Auto 4479 de marzo 26 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

PRUEBAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

SIGUE VIGENTE LA RESTRICCIÓN PROBATORIA

EXTRACTOS: «El Decreto 2651 de 1991 (nov. 25) dictado por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades extraordinarias concedidas por el literal c) del artículo transitorio 5 de la Constitución de 1991 para “expedir normas transitorias para descongestionar despachos judiciales”, contempló en su aparte III medidas relativas a las PRUEBAS con el primordial fin de combatir la demora en la práctica de las pruebas decretadas como una de las causas de congestión de los despachos judiciales y, entre otras medidas, permitió que las partes de común acuerdo presenten al-gunas pruebas o que se practiquen otras sin los formalismos que contribuyen a demorar su producción o presentación al proceso.

Se inició este capítulo en el artículo 21 para permtir a las partes de común acuerdo presentar material probatorio en la primera o única instancia. Continúa en el artículo 22 para sentar reglas adicionales a las contenidas en el Código de Procedimiento Civil “para la práctica de pruebas”, pero son reglas que tienden a simplificar o hacer más expe-dito el aporte a la producción de pruebas y se refieren a la forma de practicarlas o presentarlas, sin que en ningún momento haya modificado los términos u oportunidades para pedirlas, decretarlas y producirlas.

El artículo 22 sobre cuyos alcances se ha centrado la controversia dispone en su inciso inicial:

“Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil se dará aplicación a las siguientes reglas...”.

Para la Sala esta norma no modificó ni alteró la restricción probatoria en la segunda instancia consagrada en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil y trasladado casi textualmente en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (D. 01/84) al disponer que “... las partes podrán pedir pruebas que se decretarán únicamente en los siguientes casos...”. Entiende la Sala que sólo en el evento de que por darse alguno de los cuatro supuestos de hecho contemplados en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo sea procedente decretar alguna prueba, en su forma o práctica deben tenerse en cuenta las reglas introducidas por el artículo 22 del Decreto 2651 de 1991.

Tampoco tiene significado distinto el numeral 1º cuando dispone respecto a experticios que: “...1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios producidos por instituciones o profesionales especializados...”. La referencia a “las oportunidades procesales para solicitar pruebas” no niega que exista tal oportunidad en la segunda instancia, pero tampoco suprime las condiciones a que está sujeta ésta.

En síntesis la Sala estima que el citado artículo 22 no consagró la libertad probatoria en la segunda instancia, ni derogó las condiciones que para decretar pruebas consagró el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, “únicamente” en los casos allí señalados».

(Auto de marzo 26 de 1993. Expediente 4479. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

___________________________