Auto 45 de agosto 1º de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AMPARO DE POBREZA

SE APLICA TAMBIÉN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Ref.: Expediente 45

Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil tres (2003).

Se decide el recurso de súplica interpuesto contra el auto adiado el pasado 14 de mayo, por el cual se negó el amparo de pobreza solicitado por la Cooperativa Multiactiva del Campo y la Ciudad Colombo-alemana Ltda. “Campocoop”.

Antecedentes

1. La nombrada cooperativa interpuso recurso de revisión contra la sentencia que le fue adversa en el proceso reivindicatorio, y junto con la demanda respectiva solicitó que se le concediera amparo de pobreza, lo que le fue denegado por el magistrado tras de aducir que “de la simple lectura del mencionado artículo 160 fluye que este beneficio procede solo en favor de las personas naturales, pues allí se alude a “subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos” en clara referencia a necesidades vitales que no se predican de los entes morales”.

2. Ahora, la parte interesada alega que la ley no especifica a cuál persona se puede conceder el amparo de pobreza; antes bien, cuando se refiere al sujeto beneficiario del mismo como “a quien”, se hace extensivo el término a cualquier persona; y cuando alude a “subsistencia” incluye casos de extrema dificultad económica, como el que vive en la actualidad la peticionaria.

3. Corresponde a la Corte resolver la súplica propuesta, y con tal fin proceden las siguientes

Consideraciones

1. Ciertamente que los términos empleados por el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil para consagrar el amparo de pobreza, se refieren, en estricto sentido, a las personas naturales, cuanto dispone que lo puede invocar “quien no se halle en capacidad de atender a los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos”; circunstancias estas que, en principio, no atañen con las personas jurídicas.

2. Empero, dada la finalidad que persigue esa institución, el reconocimiento actual del acceso a la administración de justicia como derecho fundamental establecido en la Constitución Política y la protección con la que deben ser rodeados los derechos de defensa y de igualdad de las partes en el proceso, resulta admisible interpretar en sentido amplio dicha disposición a fin de extender su alcance a las personas jurídicas, siempre y cuando se encuentren en una crítica situación financiera tal que, por padecerla, verdaderamente no se hallan en condiciones de atender a los gastos de un proceso, sin dejar en vilo supervivencia o sin precipitar su definitiva extinción en forma estruendosa desde el punto de vista económico; así, pues, la cuestión debe ser examinada en cada caso perfilando un símil entre la subsistencia que atañe con la persona humana, y la permanencia de las personas jurídicas, bien para superar o evitar en su caso la extinción definitiva de acuerdo con la función social que cumplen, o bien para disminuir los efectos que de su extinción puedan derivarse, los que incluso en muchos casos llegan a incidir en la órbita patrimonial propia de las personas naturales que contribuyeron a su formación y han hecho posible su existencia.

3. De allí que el examen de la procedencia del amparo de pobreza no pueda ser efectuado de modo exacto a como está previsto para las personas naturales en las que está de por medio la vida misma de ellas como seres humanos, pero tampoco tan lejos como para impedir que, mediando las particularidades que cada caso ofrece, se admita esa posibilidad cuando, como aquí se ha verificado, la peticionaria del amparo se encuentra en estado de disolución o liquidación por causa de una situación económica calamitosa derivada de su propio ejercicio social y que por la misma razón ha acudido a los mecanismos legales para definirla, y más cuando se trata de una institución que hace parte de la economía solidaria del país cumpliendo como tal una función social digna de especial protección; es obvio que no da igual considerar la petición de amparo de pobreza a la persona jurídica que está en pleno en ejercicio de sus actividades, así asomen significativas dificultades económicas de operación, como quiera que ante todo ellas debe provocar la actuación de los instrumentos previstos en la ley para convocar a los acreedores o para obtener la disolución y liquidación, o definir su situación del modo que corresponda.

4. Puede argumentarse en contra de la tesis expuesta, —que propende por la aplicación del beneficio referido tanto a favor de las personas naturales como de las jurídicas, bajo ciertas condiciones—, que la finalidad de dicha institución procesal radica en proteger el mínimo vital de las primeras y que tal concepto únicamente puede concebirse en relación con la persona natural, como se sostiene en el auto impugnado; mas para responder a ese criterio cabe puntualizar que también la persona jurídica se halla impelida a cubrir necesidades inherentes a su existencia misma, como en efecto acontece, entre otros conceptos, con las cargas laborales, locativas y los importes sociales, cuyos montos pueden afectar inclusive a las personas naturales que la integran.

5. Como se ve, pues, no es menos trascendente el patrimonio de una u otra clase de personas; incluso en el caso del empresario su función social (C.P., art. 333) le otorga algún grado de primacía, de manera que no se ve la razón por la cual el beneficio de amparo sea excluyente y se encuentre proscrito para todos los entes morales, y menos cuando, como ya se anotó, la institución de que aquí se trata pertenece al sector de la economía solidaria al que la ley le confiere prerrogativas y derechos en desarrollo normativo del precepto constitucional antes citado en el que se expresa que “el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”.

6. En ese orden de ideas, se dispondrá la revocatoria del auto y se ordenará remitir el expediente al despacho de origen a fin de que con prescindencia del carácter de persona jurídica que asiste a la peticionaria del amparo, se resuelva allí sobre éste de acuerdo con las demás previsiones legales.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, REVOCA el auto adiado el 14 de mayo de 2003, que profirió en el asunto de la referencia el magistrado ponente, y en su lugar, se dispone devolver el expediente a la oficina de origen para que resuelva sobre el amparo de pobreza sin consideración al carácter de persona jurídica que ostenta la entidad peticionaria del mismo.

Notifíquese.

Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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