Auto 4596 de enero 27 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TÉRMINO PARA CORREGlRLA Y REPOSICIÓN DEL AUTO ADMISORIO

EXTRACTOS: «Una vez conocidos y evaluados los antecedentes de la presente actuación, como los argumentos en que se sustenta la impugnación contra el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó aceptar la intervención de la Cooperativa de Transportadores de Fómeque Ltda., como tercero interviniente en el proceso, y, además, resolver el recurso de reposición interpuesto por ésta, rechazando la demanda en la argumentación de su corrección por fuera del término legal, la Sala procede a realizar las siguientes consideraciones:

Dos son, básicamente las razones esgrimidas como sustento del recurso de que se conoce:

a) Improcedencia del recurso de reposición interpuesto por el tercero interviniente contra el auto que admitió la demanda.

b) Indebido cómputo de los términos de que dispone la parte actora para corregir los defectos formales de la demanda.

1.Cómputo de términos.

El aspecto medular del debate gira en torno al sistema legalmente establecido para computar los términos dispuestos en la actuación procesal, circunstancia de la mayor importancia, en razón de su incidencia en los derechos de los sujetos del proceso, esencialmente, al debido proceso y a la igualdad de las partes.

Precisamente, la íntima relación entre el cumplimiento de los términos, el debido proceso y el derecho a la igualdad, fue puesta de relieve por la Corte Constitucional, en Sentencia T-451 de octubre 12 de 1993, al efectuar revisión de tutela contra la negativa de la Sala de Casación Penal de la Corte de recibir escrito presentado fuera del término legal, oportunidad en la cual manifestó:

“Al respecto, vale la pena señalar que el cumplimiento estricto de los términos es una de las bases del debido proceso, y por tal razón la constitución estableció expresamente que se observarán con diligencia y su incumplimiento acarreará sanciones (...).

Los términos procesales mencionados en el artículo transcrito (C.N., 228) deben ser observados por los funcionarios judiciales. Su desconocimiento rompería dos principios constitucionales: el debido proceso y la igualdad, por los siguientes razones:

• El debido proceso, artículo 29 de la Constitución, es un derecho consagrado no sólo para el demandado, sindicado o condenado, según el proceso de que se trate, sino que se predica igualmente para el demandante y, en el caso de los sindicados o condenados, para toda la población que tiene el derecho de tener la seguridad de que se cumplan, sin excepciones, todas las etapas procesales, y que se concluya, mediante sentencia condenatoria o absolutoria.

• El derecho a la igualdad, artículo 13 de la Carta, pues quedaría al arbitrio de los funcionarios judiciales, recibir, o no, fuera del término legal, de parte de personas de su elección, actuaciones procesales sujetas a términos de presentación”.

Sabido es que la inadmisión de la demanda, de que trata el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, consiste en una medida de índole transitoria, prevista como consecuencia del examen oficioso que hace el juez en aras de verificar la existencia de los presupuestos procesales de la misma y que tiene por objeto precaver la expedición de fallos de carácter inhibitorio; tal medida fue dispuesta para cuando a la demanda le falta algún requisito o un anexo de los que consagran los artículos 237 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, o cuando, en fin, adolezca de algún defecto subsanable y, cuya finalidad radica en que se corrija la demanda, dentro del término legal de cinco días, para lo cual la parte actora deberá atender la indicación de los defectos que se ha hace a través de un auto susceptible del recurso de reposición.

Igualmente está establecido en la norma (CCA, art. 143) que, una vez transcurrido el referido término legal sin que se haya subsanado el defecto que motivó la inadmisión, opera el rechazo de la demanda, en la variante que ha sido denominada por la doctrina “rechazo posterior”, para diferenciarlo del llamado “rechazo in limine“ “de plano” que se puede producir en eventos de demanda contra decisiones que claramente no constituyen actos administrativos demandables, caducidad no discutible en el ejercicio de la acción respectiva, etc.

De este tipo de rechazo ha señalado la doctrina:

“El rechazo posterior, no calificado así por la ley pero sí por la doctrina en razón de que se presenta después de la oportunidad en que debe proferirse el rechazo in limine ocurre cuando el demandante deja transcurrir los cinco días señalados como consecuencia de la inandmisión sin subsanar los errores que dieran lugar a esta”(1)

(1) Azula Camacho, Manuel de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte General. Edit. Temis 1997, pág. 18.

Como quiera que el punto en controversia estriba en la definición de la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo del término legal previsto para la corrección de la demanda, sea lo primero transcribir la disposición del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, precepto que establece:

“Cómputo de términos. Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda: si fuere común a varias partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo.

Cuando se pida reposición del auto que concede un término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que confirme el recurrido. Si la reposición versa sobre puntos ajenos al término, no lo suspenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final.

Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran un trámite urgente; en el último caso el secretario deberá obrar previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará constancia en el expediente.

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén pendientes de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha, si fuere de cúmplase”.

El debate central, como se anotó anteriormente, radica en la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo del término legal de cinco días, previsto para subsanar los defectos de que adolezca la demanda, en este caso, para realizar la estimación razonada de la cuantía del proceso, conforme se dispuso en auto proferido por el tribunal el 11 de diciembre de 1998, en cuyo inciso final señaló:

“En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, el demandante deberá corregir el defecto anotado dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha de notificación de este auto”.

De la lectura del auto de inadmisión de demanda proferido por el tribunal resulta claro que en tal providencia se dispuso el cómputo del término a partir de la notificación del auto, como es obvio, en virtud de la premisa legal atinente a los actos de comunicación procesal, conforme a la cual, la importancia de las notificaciones radica en que, según el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil “Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado”.

Ahora bien, encuentra la Sala que el término dispuesto en la referida providencia se ajusta tanto en los aspectos de tiempo (5 días), como de oportunidad (contados a partir de la notificación del auto que ordenó la corrección), al régimen legal que gobierna la materia.

En efecto, el sistema legal dispuesto se integra con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, precepto que consagra el término de cinco días para subsanar los defectos de la demanda, y el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, que establece la forma de computar los términos así: “Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda... En caso de que haya de retirarse el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo”.

La lectura del anterior texto es clara, por lo que en opinión de la Sala, no hay lugar a interpretación diversa a su tenor literal. Lo anterior, sin ánimo de desconocer que esta disposición, que regula específicamente el tema de cómputo de términos, se aparta del régimen general de cumplimiento de providencias, conforme al cual, que la providencia esté ejecutoriada, o en firme, constituye un requisito esencial para el cumplimiento de lo dispuesto en ella.

No obstante, si bien la regla consignada en el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, fija los requisitos comunes para el cumplimiento de toda providencia, sea auto o sentencia, es evidente que el legislador consagró una disposición especial atinente al tópico en discusión, la cual precisamente se ha denominado “cómputo de términos” (CPC, art. 120).

Si, en gracia de discusión, se admitiera que el inciso primero del referido artículo 120, no ofrece claridad suficiente, o que debe interpretarse en el sentido de que tratándose de autos susceptibles de recurso, el cómputo del término se inicia a partir de la ejecutoria del auto y no a partir de la notificación del mismo, cabría entonces efectuar varias observaciones así:

a) Bajo la hipótesis de que la premisa normativa requiere la ejecución del auto para el inicio del cómputo, sobraría la previsión contenida en la parte final del inciso 1º de la norma en cita, el cual se resalta a continuación:

“ART. 120.—Cómputo de término. Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo”.

Resulta claro entonces, que la norma sí contempla la eventualidad del cómputo del término a partir de la ejecutoria del auto, pero no con el carácter de regla general, sino por el contrario, para la situación expresamente citada, esto es, cuando el expediente deba retirarse.

b) Bajo la misma hipótesis, esto es, que la regla general es el cómputo del término desde la ejecutoria de la providencia que lo ordena, sobraría el inciso 2º del precepto en cuestión, conforme al cual:

“Cuando se pida reposición del auto que conceda un término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que confirme el recurrido. Si la reposición versa sobre puntos ajenos al término, no lo suspenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final”.

Adicionalmente, cabe anotar que la doctrina ha sido pacífica y reiterada en la interpretación del cómputo de dicho término, conforme al tenor literal de la norma, de tal manera que en la practica, el término de corrección de la demanda corre en forma simultanea o paralela con el de ejecutoria del auto, aplicándose, en el evento de ser recurrido el mismo, lo dispuesto expresamente para tal eventualidad por el inciso 2º de la norma en cita, es decir esperar a la ejecutoria de la decisión judicial para empezar a contabilizar el término para el cumplimiento de la carga procesal. Pero sólo en relación con este evento puede reclamarse previa ejecutoria del auto que ordena un traslado, para comenzar a contabilizar el término del que dispone la parte para acatar la carga procesal impuesta.

De esta manera, resulta ilustrativo traer a colación la opinión de algunos autores sobre el tema en cuestión, así:

“La inadmisión es un acto por el cual el juez se abstiene de darle curso a la demanda cuando esta no cumple determinados requisitos, dándole al demandante el término de cinco días para que los subsane (...) En cualquiera de las causales que originan la inadmisión, el funcionario, en la misma providencia que la declare, debe señalar el defecto y ordenar su corrección dentro del término de cinco días, que se cuentan a partir del siguiente a la notificación del auto al demandante”(2) (se destaca)

(2) Ob. cit. pág. 119.

“Se rechaza la demanda, como medida definitiva en dos casos: a posteriori, cuando no se subsana oportunamente (dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto inadmisorio de la demanda; art. 85, inc. 2º) el defecto que motivó la inadmisión y de plano o in limine cuando el juez carezca de jurisdicción o de competencia para el asunto y cuando la acción caducado por haber transcurrido el término que la ley señale para su ejercicio (art. 85, cit. inc. 3º)”(3) (destacado fuera del texto).

(3) Devis Echandía Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Edit. ABC. 1996.

2. La improcedencia del recurso de reposición contra el auto que admite la corrección de la demanda.

Con relación al argumento de improcedencia del recurso interpuesto en el sub lite por el tercero interviniente, contra el auto de febrero 18 de 1999, mediante el cual el tribunal dispuso la admisión de la demanda, no comparte la Sala el mismo fundamentado consistente en que, como previamente se había ordenado una corrección de la demanda, contra el auto que admite tal corrección no procede recurso alguno.

En opinión de la Sala, tal argumento no es de recibo, en primer lugar, precisamente porque se trata del auto mediante el cual se define un aspecto medular del proceso, como es la admisión de la demanda, lo que lo hace recurrible, y, además, porque en forma expresa el inciso 5º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, luego de la reforma introducida por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998, indica que contra el auto admisorio sólo procederá el recurso de reposición, pero si resuelve sobre suspensión provisional procederá el de apelación, cuando el auto sea dictado por el juez o por la Sala, sección o subsección del tribunal en primera instancia; o, el de reposición, cuando sea dictado por la Sala, sección o subsección del Consejo de Estado en única instancia.

El contenido del precepto en cita obliga a hacer la correspondiente reflexión acerca de la naturaleza del auto admisorio de demanda para, en consecuencia, precisar los recursos que resultan procedentes contra tal determinación.

Al parecer de la Sala, como quiera que la admisión de la demanda puede ir o no acompañada con la decisión sobre la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados, resultan diversas las situaciones que se presentan. En efecto, cuando se presenta demanda sin solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados, la admisión de la misma corresponde al magistrado sustanciador, independientemente de si se trata de asunto de única o de primera instancia, y en tal evento, no existe duda, de que resulta aplicable el inciso 5º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo en el sentido de que tal decisión es recurrible mediante el recurso de reposición, pues, eventualmente, puede darse que se pasen por alto algunos de los requisitos formales de la demanda, o se considere la caducidad de la acción, o la falta de agotamiento de la vía gubernativa, o la incompetencia de la jurisdicción, entre otros eventos, aspectos que serán reexaminados por el funcionario judicial.

Ahora, cuando a la demanda se acompaña la solicitud de suspensión provisional, la competencia corresponde, sin importar si se trata de asunto de única o de primera instancia, a la Sala, sección o subsección respectiva, la que consecuencialmente a la admisión de la demanda, decide sobre la solicitud provisional, pues apenas resulta obvio que para decidir sobre la medida provisional, debe previamente admitirse la demanda.

Este auto entonces contiene dos decisiones diversas: la atinente a darle curso a la demanda bajo la consideración de que reúne los presupuestos de ley y la relativa a la decisión sobre la solicitud de suspensión provisional.

Pero en tal caso, no puede interpretarse el precitado artículo 143 del Código Contencioso Administrativo en el sentido de que la decisión de admitir la demanda sólo sea susceptible recurrir el aparte relativo a la suspensión provisional mediante el recurso de reposición, para asuntos de única instancia, o de apelación, en los de primera, puesto que, a juicio de la Sala, la regla sentada en el inciso 5º del artículo citado es de carácter general tanto para los casos de admisión de demanda con decisión de suspensión provisional, como para cuando la demanda no contiene ésta última.

El auto admisorio, aunque igualmente contenga decisión de la solicitud de suspensión provisional, es igualmente recurrible en recurso de reposición en cuanto a la admisión en sí, puesto que apenas resulta lógico que las partes interesadas tengan oportunidad de discutir lo referente a los requisitos de la demanda, la caducidad en el ejercicio de la acción, etc., aunque en un momento pudieran estar conforme con la decisión de suspensión provisional, por ejemplo porque se ha denegado y en ello no contraría el interés de la parte demandada.

En el anterior sentido, en materia procesal general es evidente que contra los autos de sustanciación e interlocutorios que dicten los jueces en ambas instancias y contra los de trámite e interlocutorios que dicten los magistrados ponentes en los tribunales plurales procede el recurso de reposición. Por ello, se ha dicho, que el recurso de reposición es “el recurso natural de los autos”, es decir, que procede contra todo auto, salvo que la ley expresamente lo prohiba.

En segundo lugar, porque en virtud del inciso 2º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, en forma explícita se consagró la procedencia del recurso de reposición para el caso en discusión, sin que pueda respecto de este precepto hacerse distinción del evento en que presentada la demanda se procede inmediatamente a su admisión bajo la consideración de que reúne los presupuestos de ley, del que se produce por efecto de la corrección oportuna de los defectos simplemente formales señalados por el ponente.

En este orden de ideas, no advierte la Sala que exista vicio o tacha alguna referida a la admisión del recurso de reposición interpuesto contra el auto que admitió la demanda en el presente caso sin que pueda válidamente predicarse que por haberse procedido a la admisión de la demanda sin haberse percatado el a quo de la extemporaneidad de la corrección de la demanda tal admisión se trocó inmutable.

Además de lo anterior, se tiene que la parte recurrente tenía legitimación para la impugnación en la medida en que los actos demandados le habían creado un derecho en su favor y la sentencia que se debía proferir, obviamente, le afectaba.

Por las razones expuestas, no encuentra la Sala que exista asidero jurídico alguno para revocar la providencia impugnada.

Por otro lado, cabe anotar que, revisados detenidamente los antecedentes que conforman la actuación surtida tanto vía gubernativa, como ante esta corporación, no se advierte que estimación de los perjuicios se hubiese efectuado con antelación, en forma tal que permitiese entender ya satisfecha la exigencia de la estimación razonada de la cuantía del proceso ordenada por el tribunal, para establecer si la competencia del a quo correspondía a trámite de única o de primera instancia».

(Auto de enero 27 de 2000. Expediente 4596. Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

ACLARACIÓN DE VOTO

Si bien comparto la decisión adoptada por la Sala en cuanto concluyó que la demanda estuvo bien rechazada porque fue corregido extemporáneamente, considero que en la parte motiva debió quedar claramente establecido que el a quo carecía de competencia para resolver el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda en el cual también se proveyó sobre la solicitud de suspensión provisional, en razón de que contra este último proveído no procedía tal recurso, sino únicamente el de alzada, en los términos del artículo 155, inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo por lo cual no podía aquél sino el ad quem pronunciarse directamente sobre el particular.

Es decir, que el a quo debió darle al recurso de reposición interpuesto el trámite del que por ley procede, cual es el de apelación, en aplicación del principio de la prevalencia del derecho sustancial de que trata el artículo 228 de la Constitución Política, como lo ha considerado esta corporación en reiterados pronunciamientos.

En apoyo de este parecer respetuosamente me remito a lo precisado por la Sección Tercera de esta corporación (Expediente núm. 6724, actor: Jorge Montoya Paz, Consejero Ponente: Doctor Juan de Dios Montes Hernández), que al efecto manifestó:

“Lo primero que enfrenta la Sala es un problema de orden procesal, relativo a la procedencia del recurso de apelación del auto admisorio de la demanda, cuanto éste contiene también una decisión, en cualquier sentido, respecto de la suspensión provisional.

Las dos primeras reglas del artículo 181, y el inciso final del 143 del Código Contencioso Administrativo preceptúan que el auto inadmisorio de la demanda puede recurrirse en apelación siempre y cuando se haya dictado por un tribunal administrativo en primera instancia.

Razonando en sentido contrario, frente el auto que admite la demanda, no procede el recurso de apelación; esta afirmación es válida cuando la inadmisión es la única decisión que contiene la providencia, la cual, en aplicación del artículo 180 del mismo código, será pasible únicamente de reposición.

De otro lado, el auto que resuelve sobre la suspensión provisional en asuntos de primera instancia de los tribunales es igualmente apelable según lo impone el inciso 2º del artículo 155, in fine: “En los de primera instancia el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en el efecto suspensivo para ante el Consejo de Estado...”.

Los preceptos comentados permiten trazar una regla general: Los autos que, en primera instancia, inadmiten la demanda o resuelven sobre la suspensión provisional son apelables; el que la admite es reponible.

Hasta ahí tiene razón el apoderado judicial de la Sociedad Siemens S.A. Diferente es la situación cuando en el mismo auto se admite la demanda y se resuelve sobre la suspensión provisional, circunstancia que ocurre en todos los casos en los cuales se haya solicitado esta medida cautelar, a términos del inciso final del artículo 207; en este evento dicho auto es apelable siempre que se produzca en la primera instancia; en efecto, la norma citada establece:

“Cuando se pida la suspensión provisional, ésta se resolverá en el auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, secciones o subsecciones, y contra este auto sólo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación”.

Esta es una norma especial, de aplicación preferente sobre la regla general establecida antes, según lo enseña el ordinal 1º del artículo 5º de la Ley 153 de 1887.

Decidir este caso con las reglas generales dejaría abierta la posibilidad de producir decisiones contradictorias en el juzgamiento del mismo asunto; piénsese, por ejemplo, en casos como el presente, cuando el tribunal haya decidido admitir la demanda y negar la suspensión provisional; el uso de los recursos distintos para cada una de estas decisiones (la reposición para el auto admisorio y la apelación para la negativa a suspender provisionalmente el acto), podría conducir a que el tribunal resuelva reponer el auto admisorio y el Consejo de Estado revoque la providencia y decrete la suspensión provisional. Este resultado es absurdo. La imposible conciliación de las decisiones de primera y de segunda instancias por el carácter accesorio de la medida cautelar, demuestra que la escisión de la providencia atenta contra la continencia de la causa, y su solución debe ser conjunta y estar confiada al mismo juez.

No es correcto sostener, como lo hace el apoderado de la sociedad demandada, que “cuando hay solicitud de suspensión provisional se dictan dos autos en una sola providencia: 1) el de admisión y 2) el que resuelve sobre la suspensión provisional”. Se trata de un solo auto que contiene dos decisiones referentes a la admisión de la demanda y a la suspensión provisional.

A juicio de la Sala, existen tres posibilidades procesales:

a) Que la providencia inicial inadmita la demanda y, a fortiori, no se ocupe de la suspensión provisional.

b) Que admita la demanda y decrete la suspensión provisional.

c) Que admita la demanda y niegue la suspensión provisional por ausencia de los requisitos contemplados en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

En el primer caso, el auto será apelable en aplicación de los artículos 143 inciso último y 181-1 del Código Contencioso Administrativo; en el segundo, habrá que distinguir dos eventos: que se recurra el auto únicamente en lo concerniente al decreto de la suspensión provisional, caso en el cual procede el recurso de apelación (art. 181-2) en el defecto diferido (art. 155, inc. 3º); o que simultáneamente se recurra el auto admisorio, cuando procede también la apelación (art. 207) pero, esta vez, en el efecto suspensivo (art. 181); el tercero —es el que ocupa a la Sala— se resuelve de la misma manera que el anterior.

El inciso 3º del artículo 155 no puede ser factor de confusión; su texto es claro:

“Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará con la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo de Estado”.

Es la consagración del efecto diferido de la apelación cuando el recurso se ha interpuesto solamente en contra de la Resolución de la petición de suspensión provisional dejando incólume la admisión de la demanda.

Dos argumentos adicionales apoyan esta interpretación; el primero se refiere a la conexión o conexidad, fenómeno que algunos sectores de la doctrina procesal califican de factor de competencia y que para Jaime Guasp constituye una “causa modificadora de la competencia” al lado de la sumisión; por ella, un juez que no es competente para conocer de un determinado negocio, lo llega a ser en virtud de la conexidad que dicho asunto guarda con otro para el cual tiene competencia.

El segundo consiste en la solución justa para los casos de duda sobre la procedencia de la apelación; la Sala ha considerado —y hoy lo reitera— como dice el brocárdico de Decio: appellatio admittenda videtur in dubio (se estima que en la duda hay que admitir la apelación), por lo que ha de decidirse en favor de las dos instancias, principio que informa nuestro sistema procesal.

Por lo dicho, la Sala tiene competencia para conocer, en su integridad, el auto apelado por las partes; por razones de método analizará inicialmente la admisión de la demanda para abordar luego la decisión sobre la suspensión provisional”.

La exégesis que la citada jurisprudencia incorpora mantendría vigencia, inclusive, frente a las normas de la Ley 446 de 1998 pues sus artículos 45, inciso 6º, y 57, numeral 2º, en lo que toca con el punto examinado, no introdujeron modificaciones que obliguen a su replanteamiento. Las regulaciones en que se sustenta tal parecer aún se conservan.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

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