Auto 110010325000200300097 01 (0462-03) de octubre 12 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

PROCESOS DE ÚNICA INSTANCIA EN EL CONSEJO DE ESTADO

Casos excepcionales que no se remiten a los jueces administrativos.

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante

Ref.: Expediente 110010325000200300097 01 (0462-03). - Autoridades nacionales. - Actor: Luis Alberto Jaimes Patiño.

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil seis.

Procede la Sala de sección a resolver, por interés jurídico, la competencia para continuar conociendo del presente asunto.

Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sección, dado que el actor solo pretende la expedición de la hoja de servicios para luego reclamar ante otro ente las prestaciones que eventualmente se deriven, se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía.

La Ley 446 de 1998, en materia de competencias, se encontraba suspendida en su aplicación por el parágrafo del artículo 164, que fue derogado por la Ley 954 de 2005.

Como ya lo indicó la Sala de Sección, la Ley 954 de 2005 omitió trasladar expresamente la competencia para el conocimiento de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y sin cuantía, en las que se controviertan actos expedidos por autoridades nacionales, de manera que dicha competencia continuó en esta corporación (1) .

Los jueces administrativos entraron en funcionamiento el 1º de agosto de 2006, lo que hace procedente precisar si, efectivamente, este asunto debe ser remitido a otra autoridad judicial.

Conforme al artículo 36 de la Ley 446 de 1998, al Consejo de Estado le corresponde conocer en única instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en lo aplicable al caso, así:

“ART. 36.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 128.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...].

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. [...].

13. De todas las demás de carácter Contencioso Administrativo, para los cuales no exista regla especial de competencia. [...] (destacado no es del texto)”.

La Ley 446 de 1998, artículo 42, en lo pertinente, preceptuó:

“ART. 42.—Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo III del siguiente tenor:

CAPÍTULO 3

Competencia de los jueces administrativos. [...].

“ART. 134B.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos. [...].

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan actos administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia”.

De estas normas podría inferirse que, en principio, la Sección carece de competencia expresa para continuar con el conocimiento, en única instancia, de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en las que se controviertan actos del orden nacional, de carácter laboral y sin cuantía. Sin embargo, tal competencia continúa radicada en esta corporación, por lo siguiente:

El artículo 164 de la Ley 446 de 1998, en lo pertinente, establece:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y que conforme a las disposiciones de esta ley correspondan a los tribunales en única instancia, serán enviados a estos en el estado en que se encuentren, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.

Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.

Los procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto. [...]” (destacado no es del texto).

Por su parte, el artículo 266 del Código Contencioso Administrativo, preceptúa:

“ART. 266.—Vigencia. En los procesos iniciados antes de la vigencia del presente estatuto, los recursos interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, empezó a correr el término o principió a surtirse la notificación.

Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y que conforme a las disposiciones de este código correspondan a los tribunales en única instancia, serán enviados a estos en el estado en que se encuentren, siempre que no se haya dictado auto de citación para sentencia.

Los procesos existentes que eran de única instancia ante el Consejo de Estado y que según este código deban tener dos, seguirán siendo conocidos y fallados por dicha corporación” (destacado no es del texto).

Conforme a lo expuesto, para la Sala, en aplicación del artículo 266 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el inciso primero del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, los procesos de única instancia que actualmente vienen siendo conocidos por esta corporación deben continuar su trámite hasta que se profiera el fallo.

En efecto, en aplicación de la transición procesal que rige en materia procesal administrativa según las normas indicadas, no resultaría razonable que un proceso iniciado ante esta autoridad deba ser sometido a otro trámite diferente al que la ley preexistente le había fijado con inaplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, que solo de manera excepcional permite la posibilidad de variar el juez de conocimiento de un asunto. Esta posición se torna aún más válida en el presente caso en el cual el proceso se remitiría a jueces individuales de menor jerarquía pues se considera más garantista para el administrado que el asunto sea definido por esta corporación, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo (artículo 237 de la Carta Política).

Lo antes dicho no desconoce que, constitucionalmente, está consagrada como principio y regla general la doble instancia, sin embargo, en situaciones excepcionales, como la señalada, resulta pertinente aplicar el principio de la única instancia porque, además de la razón jerárquica expuesta existen aspectos de inmediación, celeridad, existencia de un cuerpo colegiado y elaboración jurisprudencial que justifican la conservación de la competencia del proceso en esta corporación en pro de garantizar los derechos sustanciales de los administrados.

En consecuencia esta corporación seguirá conociendo del presente proceso hasta su definición.

Cópiese, notifíquese, y una vez en firme regrese al despacho para proveer. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Alberto Arango Mantilla—Jesús María Lemos Bustamante—Jaime Moreno García—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordóñez Maldonado. 

(1) Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de junio de 2005, 110010325000200300241-01 (2089-03), demandante: Jaime Martínez Olivares, Magistrado Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante.

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