Auto 4510 de agosto 5 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LEY PROCESAL

CONFLICTO EN EL TIEMPO

EXTRACTOS: «Primeramente se advierte que el conflicto de leyes procesales en el tiempo, a que da nacimiento la expedición de nueva normatividad de este linaje, encuentra su solución conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del Código de Procedimiento Civil, normas éstas que parten de la distinción de las actuaciones ya cumplidas, las ya iniciadas y aquellas no realizadas todavía, para establecer la firmeza de las primeras, la actuación de las últimas conforme a la nueva legislación y, en cuanto a las no concluidas todavía, en esencia se dispone que habrán de regirse por la norma en vigor al momento en que se produjo la respectiva actuación. Por ello, el legislador prescribe, con toda claridad y para mayor abundamiento que “en los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación” (art. 699 CPC).

Significa entonces lo anterior, que no existe ningún derecho para los asociados a que la integridad de un proceso se tramite conforme a la legislación existente al momento de su iniciación, pues si en el curso del mismo varía la legislación procesal, las actuaciones nuevas se rigen por la ley nueva, que por referirse al ejercicio de la función soberana del Estado para administrar justicia, es de orden público y, en consecuencia, de aplicación inmediata, de interpretación estricta y de obligatorio cumplimiento. De esta suerte, si en la nueva legislación se suprime un recurso no interpuesto todavía al momento de su expedición, o si a un proceso que antes podía ser conocido en dos instancias se suprime la segunda, o, si el legislador opta por la supresión de un medio de impugnación, los particulares no pueden, de ninguna manera aducir la subsistencia de la ley antigua para pretender prolongar sus efectos luego de su derogación, como quiera que en esta materia no existen derechos adquiridos, o, por lo menos, los antiguos intereses materiales pierden la tutela o protección legal y, por lo tanto, al dejar de ser jurídicamente protegidos, no pueden ser objeto de alegación judicial. Ni tampoco existe deber alguno del Estado para sujetar a los intereses particulares el ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo que, aquel puede suprimir las acciones judiciales, particularmente aquellas que aún no se han ejercido.

1.2.2. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub lite, encuentra la Corte que la acción de revisión de las sentencias dictadas por los jueces de menores en procesos de filiación natural, inicialmente consagrada por la Ley 83 de 1946, se conservó por el artículo 18 de la Ley 75 de 1968, de manera tal que durante su vigencia los fallos proferidos por los jueces de menores eran susceptibles de revisión “por la vía ordinaria”, si ésta se intentaba por el demandado dentro de los dos años siguientes a la publicación de la sentencia, o dentro de los cinco años contados a partir de la misma si la acción la intentaba la parte demandante.

El Estado colombiano, mediante Decreto 2272 de 1989, organizó la jurisdicción de familia, vale decir que reguló íntegramente lo concerniente a la administración de justicia en esta rama del derecho, y, en ese orden de ideas en su artículo 5º dispuso que los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los procesos de investigación de la paternidad extramatrimonial que regula la Ley 75 de 1968, lo que quiere decir que de dichos procesos conocen las Salas de Familia cuando las sentencias fueren apeladas conforme a la ley, y es más, del recurso extraordinario de casación contra estas providencias conocía esta corporación (art. 9º, D. 2272/89). Es decir, la ley cambió el sistema de proceso abreviado especial de única instancia con revisión por la vía ordinaria, por el de proceso abreviado especial de doble instancia con la posibilidad, si fuere el caso, de los recursos extraordinarios de casación y revisión. Luego, desapareció toda tutela jurídica de revisión por la vía ordinaria.

Por lo tanto, la Corte reitera su doctrina expuesta en los siguientes términos: “Sabido es que antes de la vigencia del Decreto 2272 de 1989, que organizó la jurisdicción de familia, el conocimiento de la acción de revisión de las sentencias proferidas por los jueces de menores en procesos de filiación paterno natural previstos por la Ley 75 de 1968, correspondía a la jurisdicción civil, en primera instancia ante los jueces civiles del circuito, y en segunda ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo; pero organizada aquella jurisdicción mediante el precitado decreto, a la vez que se determinaron los asuntos de familia que comprendían su dominio, se eliminó la posibilidad de revisar aquellas providencias a través de la mencionada acción, como quiera que atribuido el conocimiento a tales procesos en primera instancia a los jueces de familia (art. 5º num. 2º, Decreto 2272 de 1989), para impugnarlas se consagró expresamente el recurso ordinario de apelación para ante la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, y los recursos extraordinarios de casación para ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y de revisión para ante esta misma Sala o para ante la Sala de Familia del competente Tribunal Superior, según fuere el caso, tal como se desprende de los artículos 3º y 9º del ordenamiento en cita...” (auto del 21 de octubre de 1992)».

(Auto de agosto 5 de 1993. Expediente 4510. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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