Auto 4743 de julio 19 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

TESTIMONIOS ANTE NOTARIOS Y ALCALDES

RATIFICACIÓN DE LOS QUE TIENEN FINES JUDICIALES

EXTRACTOS: «1. Al tenor del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil , los testimonios “recibidos fuera de proceso” sólo pueden ratificarse cuando: a) se han rendido en otro sin citación o intervención de la persona contra quien se aducen en el posterior, y b) se han rendido en los casos y con los requisitos de los artículos 298 y 299 de la misma obra.

2. El último de esos preceptos dispone, a su turno, que dichos testimonios deben rendirse exclusivamente ante notarios o alcaldes cuando no tengan fines judiciales, o cuando teniéndolos se pidan sin la citación de la parte contraria, caso este último en el que el peticionario deberá afirmar que ellos “están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin”.

3. Se desprende del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil y en especial de su parte transcrita, que el legislador restringió la recepción y el empleo de los testimonios allí indicados a los precisos eventos en que así lo requiera la ley (v. gr., art. 424, par. 1º, num. 1º, Código de Procedimiento Civil ), y de ahí que el solicitante de la prueba deba indicarle al notario o juez encargado de recepcionarla que no sólo requiere esos testimonios para hacerlos actuar como prueba sumaria en un determinado proceso, haciendo la mención del mismo, sino que está obligado a indicarle que ese tipo de prueba (sumaria) está autorizada precisamente por la ley para obrar como tal en dicho asunto. En otras palabras, lo que de esa norma se deduce, como regla general, es que la totalidad de las pruebas que se quieren hacer actuar en un litigio judicial deben pedirse en la demanda para ser practicadas directamente en el proceso, y que únicamente por excepción y más exactamente al requerirse legalmente junto con el libelo la presentación de testimonios como prueba sumaria para el inicio de una actuación o diligencia determinada, es cuando se abren paso dichos elementos de convicción, exigencia a la que debe plegarse el peticionario de las citadas declaraciones extraproceso.

4. De manera que, en armonía con la referida normatividad, la ratificación de testimonios rendidos fuera del proceso ante notarios o alcaldes y con fines judiciales, sólo tiene lugar en concurrencia simultánea de estos tres requisitos: a) que se recepcionen “sin citación o intervención” de la parte contra quien se aducen en el proceso posterior; b) que el peticionario de esos testimonios manifieste en su solicitud que ellos están destinados a servir como prueba sumaria, cuál el proceso posterior en el que se harán valer como tal, y si la ley “autoriza esta clase de prueba”, o mejor, si la exige para la iniciación de ese proceso futuro, y c) que, efectivamente, la ley requiera de esa prueba sumaria para el inicio del proceso venidero de que se trata, y ésta se emplee en realidad como elemento de convicción en el mismo y no en otro diferente.

5. Así compendiada la cuestión legal, no queda duda que si, en el presente caso, los testimonios extraproceso solicitados por la demandante en revisión estaban orientados a servir de prueba en esta actuación, ella debió solicitar su recepción en el libelo mismo, por cuanto para el inicio de esta acción y para acreditar lo que ella persigue en este recurso extraordinario el legislador no exige prueba sumaria alguna. Por ello mismo la petición y recibo de esas declaraciones por parte del alcalde de Caparrapí no encuentran soporte en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil , y es igualmente por eso que la ratificación de las mismas dentro de este diligenciamiento está impedida por mandato del artículo 229 ibídem».

(Auto de julio 19 de 1994. Expediente 4743. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero).

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