•Auto 4451 de abril 8 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ANULACIÓN DE LA SENTENCIA

POSIBILIDAD DE SOLICITARLA AL JUEZ QUE LA PROFIRIÓ

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Ref.: Expediente 4451. Incidente de nulidad. Actor: Ecopetrol

Santafé de Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).

I. Antecedentes

Mediante sentencia del veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), la Sección Primera revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare de 18 de abril de 1997 y, en su lugar, se declaró inhibido para pronunciarse frente a las resoluciones números 85-162-009 de 10 de junio de 1993 y 85-162-012 de 12 de julio de 1993, emanadas de la Oficina Delegada de Catastro de Yopal, y 85-162-019-93 de 17 de septiembre de 1993, proferida por el Director de la Oficina Seccional de Catastro de Boyacá y Casanare del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por considerar probada la caducidad de la acción y, además, denegó las demás pretensiones de la demanda.

Notificada la sentencia a las partes por edicto el día 9 de febrero, la actora presentó un memorial, solicitando que “se estudie por parte de los honorables magistrados, si de manera oficiosa, se pudiera dejar sin efecto la sentencia inhibitoria proferida y en su lugar se resuelva sobre el fondo del asunto...”, con fundamento en que se aplicaron erradamente las normas sobre caducidad de la acción, vulnerándose así el derecho de defensa de la demandante y el debido proceso.

El 16 de febrero de 1998, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de súplica para ante la Sala plena de la corporación, el cual fue concedido el 5 de marzo siguiente.

Mediante memorial de 19 de marzo, la recurrente solicita que “...se devuelva el expediente a la sección de origen con la finalidad de que ésta dé una respuesta a la solicitud...” y entre a corregir el error en que incurrió al entrar a dictar la sentencia.

Repartido el recurso extraordinario de súplica el 20 de febrero, el negocio pasó al despacho del magistrado sustanciador el 2 de abril, ante lo cual la solicitante, mediante escrito de 4 de agosto, reitera la petición de nulidad de la sentencia proferida por la sección primera, ante el no pronunciamiento de la Sala frente a la solicitud inicial.

Dada esa situación, la Sala decidió el 6 de agosto de 1998, solicitar al magistrado sustanciador del recurso extraordinario de súplica la devolución del expediente para pronunciarse sobre la solicitud pendiente.

Mediante auto de 13 de octubre de 1998 se ordenó notificar personalmente la apertura del trámite del incidente de nulidad al apoderado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al representante legal del municipio de Monterrey- Casanare.

Notificados en debida forma, el Instituto guardó silencio, y, a su vez, el representante judicial del municipio de Monterrey solicitó no decretar la nulidad, por los motivos siguientes:

1. Dentro de las causales taxativamente señaladas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil no se encuentra la invocada por la parte demandante, pues ellas se aplican para el proceso y en este caso ya terminó, pues se profirió sentencia que se halla ejecutoriada.

2. Mediante el trámite de un incidente de nulidad no es posible dejar sin vigencia una sentencia y mucho menos de oficio, tal como lo intenta la demandante.

3. Respecto de la caducidad, si bien es cierto que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo expresa que ésta es de dos (2) años para la entidad pública demandante, esto rige para demandar sus propios actos administrativos, pero no los de otras entidades.

4. De aceptar la tesis del demandante se concederían privilegios especiales a ciertas personas, contradiciendo el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

5. El artículo 44, numeral 7º, de la Ley 446 de 1998 acoge la teoría de que el mayor plazo de caducidad es para demandar su propio acto y no un acto ajeno o extraño.

II. Consideraciones

1ª Estima la recurrente, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que

“En derecho, siempre ha existido la posibilidad y el deber de revocar las decisiones, cuando por cualquier motivo no se ajustan a la ley y ello puede hacerse por la propia autoridad que las ha proferido. La nulidad por motivos constitucionales es viable, pues se trata de la defensa de derechos fundamentales vulnerados con la decisión y de la aplicación de los principios consagrados en los artículos ya citados de la misma Carta, máxime cuando la decisión que se pide anular, tiene el carácter de una sentencia inhibitoria y en consecuencia no hace tránsito a cosa juzgada, por no decidir sobre el fondo del asunto (CPC, art. 333, num. 4º).

La Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-407 del 28 de agosto de 1997, con ponencia del H. Magistrado Dr. Jorge Arango Mejía, planteó la siguiente tesis, que ilustra sobre el tema tratado y la viabilidad de la nulidad solicitada:

“Finalmente, hay que tener presente que la única nulidad procesal establecida expresamente por la Constitución, se origina precisamente en la violación del debido proceso; “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. ¿Podrá, acaso, aceptarse que si es nula la prueba obtenido con violación del debido proceso, sea válido éste cuando se tramita por una vía equivocada, diferente a la que le está señalada por la ley? ¿Podrá alguien sostener que ese trámite diferente al especial que le corresponde, configura un debido proceso?””.

2ª La Sala observa, en primer término, que en su escrito de 11 de febrero de 1998 la recurrente solicitó que se estudiara, de manera oficiosa, dejar sin efecto la sentencia inhibitoria proferida por la sección y en su lugar se resuelva sobre el fondo del asunto, “toda vez que si bien en el caso concreto no puedo invocar ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, no es menos cierto que el error en cuestión vulnera el derecho de defensa de Ecopetrol y es contrario al debido proceso...”. Interpretando esa solicitud, la Sala entiende, entonces, que la representante judicial de la entidad demandante plantea una nulidad constitucional generada en la sentencia, por violación del principio del debido proceso, que consagra el artículo 29 de la Constitución Política.

El planteamiento de esa nulidad es procedente, pues la parte interesada lo hizo después de haberse producido la sentencia, el día 11 de febrero de 1998, cuando aún no se había desfijado el edicto, por medio del cual se notificaba a las partes la referida sentencia, y por considerar que precisamente en dicha providencia se desconoció el principio constitucional del debido proceso, al haberse pronunciado una decisión inhibitoria, que impidió naturalmente el despacho de las pretensiones de fondo. En un caso similar, en cuanto se trataba de una sentencia que tuvo lugar en un procedimiento de tutela, la Corte Constitucional resolvió declarar nula la sentencia T-120, dictada por la Sala Séptima de Revisión el día 29 de marzo de 1993, en el proceso T-5088. En dicha oportunidad, la Corte consideró procedente el incidente de nulidad, con fundamento en los siguientes razonamientos:

“a) La Sala Plena es competente para declarar nulo todo el proceso o parte de él. Pues, según el principio procesal universalmente aceptado, la nulidad de un proceso sólo comprende lo actuado con posterioridad al momento en que se presentó la causal que la origina.

b) Como la violación del procedimiento, es decir, del debido proceso, sólo se presentó en la sentencia, al dictar ésta, la nulidad comprende solamente la misma sentencia. Y, por lo mismo, únicamente podía ser alegada con posterioridad a ésta, como ocurrió. Nadie podría sostener lógicamente que la nulidad de la sentencia por hechos ocurridos en ésta, pudiera alegarse antes de dictarla.

Lo anterior no significa, en manera alguna, que exista un recurso contra las sentencias que dictan las Salas de Revisión. No, lo que sucede es que, de conformidad con el artículo 49 mencionado, la Sala Plena tiene el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas”. (Auto Nº 008, de julio 26 de 1993, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).

La Sala comparte el punto de vista expresado en la providencia citada de la Corte Constitucional, pues la nulidad generada en la sentencia solamente puede alegarla la parte interesada después de haberse producido ésta, no antes, y, además, la sentencia constituye la etapa culminante del proceso, de manera que las partes pueden alegar nulidades que hayan tenido origen en esa etapa del proceso, sin que pueda considerarse que la declaratoria de una nulidad allí originada constituya revocatoria de la providencia judicial.

3ª La providencia recurrida en nulidad no alcanzó a ejecutoriarse porque la parte interesada presentó, dentro del término de ley, un escrito que la Sala interpreta como incidente de nulidad de la misma, de carácter constitucional, pues notificada por edicto la sentencia el día 9 de febrero, la parte recurrente interpuso el incidente de nulidad no resuelto el día 11 de febrero.

4ª Al declararse inhibida la sección para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, no debiendo hacerlo, se originó una nulidad constitucional en la sentencia de segunda instancia, alegable dentro del término de ejecutoria, como tuvo lugar en el asunto sub examine, pues al recurrente se le denegó en la práctica, al no existir pronunciamiento sobre el fondo, el acceso a la justicia que consagra el artículo 229 de la Constitución Política, y como consecuencia de ello quedaron sin efecto las instancias previstas por la ley para esta clase de procesos, generándose de esa manera una infracción al debido proceso, que consagra el artículo 29 del texto constitucional.

5ª En cuanto al término de caducidad de la acción de dos (2) años para las entidades públicas, que, en concepto del representante judicial de municipio de Monterrey, rige solamente cuando la entidad demanda sus propios actos, no cuando demanda actos de otras entidades, la Sala no comparte dicho punto de vista, pues el anterior artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al presente caso, no distinguía en la materia y se aplicaba en las distintas hipótesis en las cuales la entidad actuara como demandante de sus propios actos, o de los actos de otras entidades. Ese principio general fue excepcionado por el numeral 7º del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que el término de caducidad de dos (2) años solamente rige para los casos en los cuales la entidad fuera demandante de sus propios actos, lo que prueba, a contrario de lo sostenido por el apoderado del municipio de Monterrey, que en esa materia regía, sin distinción alguna, el aludido principio de los dos (2) años.

Vistas las consideraciones anteriores, la Sala accederá a decretar la nulidad de la sentencia y de las actuaciones posteriores. En consecuencia,

RESUELVE

1. DECLÁRASE la nulidad de la sentencia de veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), por medio de la cual se revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare de 18 de abril de 1997 y, en su lugar, se declaró inhibido para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.

2. DECLÁRASE la nulidad de las actuaciones procesales posteriores, incluido el otorgamiento del recurso extraordinario de súplica.

3. Regrese el negocio al despacho para proveer de fondo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Juan Alberto Polo Figueroa, Presidente—Libardo Rodríguez Rodríguez—Manuel S. Urueta Ayola.

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