Auto 4971 de junio 24 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CAUCIÓN PARA DEMANDAR

CONSECUENCIAS DE SU NO OTORGAMIENTO

EXTRACTOS: «Ciertamente, como lo afirma la recurrente, esta corporación en proveído de 7 de diciembre de 1994 (Expediente núm. 3107, actor: Javier García Bejarano, Consejero ponente doctor Miguel González Rodríguez), precisó que la caución no es un anexo de la demanda, ni un requisito o formalidad que el demandante deba acreditar con la presentación de la misma, ya que éste no está en la obligación de acompañar el comprobante de haberla prestado, sino que se requiere de un pronunciamiento previo, por parte del ponente, que señale el monto de tal caución, por lo cual una vez señalado dicho monto nace para el actor la obligación de cumplir con esta carga procesal y si no lo hace, por tratarse de una formalidad sin la cual la demanda no puede ser admitida, debe darse aplicación al artículo 143, inciso 2º, del CCA., esto es, otorgársele al demandante la oportunidad de que subsane la irregularidad, indicándosele la consecuencia que acarrea no hacerlo: la inadmisión o rechazo de la demanda. Ello, por cuanto no se trata de las causales que conforme al CCA., dan lugar a la inadmisión de plano del libelo demandatorio, sino de la omisión de una formalidad o requisito que se hizo exigible en virtud del pronunciamiento judicial y no antes.

En esta oportunidad la Sala rectifica la anterior tesis jurisprudencial ya que si bien es cierto que la carga procesal de prestar la caución en virtud del pronunciamiento del magistrado ponente en cuanto a su cuantía impide considerar que la constitución de la garantía y el aporte de la póliza que contiene la caución sea un anexo de la demanda, por ser posterior a la presentación de ésta, no lo es menos que al incumplimiento del otorgamiento de la caución dentro del término judicial señalado para tal efecto no se le puede atribuir una consecuencia jurídica diferente de la que establece el Código de Procedimiento Civil.

En efecto, en el caso sub examine mediante proveído de 24 de octubre de 1997 la magistrada conductora del proceso en primera instancia señaló un término de 10 días, contado a partir de la notificación de dicho proveído, so pena de rechazo de la demanda para que la actora prestara la caución por el monto allí indicado.

El término antes referido es judicial, según las voces del artículo 678 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de que la ley no ha previsto expresamente un término para el otorgamiento de cauciones en esta clase de procesos.

Cabe resaltar que en cuanto al término para efectos del otorgamiento de la caución, por no haber norma expresa en el Código Contencioso Administrativo, son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 de aquél.

Conforme al artículo 119 del Código de Procedimiento Civil “A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento”.

Según el artículo 678, inciso 2º, ibídem “En la providencia que ordene prestar la caución se indicarán su cuantía y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no los señale. Si no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código”.

En el evento sub lite la actora presentó extemporáneamente la caución el 19 de diciembre de 1997 (fls. 84 y 85), dado que el término de diez días empezó a correr al día siguiente de la notificación por estado del auto que la ordenó —el 4 de noviembre de 1997— y venció el 19 del mismo mes y año, y como quiera que el término judicial que le fue otorgado para tal efecto no fue prorrogado, pues no medió solicitud alguna de aquélla en dicho sentido para que así lo fuera, tal término adquirió el carácter de preclusivo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, lo cual significa que inexorablemente debía cumplirse so pena de que se rechazara la demanda, que es la consecuencia jurídica que se le advirtió a la actora en el proveído en que se le concedió el término judicial.

No era procedente dar aplicación al artículo 143, inciso 2º, del CCA., como se plantea en la providencia que es objeto de rectificación, porque el señalamiento del término para la constitución de la caución, como ya se dijo, se gobierna no por las disposiciones de dicho código sino por las del Estatuto Procedimental Civil, por mandato del artículo 267 de aquél, en armonía con lo previsto en los artículos 118, 119 y 678 de la última codificación citada».

(Auto de junio 24 de 1998. Expediente 4971. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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