Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2a. Ed, La Haya, Kluwer Law International, 1999, p. 385, citado por Juan Carlos Maqueda, voto particular, Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia de 24 de agosto de 2004, causa Nº 259.

17 Por ejemplo: Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, Cámara I, sentencia de 27 de enero de 2000, Fiscal v. Alfred Musema, Caso No. ICTR 96-13-T; Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia de 24 de agosto de 2004, causa Nº 259 y Juzgado Federal de Buenos Aires (Juez Norberto Oyarbide), auto de 26 de septiembre de 2006.

18 Por ejemplo, la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena (Artículo VII de la Ley 707 de 2001, aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el artículo 29 de la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las citadas leyes, convención y Estatuto fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, sentencias C-580/02 y C-578/02, respectivamente.

19 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad 177 de 2001. En igual sentido en la Sentencia de Constitucionalidad 148 de 2005.

20 Cfr. Sentencia C-225 de 1995.

21 Fallo del 15 de septiembre de 2005. Caso Masacre de Mapiripán versus Colombia.

22 Como antecedente histórico de este instrumento se tiene el hecho de que pasados más de 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, varios de los sistemas judiciales de los países que investigaban a los criminales nazis, enfrentaban la posibilidad de la impunidad por el inminente vencimiento de los términos de prescripción. La Convención de Nueva York de 1968, tuvo entonces origen en la solicitud presentada a nombre del gobierno polaco, con la cual se advirtió que la legislación penal alemana, bajo la cual se adelantaban numerosos procesos, corría el peligro de dejar en la total inmunidad a varios autores contra los cuales ni siquiera se había iniciado proceso.

23 “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.”

24 Aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950.

25 Aprobados por las ONU, en Asamblea General por medio de Resolución 3074 (XXVIII), el 3 de diciembre de 1973.

26 Auto del 16-12-10 Rad. 33039.