Auto 44312 de febrero 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 44312

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) del dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia procede a decidir lo pertinente frente al recurso de reposición interpuesto por el procesado, General en retiro M.A.M.M., y su defensor, contra la decisión adoptada el pasado 27 de enero que negó la declaratoria de nulidad propuesta por la defensa.

Sustentación del recurso

Cabe precisar que no obstante el recurso fue interpuesto tanto por el procesado como por su defensor, la Sala aceptó que la sustentación la hiciera este último dada la unidad de defensa y el contenido jurídico de la impugnación, pues solamente se discutió la denegación de la nulidad.

Dijo el defensor que la Corte malentendió los argumentos plasmados en el memorial, dado que en su concepto esta corporación dejó de lado uno de los requisitos establecidos para calificar un hecho como crimen de lesa humanidad, cual es la necesidad de que el acto provenga de un “grupo” que ostente el calificativo de Estado o agente estatal, o por un “grupo” de similar naturaleza con dominio en un territorio y capacidad para “regular” la vida de los que allí habitan.

Aceptó que el concepto de crimen de lesa humanidad se ha venido desprendiendo del conflicto armado, sin embargo, sostuvo que hasta el momento ningún delito cometido por narcotraficantes ha sido juzgado como tal, y este caso no puede ser la excepción. Esto, en cuanto la Fiscalía lo que ha demostrado es que el homicidio de L.C.G.S. fue cometido por el cartel XXX, liderado por P.E.G., quien en manera alguna se asemejó a la calidad de Estado, simplemente se trató de un aparato organizado de poder.

Como este elemento no fue tenido en cuenta, destacó que equivocadamente la Corte Suprema le otorga a P.E.G. la calidad de agente estatal o grupo similar a un Estado, lo que es inadmisible pues desconoce que el Estado colombiano lo “acabó”.

Recordó que en la República de Argentina se juzgó por las autoridades judiciales a J.R.V., acusándolo de delitos de lesa humanidad, produciéndose por la Corte Suprema de Justicia de ese país la sentencia del 17 de septiembre de 2012 en la cual se precisaron sus elementos, ratificando que para lograr tal calificativo el actuar delincuencial debe ser cometido por un agente estatal o un grupo análogo al estatal, que ejerza dominio sobre un territorio determinado, es decir, no puede provenir de un grupo aislado.

Un segundo aspecto que destacó el recurrente es lo que califica como una omisión de la Corte, al desconocer que para la época de los hechos el concepto de crimen de lesa humanidad estaba unido al conflicto armado, y si se ha venido desligando en el ambiente jurídico universal, es con la jurisprudencia internacional emitida con posterioridad, sin que la misma pueda aplicarse retroactivamente pues merece el mismo tratamiento de la ley.

Según el defensor, otra omisión de la Corte consiste en haber concluido en la decisión impugnada que la imprescriptibilidad es una norma del ius cogens y por tanto puede ser aplicada en el orden interno colombiano. Tal postura, agregó, desconoce que de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas solamente 55 han firmado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, es decir, el 28,47%, lo que no puede considerarse como un conjunto de Estados que la aceptan.

Incluso, destacó el recurrente que códigos penales de varios países consagran la prescriptibilidad de la acción penal y señalan términos para la persecución penal, caso de Perú, México, Argentina, Bolivia y Costa Rica. En consecuencia, consideró que no se puede sobreponer a las garantías establecidas por los tratados sobre derechos humanos la necesidad “política” de proseguir este juzgamiento.

Criticó igualmente lo que denominó silencio absoluto de la Corte Suprema de Justicia sobre la vigencia del artículo 83 del Código Penal, el cual debió analizarse en su constitucionalidad, lo que impide que la decisión recurrida, en las condiciones que fue proferida, sea “legítima”. Tampoco encuentra que la Corte Constitucional haya declarado inexequible esa disposición o se haya producido una reforma legislativa que la modifique a tal punto de incluir los crímenes de lesa humanidad como imprescriptibles.

Terminó asegurando que la Corte Suprema de Justicia no puede actuar como un tribunal internacional, interpretando la normatividad universal con desconocimiento del derecho interno del país al que pertenece.

Traslado a los sujetos procesales no recurrentes

Al unísono el Fiscal Delegado ante la Corte, la Delegada de la Procuraduría y los apoderados de las dos partes civiles, solicitaron a la Corte resolver de manera desfavorable la impugnación y mantener la determinación.

El Fiscal y la Delegada de la Procuraduría precisaron que el recurrente no controvirtió los argumentos plasmados en la determinación de la Corte, lo cual no se ajusta a las exigencias para la sustentación del recurso de reposición.

Por su parte el apoderado de la parte civil constituida por la señora G.M.R.E., agregó que el artículo 83 del Código Penal no es una norma “pétrea” y que tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 2002, tratándose de delitos de lesa humanidad, es posible apartarse de esa normativa.

El apoderado de la parte civil constituida por la familia G.P., resaltó que no considera que la Corte haya dejado de leer nada, por el contrario, señaló que los motivos de censura desconocen el sustento jurisprudencial referido en la decisión impugnada. Tampoco aceptó la crítica a la Corte por la falta de aplicación del artículo 83 del Código Penal y mucho menos que se le reproche la trasgresión al principio de legalidad, pues se trata sencillamente de la flexibilización de tal garantía frente a graves violaciones de los derechos humanos.

Este mismo apoderado llamó la atención para que no se olvide que el acusado era un alto funcionario del Estado al momento de los hechos, lo cual le otorgó un fuero especial de investigación y juzgamiento. Y finalmente, trae a colación la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida en el caso Almonacid Arellano vs Chile del 26 de septiembre de 2006, relacionada con la aplicación de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Consideraciones de la Corte

Esta Sala mantendrá la decisión impugnada por las siguientes razones:

1. La primera alegación del defensor para soportar su pedido de nulidad, tomó como premisa mayor que el estado de guerra o conflicto armado era un requisito esencial para catalogar un hecho como crimen de lesa humanidad.

Tal argumento fue desvirtuado por la Corte en la decisión impugnada, cuando a través de la recopilación y análisis del recorrido normativo y jurisprudencial se concluyó que el concepto de lesa humanidad, si bien es cierto se contextualizó históricamente en el siglo XX dentro de escenarios de guerra o conflicto armado, esa condición fue progresivamente excluida como ingrediente esencial, en tanto fueron apareciendo actos de grave afectación a los derechos humanos por fuera de esos escenarios, es decir, el concepto de lesa humanidad adquirió una mayor cobertura.

En la decisión impugnada se dejó en claro que desde la Ley 10 del Consejo de Control Aliado promulgada el 20 de diciembre de 1945 y el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio, fechado el 19 de enero de 1946, se excluyó la relación entre el crimen contra la humanidad y los estados de guerra o la guerra de agresión, omisión destacada por la doctrina internacional(1) para concluir que a partir de allí nació la tendencia de aceptar que este tipo de crímenes no solo se podían presentar en los Estados de guerra nacional o internacional o de conflictos armados, sino en cualquier momento y, por ende, podían ser perpetrados por cualquier persona.

A esa misma conclusión arribó la Corte Constitucional en Sentencia C-578 de 2002, ampliamente citada en la providencia recurrida.

Así las cosas, habiéndose descartado que el estado de guerra nacional o internacional o el conflicto armado, escenarios en los cuales se evidencia la directa o indirecta intervención de la fuerza o poder estatal, fuera un elemento determinante para establecer la existencia de un crimen de lesa humanidad, la Corte no se extendió a lo que ahora, en sede del recurso de reposición, rescató el defensor como verdad de a puño, cual es la necesaria participación en la agresión de un agente gubernamental o de una política estatal, o de un grupo semejante al estatal con dominio territorial y capacidad para regular la vida de sus habitantes.

No se desconoce que en el Estatuto de Roma se alude al elemento de plan o política de Estado, pero ello no significa que solo puedan ser considerados como crímenes de lesa humanidad aquellos perpetrados por agentes gubernamentales en cumplimiento de políticas estatales, pues en este mismo estatuto se admite que organizaciones privadas también pueden cometer ese tipo de graves atentados contra los derechos humanos.

Y comoquiera que en el caso concreto la Fiscalía le atribuye el crimen del doctor G.S. a una organización privada, no era necesario referirse en profundidad a dichos elementos que caracterizan el delito de lesa humanidad cuando proviene de políticas de Estado, pues no es la hipótesis que se maneja en este asunto.

Es por ello que la providencia recurrida hace énfasis en la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia(2) y para Ruanda más que en las decisiones de la Corte Penal Internacional(3), pues, se reitera, nos encontramos frente a un delito de lesa humanidad materialmente ejecutado no por agentes gubernamentales, sino por miembros de una organización privada y en época anterior a la vigencia del Estatuto de Roma.

En efecto, los estatutos para Yugoslavia y Ruanda no incluyeron como elemento de los crímenes de lesa humanidad el hecho de que su comisión obedeciera a un plan o política de un Estado u organización, tampoco existe evidencia de que el derecho internacional consuetudinario —ius cogens— que se aplica en este caso, exigiera que para la configuración de esta clase de conductas se deba probar la existencia de la política de un Estado u organización(4). Sin embargo, se reconoce que esta posición ha sido cuestionada por una parte de la doctrina, que afirma que esta negación desconoce que en la realidad solo estructuras estatales o para estatales, tienen la capacidad de cometer crímenes de esta naturaleza masiva y sistemática(5). Ello, no solo por el nivel de organización y coordinación que se requiere, sino también considerando la cantidad de recursos económicos que por lo general se necesitan para cometer este tipo de conductas.

El esfuerzo argumentativo de la Sala se concentró en sustentar la existencia de los elementos que para la fecha de la comisión de los hechos bajo estudio eran los constitutivos del crimen de lesa humanidad y por ello en la providencia impugnada se trajo a colación decisiones de tribunales internacionales como los de Yugoslavia(6) y Ruanda(7), en las cuales se interpretaron, entre otros, los convenios de La Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907, los Estatutos del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (firmado en Berlín el día 6 de octubre de 1945), la Ley 10 del Consejo de Control Aliado (promulgada el 20 de diciembre de 1945(8)), el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio (fechado el 19 de enero de 1946), a través de las cuales se fijaron como elementos constitutivos del crimen de lesa humanidad la existencia de un ataque masivo, generalizado y sistemático contra la población civil y la directa relación entre el ataque y el agresor, sin que dentro de ellos se encuentre necesariamente la acción de agentes estatales o políticas gubernamentales, como tampoco la presencia de un grupo análogo al Estado.

Concretamente, sobre la presencia de un vínculo entre la conducta del acusado y las características del ataque contra la población civil se mencionó la decisión del caso “Fiscal vs. Mrksic y otros” del 3 de abril de 1996, también se citó el caso “Fiscal vs. Kupreskic”, decisión del 14 de enero de 2000, y la decisión tomada por la Sala de Primera Instancia del TPIY, el 22 de febrero de 2001 en el caso “Fiscal vs. Kunarac y otros”.

Estas decisiones de tribunales internacionales consolidaron los requisitos esenciales para calificar un hecho como crimen de lesa humanidad, tanto así que fue punto de partida para que el Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de 1998, los acogiera como elementos determinantes.

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al referirse concretamente a los elementos del delito de lesa humanidad, por ello se citó en la decisión recurrida un auto que resume la posición de esta corporación (CSJ SP, 3 dic. 2009, rad. 32672). Al respecto se dijo:

El ataque sistemático o generalizado implica una repetición de actos criminales dentro de un periodo, sobre un grupo humano determinado al cual se le quiere destruir o devastar (exterminar) por razones políticas, religiosas, raciales u otras. Se trata, por tanto, de delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos de forma repetida y masiva, con uno de tales propósitos.

En ese contexto, el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes, porque:

a) no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas;

b) es sistemático, porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado, que pone en marcha medios tanto públicos como privados, sin que, necesariamente, se trate de la ejecución de una política de Estado (se destaca y subraya por la Sala).

c) las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo estatuto;

d) el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y

e) el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales.

Igualmente se destacó que dada la trascendencia a nivel internacional de los crímenes de lesa humanidad, pues anula la soberanía de los Estados, el compromiso universal de perseguir y sancionar a sus autores merece un especial tratamiento. Al efecto, se citó lo que esta Sala ha señalado recientemente (CSJ SP, 23 may. 2012, rad. 34180):

De otra parte, en esta clase de ilícitos el principio de legalidad no comparte el carácter estricto que rige en los delitos comunes(9).

(...)

Lo anterior, conforme ha precisado la Corte, teniendo en cuenta la reacción que generan en la comunidad internacional, en tanto que el titular de los derechos afectados resulta siendo la humanidad en su conjunto, razón por la cual, desde esa época de la historia, comenzó a inscribirse ecuménicamente un nuevo derecho con unas categorías distintas a las de cada nación, debido al grado de complejidad originado en la inexistencia de un legislador estricto sensu y de una autoridad judicial de alcance planetario establecida para sancionarlos(10).

Ahora, contrario a lo que sostiene el recurrente, el hecho que se hayan citado decisiones de tribunales penales internacionales de fecha posterior al año 1989, en el que suceden los hechos aquí juzgados, no significa que en tales determinaciones se hayan aplicado e interpretado normas internacionales antecedentes, por ejemplo de los años cuarenta, luego carece de fundamento la crítica de la defensa acerca de una prohibida retroactividad que en realidad no ha existido.

Así las cosas, aunque en el presente estudio se tomaran en consideración los requisitos señalados en el artículo 7º del Estatuto de Roma, que incluye la demostración de un plan o política estatal cuando el hecho haya sido cometido por agentes gubernamentales, de todos modos, la conclusión a la que arribó la Sala no cambiaría, porque ya se ha dicho que los crímenes materia de juzgamiento le fueron atribuidos no a agentes estatales sino al cartel XXX, organización privada que ejecutó masivamente acciones delincuenciales en una época determinada de la historia de Colombia, producto de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, que obedecía a la directriz trazada por su máximo líder, consistente en exterminar a todo aquel que se opusiera a sus ilegítimos intereses.

Sobre la viabilidad de que grupos privados puedan incurrir en crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional ha señalado:

(...) respecto al elemento organizacional la Cámara nota que el estatuto no es claro frente al criterio que debe cumplir un grupo para poder ser considerado una “organización” para los propósitos del artículo 7(2)(a). Mientras algunos afirman que solo aquellas organizaciones similares a un Estado [state-like organizations] pueden cualificar, la Cámara es de la opinión que la naturaleza formal de un grupo y su nivel de organización no pueden ser criterios definitorios. En su lugar, como otros han planteado convincentemente, el criterio definitorio debe ser si el grupo tiene la capacidad para llevar a cabo actos que atenten contra valores humanos fundamentales(11).

Más adelante, citando los comentarios que al artículo 43 del borrador del estatuto hizo la Comisión de derecho internacional al limitar los posibles perpetradores de los crímenes a oficiales públicos de un Estado o sus representantes, esta misma corporación sostuvo que:

(...) es cierto que estos, en vista de su posición oficial, tienen la oportunidad real de cometer los crímenes cubiertos por el artículo; sin embargo, el artículo no descarta la posibilidad de que actores privados con poder de facto u organizados en bandas o grupos criminales puedan cometer este tipo de violaciones sistemáticas o generalizados a los derechos humanos cubiertos por el artículo (...)(12).

Con estos pronunciamientos la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional abrió la posibilidad de que incluso actores privados que, sin contar con ese nivel de organización característicos de un Estado, pero que tengan la capacidad para cometer crímenes masivos y sistemáticos, puedan ser hallados responsables por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Además, se debe recordar, que la versión oficial del Estatuto de Roma en español no exige siquiera que la política venga de un grupo organizado, pues solo emplea la palabra grupo y no incluye organizado.

De lo anterior se desprende sin mayor dificultad que la Corte Suprema de Justicia en manera alguna le otorga a las acciones del cartel XXX o a los comportamientos delincuenciales de P.E.E.G. la categoría de “estatales” o guiados por una política estatal, mucho menos que obrara como un agente del Estado, tal como lo reprocha a esta corporación el recurrente, afirmación que se explica por el equívoco de seguir insistiendo en que el delito de lesa humanidad tiene esencialmente un origen gubernamental o estatal.

En el mismo sentido debe precisarse que esta corporación no desconoce que el cartel XXX innegablemente era una organización criminal que tenía la capacidad suficiente, y así lo demostró, para atacar sistemática y generalizadamente a la sociedad civil colombiana, uno de cuyos actos fue el homicidio de L.C.G.S., como parte de un plan criminal preconcebido por P.E.E.G., líder de esa organización criminal armada, con estructura piramidal, grupo que para garantizar la impunidad de sus acciones delincuenciales se fijó como objetivo principal la eliminación sistemática de quienes se opusieran a sus intereses, con tal contundencia que logró desestabilizar al Estado colombiano, a tal punto que a consecuencia de sus múltiples atentados el Gobierno Nacional, mediante decretos 1038 de 1984 y 3030 de 1990, se vio precisado a declarar turbado el orden público y la anormalidad constitucional. De ahí que se haya destacado en la decisión impugnada:

... el accionar sistemático del cartel XXX contra todo el que se opusiera o amenazara sus ilegítimos intereses, valga decir, fue un plan criminal ejecutado a través de una pluralidad de acciones guiadas por el mismo patrón de conducta, con identidad de propósito y dirigido contra un grupo específico de individuos.

Con estas referencias, no queda duda alguna de que en este asunto se reúnen los elementos esenciales para calificar los hechos objeto de juzgamiento como delitos de lesa humanidad.

De otro lado, tampoco se ha desconocido en la decisión impugnada que el acusado ostentara para el momento de los hechos un alto cargo en el Departamento Administrativo de Seguridad, extinto organismo de inteligencia de Colombia, hecho fáctico que si bien tiene importancia, no es el soporte para afirmar la existencia del crimen de lesa humanidad.

2. Sobre la supuesta lesión al principio de legalidad por inaplicación del artículo 83 del Código Penal y que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no hace parte del ius cogens, responde la Corte:

Los antecedentes jurisprudenciales en los que se sustentó la decisión (entre ellos: CSJ AP, 22 sep. 2010, rad. 30380; CSJ SP, 23 mayo 2012, rad. 34180), los que a su vez refieren a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968, vigente desde el 11 de noviembre de 1970, revelan claramente que ha sido posición pacífica y constante de esta corporación que no se incurre en violación a las garantías o principios constitucionales, tratándose de delitos de lesa humanidad, cuando se hace prevalecer la imprescriptibilidad de la acción penal por sobre los términos de prescripción señalados la ley penal colombiana, concretamente en el artículo 83 del Código Penal.

Esta posición de la Corte implica que una consecuencia jurídica de catalogar un hecho como crimen de lesa humanidad, es librarlo de los límites señalados en la ley como marco temporal para su persecución penal, es decir, darle un tratamiento distinto de los delitos ordinarios, acatando con ello la voluntad de la comunidad internacional de propender por el castigo de sus responsables y evitar la impunidad, tal cual aparece en el preámbulo de la citada convención.

Ahora, la voluntad internacional quedó allí plasmada como normativa del ius cogens, otra cosa es que los Estados procedan a incorporarla a las legislaciones internas, lo que no es óbice para que pueda ser aplicada preferentemente cuando se esté en presencia de un crimen contra la humanidad.

Ello es lo que precisamente viene resaltando esta corporación en tanto no hace falta la suscripción de la convención, ni la derogatoria de las normas sobre prescripción, para acoger la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Al respecto, dijo la Corte Suprema de Justicia (CSJ AP, 22 sep. 2010, rad. 30380):

pese a que Colombia no ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, (...) es evidente que tal normativa integra la más amplia noción de ius cogens [conjunto de preceptos inderogables, imperativos (no dispositivos) e indisponibles, con vocación universal, cuya no adhesión por parte de un Estado no lo sustrae de su cumplimiento como compromiso erga omnes adquirido para prevenir y erradicar graves violaciones a los derechos humanos que desconocen la humanidad y su dignidad](13).

(...).

En suma, considera la Sala que, retomando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(14) en cuanto a que la prescripción de la acción penal no puede operar válidamente para generar impunidad en los delitos de lesa humanidad, además de que dar validez a las normas internas sobre prescripción en estos casos comporta una violación de la obligación del Estado, se impone declarar que respecto de los hechos definidos en esta actuación, por corresponder a crímenes de lesa humanidad, no opera a favor de los autores o partícipes el fenómeno de la prescripción, pues se trata de comportamientos imprescriptibles.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificando la obligación que tienen los Estados de respetar este tipo de normas internacionales y de evitar el incumplimiento de las mismas, así en el orden interno no se haya ratificado la convención, en sentencia del 26 de septiembre de 2006, caso Almonacid Arellano Vs Chile, señaló lo siguiente:

(...) aun cuando Chile no ha ratificado dicha convención —se refiere a la ya citada convención sobre imprescriptibilidad—, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma del Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa (...)(15).

Estas referencias dejan en claro que indistintamente pervivan en el derecho interno normas que regulan la figura de la prescripción, estas ceden su aplicación cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

Entonces, como no se trata de la derogatoria tácita de reglas atinentes a la prescripción de la acción penal, sino de la aplicación preferente de normas internacionales para eventos concretos y determinados, no es necesario acudir a la excepción de inconstitucionalidad para no tener en cuenta el término prescriptivo señalado en el artículo 83 del Código Penal, como lo pretende el impugnante.

Sencillamente, ante la redefinición o flexibilización del principio de legalidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, es claro que las disposiciones del orden interno, por autorización constitucional a través de la figura del bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 de la Carta Política, permiten a cualquier juez de la República aplicar de manera preferente el derecho penal internacional.

En este orden de ideas, no siendo de recibo los argumentos de la defensa técnica, se mantendrá la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

No reponer el auto del 27 de enero del año en curso en cuanto negó la solicitud de nulidad planteada por el defensor del general en retiro M.A.M.M.

La presente decisión se notifica en estrados (CPP, art. 182) y contra ella no procede recurso alguno.

Finalmente, atendiendo la agenda de diligencias programadas en los distintos procesos que conoce la Sala de Casación Penal, se convoca a todos los sujetos procesales para el día primero (1º) de junio de 2015, a partir de las 8:30 a.m., con el fin de dar inicio a la audiencia de juzgamiento.

Agotado el objeto de la presente audiencia preparatoria se declara terminada y se firma el acta por quienes en ella intervinieron.

Magistrados: José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier, impedido—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Werle, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional. Valencia 2011, 2ª ed. Tirant lo Blanch, pg. 464

2 Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, caso Fiscal v. Kunarac, Sentencia del 12 junio de 2002, párr. 98. También ver los casos: Fiscal v. Blaškić, Sentencia del 29 de julio de 2004, párr. 120; Fiscal v. Kordić, Sentencia del 17 de diciembre de 2004, párr. 98; Fiscal v. Blagojevic y Jokic, Sentencia del 17 de enero de 2005, párr. 546; y Fiscal v. Brdjanin, Sentencia del 1 de septiembre de 2004, párr. 137.

3 Bou, Valentín. “Crimes Against Humanity In Contemporary International Law.” The Diversity of International Law: Ensayos en honor del Profesor Kalliopi K. Koufa. Eds. A. Constantinides y N. Zaikos. Martinus Nijhoff, 2010, pág. 551.

4 Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Fiscal v. Kunarac, Sentencia del 12 de junio de 2002, párr. 98. También ver los casos: Fiscal v. Blaskic, Sentencia del 29 de Julio de 2004, párr. 120; Fiscal v. Kordic, Sentencia del 17 de diciembre de 2004, párr. 98. Ver también, Schabas, William A. “Crimes Against Humanity: The State Plan Or Policy Element.” The Theory and Practice of International Criminal Law, Eds. Martinus Nijhoff, 2008, p. 347.

5 M.C. Bassiouni “Crimes against Humanity in International Criminal Law”, 1999, pág. 249. Ver también, Faustin Z. Ntoubandi. “Crimes against Humanity in International Law.” Amnesty for Crimes against Humanity under International Law. Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pág. 59.

6 Creado mediante Resolución 827 del 25 de mayo de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

7 Creado mediante Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

8 El 20 de diciembre de 1945, los Aliados promulgaron la Ley 10 del Consejo de Control Aliado (Control Council Law 10), para el castigo de las personas que fueran culpables de haber cometido Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz, o Crímenes contra la Humanidad.

9 Auto de segunda instancia del 16-12-10 Rad. 33039.

10 Auto de segunda instancia del 16-12-10 Rad. 33039.

11 Corte Penal Internacional, Sala de Asuntos Preliminares, Solicitud de apertura de investigación en Kenia, pág. 90.

12 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, caso Fiscal v. Blaskic, Sentencia del 3 de marzo de 2000, párr. 205. Ver también R. Dixon, C. K. Hall, “Article 7” en: O. Triffterer (ed.). Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court - Observer's Notes, Article by Article, 2” ed., 2008, págs. 236 y 237. También en el Yearbook of the International Law Commission 1991, Volumen 2, Parte 2, 1991, pág. 103.

13 Cfr. Sentencia C-225 de 1995.

14 Fallo del 15 de septiembre de 2005. Caso Masacre de Mapiripán versus Colombia.

15 Cita contenida en la obra Jurisprudencia Latinoamericana sobre Derecho Penal Internacional, ed. Kai Ambos/Ezquiel Malarino. Ed. Konrad Adenauer Stiftung.2008 pg. 375.