Auto 4767 de enero 29 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DEMANDA DE ACTAS

ES PROCEDENTE SI CONTIENEN ACTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRACTOS: «Se decide la apelación interpuesta por el actor contra el auto de 17 de julio de 1997, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda promovida por aquél, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá.

I. Antecedentes

En la demanda se pide la declaratoria de nulidad de lo que su autor relaciona como “aplicaciones y órdenes de las decisiones” contenidas en las actas números 1263 de 4 de diciembre de 1996 y 005 de 24 de enero de 1997, ambas de la asamblea general de accionistas de la empresa demandada.

II. La providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del auto apelado, a que atrás se hizo mención, se abstuvo de admitir la demanda, bajo el argumento de que respecto de la misma se mantienen vigentes lo que expuso con antelación, cuando fue demandada la primera de las actas acusadas. Por ello reitera que las actas sólo contienen lo acaecido en las reuniones administrativas, no siendo actos demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa, por cuanto no deciden en forma definitiva la declaración de voluntad de la administración.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

La providencia apelada se revocará, para que el a quo resuelva sobre la admisión de la demanda en atención a si se satisfacen o no los requisitos y presupuestos procesales, más no a la entidad o carácter del objeto de las pretensiones.

Al efecto, si bien es cierto que las actas contienen lo acaecido en las reuniones administrativas, y como tal cumplen un papel probatorio o instrumental, ello no significa que en ellas no obren verdaderos actos administrativos. Al respecto, no se puede perder de vista, de una parte, que acto administrativo es toda decisión ejecutoria de cualquier ente estatal, o de un particular, en ejercicio de la función administrativa, y que, por lo mismo, es una declaración de voluntad que crea, modifica o extingue una situación jurídica, que en el ordenamiento jurídico y la doctrina colombianos, puede ser particular y concreta o general; y por la otra, que su existencia no siempre está sujeta a una determinada forma de expedición y presentación, y si se quiere, de instrumentalización, tanto que la doctrina ha dado cabida a la posibilidad de que el acto administrativo pueda manifestarse aun de manera verbal.

Lo dicho significa que no es cierto que las actas no puedan contener decisiones ejecutorias o declaraciones de voluntad con los efectos jurídicos anotados, sino que por el contrario, ello está dentro de las posibilidades, tratándose de actas de órganos administrativos colegiados. Otra cosa es que en muchos casos, dichas declaraciones queden sujetas a determinada formalización posterior, caso en el cual, ciertamente vienen a ser actuaciones de trámite. Pero también puede ocurrir que no lo requieran, o que se entren a ejecutar o a darles cumplimiento de inmediato. Es decir, se tomen con carácter de decisión ejecutoria, situación en la cual, no hay lugar a duda de que se está frente a un acto administrativo.

En el presente caso, la Sala observa que los apartes de las actas en mención objeto de la demanda, contienen declaraciones que por su tenor denotan decisión ejecutoria, esto es, declaraciones de voluntad de la junta o asamblea de socios de la empresa demandada, que por sí mismos tienen la virtud de producir los efectos jurídicos ya anotados, más si se tiene en cuenta la comunicación emanada del secretario general de la misma, que obra a folio 20, en la cual se da entender que las declaraciones impugnadas fueron dadas con carácter de decisiones de aplicación directa tomadas por la asamblea aludida, por cuanto se informa que se les está dando cumplimiento con base en las actas respectivas, de las cuales dice que debidamente autorizadas por el secretario o por algún representante de la sociedad constituyen prueba de este tipo de decisiones, de acuerdo con el artículo 189 del Código de Comercio (fl. 20).

Así las cosas, el argumento del a quo para inadmitir la demanda no es válido, puesto que la Sala observa que se está frente a declaraciones que pueden constituir actos administrativos en sí mismos, emanados de la máxima autoridad de la empresa en mención, y por lo tanto, en principio, enjuiciables por esta jurisdicción, de donde deberá estudiarse la admisibilidad de la demanda bajo esta perspectiva, en orden a lo cual, no está demás poner de presente al quo que los apartes censurados aluden a materias distintas, como que los de la primera acta tienen connotaciones laborales y las de la segunda, de índole orgánico.

A manera de ilustración, se tiene que del acta número 1263, se demanda la nulidad, entre nueve ítems, del que dice: “Adoptar el régimen de salario integral a partir del primero de enero de 1997 para el personal de dirección y confianza conformado por el gerente general, gerentes, directores, veedor general, secretario general, asesores, jefes de oficina y jefes de división, que laboran actualmente en la empresa”; pudiéndose apreciar que los restantes apartes de los nueve que se acusan se circunscriben al desarrollo de éste.

Mientras que del acta número 005, aparecen atacados textos como el que sigue:

“Aprobar el esquema de reestructuración de la EEB propuesta por la firma Coopers & Librand, consistente en una empresa matriz y dos subsidiarias así: 1) una empresa generadora y 2) una empresa distribuidora y comercializadora. La parte correspondiente a transmisión queda integrada a la empresa matriz”.

En consecuencia de las consideraciones precedentes, la Sala revocará el auto apelado, para que el a quo pase a examinar si se cumplen los requisitos formales de admisión de la demanda y provea de conformidad al respecto y sobre lo demás que sea del caso».

(Auto de enero 29 de 1998. Expediente 4767. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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