Auto 4571 de junio 28 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

COSTAS

NO SE RECONOCEN A FAVOR DEL ABOGADO

EXTRACTOS: «Entendidas las costas como aquella porción de los gastos del proceso cuyo pago corresponde a las partes que en él intervienen, es necesario advertir que, salvo estipulación expresa en contrario, se reconocen en favor de la parte vencedora, no de su abogado. Tal es el criterio objetivamente plasmado en la ley y a él, por supuesto, debe atenerse el juez, con prescindencia de los pactos que en torno al punto esa parte hubiese acordado con su abogado. Si tal pacto existe, no es el proceso mismo, o una de sus actuaciones tangenciales, el campo propicio para buscar su efectividad. No lo es porque, en primer lugar, las cuestiones atinentes a las costas son accesorias al proceso, o sea, no forman parte del thema decidendum observación que cobra mayor relieve cuando aquellas afloran entre alguna de las partes y el abogado que la ha representado. Y en segundo lugar, como una derivación de lo acabado de señalar —y que de cierto modo, atenúa el rigor de ese principio—, la única posibilidad que prevé la ley para que el abogado pueda discutir con su cliente lo concerniente a sus honorarios —no sobre las costas del proceso— es la del incidente contemplado en el inciso 2º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil , pero cuando tal hace, incluso, puntualiza que es con independencia de la marcha del proceso.

Complementariamente, cuando el numeral 7º del artículo 392 ejusdem, dispone que “...si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas...”, está dando a entender que es la parte litigante la titular de la acreencia de esa especie. Con este precepto, además, armoniza el artículo 164 ibídem que, en el caso del amparo de pobreza, le asigna al apoderado judicial las agencias que el juez le señala a la parte que representa, norma ésta que no tendría razón de ser si aquélla no fuera la regla general.

En ese orden de ideas, debe inferirse que las partes, no sus apoderados, gozan de entera discrecionalidad para renunciar dentro del proceso a las acreencias de esa especie, autonomía que tutela el inciso segundo del artículo 345 ibídem, bajo cuyo rigor imperativo se profirió la decisión atacada».

(Auto de junio 28 de 1995. Expediente 4571. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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