Auto 4911 de noviembre 26 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONCILIACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EL CONFLICTO DEBE TENER UN CONTENIDO ECONÓMICO

EXTRACTOS: «Señala el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 que las personas jurídicas de derecho público pueden conciliar total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial “... sobre conflictos de carácter particular y de contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo”.

De la lectura de la norma transcrita se desprende que son varios los requisitos que deben estar presentes para que las personas de derecho público puedan conciliar sobre los intereses en litigio, sea total o parcialmente.

En primer lugar, es del caso señalar que el asunto debe ser de aquellos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85), de reparación directa (art. 86) y las llamadas acciones contractuales (art. 87), todas ellas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, y cuyo elemento común se contrae a conflictos de carácter particular.

Pero la disposición legal citada consagra otro componente más, cuando señala que el conflicto debe tener un contenido económico que, a no dudarlo, debe desprenderse de lo que el demandante pretende al ejercer la acción elegida para enjuiciar la actuación de la administración. La demanda, sin lugar a dudas, es el instrumento a través del cual se formulan las pretensiones y, por ello mismo, esa formulación debe hacerse con plena precisión, claridad y en forma razonada. Es decir, en forma tal que no haya duda alguna acerca de lo que quiere el demandante, hasta el punto de que si el juez encuentra fallas al respecto, puede inadmitirla de conformidad con lo señalado en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el 85 del Código de Procedimiento Civil. Y como la demanda fija el marco de decisión del proceso, ello delimita la actuación del juez, quien no puede decidir respecto de un objeto o causa distintos a los señalados en las pretensiones de la demanda.

En el caso sub examine la Sala observa que la sociedad Black & Decker Inc. demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio, persona de derecho público, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que se anulen actos administrativos de contenido particular.

En el capítulo de peticiones de la demanda (v. fls. 127 a 128), señala la sociedad actora:

“1.1. A título de nulidad, la declaratoria de nulidad de las resoluciones 1498 del 22 de julio de 1996 y 2011 del 18 de noviembre de 1997, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se ordenó el archivo de la solicitud de patente y resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera, respectivamente.

1.2. A título de restablecimiento del derecho, que declare que la solicitud de patente de invención presentada por la sociedad demandante el 4 de agosto de 1995, y adicionada el 31 de octubre de 1995, cumple con todos los requisitos formales establecidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y que en consecuencia se admita y continúe con el trámite correspondiente para ese tipo de actuaciones.

1.3. Que se ordene a la división de signos distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia”.

Para la Sala el límite fijado por las pretensiones citadas es muy claro y de él se desprende que lo buscado es, una vez se anule la decisión de archivo de la solicitud de patente de invención, que continúe el trámite administrativo correspondiente para obtener el registro de la invención denominada “retención de collar para núcleo flexible de una linterna”, sin que sea posible advertir con la precisión, claridad y en forma razonada que reclama la ley, su contenido económico.

Pero el recurrente señala en su escrito que la ausencia de una pretensión económica por alguna de las partes o la falta de valoración del perjuicio por no haber alcanzado la patente de invención solicitada, no permite concluir que el presente conflicto carece de contenido económico pues es claro que los actos acusados afectan el patrimonio de la demandante al impedírsele que ese derecho real de propiedad industrial ingrese al mismo. Ese valor se reitera si se tiene en cuenta que una simple solicitud de patente posee valor económico para los comerciantes.

Al respecto, la Sala considera que una afirmación como la que antecede carece de validez porque la anulación de las resoluciones demandadas y la continuación del trámite administrativo no conlleva necesariamente la expedición de la patente de invención pues puede ocurrir que ésta se deniegue ante la presencia de alguno de los eventos comprendidos en la sección IV, artículos 21 a 33 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, con ello, no ingrese al patrimonio social de Black & Decker Inc. ese activo ni pueda atribuírsele el valor económico que se afirma puede llegar a tener. Además, no puede olvidarse que el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no conlleva de suyo el triunfo de las pretensiones buscadas por su intermedio.

Ante una situación aleatoria como la descrita, es claro que no puede hablarse de manera real y cierta que el presente asunto tenga un contenido económico, falencia que lleva a concluir que no están presentes todos los requisitos que señala el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 59 de la Ley 23 de 1991».

(Auto de nov. 26/98. Expediente 4911. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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