Auto 4600 de septiembre 15 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

JURISDICCIÓN DE FAMILIA

COMPETENCIA EN MATERIA PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo García Sarmiento

Ref.: Expediente 4600

Santafé de Bogotá, D.C., quince de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Provee la Corte acerca del conflicto de atribuciones suscitado entre la Coordinación de Unidades de Fiscalías Especializadas y el Juzgado Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Pasto, para asumir el conocimiento del proceso penal por el hecho de lesiones personales contra el menor.

Antecedentes

1. El 11 de febrero de este año la Coordinación de Unidad de Fiscalías Especializadas, ente al que se le había colocado a su disposición el menor ..., se inhibió de conocer del asunto por encontrarse comprometido un menor de edad y ordenó su remisión al Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Pasto, a quien consideró el competente conforme con el criterio expuesto por esta corporación en el Oficio Nº 0782 del 18 de agosto de 1992 dirigido al señor Fiscal General de la Nación: al efecto transcribió apartes del mencionado escrito (fls. 5 a 7, c-1).

2. El juzgado promiscuo de familia en providencia del 12 de febrero del año en curso resolvió “no aceptar la colisión de competencia negativa que ha propuesto la Coordinación de Unidades de Fiscalías Especializadas en el presente asunto”, se declaró sin competencia y ordenó el envío de las diligencias al Consejo Superior de la Judicatura —Sala Disciplinaria—, para lo de ley (fl. 13. c1).

Señala como argumentos de su incompetencia el señor juez promiscuo de familia, que corresponde la investigación de este tipo de infracciones a la Fiscalía General de la Nación porque así lo “preceptúan los artículos 250 de la Constitución Nacional, 66, 67 y 118 del Código de Procedimiento Penal y 158 del Decreto 2699 de 1991, y según jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, (fallo del 30 de septiembre de 1992); correspondiendo al juez promiscuo de familia o de menores, el fallo respectivo” (fl. 12, c1).

3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en proveído del 15 de abril del año en curso, se abstuvo de dirimir el conflicto y dispuso el traslado de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, órgano al que corresponde dirimirlo al considerar que la etapa de instrucción del proceso penal le fue atribuida de manera exclusiva a dicha institución por la Constitución Nacional y el Código de Procedimiento Penal, competencia que también abarca la instrucción de los procesos de conocimiento de la jurisdicción de familia como se desprende de la Carta y de los artículos 67, 118 del Código de Procedimiento Penal y 158 del Decreto 2699 de 1991, concluyendo que al Fiscal General de la Nación le corresponde en uso de la atribución conferida por el numeral 6º del artículo 22 del Decreto 2699 de 1991. la delimitación del campo de competencia en materia de investigaciones realizadas directamente por la Fiscalía General o por aquellos entes oficiales —facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones—, entre los cuales están, a no dudarlo, los jueces penales y promiscuos municipales” (fl. 9, c2, lo subrayado es del Consejo).

4. La Directora Nacional de Fiscalías remitió las diligencias a esta institución mediante el Oficio Nº DNFF\164\HQB del 27 de agosto de 1993, estimando “que el conocimiento de los asuntos corresponde al Juez Promiscuo de Familia de Pasto, funcionario judicial perteneciente a la jurisdicción ordinaria, es esa la única Corporación, si recoge nuestros planteamientos, que puede ordenarle al juez la asunción de las investigaciones relacionadas”, porque la actuación de la Fiscalía “en los procesos a los que se encuentran vinculados menores de edad, puede resultar violatoria de la Constitución Política en sus artículos 44 y 45 que señalan los derechos fundamentales de los niños y de los adolescentes...”.

Consideraciones

5. En asuntos como el que estos autos ponen de manifiesto, es pertinente recordar que “...mediante el Decreto 2272 de 1989 se organizó la jurisdicción de familia, pretendiendo con ello, primordialmente, la unidad temática de los asuntos de familia y, consiguientemente, el estudio integrado de los temas a ella adscritos, incluidos, desde luego, todos los asuntos relacionados con menores de edad (art. 349 del Decreto 2737 de 1989), para lo cual se crearon los órganos competentes, entre ellos, los jueces promiscuos de familia y los de menores, de conformidad con el artículo cuarto (4º) del precitado estatuto, quienes al tenor de dicho texto legal “...seguirán ejerciendo sus funciones de acuerdo con la competencia establecida por la ley...”, que fundamentalmente consiste en conocer, en única instancia “...de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años...” (art. 167 Decreto 2737 de 1989)” (Auto del 13 de mayo de 1992 N.P.).

6. Es evidente, entonces, que la competencia de los jueces promiscuos de familia y de menores, en materia penal, está determinada por la edad del sindicado y no por la naturaleza de la infracción, los cuales conocen en primera instancia de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años, por así disponerlo el Código del Menor (art. 167), cuya vigencia sin duda alguna se mantiene no obstante la promulgación de la nueva Constitución de 1991, y el Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), competencia a ellos atribuida en forma total o plena y única como que obedece a razones particulares del tratamiento del menor, recogidas en el artículo 163 y s.s. del Código del Menor, habida consideración que, valga insistir en ello, se está en presencia de un fenómeno o situación irregular que no tiene el alcance ni el tratamiento sustancial o procesal de carácter penal, conclusiones a las que llegó esta corporación luego de detenido estudio y que, en su momento, se pusieron en conocimiento del Fiscal General de la Nación mediante el oficio Nº 0782 del 18 de agosto de 1992, documento éste en el cual también se expresó:

“En efecto, puede decirse que, en primer término, ello obedece a que el objeto de la investigación en este caso es la situación irregular de un menor de edad causada por una infracción penal, la cual si bien existe, sólo se considera en esta materia como motivo para estructurar y tipificar que ese menor se encuentra en una situación irregular para efectos de su respectiva protección, tal como se desprende de los artículos 29, 30, 163 y 182 del Código del Menor. En segundo lugar, en aquel evento sólo se investiga a un sujeto menor de edad que se encuentra en un proceso de formación en su personalidad, y no a un delincuente que se estime apto para atribuirle responsabilidad (arts. 3º, 9º, 169, 165, etc. del Código del Menor). En tercer término, su finalidad no es la de reprimir o castigar a un delincuente, sino la de otorgar protección a un menor que requiere de ella. Y por último, ciertamente se acude a un proceso que, como todos los que puedan implicar restricciones los derechos, se sujeta al cumplimiento de garantías procesales, por lo que aparece estructurado en forma similar a algunos procedimientos, particularmente de carácter penal, sin embargo no puede decirse que sea idéntico o sea semejante al proceso de investigación y acusación en materia penal, porque ni ha sido catalogado en forma expresa de esa manera, ni tampoco puede indicársele así, ya que simplemente se trata de una actuación procesal “para la protección del menor” (art. 178 del Código del Menor), pues carece de su estrictez procesal y probatoria, de acusación, etc”.

7. Bastan por lo tanto las anteriores apreciaciones para inferir que, con el origen que tiene el que en estos autos se ofrece, no pueden existir conflictos de atribuciones entre la jurisdicción de familia y autoridades del Estado integrantes de la Fiscalía General de la Nación, para conocer de las infracciones cometidas por menores de edad, porque la ley en forma expresa y a través de textos suficientemente claros que no admiten entendimiento distinto, asignó esa función a la Jurisdicción Especializada de Familia.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

ABSTENERSE de tramitar el aparente conflicto de atribuciones ocurrido entre la Coordinación de Unidades de Fiscalías Especializadas y el Juzgado Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Pasto.

En consecuencia, envíese la actuación a este último despacho judicial para que de inmediato prosiga con los trámites de ley. Por secretaría líbrese la comunicación correspondiente y, así mismo, póngase en conocimiento de la oficina coordinadora mencionada el contenido de esta providencia.

Notifíquese.

Rafael Romero Sierra—Eduardo García Sarmiento—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Nicolás Bechara Simancas—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo. 

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